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Hay motivos políticos en la salida de Marcela García del Instituto de las Mujeres: activistas
Conversamos con Arely Torres y Fatima Alvizo sobre el cambio realizado por el gobernador Ricardo Gallardo
Por: Ana G Silva
El pasado 23 de agosto, Guadalupe Torres, secretario general de Gobierno, dio a conocer que Marcela García Vázquez dejaría la titularidad del Instituto de las Mujeres (Imes) este viernes y su lugar lo ocupará Gloria Serrato, más tarde la propia funcionaria confirmó su salida y dijo que era una renuncia por voluntad propia, aunque momentos antes reconoció que no estaba al tanto de la decisión del gobernador Ricardo Gallardo. La Orquesta conversó con Arely Torres Miranda y Fátima Patricia Hernádez Alvizo, activistas feministas, para conocer sus opiniones sobre la sustitución, ambas calificaron el hecho como inesperado y mencionaron que detrás de él podría haber un conflicto político.
Fátima Alvizo dijo que la salida de Marcela García del Imes tiene tintes políticos, pues considera que no hubo un error suficientemente grave para ser sustituida y las iniciativas como el el establecimiento de las Redes-Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) y los diplomados con las instancias municipales de las mujeres eran trabajos relevantes; resaltó que lo acontecido tiene más que ver con la necesidad de construir liderazgos cercanos al gobernador Ricardo Gallardo.
La activista remarcó que García Vázquez no pertenece al grupo político del gobernador, sino a la base de Morena; sin embargo, por su trayectoria, consideró que fue uno de los grandes aciertos del gabinete de Gallardo Cardona:
“Es una lastima que no hayan tenido la paciencia para esperar resultados, porque uno de los factores que se señalan tiene que ver con la alerta de violencia de género y los programas para erradicar la violencia contra las mujeres requieren tiempo, me parece sorpresivo, pero también veo que obedece a el propio juego político en el estado”.
Arely Torres dijo que la forma en cómo se realizó el anuncio de la salida de Marcela del Imes fue como “apuntarla con el dedo”, es decir, un castigo, pues no tenía caso la evidencia pública: “Quienes trabajamos análisis del discurso sabemos que en política nada es casualidad, también obedece a seguir abonando a un clima en esta falta de trato digno a las mujeres en el oficio público”.
Torres Miranda detalló que considera que la salida de Marcela del Imes obedece retrata un clima de misoginia que operó desde el inicio de este sexenio; añadió que García llegó con el respaldo de muchas activistas feministas que conocen su trabajo, pero una parte no acepta la progresividad de los derechos de las mujeres: 
“Se cometieron errores, que no me toca ni a mi denunciar ni juzgar, pero desde afuera se percibía cierto encono hacia el interior con las diferentes direcciones; soy partidaria de que al formar un equipo de trabajo tengas que tener a la gente de tu confianza, pero esas personas se pueden prestar a otros intereses. También uno de los factores que enturbió en un inicio el tema de su gestión fue el de los despidos”.
Al cuestionarlas sobre cómo califican el desempeño que tuvo Marcela como titular del Instituto, Fátima señaló que fue un trabajo justo, donde resaltó acciones como: nombrar a mujeres de la sociedad civil como titulares de las diferentes direcciones y en el Consejo Social, además de su búsqueda de iniciativas como las becas a madres cuidadoras. Agregó que le faltó tiempo y recursos para lograr obtener una política pública más clara.
Arely respondió que no podría decir cómo considera su gestión frente al Imes, porque fue muy poco tiempo, donde perdió tiempo en el golpeteo político de aclarar rumores:
“Lo que sí creo es que la manera en que se dio a conocer la noticia de su salida fue la peor que se pudo haber elegido y refleja una vez más cómo las mujeres en cualquier cargo o gestión pública solemos ser señaladas con esta saña y con esta misoginia”.
Finalmente, las activistas coincidieron en que Gloria Serrato es un buen perfil para ocupar la titularidad del Imes, de quienes esperan resuelva los grandes pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres, además ofrecieron su respaldo para que el Instituto se fortalezca
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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