julio 21, 2026

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Congreso del Estado

Congreso realizó el Parlamento de las y los Jóvenes 2022

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Las políticas públicas propuestas por la juventud fueron sobre personas transgénero de la comunidad LGBTIQ+, empleo para jovenes egresados y seguridad

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo el Parlamento de las y los Jóvenes del Estado de San Luis Potosí año 2022, donde presentaron diversas propuestas en temas como educación; fomento al deporte y la cultura; inclusión y políticas públicas para las personas transgénero y a la comunidad LGTBIQ+; incentivos para empleos a jóvenes egresados; y seguridad, entre otros.

El Parlamento de las y los Jóvenes estuvo integrado por: Claudia Adriana Castro Reves; José Villanueva De la Rosa; Leslie Carolina Cervantes Almendarez; Pedro Urbano Merced; Karen Dareli Díaz Martínez; Alexa Saldaña Hernández; Marbella Guadalupe Domínquez Quistián; Hugo Jair Rosales Faz; Enrique Favela Cruz; Bernardo Rodríguez Hernández; Melissa Mariel Galicia Rico; Alonso José Rico Elías; Mayra Sofia Gámez Rivera; Estefanía Reyna Rodríguez; Karla Vanessa Gómez Sánchez; Juan Pablo Rea Martínez; Imelda Isabel Grimaldo Méndez; Verónica Rangel García; Marissa Fernanda Jonguitud Hernández: Francisco Ramos Santos; Ana Karina Lara Rosales; Luis Mario Palomo Charqueño; Refugio Apolonio López Hernández; Jaime Alejandro Oliva Ramírez; Laura Angélica Maldonado García; Raúl Eduardo Muñoz Cervantes; Miguel Ángel Morin Cerrillo; Karla Gabriela Sánchez Ornelas; y, Daniel Sebastián Celaya Gómez.

La declaratoria estableció el derecho de las y los jóvenes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, así como expresar su opinión respecto de los asuntos de su familia, su comunidad y su país; además, de todos aquellos temas lo afecten, por lo que su familia, la sociedad y el Estado deberán propiciar y fomentar que oportunidades para su participación.

Asimismo, consagra que se deberá fomentar su participación en foros municipales, estatales, nacionales o internaciones y se crearan espacios de participación a fin de que puedan opinar, analizar, y en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas de forma individual o colectiva en aquellos ámbitos que no vulneren su integridad física o moral.

Las propuestas sobre eduación abarcaron desde el abastecimiento alimenticio en el nivel superior; la cultura de paz; fomento a la salud mental de docentes y alumnos; actualización de planteamientos curriculares y metodologías en la enseñanza; becas de impulso al deporte y oferta laboral a egresados, los cuales son temas de gran impacto social en la juventud.

En materia de salud, propusieron incorporar el derecho a la salud de las personas jóvenes, que ha sido relegado y tratado bajo tablas y visiones adultocentricas, estableciendo la salud integral como la principal condición del bienestar para el goce de una vida integra en lo social, física, mental, sexual y reproductiva.

Proponen que la salud mental y la salud sexual y reproductiva integral deben ser garantizadas por el Estado y sus instituciones, más no impuestas e incorporan la necesidad de un programa integral para el desarrollo de la juventud que coloque al centro las diversas juventudes y realidades.

Proponen fortalecer las políticas públicas en materia de salud, educación, desarrollo profesional, prevención del consumo de drogas, prevención del suicidio, así como aspectos recreativos que atenderán a las necesidades reales y específicas de cada una de las comunidades y municipios a lo largo del Estado, haciendo énfasis en que las necesidades en la zona media no son las mismas que en la huasteca, zona centro ni altiplano, por lo que el fortalecimiento de las instituciones municipales atenderá a las circunstancias particulares de cada localidad y su población

Las y los jovenes propusieron que se fortalezcan los contenidos culturales y se divulgue la cosmovisión indígena para homologar una visión social que integre y reconozca esta forma diferente de pensar actuar, aprendiendo a respetar sus derechos humanos, sobre todo en el ámbito de la discriminación y abuso entre los mismos estratos sociales del entorno.

Otra propuesta tiene que ver con el fortalecimiento a la igualdad entre hombres y mujeres, e incentivando la inclusión de mujeres en la administración pública y política del estado.

En el tema de seguridad, las y los parlamentarios hicieron propuestas para adicionar a la Ley Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad pública para extinguir la corrupción; mejorar el adiestramiento con el uso de instrumentos policiales; fortalecer la coordinación entre cuerpos policiales municipales y la Guardia Civil Estatal; y crear foros permanentes donde pueda participar la juventud y la ciudadanía explicando sus inquietudes específicas.

En materia de trabajo y previsión social, Trabajo y Previsión Social las propuestas versaron en la regularización del servicio social para que su labor sea remunerada de forma justa y equitativa; acondicionar y mejorar las rutas de transporte tanto público como privado dando mantenimiento y una mejor organización a las vías públicas como son las calles, avenida ciclo vías y carreteras en zonas urbanas y rurales esto con el fin de tener una movilidad eficiente.

La Directiva de este Parlamento, estuvo integrada de la siguiente manera: Presidenta: Marissa Fernanda Jonguitud Hernández; primera vicepresidenta: Verónica Rangel García; segundo vicepresidente: Juan Pablo Rea Martínez; Primer Secretario: Raúl Eduardo Muñoz Cervantes; segunda secretaria: Laura Angélica Maldonado García; primer prosecretario: Refugio Apolonio López Hernández; y, segunda prosecretaria: Melissa Mariel García Rico.

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Congreso del Estado

Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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Congreso del Estado

Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil

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El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México

 

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.

 

Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

 

Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

 

Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.

 

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Congreso del Estado

Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas

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Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio

Por: Redacción

Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

 

Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la  Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.

 

Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.

 

Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

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