julio 23, 2026

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IMSS despide a trabajadores que tienen hijos con discapacidad

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Hasta el último día de la delegada Garrido, surgen nuevas denuncias en su contra por parte de trabajadores

Por: Ana G Silva

Este 30 de junio es el último día como delegada del IMSS en San Luis Potosí de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano y luego de la publicación de la columna “La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también” publicada por este medio, surgieron nuevas demandas en su contra y del nosocomio.

Mariana Hernández, titular del colectivo Cuidadoras Potosinas y ex trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, denunció discriminación y acoso laboral por parte de la institución de salud por tener un hijo con discapacidad, además se le rescindió su contrato laboral de manera injustificada. Más trabajadores han sido despedidos por la misma causa.

La mujer explicó que estaba por cumplir 17 años de antigüedad como trabajadora en el área de farmacia en el IMSS del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2, Cuauhtémoc, sin embargo fue despedida injustificadamente en marzo de este año.

Relató que desde el 2013 su hijo adquirió parálisis cerebral y epilepsia debido a una omisión por parte de su pareja.

Mi hijo fue abandonado por su papá en el coche con los vidrios arriba, el niño había nacido sano, pero por esa omisión de su papá adquiere una discapacidad. Cambia de golpe nuestra vida y desde ahí empezó el acoso, porque yo por esta situación me volví cuidadora”.

La también activista indicó que debido a la condición de su hijo comenzó a pedir de forma más recurrente pases de entrada o de salida, lo que la llevó a ser blanco de agresiones verbales, acoso laboral, violencia verbal y violencia psicológica: “Empezaron con negativas de pase de salida o tenia que intervenir siempre el sindicato para que me los autorizaran aunque nunca se me dejó de descontar económicamente”.

Hernández narró que las agresiones iniciaron de manera verbal y psicológica, sin embargo en 2019 pasó a agresiones físicas, pues el entonces administrador del hospital de Cuauhtémoc, Pablo Alejandro Juárez González, el mismo responsable de las vacunas que se echaron a perder en el área de farmacia en 2022, la agredió al entrar al nosocomio, episodio en el que tuvo que intervenir su líder sindical y aunque existe una demanda y una queja, el sujeto agresor no fue despedido.

Luego de los abusos que sufrió Mariana, fue diagnosticada con estrés postraumático y trastorno depresivo mayor y trastorno mixto, es decir ansiedad y depresión; además de una prolactinemia, que es un padecimiento de orden ginecológico.

Sorteando sus problemas de salud, además se agravaron los de su hijo, lo que la llevó a tomar la decisión de solicitar un ajuste laboral razonable, que está marc ado en el artículo tercero de la Convención de las personas con discapacidad, para reducir a cuatro horas su jornada, sin importar la reducción salarial y así poder cuidar a su hijo

: “A estas alturas l a epilepsia de mi hijo cada vez es más agresiva y más fuerte al grado de que llega a convulsionarse más de 80 a 100 veces cada noche, entonces es muy desgastante y yo ya no puedo dejarlo solito con su hermana para irse a laborar”.

A pesar de que solicitó el ajuste dos veces más fue ignorada hasta por la misma delegada María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, quien estaba enterada de las agresiones que sufrió en el hospital y que en ningún momento investigó lo que ocurría .

“Yo te puedo enseñar 100 mil oficios que entregué a la delegación, incluido al Órgano de Control Interno del acoso, nunca respondieron ninguno. Me amenazaban entre el jefe de jurídicos Raúl Mario Beltrán y abogados de ahí de la delegación, yo pedía días a cuenta en ocasiones por internamientos de mi hijo, por estudios que se le tenían que hacer”.

La ex trabajadora del IMSS dijo que antes de ser despedida pidió dos días a cuenta, que es una prestación para adelantar vacaciones y lo pueden requerir todos los trabajadores a través de un oficio sindical que es firmado por la jefa de personal, pues tenía que llevar a su hijo a realizarse un estudio a Zapopan, Guadalajara. Sin embargo, a pesar de que presentó el formato en tiempo y forma, dos semanas después fue citada a jurídicos argumentando que había faltado y por esa razón fue despedida.

Mariana no fue la única persona que fue despojada de su trabajo por esta razón, pues lo mismo le ocurrió a un médico y a una de sus compañeras en el área de intendencia, ambos tenían hijos con alguna discapacidad y aunque son cuidadores, los despidieron por faltas.

“En la junta de jurídicos, que es la audiencia del IMSS interna, me corrieron y hacían muchísimo mucho hincapié y de que a mí me gustaba ayudar a mis compañeros que tienen hijos con discapacidad, de que qué iba a pasar si la ley se aprobaba que entonces toda la gente que somos cuidadores vamos a aprovechar para no trabajar por con el pretexto de cuidar a nuestros hijos, pero como en tono de burla”.

Mariana fue despedida desde el 31 de marzo y desde entonces no ha podido proveer de manera económica a sus hijos y ahora está a la espera de una audiencia de juicio laboral donde se definirá su situación.

“Pues las cosas están así, la delegada sigue protegiendo a la gente corrupta de la delegación, nos están corriendo a los trabajadores que estamos en esta situación. Se me hace tan absurdo que siendo el IMSS se atreva a dañar así a trabajadores cuidadores, porque pues no es cualquier empresa ajena a la salud, es una empresa que debe priorizar la salud y el bienestar social. Ya no tengo nada que perder”.

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Galindo rechaza pipas como solución a fallas de El Realito

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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.

Por: Redacción

Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.

Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito

que carecen de aljibe y dependen por completo de la red para recibir el servicio.

El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.

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Segam va contra empresas que no acrediten el destino de sus residuos

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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam

Por: Redacción

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.

Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.

La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.

Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.

Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación

, aunque reconoció que no todos los ayuntamientos cumplen con esas condiciones.

La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.

En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.

La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Opinión

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