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IMSS despide a trabajadores que tienen hijos con discapacidad
Hasta el último día de la delegada Garrido, surgen nuevas denuncias en su contra por parte de trabajadores
Por: Ana G Silva
Este 30 de junio es el último día como delegada del IMSS en San Luis Potosí de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano y luego de la publicación de la columna “La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también” publicada por este medio, surgieron nuevas demandas en su contra y del nosocomio.
Mariana Hernández, titular del colectivo Cuidadoras Potosinas y ex trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, denunció discriminación y acoso laboral por parte de la institución de salud por tener un hijo con discapacidad, además se le rescindió su contrato laboral de manera injustificada. Más trabajadores han sido despedidos por la misma causa.
La mujer explicó que estaba por cumplir 17 años de antigüedad como trabajadora en el área de farmacia en el IMSS del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2, Cuauhtémoc, sin embargo fue despedida injustificadamente en marzo de este año.
Relató que desde el 2013 su hijo adquirió parálisis cerebral y epilepsia debido a una omisión por parte de su pareja.
“Mi hijo fue abandonado por su papá en el coche con los vidrios arriba, el niño había nacido sano, pero por esa omisión de su papá adquiere una discapacidad. Cambia de golpe nuestra vida y desde ahí empezó el acoso, porque yo por esta situación me volví cuidadora”.
La también activista indicó que debido a la condición de su hijo comenzó a pedir de forma más recurrente pases de entrada o de salida, lo que la llevó a ser blanco de agresiones verbales, acoso laboral, violencia verbal y violencia psicológica: “Empezaron con negativas de pase de salida o tenia que intervenir siempre el sindicato para que me los autorizaran aunque nunca se me dejó de descontar económicamente”.
Hernández narró que las agresiones iniciaron de manera verbal y psicológica, sin embargo en 2019 pasó a agresiones físicas, pues el entonces administrador del hospital de Cuauhtémoc, Pablo Alejandro Juárez González, el mismo responsable de las vacunas que se echaron a perder en el área de farmacia en 2022, la agredió al entrar al nosocomio, episodio en el que tuvo que intervenir su líder sindical y aunque existe una demanda y una queja, el sujeto agresor no fue despedido.
Luego de los abusos que sufrió Mariana, fue diagnosticada con estrés postraumático y trastorno depresivo mayor y trastorno mixto, es decir ansiedad y depresión; además de una prolactinemia, que es un padecimiento de orden ginecológico.
Sorteando sus problemas de salud, además se agravaron los de su hijo, lo que la llevó a tomar la decisión de solicitar un ajuste laboral razonable, que está m arcado en el artículo tercero de la Convención de las personas con discapacidad, para reducir a cuatro horas su jornada, sin importar la reducción salarial y así poder cuidar a su hijo 
A pesar de que solicitó el ajuste dos veces más fue ignorada hasta por la misma delegada María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, quien estaba enterada de las agresiones que sufrió en el hospital y que en ningún momento investigó lo que ocurría .
“Yo te puedo enseñar 100 mil oficios que entregué a la delegación, incluido al Órgano de Control Interno del acoso, nunca respondieron ninguno. Me amenazaban entre el jefe de jurídicos Raúl Mario Beltrán y abogados de ahí de la delegación, yo pedía días a cuenta en ocasiones por internamientos de mi hijo, por estudios que se le tenían que hacer”.
La ex trabajadora del IMSS dijo que antes de ser despedida pidió dos días a cuenta, que es una prestación para adelantar vacaciones y lo pueden requerir todos los trabajadores a través de un oficio sindical que es firmado por la jefa de personal, pues tenía que llevar a su hijo a realizarse un estudio a Zapopan, Guadalajara. Sin embargo, a pesar de que presentó el formato en tiempo y forma, dos semanas después fue citada a jurídicos argumentando que había faltado y por esa razón fue despedida.
Mariana no fue la única persona que fue despojada de su trabajo por esta razón, pues lo mismo le ocurrió a un médico y a una de sus compañeras en el área de intendencia, ambos tenían hijos con alguna discapacidad y aunque son cuidadores, los despidieron por faltas.
“En la junta de jurídicos, que es la audiencia del IMSS interna, me corrieron y hacían muchísimo mucho hincapié y de que a mí me gustaba ayudar a mis compañeros que tienen hijos con discapacidad, de que qué iba a pasar si la ley se aprobaba que entonces toda la gente que somos cuidadores vamos a aprovechar para no trabajar por con el pretexto de cuidar a nuestros hijos, pero como en tono de burla”.
Mariana fue despedida desde el 31 de marzo y desde entonces no ha podido proveer de manera económica a sus hijos y ahora está a la espera de una audiencia de juicio laboral donde se definirá su situación.
“Pues las cosas están así, la delegada sigue protegiendo a la gente corrupta de la delegación, nos están corriendo a los trabajadores que estamos en esta situación. Se me hace tan absurdo que siendo el IMSS se atreva a dañar así a trabajadores cuidadores, porque pues no es cualquier empresa ajena a la salud, es una empresa que debe priorizar la salud y el bienestar social. Ya no tengo nada que perder”.
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El gobernador dijo que febrero es el mes límite para que los municipios cumplan con el salario mínimo de 15 mil pesos a sus elementos
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, advirtió que los municipios que no incrementen el salario de sus policías y mantengan a elementos sin certificación incurrirán en responsabilidades legales, luego de reconocer que hasta el momento varios ayuntamientos no han respondido al llamado para mejorar las condiciones laborales de sus corporaciones municipales.
Gallardo Cardona señaló que existe una grave omisión por parte de algunos alcaldes, quienes se han negado a aplicar aumentos salariales a sus policías, a pesar de contar con recursos federales del Ramo 33, destinados precisamente al fortalecimiento de la seguridad pública.
El mandatario reveló que el 80 por ciento de los policías municipales en el estado no cuenta con su examen de control y confianza, situación que calificó como alarmante, ya que —subrayó— ningún elemento debería portar un arma ni ejercer funciones policiales sin estar debidamente certificado.
En este contexto, desmintió que el Centro de Evaluación (C4) esté limitando el acceso a los exámenes, al asegurar que las instalaciones se encuentran abiertas todos los días y que actualmente solo hay 25 elementos programados
“Los exámenes no son caros ni simples. Incluyen evaluaciones médicas, clínicas y de laboratorio para detectar consumo de drogas o vínculos con la delincuencia. No es solo preguntar si se portan bien o mal”, puntualizó.
Como ejemplo de la precariedad en algunos municipios, el gobernador mencionó el caso de Tancanhuitz, que cuenta únicamente con 20 policías municipales, una cifra insuficiente para garantizar la seguridad de la población.
Gallardo Cardona recordó que ya se impulsó una iniciativa de ley para obligar a los municipios a cumplir con el salario mínimo establecido para policías, que es de 15 mil pesos, y advirtió que febrero es el último plazo para hacerlo.
“Quien no cumpla va a enfrentar consecuencias. No se puede tener a un policía muriéndose de hambre, porque eso los empuja a la delincuencia. Eso no puede suceder en San Luis Potosí”, sentenció.
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El plan considera una reducción progresiva de las tarifas máximas por unidad de tráfico
Por: Redacción
El Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA) contará con una inversión comprometida de 576 millones de pesos durante el periodo 2026–2030, como parte del Programa Maestro de Desarrollo aprobado para la terminal aérea de San Luis Potosí, informó el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).
De acuerdo con el esquema financiero presentado, la inversión se aplicará de manera gradual, con una mayor concentración de recursos entre 2027 y 2028, años clave para la modernización de la infraestructura aeroportuaria. Para 2026 se contempla una asignación inicial de poco más de 7 millones de pesos; en 2027 el monto aumentará a 145 millones, mientras que 2028 será el año con mayor inversión, al concentrar cerca de 249 millones de pesos. Finalmente, en 2029 y 2030 se ejercerán de forma conjunta alrededor de 174 millones de pesos.
De manera paralela, el programa prevé una reducción progresiva de las tarifas máximas por unidad de tráfico, las cuales estarán ajustadas por un factor de eficiencia anual del 0.8 por ciento en términos reales. Bajo este esquema, la tarifa pasará de 338 pesos en 2026 a 327 pesos en 2030
El Programa Maestro de Desarrollo fue avalado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y forma parte de una estrategia nacional que contempla inversiones superiores a 16 mil millones de pesos en los 13 aeropuertos que opera OMA en el país.
Los recursos destinados al aeropuerto potosino estarán orientados a la expansión y modernización de la terminal, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la incorporación de nueva tecnología y equipamiento, así como al fortalecimiento de la capacidad operativa y la experiencia de los pasajeros, con el objetivo de consolidar al AIPA como un nodo estratégico para el desarrollo económico y la conectividad de San Luis Potosí.
También lee: Caso Rich: ya son ocho las víctimas que otorgaron el perdón
Cuatro víctimas —incluidas las familias de los jóvenes fallecidos— mantienen su postura de seguir en juicio
Por: Redacción
La audiencia intermedia del caso Rich continúa prolongándose, luego de que ocho de las 12 víctimas han otorgado el perdón legal a los imputados, a cambio de una reparación del daño, informó la autoridad judicial.
De acuerdo con El Sol de San Luis, el pasado viernes 23 de enero se llevó a cabo una nueva audiencia relacionada con el caso ocurrido el 7 de junio de 2024, cuando la ruptura de un barandal de vidrio templado provocó la caída de una docena de jóvenes desde el segundo piso de la plaza Alttus, en la zona poniente de la capital potosina. El hecho dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y al menos diez personas lesionadas.
Durante la diligencia más reciente, tres víctimas que sufrieron lesiones de diversa consideración otorgaron el perdón a Nancy, Francisco y Ulises, quienes permanecen detenidos como presuntos responsables del accidente. Con ello, suman ocho víctimas que han accedido a un acuerdo reparatorio.
De acuerdo con la información presentada en audiencia, los acuerdos de reparación del daño alcanzados hasta el momento superan un millón 600 mil pesos
Sin embargo, cuatro víctimas mantienen su postura de continuar con el proceso judicial. Se trata de dos personas que resultaron gravemente lesionadas y que presentan secuelas permanentes, así como de las familias de Manuel Alejandro y Rodrigo, los dos jóvenes que perdieron la vida en el incidente.
Estas víctimas, además, sostienen una demanda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contra funcionarios municipales y estatales, a quienes consideran corresponsables del accidente, al señalar que el establecimiento operaba de manera irregular.
Tras la suspensión derivada del otorgamiento de nuevos perdones, se determinó que la audiencia intermedia continuará el próximo 20 de febrero, mientras las partes analizan posibles acuerdos y la situación jurídica de los imputados sigue en revisión.
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