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Hay motivos políticos en la salida de Marcela García del Instituto de las Mujeres: activistas
Conversamos con Arely Torres y Fatima Alvizo sobre el cambio realizado por el gobernador Ricardo Gallardo
Por: Ana G Silva
El pasado 23 de agosto, Guadalupe Torres, secretario general de Gobierno, dio a conocer que Marcela García Vázquez dejaría la titularidad del Instituto de las Mujeres (Imes) este viernes y su lugar lo ocupará Gloria Serrato, más tarde la propia funcionaria confirmó su salida y dijo que era una renuncia por voluntad propia, aunque momentos antes reconoció que no estaba al tanto de la decisión del gobernador Ricardo Gallardo. La Orquesta conversó con Arely Torres Miranda y Fátima Patricia Hernádez Alvizo, activistas feministas, para conocer sus opiniones sobre la sustitución, ambas calificaron el hecho como inesperado y mencionaron que detrás de él podría haber un conflicto político.
Fátima Alvizo dijo que la salida de Marcela García del Imes tiene tintes políticos, pues considera que no hubo un error suficientemente grave para ser sustituida y las iniciativas como el el establecimiento de las Redes-Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) y los diplomados con las instancias municipales de las mujeres eran trabajos relevantes; resaltó que lo acontecido tiene más que ver con la necesidad de construir liderazgos cercanos al gobernador Ricardo Gallardo.
La activista remarcó que García Vázquez no pertenece al grupo político del gobernador, sino a la base de Morena; sin embargo, por su trayectoria, consideró que fue uno de los grandes aciertos del gabinete de Gallardo Cardona:
“Es una lastima que no hayan tenido la paciencia para esperar resultados, porque uno de los factores que se señalan tiene que ver con la alerta de violencia de género y los programas para erradicar la violencia contra las mujeres requieren tiempo, me parece sorpresivo, pero también veo que obedece a el propio juego político en el estado”.
Arely Torres dijo que la forma en cómo se realizó el anuncio de la salida de Marcela del Imes fue como “apuntarla con el dedo”, es decir, un castigo, pues no tenía caso la evidencia pública: “Quienes trabajamos análisis del discurso sabemos que en política nada es casualidad, también obedece a seguir abonando a un clima en esta falta de trato digno a las mujeres en el oficio público”.
Torres Miranda detalló que considera que la salida de Marcela del Imes obedece retrata un clima de misoginia que operó desde el inicio de este sexenio; añadió que García llegó con el respaldo de muchas activistas feministas que conocen su trabajo, pero una parte no acepta la progresividad de los derechos de las mujeres: 
“Se cometieron errores, que no me toca ni a mi denunciar ni juzgar, pero desde afuera se percibía cierto encono hacia el interior con las diferentes direcciones; soy partidaria de que al formar un equipo de trabajo tengas que tener a la gente de tu confianza, pero esas personas se pueden prestar a otros intereses. También uno de los factores que enturbió en un inicio el tema de su gestión fue el de los despidos”.
Al cuestionarlas sobre cómo califican el desempeño que tuvo Marcela como titular del Instituto, Fátima señaló que fue un trabajo justo, donde resaltó acciones como: nombrar a mujeres de la sociedad civil como titulares de las diferentes direcciones y en el Consejo Social, además de su búsqueda de iniciativas como las becas a madres cuidadoras. Agregó que le faltó tiempo y recursos para lograr obtener una política pública más clara.
Arely respondió que no podría decir cómo considera su gestión frente al Imes, porque fue muy poco tiempo, donde perdió tiempo en el golpeteo político de aclarar rumores:
“Lo que sí creo es que la manera en que se dio a conocer la noticia de su salida fue la peor que se pudo haber elegido y refleja una vez más cómo las mujeres en cualquier cargo o gestión pública solemos ser señaladas con esta saña y con esta misoginia”.
Finalmente, las activistas coincidieron en que Gloria Serrato es un buen perfil para ocupar la titularidad del Imes, de quienes esperan resuelva los grandes pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres, además ofrecieron su respaldo para que el Instituto se fortalezca
También lee: Marcela García saldrá del Instituto de la Mujer de SLP
Martes 18 de agosto de 2026
ALTA INTENSIDAD
Culto Público, hijos de Juan Ramiro trabajando o Ricardo distrayendo:
Este martes la conversación pública de la agenda mediática es un incoming al tablero del 27 y por eso comienzo con lo que yo preguntaría:
Si gana el partido Verde en San Luis en 2027 ¿La presidenta Sheinbaum lo vería como un triunfo de la 4T o una entidad perdida por Morena?
Si supieramos la respuesta, muchas cosas estarían claras desde ahora, en lugar de estar jugando a las incertidumbres con metástasis.
Ya le gustó a alguien usar columnas y trascendidos nacionales para sacudir el avispero potosino:
En julio se publicó un comentario respecto a que Juan Carlos Valladares es bien visto no solo en la cúpula morenista, sino en la cúpula presidencial (que es la que importa) y que es él el único que puede ser el factor para construir la alianza #17.
Se dice que ese mismo día, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pidió cita para desayunar con Valladares. Reunión que el diputado federal ha pospuesto por razones evidentes. Ninguno de los datos se puede dar por un hecho porque no tengo confirmado -que conste-
Hoy nuevamente se manda un mensaje desde medios nacionales al 27 potosino: Alejandro Zermeño aparece medido: 21% en un escenario interno de Morena y 16.5% en un careo general.
El timming, el medio y el tono cuentan.
Está claro que ni los números del rector, ni las conjeturas sobre Juan Carlos significan candidatura; pero sí son movimientos que jalan reflectores y abonan a lo que dije en un principio: la incertidúmbre con metástasis.
En ambos casos hay que preguntarse
¿Es Juan Ramiro operando, la presidenta soltando buscapiés o RGC meciendo la cuna soltando nombres para que “jalen la marca y reflectores” y su proyecto siga *en “avance sin desgaste”?
Como muchas veces ocurre Código San Luis de María Luisa Paulín fue la que estuvo atenta a la columna de Heraldo de México. Aquí la rectoría no ha circulado la columna en absoluto.
Dato irrefutable:
Así diga Citlalli, opere Juan Ramiro o ejecute estrategia Ricardo, la última palabra es de una sola persona y se llama Claudia.
En otros temas de agenda, el dato de Pulso sobre las 9 mil 777 tomas clandestinas de agua detectadas; y apenas cinco denuncias al respecto está como para llorar en la regadera.
¿Cómo pueden estar detectadas pero no atendidas?
BARRIDO NACIONAL: Andy López Beltrán sigue dominando la conversación por la cancelación de su visa. Fuente: Reuters —
EN AGENDA: El Poder Judicial tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para operar plenamente el nuevo sistema civil y familiar. Lo sabe desde 2023, pero parece que la única que no le apura es a la magistrada presidenta.
NOTAS MÁS REPETIDAS: Agua · Poder Judicial · Seguridad · 2027 · Salvita.
MAÑANERA: Sin impacto directo que cambie hoy el tablero potosino.
INDICADORES ÚTILES:
El Realito SÍ funciona.
El Gobernador anda estrenando lentes.
El Alcalde anda de muy buen talante.
Yo soy Jorge Saldaña.
Destacadas
La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada
Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia
Por: Haniel Valdés Velázquez
Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.
Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.
El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”
Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.
En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.
Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.
Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.
Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”
También lee: Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía
El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
También lee: Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema
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