Estado
La historia de la Estación Catorce y el trenazo de Puente Moreno
La tragedia ocurrida hace 50 años en Coahuila y que representa uno de los peores accidentes de la historia del país, tuvo su origen en la fiesta San Francisco en el Altiplano potosino
Por: Bernardo Vera
El 5 de octubre de 1972, el tren con matrícula 8402-5, apodado el “Tren Peregrino” se descarriló junto a sus 22 vagones a la altura de Puente Moreno, a unos kilómetros de la ciudad de Saltillo, Coahuila y provocó una de las tragedias ferroviarias más grandes del país y del mundo.
El tren estaba por cruzar una curva antes de llegar a la pendiente donde tenía que pasar a una velocidad moderada, pero los frenos fallaron. El tren alcanzó los 120 kilómetros por hora al cruzar por la pendiente, y cerca de las 23:25 horas se suscitó el percance a la altura del poblado Puente Moreno, en la pendiente del tramo Carnero, perteneciente al estado de Coahuila.
En el percance había mil 564 pasajeros; oficialmente murieron 234 personas y mil 200 resultaron heridas. No obstante, nunca existieron datos certeros sobre la cantidad de heridos, y la cifra oficial de fallecidos no coincidía, debido a la magnitud del accidente, por lo que se estima que las muertes habrían ascendido a más de cientos, diferente a lo reportado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El municipio de Real de Catorce ocupó un lugar importante en esta historia, dado que la primera versión que se dio a conocer públicamente sobre este hecho apuntó a una negligencia cometida por el equipo de maquinistas en su paso por la entidad potosina.
Se decía que los operarios se encontraban en estado de embriaguez al hacer parada en la estación Catorce, aprovechando que en esas fechas se desarrollaban las fiestas de San Francisco de Asís, y por esa razón no pudieron controlar la máquina una vez que esta entró en la curva y se descarrilara en la pendiente.
Otro dato determinó que además del supuesto estado etílico, habían subido a mujeres con fines de acompañamiento. Esta información dada a conocer el 6 de noviembre de ese año, logró que los imputados ingresaran a la Penitenciaría Estatal del estado de Coahuila.
La difusión de este reporte fue tan rápida que la sociedad condenó los hechos de forma inmediata. Sin embargo, el 8 de noviembre Luis Morales Benavides, director del Hospital Ferrocarrilero, negó que los maquinistas estuvieran alcoholizados, al declarar que en los exámenes realizados a los miembros de la tripulación, no se desprendía una condición etílica, y sólo en dos se encontró un mínimo grado de alcohol, que no representaría un estado de ebriedad completa. Incluso, el propio médico fue obligado a firmar un dictamen en donde constataba que los integrantes de la tripulación iban ebrios. Ante la negativa, fue cesado de su cargo. 
Víctor Manuel Villaseñor, entonces gerente de Ferrocarriles Nacionales de México, culpó al doctor Morales Benavides de no aclararle lo suficiente sobre el grado de alcohol en la sangre de la tripulación, según declaró en varias entrevistas.
Si el reporte médico no arrojaba un estado de ebriedad, ¿cuál habría sido la causa del percance?
La defensa legal de los operarios aseguró que el accidente había sido provocado, sumado a las fallas que el tren presentaba con anterioridad. Además, existen reportes que hablaban de un sabotaje maniobrado por Victor Manuel Villaseñor.
Villaseñor inició como gerente de Ferrocarriles Nacionales en diciembre de 1970 y renunció en mayo de 1974, debido a un conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), señalado por tener grupos de choque; y el Movimiento Sindicalista Ferrocarrilero (MSF); acusado de seguir una visión comunista bajo el liderazgo de Demetrio Vallejo. Sin embargo, ninguno de los grupos respaldaba la gestión de Victor Manuel Villaseñor.
Demetrio Vallejo había salido de prisión en 1971 y de inmediato, el MSF se reactivó. A él se le atribuyen distintos actos de sabotaje perpetrados durante el primer semestre de 1972 en distintas zonas del país. Sin embargo, presentaron un pliego petitorio a Porfirio Muñoz Ledo, entonces secretario del Trabajo, en el que se incluía “frenar el desprestigio por los ataques que se habían hecho a los ferroviarios a raíz de los accidentes”.
Es decir, una doble jugada donde se acusaban de los sabotajes a los vallejistas, y al mismo tiempo provocaba el debilitamiento de Villaseñor como director de Ferrocarriles Nacionales.
El móvil del desprestigio fue la pieza clave para que ambos sindicatos disputarán la negociación de contratos colectivos de trabajo, y Villaseñor, ante las presiones, dejó su cargo en 1974. A pesar de ello, la opinión pública no quería desestimar la versión del estado de ebriedad de los operarios ni su relación con las mujeres abordadas en el paradero de Real de Catorce; tragedia que el pasado sábado cumplió 50 años de ocurrida.
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El Partido Verde recibirá la cifra más alta con 47.6 millones de pesos, mientras que el Partido del Trabajo recibirá la cifra menor con 11.7 millones
Por: Redacción
El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó en sesión extraordinaria la distribución del financiamiento público correspondiente al ejercicio fiscal 2026, al que tienen derecho cada uno de los Partidos Políticos con registro e inscripción ante el Organismo Electoral.
Por ley, el 30% del total de los recursos se distribuyen de forma equitativa entre cada partido político y el otro 70% de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos por partido en la elección inmediata anterior.
La distribución quedó de la siguiente forma: $ 165 millones, 811 mil, 863.13 pesos para gasto por actividades ordinarias permanentes; $ 4 millones, 974 mil, 355.89 pesos para gasto por actividades específicas; $3 millones, 316 mil, 237.26 pesos para financiamiento por franquicias postales; y 113 mil, 140.00 pesos para financiamiento adicional a partidos políticos locales; el total de financiamiento a partidos políticos es de $174 millones, 215 mil, 596.28 pesos.
Las cantidades señaladas en la distribución del financiamiento público asignado por partido político, de acuerdo a la ley, es derivado del porcentaje de votación en la última elección, el total por partido político se desglosa de la siguiente forma:
- El Partido Acción Nacional recibirá: $28,851,627.70 pesos (veintiocho millones, ochocientos cincuenta y un mil, seiscientos veintisiete pesos 70/100 m.n.)
- El Partido Revolucionario Institucional recibirá: $19,235,994.71 pesos (Diecinueve millones, doscientos treinta y cinco mil, novecientos noventa y cuatro pesos 71/100 m.n.).
- El Partido Verde Ecologista de México recibirá: $47,607,686.35 pesos (Cuarenta y siete millones, seiscientos siete mil, seiscientos ochenta y seis pesos 35/100 m.n.).
- El Partido del Trabajo: $11,766,083.77 pesos (Once millones, setecientos sesenta y seis mil, ochenta y tres pesos 77/100 m.n.)
- El Partido Movimiento Ciudadano recibirá: $17,975,662.24 pesos (Diecisiete millones, novecientos setenta y cinco mil, seiscientos sesenta y dos pesos 24/100 m.n.).
- El Partido MORENA recibirá: $35,153,709.55 pesos (Treinta y cinco millones, ciento cincuenta y tres mil, setecientos nueve pesos 55/100 m.n.)
- El Partido Nueva Alianza SLP recibirá: $13,624,831.96 pesos (Trece millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y un pesos 96/100 m.n.)
Este financiamiento a partidos está compuesto por Actividades Ordinarias, Actividades específicas y Franquicias Postales.
En la misma sesión del Consejo General del CEEPAC también se aprobó el acuerdo mediante el cual se determinan los topes del financiamiento privado para los partidos políticos con registro e inscripción vigente ante el organismo electoral por parte de militantes y simpatizantes durante el ejercicio 2026.
El límite de aportaciones que cada partido político podrá recibir en el año en dinero o especie a través de sus militantes es la cantidad de $16,581,186.30 (dieciséis millones, quinientos ochenta y un mil ciento ochenta y seis pesos 30/100 m.n.).
El límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir de sus simpatizantes en dinero o en especie para el ejercicio 2026, corresponde a la cantidad de $5,844,772.94 (cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y dos pesos 94/100 m.n.).
En cuanto el límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero y especie será la cantidad de $146,119.32 (ciento cuarenta y seis mil ciento diecinueve pesos 32/100 M.N.).
Cabe señalar que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos con inscripción o registro, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas.
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Estado
Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández
El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.
Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.
Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.
Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida”
Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.
Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.
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La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital
Por: Redacción
Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.
La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.
Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.
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