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IMSS despide a trabajadores que tienen hijos con discapacidad
Hasta el último día de la delegada Garrido, surgen nuevas denuncias en su contra por parte de trabajadores
Por: Ana G Silva
Este 30 de junio es el último día como delegada del IMSS en San Luis Potosí de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano y luego de la publicación de la columna “La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también” publicada por este medio, surgieron nuevas demandas en su contra y del nosocomio.
Mariana Hernández, titular del colectivo Cuidadoras Potosinas y ex trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, denunció discriminación y acoso laboral por parte de la institución de salud por tener un hijo con discapacidad, además se le rescindió su contrato laboral de manera injustificada. Más trabajadores han sido despedidos por la misma causa.
La mujer explicó que estaba por cumplir 17 años de antigüedad como trabajadora en el área de farmacia en el IMSS del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2, Cuauhtémoc, sin embargo fue despedida injustificadamente en marzo de este año.
Relató que desde el 2013 su hijo adquirió parálisis cerebral y epilepsia debido a una omisión por parte de su pareja.
“Mi hijo fue abandonado por su papá en el coche con los vidrios arriba, el niño había nacido sano, pero por esa omisión de su papá adquiere una discapacidad. Cambia de golpe nuestra vida y desde ahí empezó el acoso, porque yo por esta situación me volví cuidadora”.
La también activista indicó que debido a la condición de su hijo comenzó a pedir de forma más recurrente pases de entrada o de salida, lo que la llevó a ser blanco de agresiones verbales, acoso laboral, violencia verbal y violencia psicológica: “Empezaron con negativas de pase de salida o tenia que intervenir siempre el sindicato para que me los autorizaran aunque nunca se me dejó de descontar económicamente”.
Hernández narró que las agresiones iniciaron de manera verbal y psicológica, sin embargo en 2019 pasó a agresiones físicas, pues el entonces administrador del hospital de Cuauhtémoc, Pablo Alejandro Juárez González, el mismo responsable de las vacunas que se echaron a perder en el área de farmacia en 2022, la agredió al entrar al nosocomio, episodio en el que tuvo que intervenir su líder sindical y aunque existe una demanda y una queja, el sujeto agresor no fue despedido.
Luego de los abusos que sufrió Mariana, fue diagnosticada con estrés postraumático y trastorno depresivo mayor y trastorno mixto, es decir ansiedad y depresión; además de una prolactinemia, que es un padecimiento de orden ginecológico.
Sorteando sus problemas de salud, además se agravaron los de su hijo, lo que la llevó a tomar la decisión de solicitar un ajuste laboral razonable, que está m arcado en el artículo tercero de la Convención de las personas con discapacidad, para reducir a cuatro horas su jornada, sin importar la reducción salarial y así poder cuidar a su hijo 
A pesar de que solicitó el ajuste dos veces más fue ignorada hasta por la misma delegada María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, quien estaba enterada de las agresiones que sufrió en el hospital y que en ningún momento investigó lo que ocurría .
“Yo te puedo enseñar 100 mil oficios que entregué a la delegación, incluido al Órgano de Control Interno del acoso, nunca respondieron ninguno. Me amenazaban entre el jefe de jurídicos Raúl Mario Beltrán y abogados de ahí de la delegación, yo pedía días a cuenta en ocasiones por internamientos de mi hijo, por estudios que se le tenían que hacer”.
La ex trabajadora del IMSS dijo que antes de ser despedida pidió dos días a cuenta, que es una prestación para adelantar vacaciones y lo pueden requerir todos los trabajadores a través de un oficio sindical que es firmado por la jefa de personal, pues tenía que llevar a su hijo a realizarse un estudio a Zapopan, Guadalajara. Sin embargo, a pesar de que presentó el formato en tiempo y forma, dos semanas después fue citada a jurídicos argumentando que había faltado y por esa razón fue despedida.
Mariana no fue la única persona que fue despojada de su trabajo por esta razón, pues lo mismo le ocurrió a un médico y a una de sus compañeras en el área de intendencia, ambos tenían hijos con alguna discapacidad y aunque son cuidadores, los despidieron por faltas.
“En la junta de jurídicos, que es la audiencia del IMSS interna, me corrieron y hacían muchísimo mucho hincapié y de que a mí me gustaba ayudar a mis compañeros que tienen hijos con discapacidad, de que qué iba a pasar si la ley se aprobaba que entonces toda la gente que somos cuidadores vamos a aprovechar para no trabajar por con el pretexto de cuidar a nuestros hijos, pero como en tono de burla”.
Mariana fue despedida desde el 31 de marzo y desde entonces no ha podido proveer de manera económica a sus hijos y ahora está a la espera de una audiencia de juicio laboral donde se definirá su situación.
“Pues las cosas están así, la delegada sigue protegiendo a la gente corrupta de la delegación, nos están corriendo a los trabajadores que estamos en esta situación. Se me hace tan absurdo que siendo el IMSS se atreva a dañar así a trabajadores cuidadores, porque pues no es cualquier empresa ajena a la salud, es una empresa que debe priorizar la salud y el bienestar social. Ya no tengo nada que perder”.
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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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