#4 Tiempos
La senadora ha respondido | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
A lo largo de su existencia, la raza humana ha desarrollado distintos sistemas para organizar su convivencia de manera ordenada. En su mayoría, los distintos sistemas coinciden en que a cada acción le va aparejada un premio o una sanción (usualmente suele ser sanción) y, así, incentivar o disuadir ciertas conductas. Con esta base común, las diferencias entre sistemas suelen estar en la consecuencia, es decir, en los premios y sanciones. Por ejemplo, las normas religiosas buscan disuadir o incentivar ciertas conductas humanas, pero el premio o sanción usualmente es moral, trascendental y posterior a la vida, en contraste con las sanciones impuestas por las normas jurídicas.
Con esto quiero decir que los sistemas que buscan organizar nuestra convivencia en sociedad coexisten, funcionan de una manera más o menos similar y todos tienen cierta eficacia para cumplir su objetivo. ¿Es el sistema jurídico el más efectivo para organizar nuestra vida en sociedad? No lo sé. Sin embargo, de alguna manera hemos convenido en que el Estado de democrático y de derecho es el más funcional —al menos en occidente—, con mecanismos para resolver nuestras controversias, instituciones encargadas de administrar, representantes elegidos para tomar las decisiones trascendentes, entre otras cosas.
Así, uno de los pilares sobre los que se funda nuestro sistema de organización es el principio de legalidad. Este principio, en términos sencillos, consiste en que las personas podemos hacer todo aquello que no está prohibido, mientras que las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido. Las implicaciones de esta sencilla frase son especialmente relevantes, pues contiene toda la lógica de cómo entendemos la relación entre personas y autoridades. Las personas, por un lado, entendemos nuestro rol en la sociedad desde una perspectiva de derechos y deberes, en tanto que nuestros límites radican solo en aquello expresamente prohibido en las leyes y códigos. Las autoridades, por otro lado, están pensadas desde una perspectiva de facultades y obligaciones. Por ejemplo, las personas tenemos derecho a ejercer nuestra libertad de expresión siempre y cuando no incurramos en alguna de las prohibiciones ya estipuladas, como el discurso de odio. En contraste, en su carácter de autoridad, el presidente de la República tiene la obligación de informar con precisión los temas de interés nacional, no más, no menos.
Como sabemos, el principio de legalidad nos dice que las autoridades solo pueden hacer lo que tienen permitido. De ahí se desprenden dos obligaciones muy concretas: la de fundar y motivar todos sus actos como autoridad. La fundamentación es la obligación de expresar el precepto legal aplicable al caso, mientras que la motivación refiere a las circunstancias y razones particulares que se toman en cuenta para la realización del acto. Por ejemplo, cuando a alguien lo detiene un agente de tránsito, este tiene la obligación de enunciar los artículos del reglamento de tránsito que lo facultan para detener y, en su caso, multar automovilistas (fundar) y explicar por qué la conducta realizada por la persona se encuadra en ese supuesto jurídico (motivar).
Las salvaguardas al principio de legalidad, específicamente a la obligación de las autoridades de fundar y motivar todos sus actos se encuentran en distintos preceptos constitucionales. De manera muy clara, el artículo 16 establece que “[n]adie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio (…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. A su vez, es posible leer de manera implícita el principio de legalidad en otros artículos, como el 6 y 8 constitucionales.
El artículo 6, por una parte, refiere al derecho que todos y todas tenemos a acceder a la información pública de nuestras autoridades. De este derecho emana la expedición de la Ley General de Acceso a la Información y el órgano encargado de su operación, el INAI. Por otra parte, el artículo 8 consagra nuestro derecho de petición, que esencialmente consiste en que, a todas las peticiones formuladas a una autoridad, de manera pacífica, respetuosa y por escrito, estas tienen que ser respondidas de manera completa, rápida, fundada y motivada. El ejercicio de estos derechos —de acceso a la información y de petición— permiten a toda la ciudadanía seguir de cerca las andadas de todas las autoridades de la administración pública, desde la presidencia de la República, hasta los funcionarios municipales e incluso entidades paraestatales y centros públicos de investigación.
Es en ese sentido que hace varios meses —como ya les he contado en este espacio— le escribí por correo electrónico a la senadora potosina María Graciela Gaitán Díaz. En el correo, le solicité que me explicara a detalle los argumentos que la llevaron a votar a favor del paquete de artículos transitorios que contempló la extensión del mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y del resto de consejeros y consejeras del Consejo de la Judicatura Federal. La senadora Gaitán no respondía, a sí que tuve que insistir una semana después para recordarle muy amablemente que, de no responder, me vería obligado a hacer valer mi derecho de petición ante un juzgado federal, vía amparo indirecto.
Siguió sin responder y, como les platiqué hace un par de semanas, presenté mi demanda de amparo indirecto en mayo. A la senadora Gaitán se la tragó la tierra y, según indica el expediente electrónico del juicio, aún no se le ha podido notificar, a pesar de los múltiples intentos, recordemos, a costa del Estado. No obstante, la semana pasada recibí por correo electrónico la tan esperada respuesta; por fin apareció María Graciela. En un documento de seis páginas, la senadora puntualizó las grandes bondades de la reforma judicial de Zaldívar, la más importante reforma desde 1994. En un párrafo, la senadora afirmó que las y los senadores del Partido Verde consideraron —lo mismo que ha repetido el presidente— que la prórroga de los y las integrantes del Consejo de la Judicatura necesitan de esa extensión para la correcta implementación de la reforma.
Mucho se ha dicho y mucho se habrá de decir sobre el fondo del asunto: la extensión del mandato de las y los consejeros contraviene directa y flagrantemente a los artículos 97, párrafo quinto, y 100, párrafo quinto. A la letra, dichos artículos disponen, respectivamente, lo siguiente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser electo para el periodo inmediato posterior” y “ Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo”. Más claro, imposible. Estime usted si los argumentos de la bancada del Verde —según la respuesta que me hizo llegar la senadora Gaitán— fundamentan y motivan de manera correcta y suficiente la contravención a lo dispuesto en el texto constitucional.
La importancia de mantener el ojo firme en las actuaciones de las autoridades del Estado queda, me parece, muy clara en lo anterior. Todo el tiempo, nuestros representantes menoscaban el mandato constitucional de fundar y motivar correctamente su proceder. Ciertamente, la actividad legislativa requiere de una pluralidad de opiniones y puntos de vista que enriquezcan nuestra vida democrática y debate público. Sin embargo, hay atropellos que —desde la participación activa de la ciudadanía— no podemos dejar pasar ni esperar a que la Corte resuelva. Pronto se votarán en el Congreso de la Unión temas de especial trascendencia para el futuro del país, como la reforma eléctrica, y es precisamente ahí en donde debemos ser más incisivos.
La cultura de la legalidad y de participación ciudadana activa debe fomentarse y hacerse costumbre; más importante, debe cumplirse y respetarse. La constante presión —sea por los medios establecidos o por la vía jurisdiccional— será la mejor herramienta para enfrentarnos la opacidad y la simulación. El principio de legalidad, como sabemos, es el pilar de nuestro Estado democrático y de derecho.
Por acá les dejo la respuesta completa de la senadora Gaitán: https://drive.google.com/file/d/1nD4qcSeUkHfRvvONp9Pi-sDAwxdFyHbZ/view?usp=sharing.

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El Cronopio
Una diva potosina en los albores del siglo XX | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Al Conservatorio Nacional de Música llegaron a sus aulas un buen número de potosinos que destacarían en el mundo musical de la composición y la interpretación. Entre ellos destacan Julián Carrillo, Agustín Baranda García, de quienes ya tratamos en esta columna, así como Miguel C. Meza, Fausto Gaitán y María Luisa Escobar, entre otros.
Estos músicos darían un importante lugar a San Luis Potosí como tierra de grandes músicos y en especial de compositores. Todos ellos estudiarían en el Conservatorio Nacional siendo alumnos de Julián Carrillo en cuanto a la materia de composición.
Los conciertos no escaseaban en San Luis Potosí y el Teatro de la Paz alojaba temporadas de conciertos; en especial en los albores del siglo XX se presentó durante varios días del mes de diciembre de 1904 la Compañía de Ópera Italiana donde venía la diva Luisa Tetrazzini, la más importante cantante a nivel mundial en ese momento.
Su presentación en San Luis, así como los demás músicos y cantantes de ópera que se dieron cita en San Luis Potosí, se aprovecharon para ser parte del jurado del Concurso de Canto que se realizó en San Luis Potosí el 14 de diciembre de 1904 en el Teatro de la Paz. En dicho concurso obtendría el primer lugar la potosina María Luisa Escobar, que era para entonces una reconocida y respetada cantante que estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música.
Primo Feliciano Velázquez en su recuento de la aportación cultural potosina y sus grandes personajes que daban brillo a la cultura en San Luis Potosí, se refería a la figura de María Luisa Escobar, como:
“Al lado de Julián Carrillo tiene su lugar nuestra compatriota María Luisa Escobar, que después de sus exámenes en el Conservatorio de México, en los cuales obtuvo la calificación suprema y en el de canto mención honorífica, se presentó al concurso del 14 de diciembre de 1904 y alcanzó el primer premio del jurado que compusieron la diva Luisa Tetrazzini, los maestros Gustavo Campa y Giorgio Polacco, la profesora Virginia G. de Nava y la señora Marchetti. Pensionada por el gobierno fue a completar sus estudios a Italia, de donde volvió a hacer las delicias del público en México como en San Luis”.
María Luisa Escobar Castillo nació en San Luis Potosí el 6 de septiembre de 1885, siendo sus padres, María Varguez Castillo y Reguio Escobar. Después de iniciar sus estudios musicales en San Luis Potosí va a la Ciudad de México a continuarlos en el Conservatorio Nacional de Música. Obtiene una beca para estudiar canto en Italia y regresa a México incorporándose en el ambiente musical mexicano. En el conservatorio conoce a quien será su esposo el violinista barcelonés José Rocabruna. José Rocabruna empezó una importante carrera de promoción de la música en México cuando Justo Sierra, ministro de educación, le ofreció en 1903 la cátedra de violín del Conservatorio Nacional de México, un cargo que Rocabruna conservó de por vida.
María Luisa Escobar asume su apellido siendo conocida en el ambiente como María Luisa Escobar Rocabruna. Se considera una de las importantes cantantes potosinas que dieron paso a las cantantes Oralia Domínguez y Ernestina Perea.
Varias escuelas de primaria y preescolar de la huasteca y del altiplano potosino llevan su nombre.
María Luisa Escobar Castillo murió en la Ciudad de México el 22 de junio de 1965. En la fotografía que acompaña a este escrito aparece el matrimonio Rocabruna a la extrema izquierda con compañeros del Conservatorio Nacional de Música.
Lee también: El patriarca del son arribeño, Don Francisco Berrones
#4 Tiempos
Mucho circo, poca humanidad: el caso de Odín | Columna de Ana G Silva
Corredor Humanitario
Hay personas que todavía no entienden que los animales no son mercancía, decoración ni herramientas para sacar dinero. Y luego se molestan cuando alguien se atreve a señalarlo. El caso del Circo Osorio, en Cerritos, es un buen ejemplo de esa resistencia a entender algo tan sencillo como que los animales sienten, se lastiman y tienen derecho a no ser explotados.
Resulta que en este circo tenían un poni llamado Odín, que presentaba deformaciones en sus extremidades y, aun así, era utilizado para tomarse fotografías con las familias que acudían al espectáculo. Según los señalamientos difundidos por activistas, cada fotografía se cobraba entre 50 y 80 pesos. El argumento de los responsables fue que las personas no se subían al animal, sino que posaban a su lado. ¡Ah, bueno! Entonces no había problema, porque solamente lo utilizaban como escenografía viviente.
Qué conveniente resulta esa explicación cuando hay dinero de por medio. Si el poni servía para atraer visitantes, cobrar fotografías y completar la experiencia del espectáculo, ¿por qué no se procuró que estuviera en condiciones adecuadas? Si, como se argumentó, sus problemas eran las pezuñas largas, ¿tan complicado era llevarlo con un especialista para que recibiera atención?
La ironía es todavía mayor si recordamos que, para las fotografías, el animal sí tenía que estar presentable: que si la playerita de la Selección Mexicana, que si acomódense junto al poni, que si sonrían para la cámara. Pero cuando se trataba de su salud, ahí sí parecía que el presupuesto ya no alcanzaba.
Y no, señores, tener un circo no les da derecho a disponer de los animales como si fueran parte del mobiliario. Si tienen un espectáculo, aprendan a ofrecer un espectáculo. Hay malabaristas, acróbatas, payasos, bailarines, ilusionistas y un montón de disciplinas que no necesitan convertir a otro ser vivo en una atracción. Y si el negocio no funciona, también hay otras alternativas: poner un puesto de tacos, trabajar en un restaurante, buscar empleo en el cine o dedicarse a cualquier otra actividad. Las posibilidades son infinitas. Lo que no es una alternativa es seguir viviendo de la explotación animal porque resulta más fácil cobrar por exhibirlos que aprender a hacer algo diferente.
Pero aquí viene otra parte de esta historia que merece mucho más reconocimiento: la intervención de quienes sí hicieron algo por Odín.
En el rescate participaron agrupaciones y personas defensoras de los animales que se movilizaron, denunciaron y exigieron la intervención de las autoridades. Entre ellas estuvieron Salvando Huellitas, Seres Libres-Animal Rescue, Manada de Copito y Fundación Guarida Perruna. Su participación fue fundamental para que, después de varias horas de movilización, Odín pudiera salir del circo.
Odín fue trasladado a un hospital veterinario, donde sería evaluado para conocer las causas de las deformaciones en sus extremidades y determinar su estado de salud. Es decir, ahora sí tendría la oportunidad de recibir atención especializada.
Y mientras estas asociaciones hacían lo que podían para sacar a un animal de una situación que consideraban injusta, comenzaron las amenazas. Elizabeth Soto, integrante de Seres Libres-Animal Rescue, denunció intimidaciones que presuntamente provenían de personas vinculadas al circo. Incluso se difundieron mensajes públicos en redes sociales dirigidos a las activistas, con expresiones como: “eres una mugrosa, también te vamos a chingar a ti por culera”.
¿En serio? ¿Esa es la respuesta cuando alguien cuestiona el trato que reciben los animales? ¿Amenazar a quienes intervinieron para protegerlos? Parece que algunos están más preocupados por defender su negocio que por explicar las condiciones en las que mantenían a los ejemplares.
Y luego viene lo verdaderamente absurdo: ahora resulta que las animalistas quieren lucrar con el poni. Aquí sí vale la pena detenernos un momento. ¿Conocen el trabajo de estas asociaciones? ¿Han visitado sus refugios? ¿Saben lo que cuesta mantener a cientos de animales que fueron abandonados, atropellados, maltratados o que estuvieron a punto de morir?
Muchas de estas organizaciones trabajan sin respaldo económico permanente de los gobiernos. Organizan eventos a beneficio, buscan donaciones, realizan colectas y destinan buena parte de sus propios recursos para mantener a los animales que rescatan. Algunas tienen bajo su cuidado refugios con más de 50 perros y gatos .
Y esos animales no comen aplausos. Necesitan alimento todos los días, atención veterinaria, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, medicamentos, correas, espacios seguros y un techo. Algunos nunca consiguen una familia que los adopte y terminan pasando años bajo el cuidado de quienes decidieron no abandonarlos a su suerte.
Quienes están detrás de estas asociaciones también tienen trabajos, familias, responsabilidades y cuentas que pagar. No son millonarios ni viven de recoger animales. Al contrario, muchas veces tienen que trabajar para poder sostener su propia vida y, además, conseguir recursos para los animales que otros dejaron en el abandono.
Por eso resulta particularmente ofensivo que se les acuse de querer hacer negocio con Odín. Pero claro, si alguien está acostumbrado a cobrar por exhibir animales, quizá le cueste entender que también hay personas dispuestas a gastar su tiempo y dinero para ayudarlos sin esperar una fotografía de recuerdo a cambio.
Lucrar con un animal es utilizarlo para obtener dinero a costa de su bienestar. Rescatarlo implica precisamente lo contrario: asumir responsabilidades y gastos para que pueda recuperarse. No confundamos las cosas.
Y para quienes todavía tienen dudas sobre si el circo podía utilizar al poni, les dejamos un pequeño recordatorio jurídico. El artículo 120 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí prohíbe expresamente el establecimiento y operación de espectáculos circenses en los que se utilicen animales vivos. No distingue entre ponis, caballos, perros, leones o cualquier otra especie.
El artículo 41 establece que las autoridades municipales deben garantizar que estos espectáculos no se establezcan ni operen. Y el 129 contempla sanciones económicas, el retiro inmediato del espectáculo y, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública. Por su parte, el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el uso de ejemplares silvestres en circos.
Así que no se trata de que las animalistas estén buscando quitarle el trabajo a alguien, de que tengan algo personal contra el circo o de que quieran perjudicar a una familia. Se trata de cumplir una ley que existe desde hace años y que NO está puesta a consideración de los propietarios de un espectáculo. ¿Cómo es posible que todavía tengamos que discutir si se debe permitir la operación de un circo con animales cuando la prohibición está escrita en la legislación estatal?
A las asociaciones rescatistas, a quienes estuvieron ahí y a quienes no soltaron el caso: gracias por no mirar hacia otro lado. Ojalá que las autoridades también entiendan que su trabajo no termina cuando se retira a un animal, y que proteger a quienes denuncian debería ser parte de la misma responsabilidad.
Y a los señores del circo, con todo respeto: si la de hacer espectáculos sin animales no se la saben, quizá ya sea hora de aprender. Porque para ganarse la vida hay muchas maneras; para justificar la explotación de un animal, ninguna.

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El Cronopio
El patriarca del son arribeño, Don Francisco Berrones | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Hace treinta años fallecía en el Jagüey de San Francisco, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, el gran poeta campesino Francisco Berrones Castillo, mismo lugar donde nació un mes de marzo de 1898, uno de los más importantes trovadores, decimeros de San Luis Potosí.
Un par de meses antes de nacer Don Francisco Berrones, falleció su padre dejándolo en la orfandad, de pequeño tendría problemas cardiacos teniendo pocas esperanzas de vida, lo que orilló a su madre a ofrecer a San Francisco de Asís patrono del pueblo del Jagüey de San Francisco, ponerle su nombre si alcanzaba a recibir el bautizo. El niño se salvó y Macario que era el nombre que tenía ese niño, pasó a llamarse Francisco. Las tradiciones del pueblo se manifestaron en esa petición al santo patrono del pueblo, Macario alcanzó a ser bautizado y su enfermedad desapareció, renaciendo como Francisco en pago a la manda.

Inició sus estudios primarios donde aprendió a leer y mal escribir, como refiere el mismo Francisco Berrones. La tradición del son arribeño lo envolvió de pequeño y aprendió a hacer poemas desde muy chico. Los primeros versos se los dedicaba a su abuela y su madre, “Cuando yo venía de la escuela le decía un verso a mi abuela materna, a mis hermanos mayores, y a veces le hacía un verso a mi madre en el que pedía que me diera un abrazo y un beso de sus labios; por tal motivo, todos me trataban con cariño”.
A los nueve años de edad acompañó a su hermano a que iba a trabajar a Tampico y en Ciudad Madero, que entonces se llamaba Paso de Doña Cecilia, compondría su primera poesía que dedicó a ese Paso de Doña Cecilia. El pequeño Francisco había presenciado entonces una topada entre los famosos poetas de son arribeño, José Torres y Eugenio Villanueva; recordaba aún al paso de los años la planta que Don José Torres le cantó a Don Eugenio y fue la inspiración para tomar el “destino”, como lo nombran los poetas arribeños. Berrones nos lo recuerda:
“[…] hicieron una fiesta de un 16 de septiembre con dos famosos poetas. Uno de ellos fue don José Torres y el otro fue el señor don Eugenio Villanueva, que Dios lo tenga en su Santa Gloria. Mi hermano me tomó de la mano y me dijo: vamos, te voy a llevar un rato a la fiesta y para que oigas a los cantores, a ver qué aprendes.
Llegamos a la dicha fiesta, estaban los tablados adentro de la aduana, en una cabecera, y todo aquello adornado con banderas tricolores. Estaba don Eugenio tocando un jarabe y muchos hombres bailando. No me di cuenta que le cantó él a don José Torres, pero cuando don Eugenio terminó, Don José le cantó esta planta, y su poesía la dijo así: Vamos adentro y adentro, para que nos dé una prueba, ahora se la lleva el viento don Eugenio Villanueva.
Al oír aquella poesía le dije a mi hermano, ‘yo creo que ya están en la competencia’. El sol ya se ha ocultado, y como mi hermano trabajaba de noche nos fuimos a la casa: mi hermano se fue a su trabajo y yo me quedé pensando en aquella planta, y repasándola para que no se me olvidara.
De pocos días pensé: bueno, y yo por qué no hago una poesía, pero a quién. Ah, pues le voy a hacer una a este Paso de Doña Cecilia y me puse en obra y la hice: fue la primera que brotó de mi mente”.
Iniciaba así una trayectoria de casi noventa años como poeta campesino, poeta de son arribeño, que dio gloria a esta rica tradición potosina, convirtiéndose en uno de los principales poetas en esta tradición que era invencible en el encuentro entre poetas, conocido como topadas, donde en todos esos años perdió sólo una vez siendo muy joven, contra José Ceballos en una topada en Villa Juárez.
Don Francisco Berrones aprendió el “reglamento” (que implica la memorización de poemas y el dominio de la improvisación de décimas) y la “sonería” (el repertorio de piezas, como sones y jarabes) escuchando a los trovadores cuando acompañaba a su madre a las bodas, así como con un par de libros de poesía de Juan de Dios Peza y Antonio Plaza que compraron él y un amigo que también le gustaba la poesía; por lo general, con el término de huapango engloban los distintos tipos de música que tocan, así como el baile y la fiesta misma.
Con el arado y por el arado
se acaba el hombre como alcanfor.
Porque el destino de agricultor
es un trabajo duro y pesado.
El hombre pobre de labrador,
su propia suerte lo está matando.
Todos los años vive regando
la tierra ajena con su sudor.
Para él no hay viento, no hay calor,
para él no hay nieve, ni frío o templado,
toda la vida está esclavizado;
por trabajar en la agricultura
se va orillando a la sepultura,
con el arado y por el arado.
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