enero 13, 2026

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Estado

INE multó con 434 mil pesos a Mónica Rangel

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Por no reportar gastos de precampaña la candidata, así como Paloma Aguilar y Lucy Lastras, deberán de pagar cada una esa cantidad. La multa para Morena es de 5.9 millones

Por: Redacción

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) esta mañana analizó la queja presentada en contra de Morena relacionada con ingresos y gastos durante el periodo de precampaña en el actual proceso electoral en San Luis Potosí; en donde determinó sancionar a Mónica Rangel, Paloma Aguilar y Lucy Lastras por 434 mil pesos; así como una multa a Morena por 5.9 millones.

El INE determinó que Morena no cumplió con la presentación del informe de ingresos y gastos de cuatro precandidatas: Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía, Luz María Lastras Martínez y Mónica Liliana Rangel Martínez; por ello, se propuso sancionar al Comité Estatal de Morena en San Luis Potosí con una multa consistente en 5,923,788.28 pesos.

Además, a tres de las antes mencionadas se les impondrá una sanción una multa por 5000 UMAS, lo que equivale a 434,400 pesos y a María del Consuelo Jonguitud Munguía

, una amonestación pública; esto porque la Unidad Técnica de Fiscalización detectó propaganda de precampaña, pero cuando ya había concluido el periodo de precampañas, lo cual es un atenuante en la conducta de Jonguitud Munguía.

La Comisión de Fiscalización a través de un test de proporcionalidad definió la sanción en cada caso; advirtiendo que si bien es cierto que se acreditaron los actos de precampaña, se debió a las modificaciones realizadas por Morena en su Proceso de Selección Interno para la candidatura a la Gubernatura en San Luis Potosí, lo cual impidió que las precandidatas obtuvieron su registro y habilitar una cuenta para su informe en el Sistema Integral de Fiscalización.

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Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández

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El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad

Por: Redacción

José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.

Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.

Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.

Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida”

, echando por tierra las especulaciones sobre supuestos beneficiarios directos de la reforma.

Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.

Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.

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Importante la construcción de un hospital psiquiátrico en San Luis: Aranza Puente

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La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital

Por: Redacción

Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.

La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.

Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.

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Antes que prohibir, se tienen que regular los vapeadores: Aranza Puente

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Vapeadores SS

La diputada aseguró que el veto de estos dispositivos solo dará pie a un mercado negro fuera de la ley

Por: Redacción

Cuestionada sobre la prohibición de los vapeadores en San Luis Potosí, Aranza Puente Bustindui, diputada local, se manifestó en contra del veto a estos dispositivos, señalando que ella optaría por una regulación.

La diputada señaló que al haber tanta demanda, una prohibición total solo ocasionaría un mercado negro fuera de toda regulación, lo que generaría mayor peligro para los consumidores.

Puente Bustindui afirmó que hace falta mucha información sobre el tema, y sugirió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleve a cabo una regulación de las sustancias dañinas que contienen los vapeadores, así como que se realicen campañas de prevención y apoyo a los fumadores

.

La producción, distribución y venta de vapeadores fue prohibida por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, argumentando que son dispositivos dañinos para la salud que fueron comercializados bajo la promesa no comprobada de ser menos dañinos que el cigarro.

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