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Historias de neurosis (Parte II)
La Orquesta presenta las anécdotas del Movimiento Buena Voluntad 24 Horas, una comunidad de autoayuda para personas con problemas emocionales en la capital potosina
Por: Bernardo Vera
El término neurosis fue acuñado por William Cullen en 1769, para definir a la disciplina encargada del estudio de los trastornos de los nervios.
Con el paso del tiempo, la comunidad científica intentó delimitar los alcances de este campo de estudio, y en 1980, el DSM-III (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, por sus siglas en inglés) lo definía como:
“Un trastorno mental donde la alteración predominante consiste en un grupo de síntomas que es perturbador, inaceptable y ego-distónico. En los pacientes con neurosis el examen de la realidad se encuentra casi intacto y la conducta no infringe activamente las reglas sociales grupales”.
La actualización del propio DSM-III-R publicada en 1987, sustituyó el concepto de ‘neurosis’ por el de ‘trastornos’.
Pese a ello, la palabra neurosis para los integrantes del Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos, más que un término clínico, se vuelve un símbolo de identidad. Es así que los miembros del Movimiento crean un sentido de pertenencia, volviéndose más unidos y creando comunidad entre ellos.
Fernando, así como casi todos los integrantes del Movimiento mencionados en la pasada edición, cumplen un rol de funcionamiento dentro del grupo, que ellos llaman servicios.
Él es el servidor encargado de abrir juntas o proponer horarios, crear comités dentro del grupo y designar a personas para recibir a integrantes nuevos. Parte de su servicio es informar oportunamente de las actividades que se realizan, así como de las reglas que se deben cumplir al interior del mismo.
Y es que como cualquier grupo, se sostiene bajo una serie de normas, y el Movimiento no es la excepción.
“No hacemos parejas, y se respetan las parejas que ya llegan formadas. Entre familiares y conocidos no nos escuchamos cuando estamos en la tribuna, para no interferir, y para que sintiera una plena libertad”, mencionó, y agrega que la persona que llega es libre de quedarse a escuchar la reunión o acudir en otro momento.
“En mi caso, yo traía como muchas ganas de hablar, y aquí me sugirieron escuchar un poquito, para ver si el grupo me podía ayudar. Ya después empecé a atreverme a hablar en tribuna. También hay compañeros o compañeras que no quieren hablar inmediatamente, y es respetable. Es cuando uno se siente listo o con la confianza de empezar a decir cómo se siente”.
Jocelyn recordó que su madre forma parte del Movimiento en San Luis desde hace mucho tiempo, por lo que está familiarizada con los servicios de guardería y “Neura Teen”, una sala de autoayuda para menores de 14 años. Pero también, tiene muy claro los acuerdos para no coincidir en las mismas juntas con su mamá.
“Al ser familiares, no me puede escuchar como cualquier otra compañera; no puedo escucharla a ella, ni ella a mí. Nunca nadie ha venido a decir ‘tu mamá dijo tal’ o a ella nadie le ha dicho. Tenemos plena libertad de hablar de lo que queramos”.
Otros servicios que ofrecen son el de Casa Hogar, y los encuentros con integrantes de este Movimiento a nivel nacional, con quienes comparten experiencias de vida y conocimientos sobre su enfermedad desde campos de la medicina hasta la religión.
Marcos me refiere que se trata de una terapia “de puertas abiertas”, y profundiza en el aspecto de la buena voluntad –tal como signa su nombre–.
“Aquí una de nuestras máximas es tener el deseo de alcanzar, la tranquilidad; pero más que estar libre, respetar. El respeto a la religión en la que tú creas, porque aquí independientemente de la religión en la que tú creas lo más importante es atender cómo te estás sintiendo. Aquí precisamente no hablamos de política, para no acrecentar diferencias ideológicas, ese tipo de cosas las dejamos fuera, porque lo que nos interesa es que la persona se pueda sentir bien, y eso es entrando un poco más a la parte del sufrimiento”.
Marcos está interesado en romper el estigma de otros sitios: no son un anexo, ni una cárcel; si la persona quiere entrar será bien recibido, y si se va, es libre de hacerlo.
Continuará…
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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