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Hay déficit de ministerios públicos en SLP; 8 por cada 100 mil habitantes
En promedio, cada agente del Ministerio Público abrió 163.3 carpetas de investigación el año pasado, más que la media nacional
Por: El Saxofón
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), San Luis Potosí es una de las entidades con menores tasas de agentes y fiscales del Ministerio Público (MP) en el país. Con una tasa de 8.3 agentes del MP por cada 100 mil habitantes, se encuentra por debajo de la tasa media nacional, que es de 9.6.
En 2018, cada Agente del MP en San Luis Potosí abrió en promedio 163.3 carpetas de investigación, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, realizado por el Inegi.
Esto representa la carga de trabajo por agente y/o fiscal del Ministerio Público para adultos y adolescentes durante 2018, donde resalta Nuevo León con una carga de trabajo de 364.6 carpetas de investigación abiertas por cada MP, y Sinaloa con la menor carga, al observar apenas 1.5 carpetas de investigación por agente.
En el caso de los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen mayor carga de trabajo que el promedio nacional, que es de 156.2 averiguaciones por agencia.
A nivel nacional durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento) y 27 mil 428 para adolescentes (1.4 por ciento incluyendo delitos del Fuero Común y Federal). El delito registrado con mayor frecuencia fue robo, que alcanzó 40.2 por ciento con respecto al total de los delitos. Además, se reportaron 44 mil 579 homicidios y 913 feminicidios, mismos que representaron 2.3 por ciento y 0.05 por ciento del total, respectivamente.
En San Luis Potosí, el 36.5 por ciento de las investigaciones iniciadas fue por el delito de robo en sus distintas modalidades.
El año pasado, la entidad observó una tasa de mil 357.9 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, inferior a la nacional que fue de mil 526.3.
De acuerdo con la tasa de delitos registrados en averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas por cada 100 mil habitantes, Colima es la entidad con la mayor tasa: 3 mil 321.4 por cada 100 mil.
Según el Inegi, en el país, del total de expedientes abiertos en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 98.1 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.9 por ciento a justicia para adolescentes. En cuanto a la entidad con la mayor cantidad de expedientes abiertos, en ambas materias, se encuentra Guanajuato, con 32 mil 696, cifra que representó el 12.7 por ciento del total nacional.
En el terreno local, los órganos o unidades encargadas de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias abrieron 7 mil 019 expedientes.
Según el Censo de Procuración de Justicia, en 2018, en San Luis Potosí hubo 38 mil 593 víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas durante el año, de las cuales 17 mil 030 fueron hombres y 13 mil 291 fueron mujeres. En un alto número de casos, 7 mil 343, la víctima no fue identificada.
También destaca que el año pasado, los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí solicitaron 489 medidas cautelares 
También destaca que en 57 casos, la medida fue Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos.
Otras medidas cautelares fueron “Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, o internamiento en institución determinada”, en 78 casos; “Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares”, en 29 casos; “Separación inmediata del domicilio”, dos casos; “Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral”, un caso, y otra medida cautelar, 14 casos.
Cabe mencionar que estas 489 solicitudes de medidas cautelares fueron hechas por los Agentes del Ministerio Público y concedidas por el Juez de Control o Garantías; es decir, pudo haber más solicitudes las cuales no fueron concedidas por el juez en turno.
En México, al cierre de 2018 laboraban 96 mil 847 servidores públicos en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. De ellos, 59.7 por ciento fueron hombres y 42.1 por ciento mujeres. Asimismo, 73.9 por ciento del personal estaba contratado bajo régimen de confianza.
En el mismo periodo, en las 3 mil 707 Agencias del Ministerio Público del Fuero Común laboraban 43 mil 427 personas. Del total, 27.7 por ciento fueron agentes y/o fiscales del Ministerio Público y 23.6 por ciento fueron policías ministeriales o investigadores.
Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron un millón 880 mil 460 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 98.6 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.4 por ciento, a justicia para adolescentes.
También se registraron 233 mil 355 conclusiones y/o determinaciones en las averiguaciones previas e investigaciones; un millón 90 mil 918 conclusiones y/o determinaciones en carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 78 mil 244 en carpetas de investigación en la etapa de investigación complementaria.
Finalmente, al cierre de 2018, quedaron un millón 555 mil 953 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.
Durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento del total) y 27 mil 227 para adolescentes (1.4 por ciento).
En cuanto a las personas involucradas en estos delitos, se registraron un millón 869 mil 932 inculpados y/o imputados en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas. Del total, 43.7 por ciento fueron hombres y 11.4 por ciento fueron mujeres; el resto correspondió a no identificados (44.6 por ciento) y a otro tipo, es decir, personas morales, el Estado, la Federación o cualquier otro (0.3 por ciento).
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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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