Ciudad
La mafia de los franeleros en el Centro Histórico de San Luis Potosí
Un grupo de personas perfectamente organizadas se apoderan cada fin de semana del espacio público para extorsionar y amenazan a la ciudadanía con total impunidad
Por: Bernardo Vera
El Centro Histórico de San Luis vive amedrentado por un grupo de personas organizadas para tomar buena parte de los espacios de estacionamiento. Sus prácticas son tan agresivas, violentas y organizadas que se le puede considerar una mafia: la mafia de los franeleros.
Por las mañana, el problemas no es tan grave, ya que gracias a los parquímetros estas personas se ven involucradas para cobrar una cuota fija para permitir a los y las conductoras estacionarse, y solo se limitan a ofrecer el servicio de lavado de automóviles y a pedir una cuota “por echarles un ojo”. El verdadero peligro llega por las noches, sobre todo los fines de semana; es entonces que se olvidan del lado de autos, se apoderan de las principales calles del primer cuadro de la ciudad para exigir cuotas obligatorias por adelantado bajo amenazas veladas a cambio de permitir estacionar, incluso en zonas prohibidas.
Decenas de visitantes del Centro Histórico reportaron a La Orquesta haber sido víctimas de prácticas intimidatorias que van desde agresiones verbales, amenazas con dañar sus vehículos, hasta conatos de peleas.
El problema parece no tener solución, pues esta mafia actúa con impunidad, a pesar de que cada fin de semana el Ayuntamiento de la capital despliega el operativo ‘Sello’, un conjunto de acciones para hacer valer los horarios de funcionamiento de los establecimientos, inhibir los delitos y evitar las situaciones de riesgo en la zona.
Nadie se salva. Alberto Narváez Arochi, ex presidente de la organización “Nuestro Centro” y representante de la Asociación de Comerciantes de Carranza, narró que ha sido testigo de las prácticas realizadas por los franeleros, e incluso sufrió un ataque hacia su integridad por salir a la defensa de una persona que era amedrentada:
“Cuando fui presidente de Nuestro Centro defendí a una persona anciana que se iba a estacionar en Madero, y sufrí un ataque directo de uno de ellos con un desarmador. Afortunadamente denunció alguien por ahí, llegó la policía y no pasó a mayores”, minutos después, los agentes dejaron libre al atacante.
El ex presidente de Nuestro Centro denunció otro caso, de hace un par de semanas en el que una joven fue abordada por una de estas personas en la calle de Arista. El franelero le insistía entre amenazas en que tenía que dejar dinero, porque ya había ocupado un lugar que él apartaba. Ella le argumentaba que no tenía derecho a cobrar, pues era un espacio en la vía pública. Solo al ver que la discusión escalaba, la Policía Vial intervino.
Narvaez dijo que ninguna persona tiene derecho de apoderarse de las calles, “por más que se diga que es para trabajar”. Añadió que las prácticas de extorsión son conductas que llevan una carga de criminalidad.
¿QUIÉN DEBE RESOLVERLO?
La Orquesta conversó con Juan Antonio Villa, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Ayuntamiento de San Luis Potosí; Héctor Trejo, vocero de la Dirección de Comercio Municipal; y con Juan Carlos Machinena, coordinador ejecutivo del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado de San Luis Potosí, para tratar de definir quién debe resolver esta situación, sin embargo, ninguno asumió la responsabilidad e incluso, por momentos, justificaron la presencia de los franeleros.
Juan Antonio Villa aseguró que no tiene registro de quejas de los visitantes del Centro Histórico, esto a pesar de los múltiples testimonios recogidos por este medio. Sin embargo, comentó que los comerciantes del centro sí han manifestado molestias.
Héctor Trejo mencionó que la atribución de su retiro corresponde a la dirección de Tránsito, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital: “Los comerciantes se quejan, porque las calles están llenas de lavacoches. ¿Pero quién pone orden en las calles? Debe ser Tránsito”, mencionó.
Sobre la serie de amenazas por parte de este gremio hacia la ciudadanía, mencionó que la SSPC tiene la facultad para evitar prácticas intimidatorias en contra de la población: “El problema es que les tienes que comprobar que está pasando, porque ellos te van a decir que no. Si no hay una denuncia, ¿con qué elementos trabaja Seguridad Pública?”.
En resumen: ninguna de las dos dependencias se hace cargo de esta situación.
Alberto Narvaez compartió que, debido al esquema de presunción de inocencia, la denuncia termina por resultar improcedente: “primero porque no es un delito grave, segundo debido a la presunción de inocencia; no siempre hay violencia física, nada más hay la intimidación y no se llega a ningún lado”.
¿LA SOLUCIÓN?
Juan Carlos Machinena Morales apuntó que la presencia de franeleros tiene “un trasfondo antropológico”, remarcó que las desigualdades sociales y la dificultad de establecerse en el mundo laboral son la causa del surgimiento de estas prácticas, pues en ocasiones incluso son personas con antecedentes penales a las que se les dificulta la inserción:
“Para poder ganarse la vida, sin delinquir, se ponen a lavar carros. El lado bueno de ellos es que son personas que quieren trabajar y es la forma que encontraron de trabajar”, no obstante, omitió hablar de aquellos que fuera del horario de parquímetros únicamente exigen una cuota para permitir aparcar, sin ofrecer siquiera el servicio de lavado de vehículos.
Machinena Morales aseveró que una solución al problema sería la regulación de esta actividad, ya que percibe un número limitado de personas que la, que podría llegar a las decenas. Detalló que las autoridades municipales serían las primeras involucradas en realizar un padrón de “franeleros”.
El coordinador de Centros Históricos propuso una alternativa: el empleo de estas personas en actividades relacionadas a los servicios municipales, como limpieza de banquetas, o atenciones de jardinería, a través de un contrato por tiempo determinado, y acordado por el ayuntamiento y los sindicatos.
“Pueden ser contratos específicos por tiempo determinado, no hay necesidad de darles plaza o de volverlos personas sindicalizadas a no ser que se dé que algunos resulten muy buenos en hacer su trabajo y tengan la opción de una contratación de otro nivel a elevarse a una posible plaza de desarrollo social en todos los municipios”.
Héctor Trejo añadió que durante el periodo de Victoria Labastida como alcaldesa de San Luis Potosí se realizó un censo para conocer el número de lavacoches y franeleros que existían en la capital, aquel trabajo estuvo a cargo de Juan Felipe Sánchez Rocha, entonces titular de Seguridad Pública Municipal, pero excuso a la Dirección de Comercio de tener alguna responsabilidad en la problemática, pues consideró que los franeleros “no realizan una actividad comercial”.
Finalmente, Alberto Narvaez se posicionó en contra de los tres funcionarios:
“Ellos (los franeleros) lo que venden son los espacios, más que lavar carros. Te venden el derecho a estacionarte. Eso se llama extorsión, y hay que decir las cosas por su nombre. Se empieza a dar ese tipo de permisos, concesiones, o tolerancia, y estás desprotegiendo el principal derecho que es la seguridad”, remarcó.
Narváez Arochi dijo que solución debería radicar en el retiro definitivo de estas personas: “no se les puede permitir esa clase de impunidad, en la que, cuando la autoridad los detiene, solo se les conmina a que se “porten bien”, y en cuanto se va la policía se mueren de la risa”.
Ciudad
Galindo destaca reducción de delitos y percepción de inseguridad en la capital potosina
Cifras del INEGI muestran una baja en todos los indicadores delictivos y un descenso de cuatro puntos en la percepción ciudadana de inseguridad
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), todos los delitos presentaron una disminución en la capital potosina, incluido el homicidio doloso, además de una reducción en el índice de percepción de inseguridad.
Galindo Ceballos reconoció que no se esperaba una reducción tan significativa, ya que la percepción de inseguridad disminuyó en cuatro puntos porcentuales.
“Generalmente es muy difícil bajar un punto. Hoy, el INEGI nos reconoce como una de las ciudades que más puntos porcentuales redujo”, expresó el edil.
Agregó que actualmente San Luis Potosí tiene 23 puntos a favor en la percepción de seguridad, lo que, a su consideración, es el aspecto más importante a resaltar.
El presidente municipal se mostró optimista ante estos resultados y consideró que las acciones implementadas en materia de seguridad han sido las más efectivas hasta el momento.
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Ciudad
Saquean las oficinas de la Secretaría del Bienestar en SLP
Autoridades investigan los hechos; suspenden de forma temporal entrega de las tarjetas de mujeres de 60 y más
Por: Redacción
Durante las primeras horas del 24 de octubre, se reportó el saqueo de las oficinas de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal en San Luis Potosí, ubicadas sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena, frente al Panteón del Saucito, en la capital potosina.
Fuentes internas informaron que las personas que ingresaron rompieron puertas, vidrios y equipo de cómputo, afectando sistemas de captura e información administrativa. No se registró el robo de objetos o documentos
, y hasta el momento se desconoce cómo lograron entrar a las instalaciones.Debido a estos hechos, el acceso del personal ha sido restringido hasta que concluyan las investigaciones. Esta situación también ha provocado la suspensión temporal en la entrega de tarjetas del programa “60 y Más”, afectando a los beneficiarios que acuden regularmente a este punto de atención.
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Ciudad
Resolución de la SCJN no afecta autonomía ni facultades Órgano Interno: UASLP
Este fallo no afecta ni limita las atribuciones del Órgano Interno de Control para fiscalizar los ingresos autogenerados
Por: Redacción
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí informa que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó un recurso de reclamación previamente enlistado, confirmando el criterio de que las universidades públicas no son consideradas órganos constitucionales autónomos para promover controversias competenciales por esa vía.
Este recurso representó el segundo ejercicio institucional orientado a impulsar un debate jurídico sobre la evolución y reconocimiento de los órganos constitucionales autónomos, con base en el papel que desempeñan las instituciones de educación superior en materia de fiscalización y competencias concurrentes.
La UASLP precisa que este fallo no afecta ni limita en modo alguno las atribuciones del Órgano Interno de Control (OIC) para fiscalizar los ingresos autogenerados por la institución. Los procedimientos promovidos hasta ahora están encaminados exclusivamente a impugnar actos intraprocesales dentro de las auditorías iniciadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
La Universidad reitera que su autonomía permanece intacta y que defenderá, por las vías legales pertinentes, el ámbito competencial que corresponde a su Órgano Interno de Control.
La UASLP continuará participando activamente en la discusión jurídica nacional sobre el papel de las universidades públicas en los esquemas de fiscalización, con el objetivo de fortalecer la certeza constitucional y el marco institucional que protege la vida universitaria.
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