SIGAMOS DERECHO.

Hace unos días me encontré con un informe realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD) que lleva a cabo el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su sede Región Centro, ubicada en Aguascalientes. El informe —publicado en octubre del año pasado— lleva por título «La prohibición de las drogas en San Luis Potosí: elementos para una reforma» y fue patrocinado por el Gobierno del Estado de SLP, con información aportada por la Fiscalía estatal, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y diversas instituciones del sector salud. El propósito del informe es recopilar, analizar y presentar evidencia básica de la situación del uso problemático de drogas en el estado para poder tener una discusión informada sobre el impacto que han tenido las políticas prohibitivas en la sociedad e instituciones de San Luis Potosí.

El informe parte del supuesto de que las políticas prohibicionistas del uso de drogas han servido como fundamento para reprimir a las personas usuarias y que; además, pierden de vista que el verdadero problema no se trata del uso de drogas sino de su uso problemático. Esta criminalización a las personas usuarias de drogas —sin entender la problemática como un fenómeno social y de salud pública— resulta, entre otras cosas, en un uso ineficiente de los recursos públicos, en una sobrecarga al sistema penal y en violaciones a derechos humanos. Bajo estas premisas, el informe procede a analizar cuatro elementos importantes de la situación del uso de drogas en SLP, de los cuales me permito resaltar sus generales a continuación.

El primer capítulo del informe (La oferta de tratamiento para el uso problemático de drogas y sus usuarios en San Luis Potosí) analiza el acceso y la calidad de los centros de tratamiento en el Estado para las personas cuyo uso de drogas se considera como problemático. Como uno de sus principales hallazgos, el informe subraya que los centros de tratamiento consideran a los usuarios de drogas como pacientes con alguna patología.

Esto quiere decir que, de entrada, buscan tratar el uso de drogas como si se tratara del padecimiento de una enfermedad, lo cual implica desconocer tanto la dimensión placentera del uso de sustancias como el papel que dicho uso juega en las redes y vínculos con la comunidad. Entender al consumo de drogas como una enfermedad deriva, a su vez, en que la mayoría de los tratamientos contemplan el uso de medicamentos y atención psiquiátrica, lo cual dificulta aún más que las personas terminen los tratamientos.

Ante las problemáticas identificadas que prevalecen en los centros de tratamiento, el informe sugiere, entre otras cosas, transitar a un enfoque sociológico y antropológico que transforme la manera en que las personas se relacionan con las drogas y abandonar la postura centrada en la “rehabilitación” de los “adictos”. En ese sentido, el informe también sugiere tomar medidas que posterguen la edad en que las personas inician su consumo de sustancias, lo cual, indican, se trata de una cuestión de información. En el entendido de que las drogas —legales e ilegales— están ahí, lo importante está en brindar a las y los jóvenes la información completa y herramientas necesarias para decidir qué hacer frente a la alta disponibilidad de sustancias, así como entrenarles para lidiar con la presión social y manejar sus emociones de manera adecuada. Andar entre sombras y a media luz difícilmente lleva a buen puerto, en cualquier situación.

En el segundo apartado (Delitos contra la salud en el estado de San Luis Potosí), el informe analiza el procesamiento de los delitos contra la salud en el estado, así como el funcionamiento de las instituciones policiales y ministeriales. Sobre esto, encuentran que la mayoría de las detenciones por delitos contra la salud se realizan en la capital, por policías estatales, en la vía pública y a hombres de entre 18 y 24 años. El 100% de las detenciones se realizan en flagrancia (motivada por “actitud sospechosa”) y por posesión simple y, en la mayoría de los casos, solo hay una sustancia involucrada. Estas detenciones tienen por resultado castigar al consumo como una política preventiva de otros posibles delitos. Es decir, el punto de partida es, según los cuerpos policiales, que el consumidor va a cometer otro tipo de delitos. Esta estrategia de detenciones a gran escala implica desatender casi por completo la investigación de cómo opera el mercado de drogas ilícitas. Además, las autoridades procesan por posesión simple tanto a comerciantes como a usuarios, sin distinguir efectivamente entre unos u otros.

Para subsanar estas deficiencias, el informe recomienda

—entre otras cosas— aclarar con precisión cuáles son los objetivos de la política de drogas del estado y, con ello en mente, registrar con una metodología bien definida los datos de las personas detenidas. Esto permitiría a la Fiscalía entender quiénes son y en qué circunstancias fueron detenidas esas personas, pues hoy la investigación se realiza de manera informal y sin capacidades técnicas ni materiales, lo cual obstaculiza aún más la posibilidad de atender a las causas concretas. De nuevo, en este punto queda de manifiesto la necesidad de estudiar este fenómeno desde una perspectiva socio-antropológica.

El tercer apartado (El impacto de las detenciones por delitos contra la salud en el incremento de los homicidios. Evidencia de San Luis Potosí) busca determinar si existe una relación causal entre las detenciones por delitos contra la salud —principalmente posesión— y homicidios relacionados con el crimen organizado. Con datos proveídos por la Fiscalía sobre detenciones y homicidios de 2011 a 2020, el informe concluye que a mayor número de personas detenidas por delitos contra la salud, más incrementan las tasas de criminalidad de otros delitos. En vez de cumplir con su objetivo disuadir, las detenciones desencadenan una espiral de violencia. De nueva cuenta, las políticas punitivitas demuestran su ineficacia.

En el cuarto y último apartado (El crimen organizado y la violencia en San Luis Potosí), el informe encuentra que existe una mayor presencia de grupos delincuenciales en el estado de lo que indican las fuentes oficiales. Además, el informe reporta que el CJNG es el grupo criminal con mayor presencia en la entidad, mientras que en segundo lugar le sigue el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste en tercero. El informe sostiene que los enfrentamientos y escalada de violencia en estados colindantes (como Guanajuato y Jalisco) han provocado la presencia de más cárteles en el estado. La información documentada por el informe obliga a poner particular atención a la evolución de estos grupos delictivos, pues solo con una visión integral de la complejidad del asunto se le podrá hacer frente de manera adecuada a la crisis de violencia en el estado.

Siempre es una buena señal que los gobiernos —sea el federal, los locales o los municipales— echen mano de investigaciones independientes, serias y de alta calidad técnica, que les muestren una realidad distinta a la que leen solo con sus datos oficiales, generalmente con menos registros de los reales. Sin embargo, estos valiosos insumos proveídos por el CIDE servirán para muy poco si el gobierno entrante no retoma la batuta y le da continuidad a este proyecto solicitado por Carreras. Los hallazgos y recomendaciones del informe deben ser prioritarios para el desarrollo de la política de drogas que emprenda el gobierno de Ricardo Gallardo, pues, si sus intenciones políticas están en el lugar correcto, deberíamos de contar en el futuro cercano con una política de largo aliento y con la prevención del uso problemático y los derechos de las personas usuarias de sustancias en el centro. Este asunto deberá ser uno de los aspectos fundamentales al momento de designar a la persona que llegue a ocupar la Fiscalía.

De continuar con el paradigma punitivista, seguiremos siendo testigos de como San Luis Potosí rema contra corriente en materia de derechos humanos —como suele hacerlo— y el fin de los noventa años de gobiernos conservadores acabará siendo solo un discurso. Tanto a nivel federal como estatal, necesitamos urgentemente de menos retórica y menos gendarmería. La sociedad potosina requiere reestablecer el equilibrio social y avanzar, con innovación e información completa, hacía una política de drogas plural, regulada y sin tabúes.

Tanto la versión completa del informe como el resumen ejecutivo los pueden consultar aquí: https://politicadedrogas.org/site/proyecto/id/20.html.

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