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#LaHerenciaDeCarreras | El metrobús de SLP: seis años de “ya casi”
Anunciado en 2015, los cambios de ruta, presupuesto y retrasos en los trabajos dejarán a este transporte como una de las grandes deudas del gobernador
Por: Karina González
Con la promesa de generar un cambio total en el transporte urbano de San Luis Potosí y agilizar la movilidad hacia la zona industrial, así como reducir el caos vial que se genera en diversos puntos de la capital potosina, es que el exgobernador Fernando Toranzo Fernández anunció que en el gobierno de Juan Manuel Carreras López se desarrollaría el proyecto de un Metrobús y desde aquel 3 marzo de 2015 este proyecto continúa siendo solo un proyecto que no logra concretarse.
El Metrobús es una de las obras más reclamadas y polémicas, no solo por la inversión de 541 millones de pesos, sino por el atraso que tras seis años persiste en las obras, que lucen abandonadas, semidestruidas y olvidadas; la promesa de un crear un transporte ecológico, eficiente, rápido y seguro, en eso quedó, en una promesa.
Desde el año 2018 el gobernador Carreras ha prometido que las obras “ya pronto estarán”, sin embargo el proyecto, incluso detenido, tuvo que cambiar su nombre de Metrobús a Red Metro en 2019; pero el nombre es el menor de los cambios que ha sufrido este plan de movilidad; también sus rutas se vieron modificadas y con ello, solo quedó una serie de obras abandonadas tanto en Eje Vial en el Centro Histórico, las laterales de la Carretera 57 y el carril central de la Avenida Industrias al oriente de la ciudad.
Víctor Manuel Rangel García, urbanista y catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), lamentó que no se haya concretado el proyecto de transporte masivo que prometía un traslado de hasta 20 mil personas por día y dijo esperar que en el futuro se reactive el tema para no desaprovechar la cuantiosa inversión y así, colocar a San Luis Potosí como una de las potencias industriales, siguiendo el ejemplo de otras ciudades del país que ya cuentan con este tipo de transporte para aliviar los congestionamientos que se viven diariamente, y que después de la pandemia, con la reactivación económica y de producción se avivará en la zona metropolitana de San Luis Potosí nuevamente.
Pero la Red Metro no es el único problema de movilidad que existe en San Luis Potosí y que no fue atendido por el gobernador Juan Manuel Carreras, sino el abandono de obras importantes que quedarán, al igual que los carriles de la Red Metro, sin concluir. “Quedan pendientes algunos proyectos como el Puente Pemex”, dijo Rangel García, señaló que es muy importante para la percepción del ciudadano, que estas obras se finalicen y no queden en proceso.
El experto en urbanismo mencionó que urge en la zona metropolitana la ampliación de los libramientos, principalmente en la zona industrial, que se denomina “vialidades primarias” y que deberían tener una conexión al periférico; tal como prometía la vía alterna, que tampoco pudo ver la luz durante el sexenio carrerista “urgen en San Luis Potosí que se presenten propuestas y proyectos que sean acorde a beneficiar la movilidad urbana”, anunció.
Lamentablemente estos proyectos quedaron congelados durante los últimos seis años y aunque registraron algunos avances, no se concluyó ningún proyecto; por lo que la responsabilidad para desahogar los problemas de movilidad recaerá en el ciudadano, según el maestro Víctor Manuel Rangel, quien deberá tomar conciencia para frenar, además de la contaminación, el caos vehicular que día con día incrementa. “Algo que se puede hacer, porque estamos en crecimiento y todavía se pueden generar proyectos y podemos participar, disminuyendo el uso del vehículo, tratar de usar más el transporte público al ir al trabajo o la escuela, sería lo ideal”, propuso.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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