octubre 17, 2025

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Hay déficit de ministerios públicos en SLP; 8 por cada 100 mil habitantes

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En promedio, cada agente del Ministerio Público abrió 163.3 carpetas de investigación el año pasado, más que la media nacional

Por: El Saxofón

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), San Luis Potosí es una de las entidades con menores tasas de agentes y fiscales del Ministerio Público (MP) en el país. Con una tasa de 8.3 agentes del MP por cada 100 mil habitantes, se encuentra por debajo de la tasa media nacional, que es de 9.6.
En 2018, cada Agente del MP en San Luis Potosí abrió en promedio 163.3 carpetas de investigación, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, realizado por el Inegi.

Esto representa la carga de trabajo por agente y/o fiscal del Ministerio Público para adultos y adolescentes durante 2018, donde resalta Nuevo León con una carga de trabajo de 364.6 carpetas de investigación abiertas por cada MP, y Sinaloa con la menor carga, al observar apenas 1.5 carpetas de investigación por agente.

En el caso de los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen mayor carga de trabajo que el promedio nacional, que es de 156.2 averiguaciones por agencia.

A nivel nacional durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento) y 27 mil 428 para adolescentes (1.4 por ciento incluyendo delitos del Fuero Común y Federal). El delito registrado con mayor frecuencia fue robo, que alcanzó 40.2 por ciento con respecto al total de los delitos. Además, se reportaron 44 mil 579 homicidios y 913 feminicidios, mismos que representaron 2.3 por ciento y 0.05 por ciento del total, respectivamente.

En San Luis Potosí, el 36.5 por ciento de las investigaciones iniciadas fue por el delito de robo en sus distintas modalidades.

El año pasado, la entidad observó una tasa de mil 357.9 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, inferior a la nacional que fue de mil 526.3.

De acuerdo con la tasa de delitos registrados en averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas por cada 100 mil habitantes, Colima es la entidad con la mayor tasa: 3 mil 321.4 por cada 100 mil.

Según el Inegi, en el país, del total de expedientes abiertos en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 98.1 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.9 por ciento a justicia para adolescentes. En cuanto a la entidad con la mayor cantidad de expedientes abiertos, en ambas materias, se encuentra Guanajuato, con 32 mil 696, cifra que representó el 12.7 por ciento del total nacional.

En el terreno local, los órganos o unidades encargadas de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias abrieron 7 mil 019 expedientes.

Según el Censo de Procuración de Justicia, en 2018, en San Luis Potosí hubo 38 mil 593 víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas durante el año, de las cuales 17 mil 030 fueron hombres y 13 mil 291 fueron mujeres. En un alto número de casos, 7 mil 343, la víctima no fue identificada.
También destaca que el año pasado, los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí solicitaron 489 medidas cautelares

, las cuales fueron decretadas por el Juez de Control o Garantías. En 274 de los casos fue Prisión preventiva; 27 Presentación periódica ante el juez o autoridad distinta; 7 Prohibición de salir sin autorización del país, localidad de residencia u otro.

También destaca que en 57 casos, la medida fue Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos.

Otras medidas cautelares fueron “Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, o internamiento en institución determinada”, en 78 casos; “Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares”, en 29 casos; “Separación inmediata del domicilio”, dos casos; “Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral”, un caso, y otra medida cautelar, 14 casos.

Cabe mencionar que estas 489 solicitudes de medidas cautelares fueron hechas por los Agentes del Ministerio Público y concedidas por el Juez de Control o Garantías; es decir, pudo haber más solicitudes las cuales no fueron concedidas por el juez en turno.

En México, al cierre de 2018 laboraban 96 mil 847 servidores públicos en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. De ellos, 59.7 por ciento fueron hombres y 42.1 por ciento mujeres. Asimismo, 73.9 por ciento del personal estaba contratado bajo régimen de confianza.

En el mismo periodo, en las 3 mil 707 Agencias del Ministerio Público del Fuero Común laboraban 43 mil 427 personas. Del total, 27.7 por ciento fueron agentes y/o fiscales del Ministerio Público y 23.6 por ciento fueron policías ministeriales o investigadores.

Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron un millón 880 mil 460 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 98.6 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.4 por ciento, a justicia para adolescentes.

También se registraron 233 mil 355 conclusiones y/o determinaciones en las averiguaciones previas e investigaciones; un millón 90 mil 918 conclusiones y/o determinaciones en carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 78 mil 244 en carpetas de investigación en la etapa de investigación complementaria.
Finalmente, al cierre de 2018, quedaron un millón 555 mil 953 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.

Durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento del total) y 27 mil 227 para adolescentes (1.4 por ciento).

En cuanto a las personas involucradas en estos delitos, se registraron un millón 869 mil 932 inculpados y/o imputados en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas. Del total, 43.7 por ciento fueron hombres y 11.4 por ciento fueron mujeres; el resto correspondió a no identificados (44.6 por ciento) y a otro tipo, es decir, personas morales, el Estado, la Federación o cualquier otro (0.3 por ciento).

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Dependencias estatales se mudarán a La Pila en febrero de 2026

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El oficial mayor indicó que aunque el monto final aún se calcula, el objetivo es ahorrar recursos y centralizar operaciones

Por: Redacción

Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, informó que continúa el proyecto para trasladar varias dependencias estatales a la Delegación de La Pila, con el objetivo de optimizar recursos y reducir los costos que actualmente se destinan al pago de rentas.

El funcionario explicó que el plan se encuentra en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), y contempla que las instalaciones queden listas entre febrero y marzo de 2026.

“Faltan muchas cosas, pero estamos trabajando firmemente en ello. Aún no tenemos el monto exacto, sería mentir decir que son 5 millones de pesos, porque creo que será más. Sin embargo, el beneficio será importante, porque nos vamos a ahorrar rentas de las dependencias que se muden para allá, y quedará de manera permanente”, señaló Lara Enríquez.

De acuerdo con el proyecto, entre las áreas que podrían instalarse en el nuevo complejo gubernamental de La Pila se encuentran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Seduvop, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la propia Oficialía Mayor.

Cada dependencia será responsable de presentar su propuesta presupuestal para el ejercicio fiscal 2026, con el fin de cubrir los gastos correspondientes a la reubicación y adecuación de las oficinas.

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Ciudad

El PRI se reconcilió con Enrique Galindo: Sara Rocha

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La dirigente estatal subrayó que no existe una relación personal cercana: “No somos grandes colegas, somos compañeros priistas”

Por: Redacción

Sara Rocha Medina, presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó que el partido cumplirá la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordena atender el proceso de expulsión del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

Rocha Medina aseguró que el PRI actuará con institucionalidad y respeto al fallo, al tiempo que reconoció una reconciliación política con el edil, aunque subrayó que no existe una relación personal cercana: “No somos grandes colegas, somos compañeros priistas”, expresó.

La lideresa detalló que la dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, instruyó a las dirigencias estatales a reconstruir el diálogo interno y fortalecer la cohesión partidista rumbo a los próximos procesos electorales.

Rocha señaló que esta semana sostuvo una reunión con el secretario general de Gobierno

, Fernando Chávez Méndez, y que en los próximos días se encontrará con Galindo Ceballos para abordar temas políticos y partidistas.

“El tema legal lo vamos a cumplir porque lo está exigiendo la Sala, y después veremos cómo se resuelve lo económico”, puntualizó.

La dirigente descartó que el cumplimiento de la sentencia implique un acuerdo político o repartición de cargos dentro del Ayuntamiento capitalino, y enfatizó que el comité estatal se mantiene concentrado en la integración de comités seccionales para fortalecer la estructura del partido.

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Gallardo advierte ausencia de Atlas de Riesgos en municipios

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Advirtió que se presentarán denuncias por construcciones indebidas en zonas vulnerables

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que algunos municipios del estado no cuentan con atlas de riesgos, lo cual ha contribuido a que al menos cuatro escuelas resultaran afectadas por las recientes inundaciones, al haber sido construidas junto a ríos en zonas vulnerables.

Un atlas de riesgos, de acuerdo con la información oficial de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, es una herramienta que recopila datos sobre posibles amenazas en una región, como terremotos, derrumbes e inundaciones

, con el objetivo de orientar el desarrollo urbano y construir infraestructuras más seguras.

Respecto a las escuelas dañadas, el gobernador detalló que la situación se detectó en municipios como Matlapa, San Vicente y Tamazunchale. En ese contexto, advirtió que se presentarán denuncias contra los responsables de las construcciones indebidas, ya que estas situaciones tienen antecedentes de más de 50 años.

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Opinión

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