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IMSS despide a trabajadores que tienen hijos con discapacidad
Hasta el último día de la delegada Garrido, surgen nuevas denuncias en su contra por parte de trabajadores
Por: Ana G Silva
Este 30 de junio es el último día como delegada del IMSS en San Luis Potosí de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano y luego de la publicación de la columna “La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también” publicada por este medio, surgieron nuevas demandas en su contra y del nosocomio.
Mariana Hernández, titular del colectivo Cuidadoras Potosinas y ex trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, denunció discriminación y acoso laboral por parte de la institución de salud por tener un hijo con discapacidad, además se le rescindió su contrato laboral de manera injustificada. Más trabajadores han sido despedidos por la misma causa.
La mujer explicó que estaba por cumplir 17 años de antigüedad como trabajadora en el área de farmacia en el IMSS del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2, Cuauhtémoc, sin embargo fue despedida injustificadamente en marzo de este año.
Relató que desde el 2013 su hijo adquirió parálisis cerebral y epilepsia debido a una omisión por parte de su pareja.
“Mi hijo fue abandonado por su papá en el coche con los vidrios arriba, el niño había nacido sano, pero por esa omisión de su papá adquiere una discapacidad. Cambia de golpe nuestra vida y desde ahí empezó el acoso, porque yo por esta situación me volví cuidadora”.
La también activista indicó que debido a la condición de su hijo comenzó a pedir de forma más recurrente pases de entrada o de salida, lo que la llevó a ser blanco de agresiones verbales, acoso laboral, violencia verbal y violencia psicológica: “Empezaron con negativas de pase de salida o tenia que intervenir siempre el sindicato para que me los autorizaran aunque nunca se me dejó de descontar económicamente”.
Hernández narró que las agresiones iniciaron de manera verbal y psicológica, sin embargo en 2019 pasó a agresiones físicas, pues el entonces administrador del hospital de Cuauhtémoc, Pablo Alejandro Juárez González, el mismo responsable de las vacunas que se echaron a perder en el área de farmacia en 2022, la agredió al entrar al nosocomio, episodio en el que tuvo que intervenir su líder sindical y aunque existe una demanda y una queja, el sujeto agresor no fue despedido.
Luego de los abusos que sufrió Mariana, fue diagnosticada con estrés postraumático y trastorno depresivo mayor y trastorno mixto, es decir ansiedad y depresión; además de una prolactinemia, que es un padecimiento de orden ginecológico.
Sorteando sus problemas de salud, además se agravaron los de su hijo, lo que la llevó a tomar la decisión de solicitar un ajuste laboral razonable, que está marc ado en el artículo tercero de la Convención de las personas con discapacidad, para reducir a cuatro horas su jornada, sin importar la reducción salarial y así poder cuidar a su hijo 
A pesar de que solicitó el ajuste dos veces más fue ignorada hasta por la misma delegada María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, quien estaba enterada de las agresiones que sufrió en el hospital y que en ningún momento investigó lo que ocurría .
“Yo te puedo enseñar 100 mil oficios que entregué a la delegación, incluido al Órgano de Control Interno del acoso, nunca respondieron ninguno. Me amenazaban entre el jefe de jurídicos Raúl Mario Beltrán y abogados de ahí de la delegación, yo pedía días a cuenta en ocasiones por internamientos de mi hijo, por estudios que se le tenían que hacer”.
La ex trabajadora del IMSS dijo que antes de ser despedida pidió dos días a cuenta, que es una prestación para adelantar vacaciones y lo pueden requerir todos los trabajadores a través de un oficio sindical que es firmado por la jefa de personal, pues tenía que llevar a su hijo a realizarse un estudio a Zapopan, Guadalajara. Sin embargo, a pesar de que presentó el formato en tiempo y forma, dos semanas después fue citada a jurídicos argumentando que había faltado y por esa razón fue despedida.
Mariana no fue la única persona que fue despojada de su trabajo por esta razón, pues lo mismo le ocurrió a un médico y a una de sus compañeras en el área de intendencia, ambos tenían hijos con alguna discapacidad y aunque son cuidadores, los despidieron por faltas.
“En la junta de jurídicos, que es la audiencia del IMSS interna, me corrieron y hacían muchísimo mucho hincapié y de que a mí me gustaba ayudar a mis compañeros que tienen hijos con discapacidad, de que qué iba a pasar si la ley se aprobaba que entonces toda la gente que somos cuidadores vamos a aprovechar para no trabajar por con el pretexto de cuidar a nuestros hijos, pero como en tono de burla”.
Mariana fue despedida desde el 31 de marzo y desde entonces no ha podido proveer de manera económica a sus hijos y ahora está a la espera de una audiencia de juicio laboral donde se definirá su situación.
“Pues las cosas están así, la delegada sigue protegiendo a la gente corrupta de la delegación, nos están corriendo a los trabajadores que estamos en esta situación. Se me hace tan absurdo que siendo el IMSS se atreva a dañar así a trabajadores cuidadores, porque pues no es cualquier empresa ajena a la salud, es una empresa que debe priorizar la salud y el bienestar social. Ya no tengo nada que perder”.
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
También lee: “Me dijo: te voy a matar”; mujer teme por amenazas de padre del alcalde de Cerro de San Pedro
Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
También lee: Tensión en Matlapa: pobladores retienen policías tras muerte de ciudadano
Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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