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Hay déficit de ministerios públicos en SLP; 8 por cada 100 mil habitantes
En promedio, cada agente del Ministerio Público abrió 163.3 carpetas de investigación el año pasado, más que la media nacional
Por: El Saxofón
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), San Luis Potosí es una de las entidades con menores tasas de agentes y fiscales del Ministerio Público (MP) en el país. Con una tasa de 8.3 agentes del MP por cada 100 mil habitantes, se encuentra por debajo de la tasa media nacional, que es de 9.6.
En 2018, cada Agente del MP en San Luis Potosí abrió en promedio 163.3 carpetas de investigación, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, realizado por el Inegi.
Esto representa la carga de trabajo por agente y/o fiscal del Ministerio Público para adultos y adolescentes durante 2018, donde resalta Nuevo León con una carga de trabajo de 364.6 carpetas de investigación abiertas por cada MP, y Sinaloa con la menor carga, al observar apenas 1.5 carpetas de investigación por agente.
En el caso de los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen mayor carga de trabajo que el promedio nacional, que es de 156.2 averiguaciones por agencia.
A nivel nacional durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento) y 27 mil 428 para adolescentes (1.4 por ciento incluyendo delitos del Fuero Común y Federal). El delito registrado con mayor frecuencia fue robo, que alcanzó 40.2 por ciento con respecto al total de los delitos. Además, se reportaron 44 mil 579 homicidios y 913 feminicidios, mismos que representaron 2.3 por ciento y 0.05 por ciento del total, respectivamente.
En San Luis Potosí, el 36.5 por ciento de las investigaciones iniciadas fue por el delito de robo en sus distintas modalidades.
El año pasado, la entidad observó una tasa de mil 357.9 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, inferior a la nacional que fue de mil 526.3.
De acuerdo con la tasa de delitos registrados en averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas por cada 100 mil habitantes, Colima es la entidad con la mayor tasa: 3 mil 321.4 por cada 100 mil.
Según el Inegi, en el país, del total de expedientes abiertos en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 98.1 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.9 por ciento a justicia para adolescentes. En cuanto a la entidad con la mayor cantidad de expedientes abiertos, en ambas materias, se encuentra Guanajuato, con 32 mil 696, cifra que representó el 12.7 por ciento del total nacional.
En el terreno local, los órganos o unidades encargadas de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias abrieron 7 mil 019 expedientes.
Según el Censo de Procuración de Justicia, en 2018, en San Luis Potosí hubo 38 mil 593 víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas durante el año, de las cuales 17 mil 030 fueron hombres y 13 mil 291 fueron mujeres. En un alto número de casos, 7 mil 343, la víctima no fue identificada.
También destaca que el año pasado, los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí solicitaron 489 medidas cautelares 
También destaca que en 57 casos, la medida fue Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos.
Otras medidas cautelares fueron “Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, o internamiento en institución determinada”, en 78 casos; “Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares”, en 29 casos; “Separación inmediata del domicilio”, dos casos; “Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral”, un caso, y otra medida cautelar, 14 casos.
Cabe mencionar que estas 489 solicitudes de medidas cautelares fueron hechas por los Agentes del Ministerio Público y concedidas por el Juez de Control o Garantías; es decir, pudo haber más solicitudes las cuales no fueron concedidas por el juez en turno.
En México, al cierre de 2018 laboraban 96 mil 847 servidores públicos en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. De ellos, 59.7 por ciento fueron hombres y 42.1 por ciento mujeres. Asimismo, 73.9 por ciento del personal estaba contratado bajo régimen de confianza.
En el mismo periodo, en las 3 mil 707 Agencias del Ministerio Público del Fuero Común laboraban 43 mil 427 personas. Del total, 27.7 por ciento fueron agentes y/o fiscales del Ministerio Público y 23.6 por ciento fueron policías ministeriales o investigadores.
Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron un millón 880 mil 460 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 98.6 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.4 por ciento, a justicia para adolescentes.
También se registraron 233 mil 355 conclusiones y/o determinaciones en las averiguaciones previas e investigaciones; un millón 90 mil 918 conclusiones y/o determinaciones en carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 78 mil 244 en carpetas de investigación en la etapa de investigación complementaria.
Finalmente, al cierre de 2018, quedaron un millón 555 mil 953 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.
Durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento del total) y 27 mil 227 para adolescentes (1.4 por ciento).
En cuanto a las personas involucradas en estos delitos, se registraron un millón 869 mil 932 inculpados y/o imputados en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas. Del total, 43.7 por ciento fueron hombres y 11.4 por ciento fueron mujeres; el resto correspondió a no identificados (44.6 por ciento) y a otro tipo, es decir, personas morales, el Estado, la Federación o cualquier otro (0.3 por ciento).
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Romero Calzada publicó una fotografía recibiendo apoyos del gobierno estatal para su supuesta entrega; Sedesore afirmó que se entregan directo a beneficiarios
Por: Redacción
José Luis Romero Calzada, recién militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles por la oposición, publicó en sus redes sociales que recibió un cargamento de despensas –parte del programa de Seguridad Alimentaria del gobierno estatal– y en la que, presumiblemente, serían entregadas por él mismo a las y los habitantes de ese municipio en la Huasteca potosina.
Romero Calzada aseguró que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le envió estos paquetes, y que mensualmente entregarán 15 mil de estas despensas.
Además, afirmó que él mismo incluirá alimentos perecederos en estos apoyos, como huevo, pollo o pescado, por ser ricos en proteína.
Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) informó mediante un comunicado que los programas de apoyo se otorgan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios
En el escrito se señala que quienes se ostenten como intermediarios o “enlaces” en la distribución de apoyos sociales, incurren en faltas contra la ley.
Reiteró que el objetivo del Gobierno del Estado al otorgar apoyos sociales es el de mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, a través de acciones que buscan reducir la desigualdad, la pobreza y promover el desarrollo social.
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La Fiscalía de SLP informó que se dictó esta sentencia por el atentado a ex regidor de Valles en 2020; se trata del mismo homicida de César Galindo, ocurrido en 2021
Por: Redacción
En 2021 se dio a conocer que Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de San Luis Potosí, fue baleado por sujetos desconocidos y más tarde perdió la vida en un hospital.
Este 24 de julio, se dio a conocer que un juez penal en San Luis Potosí otorgó una sentencia condenatoria de 26 años y tres meses de prisión en contra de Rudy “N”, por el delito de homicidio calificado, tras hechos suscitados en la Huasteca potosina.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2020, cuando el ahora sentenciado, en compañía de otras personas, privó de la vida a la víctima mediante disparos de arma de fuego a un ex regidor y líder cañero en la Delegación El Pujal, del municipio de Ciudad Valles. Por este delito, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial determinó la pena privativa de libertad de más de dos décadas de prisión.
No obstante, el sujeto hallado culpable habría sido el mismo responsable del homicidio de Julio César Galindo Pérez
El crimen, ocurrido en 2021, conmocionó al sector empresarial y a la sociedad potosina. Tras una investigación por parte de las autoridades estatales, se logró la identificación, captura y proceso judicial del implicado, quien ahora enfrentará más de dos décadas en reclusión como castigo por su responsabilidad penal en los hechos.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la resolución judicial y detalló que, además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño a los familiares de la víctima, conforme a lo establecido por la ley.
El caso representa uno de los fallos más relevantes en materia de justicia para líderes del sector privado en San Luis Potosí, y marca un precedente en la lucha contra los crímenes de alto impacto en la entidad.
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El alcalde Enrique Galindo aseguró que tuvieron contacto con el dueño del inmueble, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en esa zona de la avenida Carranza
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que han tenido contacto con los propietarios del inmueble ubicado en la esquina de la avenida Venustiano Carranza y la calle Francisco Eduardo Tresguerras, en la zona Centro de la capital potosina.
El alcalde de la capital aseguró que con este encuentro, se iniciarán las acciones para limpiar la propiedad, cercarla y evitar el ingreso de personas ajenas.
“Yo lo que me ofrecí es ayudarle para resolverlo, y entre tanto, cuando menos, limpiarla porque ahorita está de verdad triste, terrible. La podemos limpiar con la autorización de quien corresponda, protegerla para que no se siga dañando más y quitarla como foco de infección, porque han sucedido muchas cosas” anunció.
Galindo Ceballos agregó que durante su encuentro con los propietarios, se explicó que la situación jurídica del terreno no es una responsabilidad directa del dueño
“Creo que hoy se abrió algo que no se había intentado, que es esta reparación y va por muy buen camino. Si esto se da en dos o tres días, empezamos también”. mencionó.
A través de este medio de comunicación se ha documentado a lo largo de tres años como se han practicado actividades ilícitas en este predio, además de provocar incendios, actividades contra la moral, e incluso la pérdida de vidas humanas. Mismo que debido a su estatus legal, era imposible una intervención por la autoridad municipal o estatal.
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