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Hay motivos políticos en la salida de Marcela García del Instituto de las Mujeres: activistas
Conversamos con Arely Torres y Fatima Alvizo sobre el cambio realizado por el gobernador Ricardo Gallardo
Por: Ana G Silva
El pasado 23 de agosto, Guadalupe Torres, secretario general de Gobierno, dio a conocer que Marcela García Vázquez dejaría la titularidad del Instituto de las Mujeres (Imes) este viernes y su lugar lo ocupará Gloria Serrato, más tarde la propia funcionaria confirmó su salida y dijo que era una renuncia por voluntad propia, aunque momentos antes reconoció que no estaba al tanto de la decisión del gobernador Ricardo Gallardo. La Orquesta conversó con Arely Torres Miranda y Fátima Patricia Hernádez Alvizo, activistas feministas, para conocer sus opiniones sobre la sustitución, ambas calificaron el hecho como inesperado y mencionaron que detrás de él podría haber un conflicto político.
Fátima Alvizo dijo que la salida de Marcela García del Imes tiene tintes políticos, pues considera que no hubo un error suficientemente grave para ser sustituida y las iniciativas como el el establecimiento de las Redes-Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) y los diplomados con las instancias municipales de las mujeres eran trabajos relevantes; resaltó que lo acontecido tiene más que ver con la necesidad de construir liderazgos cercanos al gobernador Ricardo Gallardo.
La activista remarcó que García Vázquez no pertenece al grupo político del gobernador, sino a la base de Morena; sin embargo, por su trayectoria, consideró que fue uno de los grandes aciertos del gabinete de Gallardo Cardona:
“Es una lastima que no hayan tenido la paciencia para esperar resultados, porque uno de los factores que se señalan tiene que ver con la alerta de violencia de género y los programas para erradicar la violencia contra las mujeres requieren tiempo, me parece sorpresivo, pero también veo que obedece a el propio juego político en el estado”.
Arely Torres dijo que la forma en cómo se realizó el anuncio de la salida de Marcela del Imes fue como “apuntarla con el dedo”, es decir, un castigo, pues no tenía caso la evidencia pública: “Quienes trabajamos análisis del discurso sabemos que en política nada es casualidad, también obedece a seguir abonando a un clima en esta falta de trato digno a las mujeres en el oficio público”.
Torres Miranda detalló que considera que la salida de Marcela del Imes obedece retrata un clima de misoginia que operó desde el inicio de este sexenio; añadió que García llegó con el respaldo de muchas activistas feministas que conocen su trabajo, pero una parte no acepta la progresividad de los derechos de las mujeres: 
“Se cometieron errores, que no me toca ni a mi denunciar ni juzgar, pero desde afuera se percibía cierto encono hacia el interior con las diferentes direcciones; soy partidaria de que al formar un equipo de trabajo tengas que tener a la gente de tu confianza, pero esas personas se pueden prestar a otros intereses. También uno de los factores que enturbió en un inicio el tema de su gestión fue el de los despidos”.
Al cuestionarlas sobre cómo califican el desempeño que tuvo Marcela como titular del Instituto, Fátima señaló que fue un trabajo justo, donde resaltó acciones como: nombrar a mujeres de la sociedad civil como titulares de las diferentes direcciones y en el Consejo Social, además de su búsqueda de iniciativas como las becas a madres cuidadoras. Agregó que le faltó tiempo y recursos para lograr obtener una política pública más clara.
Arely respondió que no podría decir cómo considera su gestión frente al Imes, porque fue muy poco tiempo, donde perdió tiempo en el golpeteo político de aclarar rumores:
“Lo que sí creo es que la manera en que se dio a conocer la noticia de su salida fue la peor que se pudo haber elegido y refleja una vez más cómo las mujeres en cualquier cargo o gestión pública solemos ser señaladas con esta saña y con esta misoginia”.
Finalmente, las activistas coincidieron en que Gloria Serrato es un buen perfil para ocupar la titularidad del Imes, de quienes esperan resuelva los grandes pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres, además ofrecieron su respaldo para que el Instituto se fortalezca
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La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
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En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
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Tras encontrar nuevos animales muertos esta semana, anunciaron que presentarán una denuncia formal y exigirán acciones para protegerlos
Por: Redacción
Locatarios del mercado San Luis 400, en la calle Coronel Romero 139, sospechan que un vecino o personal de la Ciudad Judicial —ubicada a un costado del inmueble— está detrás del envenenamiento de los gatos que rondan el lugar, luego de que esta semana aparecieron varios felinos muertos.
Esta semana, los comerciantes hallaron varios gatos sin vida: unos, según creen, por consumir alimento envenenado, y otros con lesiones que atribuyen a los perros que acompañan a los lavacoches que se posesionan de la zona.
Los locatarios ya habían denunciado ante las autoridades la matanza de gatos dentro y fuera del mercado, pero aseguran que la práctica continúa sin que ninguna autoridad intervenga, pese a tener conocimiento del caso.
Hace un par de semanas comenzaron a registrar la muerte de varios gatos que rondan las instalaciones del mercado.
Confirmaron entonces que los gatos estaban siendo envenenados, lo que motivó una protesta ante las autoridades. Indicaron que, al comunicarse vía telefónica con personal del Centro Integral de Bienestar Animal, la respuesta fue que no podían intervenir. Al paso de los días dejaron de detectar irregularidades, hasta el hallazgo de esta semana.
Ante ello, los locatarios esperan presentar una denuncia formal ante las autoridades y solicitar la construcción de una barda o, al menos, una cerca de malla ciclónica para proteger el estacionamiento y los accesos al centro de abasto.
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