Destacadas
La Sierra de San Miguelito es área protegida desde 2003
El proyecto “Las Cañadas”, del “Chato” López, incluye esa zona de protección al patrimonio paisajístico; también tiene un predio federal
Por: Redacción
Desde 2003, el área pretendida por Carlos “El Chato” López Medina para su proyecto Las Cañadas es parte del Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y Recarga según el Plan de Centro de Población Estratégico San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez, publicado en ese año.
Según un documento en poder de La Orquesta, la zona promovida por López Medina en los primeros archivos del proyecto Las Cañadas coincide con el área protegida, en la que se incluye también la Cañada del Lobo.
La coincidencia está en la zona norte del área protegida y del proyecto Las Cañadas, como se puede mostrar en las siguientes imágenes. La primera, que corresponde al área natural protegida, muestra un terreno en su zona más alta. La segunda, muestra esa misma protuberancia en el terreno, también en la zona más alta, pero al centro.
Según Carlos Covarrubias Rendón, representante de comuneros contrarios a la construcción en la Sierra de San Miguelito, los más de 20 amparos promovidos por López Medina y sus afines en la comunidad de San Juan de Guadalupe, buscan evitar el cambio de uso de suelo en esos territorios.
“¿Y cuál es el uso de suelo que tiene la tierra que quiere el Chato López? Es área natural protegida desde el 2003. Entonces si “El Chato” quiere que se queden las cosas como están, se acaba de dar un balazo en el pie, es la pifia jurídica más burda en la historia de los desarrollos inmobiliarios de San Luis Potosí, en cierta forma hasta se lo agradecemos”, dijo Covarrubias Rendón en entrevista para La Orquesta el miércoles pasado.
El activista Covarrubias Rendón aseguró que “El Chato” López fue de hecho quien hace 17 años revisó y aprobó el plan de desarrollo de San Luis Potosí, que declaró área protegida a la zona de San Juan de Guadalupe: “Él lo hizo para que los Comuneros no vendieran a otros fraccionadores, él puso ese candado. Sí es un área con estatutos que debe protegerse, pero quien puso ese candado fue él, y la contradicción jurídica es histórica, igual que de increíble, es el nivel de ignorancia del “Chato” López, un completo suicidio legal”.
En octubre de 2019, La Orquesta demostró que ese mismo proyecto Las Cañadas incluye además un predio federal, desde el año 1993: la Presa de la Cañada del Lobo.
El 23 de agosto de 1993, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari expropió una superficie de 35.85 hectáreas de la comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, para destinarlos a “formar parte del vaso, zona federal y de protección de la cortina de la presa Cañada del Lobo”
La expropiación está firmada por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, e integrantes de su gabinete: el secretario de la Reforma Agraria, Víctor M. Cervera Pacheco; el secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio Murrieta; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella y el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González.
Esa expropiación se pagó en el año 2007, con 27 mil pesos para cada uno de los comuneros.
Pese a que se trata de una propiedad federal, el proyecto “Las Cañadas” de Carlos “El Chato” López Medina incluye y promociona la presencia de la presa de la Cañada del Lobo en sus 2 mil 69 hectáreas de extensión, según se muestra en las siguientes imágenes, la primera de un mapa de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y la segunda, de un croquis de “Las Cañadas”, en el que aparece en la parte derecha, en color azul, como uno de los arroyos y lagos que forman parte del plan inmobiliario.
El avalúo realizado por la empresa Banregio para el proyecto “Las Cañadas” también incluye imágenes de la presa Cañada del Lobo.

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Ciudad
Concejales de Pozos se autorizan aguinaldazo: 200 mil a cada uno
Se autorizan aguinaldo de 45 días, bono de “día 7” y devolución del ISR; se repartirán 38 millones entre todos los empleados del municipio
Por: Ana G Silva y Jorge Saldaña
La Comisión de Hacienda del recién creado municipio de Villa de Pozos aprobó una adecuación presupuestal que permitirá entregar prestaciones de fin de año extraordinarias a todos los trabajadores municipales, incluidos los 12 concejales, quienes recibirán un paquete que supera los 200 mil pesos por persona.
De acuerdo a la minuta de la comisión que sesionó el martes pasado por la mañana en poder de este medio, los concejales se autorizaron:
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45 días de aguinaldo (cuando la ley marca un mínimo de 15).
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El pago del llamado “día 7”, que corresponde a los siete días adicionales de los siete meses con 31 días que no se cubren en las quincenas.
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La devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono.
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Compensaciones adicionales contempladas en el capítulo 1000 del presupuesto.
Sumando su salario mensual aproximado de 28 mil pesos, el aguinaldo ampliado (45 días), el pago del “día 7” y el retorno del ISR, el monto por concejal asciende a unos 200 mil pesos.
El documento incluye una instrucción explícita:
la Tesorería deberá retener el ISR al trabajador y, a la vez, otorgarlo como bono, mientras el municipio paga al SAT la misma cantidad. En la práctica, se trata de una devolución total del impuesto, una práctica poco común en administraciones municipales.
Las prestaciones aprobadas representan un total de 38 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual de Villa de Pozos, que asciende a alrededor de 500 millones.
La Comisión de Hacienda pidió al tesorero municipal confirmar si existía suficiencia presupuestal para cubrir el gasto. El tesorero, José Luis González Acosta, respondió por escrito: “Sí se cuenta con suficiencia presupuestaria para atender las prestaciones de fin de año.”

El dictamen incluye aguinaldos, gratificaciones, compensaciones a personal por honorarios, pagos de “día 7” y la restitución del ISR para personal operativo, funcionarios y autoridades.
De aprobarse mañana en Cabildo, el paquete quedará formalmente autorizado y se ejercerá en diciembre.
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Ciudad
Soledad concretará su salida de Interapas en 2026: Fernando Gámez
El diputado considera que la desincorporación podría ser la vía para resolver la crisis hídrica en el municipio
Por: Redacción
El diputado local de San Luis Potosí, Luis Fernando Gámez Macías, informó que el Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez solicitará al Congreso del Estado autorización para administrar su propio suministro de agua, lo que implicaría su desincorporación de Interapas. Señaló que serán las comisiones legislativas correspondientes las encargadas de evaluar la entrega–recepción del servicio.
De acuerdo con el legislador, se espera que el Cabildo presente formalmente la solicitud ante la Comisión del Agua en enero del próximo año, con la intención de que el proceso avance durante el primer semestre de 2025.
“Yo creo que es 100% viable; incluso Interapas dijo que no pondrá objeción y que están totalmente de acuerdo. Creo que viene una nueva etapa para Soledad”, afirmó Gámez Macías.
El diputado expresó confianza en que los legisladores del Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza
respaldarán la iniciativa, al considerar que la zona metropolitana necesita un cambio urgente en materia hídrica.Asimismo, destacó que la población del municipio “no puede estar peor de lo que está hoy”, recordando que más de 50 colonias carecen de agua, que se pierde alrededor del 50% del líquido en la red, además de una baja recaudación. Afirmó que Interapas es responsable directa de la crisis hídrica.
Por último, el diputado se pronunció en contra de un aumento en las tarifas de agua, argumentando que mientras no exista un servicio eficiente ni mejoras en la infraestructura, cualquier incremento sería injustificado.
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Destacadas
Ceepac prevé más denuncias por violencia política de género en la próxima elección
Las denuncias pasadas incluyeron limitación de recursos, agresiones y amenazas a familias
Por: Redacción
La consejera Paloma Blanco López, titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), advirtió que durante los próximos comicios ordinarios se espera un incremento en las denuncias por violencia política de género, tal como ocurrió en el último proceso electoral del Poder Judicial.
Blanco explicó que, aunque actualmente no se han registrado nuevos casos relevantes más allá de los ya reportados en la elección pasada, el aumento de denuncias es común en periodos electorales. Particularmente, porque en 2024 muchas mujeres —especialmente quienes buscaban un cargo por primera vez en la elección judicial— enfrentaron escenarios adversos al incursionar en campañas políticas sin experiencia previa.
Detalló que el Ceepac fortaleció la cap acitación y acompañamiento a mujeres candidatas a través de redes especializadas y destacó que el área jurídica, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Género cuentan con certificación para brindar atención de primer contacto a quienes sufran agresiones políticas.
Las denuncias por violencia política recibidas en la elección anterior abarcaron casos diversos: desde limitación al acceso a recursos de campaña hasta agresiones directas, amenazas contra las aspirantes o incluso contra sus familias.
La consejera informó que ya se trabaja en la edición del diagnóstico más reciente sobre violencia política de género en San Luis Potosí, documento que será presentado a medios entre finales de este año o los primeros meses de 2026. Con este análisis, el organismo busca ofrecer un panorama estadístico más claro sobre la incidencia y tipos de agresiones que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública.
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