octubre 29, 2026

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IMSS despide a trabajadores que tienen hijos con discapacidad

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Hasta el último día de la delegada Garrido, surgen nuevas denuncias en su contra por parte de trabajadores

Por: Ana G Silva

Este 30 de junio es el último día como delegada del IMSS en San Luis Potosí de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano y luego de la publicación de la columna “La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también” publicada por este medio, surgieron nuevas demandas en su contra y del nosocomio.

Mariana Hernández, titular del colectivo Cuidadoras Potosinas y ex trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, denunció discriminación y acoso laboral por parte de la institución de salud por tener un hijo con discapacidad, además se le rescindió su contrato laboral de manera injustificada. Más trabajadores han sido despedidos por la misma causa.

La mujer explicó que estaba por cumplir 17 años de antigüedad como trabajadora en el área de farmacia en el IMSS del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2, Cuauhtémoc, sin embargo fue despedida injustificadamente en marzo de este año.

Relató que desde el 2013 su hijo adquirió parálisis cerebral y epilepsia debido a una omisión por parte de su pareja.

“Mi hijo fue abandonado por su papá en el coche con los vidrios arriba, el niño había nacido sano, pero por esa omisión de su papá adquiere una discapacidad. Cambia de golpe nuestra vida y desde ahí empezó el acoso, porque yo por esta situación me volví cuidadora”.

La también activista indicó que debido a la condición de su hijo comenzó a pedir de forma más recurrente pases de entrada o de salida, lo que la llevó a ser blanco de agresiones verbales, acoso laboral, violencia verbal y violencia psicológica: “Empezaron con negativas de pase de salida o tenia que intervenir siempre el sindicato para que me los autorizaran aunque nunca se me dejó de descontar económicamente”.

Hernández narró que las agresiones iniciaron de manera verbal y psicológica, sin embargo en 2019 pasó a agresiones físicas, pues el entonces administrador del hospital de Cuauhtémoc, Pablo Alejandro Juárez González, el mismo responsable de las vacunas que se echaron a perder en el área de farmacia en 2022, la agredió al entrar al nosocomio, episodio en el que tuvo que intervenir su líder sindical y aunque existe una demanda y una queja, el sujeto agresor no fue despedido.

Luego de los abusos que sufrió Mariana, fue diagnosticada con estrés postraumático y trastorno depresivo mayor y trastorno mixto, es decir ansiedad y depresión; además de una prolactinemia, que es un padecimiento de orden ginecológico.

Sorteando sus problemas de salud, además se agravaron los de su hijo, lo que la llevó a tomar la decisión de solicitar un ajuste laboral razonable, que está marc ado en el artículo tercero de la Convención de las personas con discapacidad, para reducir a cuatro horas su jornada, sin importar la reducción salarial y así poder cuidar a su hijo

: “A estas alturas l a epilepsia de mi hijo cada vez es más agresiva y más fuerte al grado de que llega a convulsionarse más de 80 a 100 veces cada noche, entonces es muy desgastante y yo ya no puedo dejarlo solito con su hermana para irse a laborar”.

A pesar de que solicitó el ajuste dos veces más fue ignorada hasta por la misma delegada María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, quien estaba enterada de las agresiones que sufrió en el hospital y que en ningún momento investigó lo que ocurría .

“Yo te puedo enseñar 100 mil oficios que entregué a la delegación, incluido al Órgano de Control Interno del acoso, nunca respondieron ninguno. Me amenazaban entre el jefe de jurídicos Raúl Mario Beltrán y abogados de ahí de la delegación, yo pedía días a cuenta en ocasiones por internamientos de mi hijo, por estudios que se le tenían que hacer”.

La ex trabajadora del IMSS dijo que antes de ser despedida pidió dos días a cuenta, que es una prestación para adelantar vacaciones y lo pueden requerir todos los trabajadores a través de un oficio sindical que es firmado por la jefa de personal, pues tenía que llevar a su hijo a realizarse un estudio a Zapopan, Guadalajara. Sin embargo, a pesar de que presentó el formato en tiempo y forma, dos semanas después fue citada a jurídicos argumentando que había faltado y por esa razón fue despedida.

Mariana no fue la única persona que fue despojada de su trabajo por esta razón, pues lo mismo le ocurrió a un médico y a una de sus compañeras en el área de intendencia, ambos tenían hijos con alguna discapacidad y aunque son cuidadores, los despidieron por faltas.

“En la junta de jurídicos, que es la audiencia del IMSS interna, me corrieron y hacían muchísimo mucho hincapié y de que a mí me gustaba ayudar a mis compañeros que tienen hijos con discapacidad, de que qué iba a pasar si la ley se aprobaba que entonces toda la gente que somos cuidadores vamos a aprovechar para no trabajar por con el pretexto de cuidar a nuestros hijos, pero como en tono de burla”.

Mariana fue despedida desde el 31 de marzo y desde entonces no ha podido proveer de manera económica a sus hijos y ahora está a la espera de una audiencia de juicio laboral donde se definirá su situación.

“Pues las cosas están así, la delegada sigue protegiendo a la gente corrupta de la delegación, nos están corriendo a los trabajadores que estamos en esta situación. Se me hace tan absurdo que siendo el IMSS se atreva a dañar así a trabajadores cuidadores, porque pues no es cualquier empresa ajena a la salud, es una empresa que debe priorizar la salud y el bienestar social. Ya no tengo nada que perder”.

También lee: La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también | Columna de Ana G Silva

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Entrevista: Ruth González defiende sus derechos políticos; Soy mujer antes que esposa

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En su segundo informe legislativo, la senadora reivindicó su condición de mujer por encima de sus vínculos familiares y rechazó que estos determinen su futuro político. En entrevista exclusiva, habló de las mujeres que enfrentan el machismo y la falta de oportunidades en San Luis Potosí, puntualizó que no ha decidido participar en 2027, pero defiende su derecho a hacerlo y, ante una pregunta sobre una eventual alianza entre el PVEM y Movimiento Ciudadano, respondió con humor: “Pues el verde y el naranja combinan, ¿no?”

Por: Jorge Saldaña

La senadora Ruth González Silva convirtió el cierre de su segundo informe legislativo en una defensa de los derechos políticos de las mujeres y, particularmente, de su derecho a participar en las decisiones públicas de San Luis Potosí sin que su condición de esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sea utilizada, por sí sola, para desacreditar sus capacidades o limitar sus aspiraciones.

Ante representantes de distintas fuerzas políticas reunidos en el Teatro de la Paz, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pronunció un mensaje que inevitablemente se inscribe en la discusión sobre la sucesión gubernamental de 2027, aunque reiteró que no ha anunciado su intención de competir.

“Ninguna mujer puede ver limitado su derecho a participar en la vida pública por sus circunstancias personales, por sus vínculos familiares o por las expectativas que otros tengan sobre ella”, sostuvo.

La declaración fue acompañada de un señalamiento sobre la diferencia entre exigir cuentas a quienes desempeñan cargos públicos y utilizar su vida personal como argumento para excluirlos de las decisiones del estado.

“La crítica forma parte de la democracia”, reconoció, pero advirtió que desacreditar o restringir la participación de una mujer por razones ajenas a su capacidad o desempeño reproduce una forma de violencia.

Su posicionamiento adquiere una dimensión particular en San Luis Potosí, donde la posibilidad de que la esposa del actual mandatario participe en la próxima elección ha colocado frente a frente dos debates: el derecho de las mujeres a competir por cargos públicos y las reglas destinadas a impedir el nepotismo electoral.

González Silva no anunció una candidatura. Por el contrario, dijo expresamente:

“Nunca me he pronunciado al respecto y jamás he dicho que quiera participar en el proceso electoral de 2027”.

Sin embargo, aseguró haber sido objeto de mentiras, señalamientos y críticas que también han involucrado a su familia y a su condición de mujer.

Por ello, explicó, su postura trasciende su situación personal y busca defender el derecho de otras potosinas a intervenir en la vida democrática.

“Antes de ser esposa, madre o senadora, soy mujer”

Uno de los momentos centrales de su discurso ocurrió cuando la senadora reivindicó su identidad personal frente a los papeles familiares y públicos con los que habitualmente se le identifica.

“Antes de ser hija, antes de ser madre, antes de ser esposa, incluso antes de ser senadora de la República, soy mujer”, expresó.

La legisladora vinculó esa afirmación con su experiencia en las cuatro regiones del estado, sus recorridos territoriales y el trabajo desarrollado desde el Senado, factores que presentó como parte de su trayectoria propia.

También manifestó su respaldo a la continuidad del proyecto político que actualmente gobierna San Luis Potosí, mencionando la ampliación de programas sociales, infraestructura carretera, transporte público y oportunidades laborales.

“San Luis Potosí es tiempo de mujeres”, afirmó al concluir su intervención, retomando el significado político de la llegada de una mujer a la Presidencia de la República.

La frase dejó abierta una cuestión de fondo: si su defensa de la participación femenina permanecerá en el terreno de los principios o si, llegado el momento, se traducirá en una decisión personal de competir por la gubernatura.

Entrevista exclusiva: las mujeres que todavía tienen miedo de denunciar

Al término del informe, en una entrevista exclusiva concedida a este medio, Ruth González amplió el sentido de su mensaje y trasladó la conversación del escenario electoral a la realidad de miles de mujeres potosinas que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos.

Al preguntarle si existen mujeres cuyo propio entorno les impide avanzar, la senadora reconoció que el machismo continúa presente en distintas comunidades, particularmente en la Huasteca y algunos puntos de la Zona Media.

“Desgraciadamente, definitivamente todavía vivimos en tiempos [en que] el machismo predomina”, señaló, al advertir que persisten mujeres que no se atreven a denunciar situaciones de violencia por miedo o desconfianza hacia las instituciones.

La legisladora identificó otra dificultad: las barreras que enfrentan quienes viven lejos de los centros de atención y carecen de infraestructura adecuada para acercarse a las autoridades.

Reconoció que, en ocasiones, las mujeres han dejado de creer en las instituciones, por lo que consideró indispensable recuperar su confianza y ofrecerles un acompañamiento cercano.

“Hoy estamos buscando que esas mujeres puedan obtener la confianza, que vuelvan a creer, que se acerquen, que sepan que en una servidora pueden contar”, expresó.

Aseguró que ha sostenido encuentros con grupos de mujeres para escucharlas y apoyarlas, y señaló que el acompañamiento debe incluir asesoría jurídica, atención psicológica y otras formas de apoyo integral.

Pero insistió en que el objetivo fundamental es que las mujeres desarrollen autonomía y puedan decidir sobre sus vidas.

“Yo creo que lo más importante es que ellas mismas se sientan capaces, que sepan por ellas mismas salir adelante sin depender de alguien”, explicó.

La conversación abordó también las condiciones de desigualdad que enfrentan mujeres indígenas, mujeres en situación de pobreza y aquellas a quienes su entorno social les ha hecho creer que no tienen posibilidades de superación.

Para la senadora, la defensa de los derechos femeninos no puede quedar reducida al acceso a candidaturas o cargos públicos. También debe traducirse en condiciones para que las potosinas puedan denunciar, recibir atención, superar la dependencia y construir sus propias oportunidades.

Sus declaraciones plantean así un desafío concreto: que el discurso sobre el empoderamiento femenino tenga correspondencia con el acceso efectivo a justicia, servicios y mecanismos de protección, particularmente fuera de la zona metropolitana.

¿Se atreverá en 2027? “Todavía no he decidido”

La entrevista derivó hacia la pregunta electoral que ha acompañado a González Silva durante los últimos meses: si finalmente buscará la gubernatura en 2027.

La senadora respondió que su presencia constante en las comunidades del estado ha sido interpretada por algunos sectores como actividad anticipada de campaña, una lectura que rechazó.

“Porque no están acostumbrados a ver que una legisladora federal pueda regresar, y entonces ustedes aseveran que estoy haciendo campaña, cuando no es así; más bien quise cambiar la forma de hacer política”, sostuvo.

Explicó que no ha tomado una decisión y que, cuando llegue el momento, deberá considerar no solamente sus aspiraciones personales, sino también a su familia.

“También es una decisión familiar, porque también mis hijos cuentan”, puntualizó.

Añadió que el Partido Verde le ha manifestado respaldo y libertad para decidir, siempre dentro de los tiempos establecidos por la legislación electoral.

La senadora afirmó que no se siente presionada ni agobiada por la definición y que, llegado el momento, será una determinación primero personal y después familiar.

Su respuesta confirma que mantiene abierta la posibilidad de participar, pero no constituye un anuncio de candidatura.

“El verde y el naranja combinan”: la broma exclusiva sobre Movimiento Ciudadano

La entrevista dejó también un momento de humor político cuando se le preguntó a Ruth González sobre la presencia del senador Luis Donaldo Colosio Riojas en su informe, así como sobre los acercamientos entre figuras de Movimiento Ciudadano de Nuevo León y representantes del gobierno potosino.

La pregunta fue directa: ¿existe alguna posibilidad de que el Partido Verde y Movimiento Ciudadano participen juntos en San Luis Potosí?

La respuesta inicial de la senadora, entre bromas, fue:

“Pues combina el verde y el naranja, ¿no? ¿Qué opinas?”.

La expresión dio pie a un intercambio distendido, pero González Silva aclaró inmediatamente que la visita de Colosio no debía interpretarse como el anuncio de un acercamiento electoral.

“No, mira, la verdad es que no. La verdad es que hay una gran relación con muchos senadores y senadoras de distintas fuerzas políticas”, explicó.

Confirmó que mantiene una amistad cercana con Colosio Riojas y que, a su vez, asistirá a su informe en Nuevo León, al que fue invitada.

“Yo en una semana voy al informe de Colosio allá en Nuevo León, también me invitó y la verdad es que nos llevamos muy bien”, compartió.

La senadora mencionó también su cercanía con Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, con quien recordó coincidencias políticas durante su paso por el PRD, así como con Enrique Vargas, del PAN; Pablo Angulo, del PRI, y legisladores de Morena.

Explicó que las diferencias que se presentan durante los debates parlamentarios no han impedido construir relaciones personales con integrantes de distintas fuerzas políticas.

En consecuencia, la combinación del verde y el naranja quedó como un comentario humorístico de la legisladora ante una pregunta periodística, no como la confirmación de una negociación o de una alianza electoral.

El intercambio, sin embargo, resulta políticamente relevante porque ocurre en un contexto en el que las posibles coaliciones para 2027 todavía forman parte de la discusión pública.

El contexto de 2027: derechos políticos, nepotismo y nuevas alianzas

Las declaraciones de Ruth González se producen después de varios meses de controversia sobre las reglas de la sucesión gubernamental.

En diciembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma que obligaba a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027. Sin embargo, el gobernador Ricardo Gallardo ejerció su facultad de veto y la reforma fue modificada.

Finalmente, las disposiciones aprobadas en 2026 permiten que los partidos registren candidaturas de cualquier género en 2027 y establecen un esquema de alternancia para las siguientes elecciones gubernamentales.

A este escenario se suma la reforma constitucional federal contra el nepotismo electoral, publicada el 1 de abril de 2025, cuya prohibición específica será aplicable a partir de los procesos electorales de 2030, no de 2027.

Esto no elimina el debate político de fondo. Por un lado, está el derecho de cualquier mujer a ser considerada por sus capacidades y trayectoria; por otro, la discusión sobre la concentración del poder y la sucesión entre familiares de quienes ejercen cargos públicos.

En el terreno de las alianzas también existen interrogantes. En septiembre, la senadora prácticamente descartó una coalición del Verde con Morena para la gubernatura de 2027, mientras que en octubre dejó abierta la posibilidad de ser considerada por su partido, sin asumir una candidatura formal.

En ese escenario, la presencia de Colosio y Barrales durante su informe adquiere interés político, aunque la propia González Silva atribuye esos vínculos a relaciones de amistad y trabajo legislativo, no a acuerdos partidistas.

La participación de representantes de cinco fuerzas políticas en su informe mostró, cuando menos, una red de interlocución que trasciende las fronteras del Partido Verde.

Entre la defensa de las mujeres y una decisión que sigue pendiente

El mensaje de Ruth González en su segundo informe tuvo dos dimensiones que se complementaron durante la entrevista posterior.

La primera fue personal y política: reivindicar su derecho a ser evaluada por su trayectoria, sin que sus relaciones familiares sean el único elemento que defina su participación pública.

La segunda fue social: llamar la atención sobre las mujeres potosinas que todavía enfrentan machismo, miedo, pobreza, dificultades para denunciar y falta de confianza en las instituciones.

Aunque su situación ocupa el centro de la discusión electoral, la senadora buscó colocar esa defensa dentro de una causa más amplia, relacionada con el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones y participar en condiciones de igualdad.

Su eventual candidatura sigue sin resolverse. También permanecen abiertas las definiciones partidistas para 2027 y los posibles acuerdos entre fuerzas políticas.

Por ahora, Ruth González dejó tres mensajes: no ha decidido competir por la gubernatura, no renunciará a defender su derecho a participar y considera que las mujeres de San Luis Potosí necesitan oportunidades reales para superar los obstáculos que todavía limitan sus vidas.

Y en medio de esas definiciones, dejó una frase exclusiva que, aunque pronunciada en tono de broma, seguramente alimentará las conversaciones políticas: “Pues combina el verde y el naranja, ¿no?”.

Una combinación de colores que la senadora deslizó y celebró con humor, sin convertirla aún en un anuncio de alianza electoral.

También lee: Dirigencia nacional del Verde reconoce liderazgo legislativo de Ruth González

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Tamuín repartió 38 mdp en obra pública sin concursos

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Construcciones VICAAN y Juan Martín Martínez Montoya suman 23 de los 49 contratos y 40% del monto

Por: Ana G Silva

El Ayuntamiento de Tamuín asignó por adjudicación directa las 49 obras públicas que registró en 2026, por 38 millones de pesos, y dos contratistas se quedaron con cuatro de cada diez pesos de ese monto, según los expedientes publicados en el portal de la Contraloría General del Estado.

Tamuín es la segunda unidad contratante con más adjudicaciones directas en el registro estatal, solo detrás de Tamazunchale, que concentra 129. Ninguno de sus contratos rebasa el monto máximo que la ley permite para asignar obra sin concurso en 2026, de 1 millón 751 mil 600 pesos con IVA.

Las 49 obras se repartieron entre 15 contratistas. Construcciones VICAAN, S.A. de C.V., obtuvo 11 contratos por 7.9 millones de pesos, 20.7% del total. Juan Martín Martínez Montoya obtuvo 12 contratos por 7.5 millones, 19.7%. Juntos suman 23 contratos y 15.4 millones de pesos.

Les siguen Alfonso Gerardo Martínez Sánchez, con cuatro contratos por 6 millones, e Incicom RMC, con cinco por 4.5 millones. Entre los cuatro concentran 68%

del monto.

La mayoría de los contratos de los dos principales corresponde a redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la cabecera municipal. VICAAN tiene además el mantenimiento del relleno sanitario, la rehabilitación de un centro de distribución de insumos para la construcción y la del camino W-10, entre los kilómetros 24+250 y 29+500, su contrato más alto, por 1 millón 734 mil pesos. Martínez Montoya construye tres puentes vehiculares y nueve cuartos dormitorios. VICAAN también pavimentó, con dos contratos separados de junio y septiembre, tramos contiguos de la calle Leona Vicario que en conjunto suman 1 millón 785 mil pesos, ligeramente por encima del monto máximo para adjudicación directa.

Varias asignaciones coincidieron en fecha. El 16 de abril, el ayuntamiento falló cuatro contratos de agua potable y drenaje, dos para cada contratista. El 13 de octubre falló cinco, tres de ellos para VICAAN y Martínez Montoya, por 4.4 millones de pesos.

También lee: Un contratista obtiene 20% de la obra pública de Tamazunchale

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Ciudad

En cinco años, no se ha recibido ni un peso estatal al Ayuntamiento

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El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.

Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.

El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.

Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días

para licitar, por lo que los trabajos arrancarían en enero. Dijo no saber si la Contraloría actuó por decisión propia o por orden de alguien.

Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.

Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.

Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.

Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.

También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo

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