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Hay motivos políticos en la salida de Marcela García del Instituto de las Mujeres: activistas
Conversamos con Arely Torres y Fatima Alvizo sobre el cambio realizado por el gobernador Ricardo Gallardo
Por: Ana G Silva
El pasado 23 de agosto, Guadalupe Torres, secretario general de Gobierno, dio a conocer que Marcela García Vázquez dejaría la titularidad del Instituto de las Mujeres (Imes) este viernes y su lugar lo ocupará Gloria Serrato, más tarde la propia funcionaria confirmó su salida y dijo que era una renuncia por voluntad propia, aunque momentos antes reconoció que no estaba al tanto de la decisión del gobernador Ricardo Gallardo. La Orquesta conversó con Arely Torres Miranda y Fátima Patricia Hernádez Alvizo, activistas feministas, para conocer sus opiniones sobre la sustitución, ambas calificaron el hecho como inesperado y mencionaron que detrás de él podría haber un conflicto político.
Fátima Alvizo dijo que la salida de Marcela García del Imes tiene tintes políticos, pues considera que no hubo un error suficientemente grave para ser sustituida y las iniciativas como el el establecimiento de las Redes-Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) y los diplomados con las instancias municipales de las mujeres eran trabajos relevantes; resaltó que lo acontecido tiene más que ver con la necesidad de construir liderazgos cercanos al gobernador Ricardo Gallardo.
La activista remarcó que García Vázquez no pertenece al grupo político del gobernador, sino a la base de Morena; sin embargo, por su trayectoria, consideró que fue uno de los grandes aciertos del gabinete de Gallardo Cardona:
“Es una lastima que no hayan tenido la paciencia para esperar resultados, porque uno de los factores que se señalan tiene que ver con la alerta de violencia de género y los programas para erradicar la violencia contra las mujeres requieren tiempo, me parece sorpresivo, pero también veo que obedece a el propio juego político en el estado”.
Arely Torres dijo que la forma en cómo se realizó el anuncio de la salida de Marcela del Imes fue como “apuntarla con el dedo”, es decir, un castigo, pues no tenía caso la evidencia pública: “Quienes trabajamos análisis del discurso sabemos que en política nada es casualidad, también obedece a seguir abonando a un clima en esta falta de trato digno a las mujeres en el oficio público”.
Torres Miranda detalló que considera que la salida de Marcela del Imes obedece retrata un clima de misoginia que operó desde el inicio de este sexenio; añadió que García llegó con el respaldo de muchas activistas feministas que conocen su trabajo, pero una parte no acepta la progresividad de los derechos de las mujeres: 
“Se cometieron errores, que no me toca ni a mi denunciar ni juzgar, pero desde afuera se percibía cierto encono hacia el interior con las diferentes direcciones; soy partidaria de que al formar un equipo de trabajo tengas que tener a la gente de tu confianza, pero esas personas se pueden prestar a otros intereses. También uno de los factores que enturbió en un inicio el tema de su gestión fue el de los despidos”.
Al cuestionarlas sobre cómo califican el desempeño que tuvo Marcela como titular del Instituto, Fátima señaló que fue un trabajo justo, donde resaltó acciones como: nombrar a mujeres de la sociedad civil como titulares de las diferentes direcciones y en el Consejo Social, además de su búsqueda de iniciativas como las becas a madres cuidadoras. Agregó que le faltó tiempo y recursos para lograr obtener una política pública más clara.
Arely respondió que no podría decir cómo considera su gestión frente al Imes, porque fue muy poco tiempo, donde perdió tiempo en el golpeteo político de aclarar rumores:
“Lo que sí creo es que la manera en que se dio a conocer la noticia de su salida fue la peor que se pudo haber elegido y refleja una vez más cómo las mujeres en cualquier cargo o gestión pública solemos ser señaladas con esta saña y con esta misoginia”.
Finalmente, las activistas coincidieron en que Gloria Serrato es un buen perfil para ocupar la titularidad del Imes, de quienes esperan resuelva los grandes pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres, además ofrecieron su respaldo para que el Instituto se fortalezca
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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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