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#4 Tiempos

La senadora ha respondido | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

A lo largo de su existencia, la raza humana ha desarrollado distintos sistemas para organizar su convivencia de manera ordenada. En su mayoría, los distintos sistemas coinciden en que a cada acción le va aparejada un premio o una sanción (usualmente suele ser sanción) y, así, incentivar o disuadir ciertas conductas. Con esta base común, las diferencias entre sistemas suelen estar en la consecuencia, es decir, en los premios y sanciones. Por ejemplo, las normas religiosas buscan disuadir o incentivar ciertas conductas humanas, pero el premio o sanción usualmente es moral, trascendental y posterior a la vida, en contraste con las sanciones impuestas por las normas jurídicas.

Con esto quiero decir que los sistemas que buscan organizar nuestra convivencia en sociedad coexisten, funcionan de una manera más o menos similar y todos tienen cierta eficacia para cumplir su objetivo. ¿Es el sistema jurídico el más efectivo para organizar nuestra vida en sociedad? No lo sé. Sin embargo, de alguna manera hemos convenido en que el Estado de democrático y de derecho es el más funcional —al menos en occidente—, con mecanismos para resolver nuestras controversias, instituciones encargadas de administrar, representantes elegidos para tomar las decisiones trascendentes, entre otras cosas.

Así, uno de los pilares sobre los que se funda nuestro sistema de organización es el principio de legalidad. Este principio, en términos sencillos, consiste en que las personas podemos hacer todo aquello que no está prohibido, mientras que las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido. Las implicaciones de esta sencilla frase son especialmente relevantes, pues contiene toda la lógica de cómo entendemos la relación entre personas y autoridades. Las personas, por un lado, entendemos nuestro rol en la sociedad desde una perspectiva de derechos y deberes, en tanto que nuestros límites radican solo en aquello expresamente prohibido en las leyes y códigos. Las autoridades, por otro lado, están pensadas desde una perspectiva de facultades y obligaciones. Por ejemplo, las personas tenemos derecho a ejercer nuestra libertad de expresión siempre y cuando no incurramos en alguna de las prohibiciones ya estipuladas, como el discurso de odio. En contraste, en su carácter de autoridad, el presidente de la República tiene la obligación de informar con precisión los temas de interés nacional, no más, no menos.

Como sabemos, el principio de legalidad nos dice que las autoridades solo pueden hacer lo que tienen permitido. De ahí se desprenden dos obligaciones muy concretas: la de fundar y motivar todos sus actos como autoridad. La fundamentación es la obligación de expresar el precepto legal aplicable al caso, mientras que la motivación refiere a las circunstancias y razones particulares que se toman en cuenta para la realización del acto. Por ejemplo, cuando a alguien lo detiene un agente de tránsito, este tiene la obligación de enunciar los artículos del reglamento de tránsito que lo facultan para detener y, en su caso, multar automovilistas (fundar) y explicar por qué la conducta realizada por la persona se encuadra en ese supuesto jurídico (motivar).

Las salvaguardas al principio de legalidad, específicamente a la obligación de las autoridades de fundar y motivar todos sus actos se encuentran en distintos preceptos constitucionales. De manera muy clara, el artículo 16 establece que “[n]adie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio (…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. A su vez, es posible leer de manera implícita el principio de legalidad en otros artículos, como el 6 y 8 constitucionales.

El artículo 6, por una parte, refiere al derecho que todos y todas tenemos a acceder a la información pública de nuestras autoridades. De este derecho emana la expedición de la Ley General de Acceso a la Información y el órgano encargado de su operación, el INAI. Por otra parte, el artículo 8 consagra nuestro derecho de petición, que esencialmente consiste en que, a todas las peticiones formuladas a una autoridad, de manera pacífica, respetuosa y por escrito, estas tienen que ser respondidas de manera completa, rápida, fundada y motivada. El ejercicio de estos derechos —de acceso a la información y de petición— permiten a toda la ciudadanía seguir de cerca las andadas de todas las autoridades de la administración pública, desde la presidencia de la República, hasta los funcionarios municipales e incluso entidades paraestatales y centros públicos de investigación.

Es en ese sentido que hace varios meses —como ya les he contado en este espacio— le escribí por correo electrónico a la senadora potosina María Graciela Gaitán Díaz. En el correo, le solicité que me explicara a detalle los argumentos que la llevaron a votar a favor del paquete de artículos transitorios que contempló la extensión del mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y del resto de consejeros y consejeras del Consejo de la Judicatura Federal. La senadora Gaitán no respondía, así que tuve que insistir una semana después para recordarle muy amablemente que, de no responder, me vería obligado a hacer valer mi derecho de petición ante un juzgado federal, vía amparo indirecto.

Siguió sin responder y, como les platiqué hace un par de semanas, presenté mi demanda de amparo indirecto en mayo. A la senadora Gaitán se la tragó la tierra y, según indica el expediente electrónico del juicio, aún no se le ha podido notificar, a pesar de los múltiples intentos, recordemos, a costa del Estado. No obstante, la semana pasada recibí por correo electrónico la tan esperada respuesta; por fin apareció María Graciela. En un documento de seis páginas, la senadora puntualizó las grandes bondades de la reforma judicial de Zaldívar, la más importante reforma desde 1994. En un párrafo, la senadora afirmó que las y los senadores del Partido Verde consideraron —lo mismo que ha repetido el presidente— que la prórroga de los y las integrantes del Consejo de la Judicatura necesitan de esa extensión para la correcta implementación de la reforma.

Mucho se ha dicho y mucho se habrá de decir sobre el fondo del asunto: la extensión del mandato de las y los consejeros contraviene directa y flagrantemente a los artículos 97, párrafo quinto, y 100, párrafo quinto. A la letra, dichos artículos disponen, respectivamente, lo siguiente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser electo para el periodo inmediato posterior” y “ Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo”. Más claro, imposible. Estime usted si los argumentos de la bancada del Verde —según la respuesta que me hizo llegar la senadora Gaitán— fundamentan y motivan de manera correcta y suficiente la contravención a lo dispuesto en el texto constitucional.

La importancia de mantener el ojo firme en las actuaciones de las autoridades del Estado queda, me parece, muy clara en lo anterior. Todo el tiempo, nuestros representantes menoscaban el mandato constitucional de fundar y motivar correctamente su proceder. Ciertamente, la actividad legislativa requiere de una pluralidad de opiniones y puntos de vista que enriquezcan nuestra vida democrática y debate público. Sin embargo, hay atropellos que —desde la participación activa de la ciudadanía— no podemos dejar pasar ni esperar a que la Corte resuelva. Pronto se votarán en el Congreso de la Unión temas de especial trascendencia para el futuro del país, como la reforma eléctrica, y es precisamente ahí en donde debemos ser más incisivos.

La cultura de la legalidad y de participación ciudadana activa debe fomentarse y hacerse costumbre; más importante, debe cumplirse y respetarse. La constante presión —sea por los medios establecidos o por la vía jurisdiccional— será la mejor herramienta para enfrentarnos la opacidad y la simulación. El principio de legalidad, como sabemos, es el pilar de nuestro Estado democrático y de derecho.

Por acá les dejo la respuesta completa de la senadora Gaitán: https://drive.google.com/file/d/1nD4qcSeUkHfRvvONp9Pi-sDAwxdFyHbZ/view?usp=sharing.

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#4 Tiempos

El punto de equilibrio del amor | Columna de Juan Jesús Priego

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LETRAS minúsculas

 

En tiempos de la segunda guerra mundial el alimento escaseó por toda Europa. Era natural: si los campesinos habían sido movilizados y los campos bombardeados, ¿qué otra cosa podía hacerse sino racionar la comida y hacer que familias enteras se las arreglasen para vivir con menos de 250 gramos diarios de pan? Pues bien, durante aquellos años terribles, en Francia, una heroica madre de familia, al ver que sus dos hijos crecían anémicos y sin padre (pues, como Mambrú, se había ido a la guerra), tomó una firme determinación: en adelante, toda la comida que recibiera del Estado la daría a sus hijos. Toda. Ella no se quedaría con nada. La mujer había escuchado en alguna parte que la única medida del amor es amar sin medida, y quería poner en práctica tan bello pensamiento. Era su vida o la de los niños, y había que elegir. Sin embargo, conforme pasaron los días, el rostro de la mujer fue adquiriendo tonalidades casi cadavéricas. Ya no se alegraba como antes cuando los hijos comían con ansia los pocos mendrugos de pan que repartía todas las mañanas un hombre uniformado. Ya no se alegraba; antes bien, empezó a experimentar un sentimiento nunca antes sentido, y mucho menos hacia sus pequeños: odio, rencor, ganas de matarlos.

-¡Cómo comen! –gemía la mujer-. ¡Cómo se atragantan! ¡Y lo hacen sin apenas verme, no sea que les vaya a pedir algo! ¿Por qué no me ofrecen aunque sea un poquito? ¡Yo también necesito comer, yo también me puedo morir de hambre! ¿Por qué no me dan siquiera lo que les sobra?

Sí, quería torcerles el pescuezo cuando los veía atragantarse, aunque se reprimía, conformándose con restregarse salvajemente las manos. El suyo era ya un odio demencial, casi diabólico, y si una vecina no hubiera corrido a impedirlo, la madre hubiera acabado ahorcándolos, pues ya se disponía a hacerlo valiéndose de una cuerda…

¿Qué era lo que había pasado con este amor grande y sacrificado? ¿Cómo y por qué un amor así había acabado convirtiéndose en el odio más feroz? Si Carlos G. Vallés hubiera conocido esta historia, seguramente la habría contado en Te quiero, te odio, libro en el que explica que en todo amor, por grande que sea, se agazapan inadvertidas pequeñas dosis de odio. Los sentimientos humanos no son nunca puros –dice el jesuita español-, y allí donde hay odio puede haber también un amor muy bien agazapado, así como es posible que existan resentimientos ocultos allí donde pareciera que no hay más que vida, dulzura y esperanza nuestra. «La mamá quiere con toda el alma a su hijo –escribe-: no hay amor más bello, más puro y sacrificado en esta tierra. Pero un hijo le hace perder la libertad, la juventud: la ata; ella quisiera irse de vacaciones, y no puede; quisiera ir a algún sitio, pero tiene que atenderlo a él… Junto con ese amor inenarrable de cuerpo y alma que siente por esa criatura que ha llevado nueve meses en su seno, siente también resentimiento».

El amor es entrega absoluta, pero también retiene absolutamente; da, pero también quita; acaricia, pero también lastima; y es precisamente  en ese retener, quitar y lastimar que se introduce el odio, aunque sólo sea en pequeñísimas dosis. Al amigo se le quiere -¡cómo no va a querérsele!-, pero se le odia cuando no llama a las 7.56, como prometió hacerlo; cuando se permite un chiste de mal gusto a nuestra costa; cuando se olvida de nosotros por andar a la caza de nuevas amistades; cuando se entremete demasiado en nuestra vida, o bien cuando se entromete demasiado poco. Te quiero, te odio. He aquí la química de los sentimientos humanos. Tal es el motivo por el que Carlos G. Vallés confiesa no despertar a sus amigos ni aun cuando se lo pidan de rodillas: «Yo no despierto a nadie –confiesa serenamete- porque me odian después por despertarlos; aunque me lo agradezcan, el cuerpo está rabioso. Les digo que para eso están los despertadores; que la maquinita cargue con su odio, no yo».

Bien, esta sería la respuesta del padre González Vallés a la pregunta por el odio de aquella madre famélica, aunque un médico quizá pensaría de otra manera. Un médico diría tal vez (como el doctor Paul Chauchard, que es quien cuenta la historia en uno de sus libros) que la respuesta habría que buscarla más bien en la falta de una cierta vitamina necesaria para el organismo.  Sea como sea, una cosa es cierta: el hombre, por más que ame, no puede dejarse morir así como así. Hay que pensar también en uno, aunque sólo sea en breves periodos, aunque sólo sea de manera esporádica. Darlo todo, todo, sin dejar nada para sí, puede ser un bello gesto de generosidad, pero que a la larga corre el riesgo de convertirse en odio, en ganas de torcerle el pescuezo a la misma persona que se ama.

El Papa Benedicto XVI lo dijo con claridad: el que da, también quiere recibir, y si no recibe nunca, se cansa y se va; he aquí cómo lo dijo exactamente en esa encíclica bellísima titulada Deus caritas est: «El hombre no puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente. No puede dar únicamente y siempre: también desea recibir. Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don» (n. 7).

Hay que amar a los otros como a uno mismo, dice la Escritura santa, pero no más que a uno mismo, ni tampoco menos. Pues si la balanza se inclina hacia acá, el amor deja de existir y se convierte en egoísmo; pero si se carga sólo hacia allá –sólo hacia los otros, como pasó con aquella madre buena pero ingenua- el amor también deja de existir y se convierte en odio.

Sí, el gesto de aquella madre nos parece abnegado y generoso, pero el tiempo reveló que era imprudente. ¿En dónde está el punto de equilibrio del amor? En hacerle caso a Dios y aceptar que tal equilibrio está justamente aquí: en que no debemos pensar sólo en nosotros mismos, pero que tampoco podemos olvidarnos por completo. ¡Todo hubiera acabado bien si la madre, bajando la cabeza, se hubiera sentado a la mesa con sus hijos compartiendo lo poco que tenían! Después de todo, también ella tenía ese modesto derecho. ¿O me equivoco?

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#4 Tiempos

Un periódico científico potosino en el siglo XIX | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

 

Las actividades de divulgación de la ciencia en San Luis Potosí, lejos de lo que pudiera pensarse, no surgieron en las últimas fechas, por el contrario, tienen una rica historia que se remonta a los albores del siglo XIX. Una de las primeras formas en que se manifestaron fue en las publicaciones periódicas.

Entre los periódicos dirigidos al público en general que incluían temas de ciencia y arte, editados en San Luis Potosí durante el siglo XIX, se encuentra uno que llegó a tratar de manera muy especial los temas científicos, y realizó de esta forma una labor de divulgación científica, en la cual, escritores interesados en las ciencias, entre ellos literatos y científicos, colaboraban de manera regular. El periódico en cuestión es La Voz de San Luis, que comenzó a publicarse en el mes de enero de 1883.

Dicha publicación tenía una sección de ciencias, que recogía noticias publicadas en periódicos de todo el mundo, así como artículos que se escribían especialmente para el periódico. Además, algunos temas de ciencias, también se trataban en la sección de gacetilla, por ejemplo, en la edición del 17 de enero de 1884, se trató sobre el color del cielo; ahí se reproducía una explicación publicada en un periódico americano, como dice la nota, acerca del color rojo que se observa en el horizonte al ponerse el sol; o notas sobre otorgamiento de privilegios, como el concedido a Francisco Estrada, ilustre científico potosino, por un sistema de transmisión telefónica, publicada el 3 de enero de 1884.

Los redactores eran el licenciado Manuel José Othón, Ventura Dávalos y Francisco de A. Castro, el editor y administrador era Francisco de Paula Cossío y Peña. En enero de 1884 apareció como director y responsable el licenciado Primo Feliciano Velásquez, quien por las mismas fechas dirigía el periódico El Estandarte y como administrador, Pioquinto G. López.

Como muestra del tipo de artículos de divulgación científica que llegaron a publicarse, mencionamos los títulos de algunos que aparecieron en los primeros números. En febrero de 1883 se comenzó a publicar la primera parte de un artículo en varias entregas, que fue escrito por el doctor don José María Dávila, cuyo el título es “Historia del descubrimiento de la circulación de la sangre”. El 18 de marzo de 1883 apareció el artículo “Las camisas de Edison”, que trata acerca de una camisa para no lavar inventada por Edison. El 24 de junio de 1883, salió “Tempestades en el Sol”, una traducción especial para La Voz de San Luis, tomado del periódico científico The Manufacturer and Builder. El primero de julio de 1883 se publicó “Los estados de existencia de la Tierra”, escrito por el ingeniero Pedro López Monroy, que se desempeñaba en el mineral de Catorce, y después participaría como catedrático del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y director del mismo en los albores del siglo XX.

El 28 de julio de 1883 apareció el artículo “Telégrafo entre Marte y la Tierra”. El 5 de agosto de 1883 se habló sobre la adulteración de la cerveza. El 9 de septiembre de 1883 se publicó “Influencias conservadoras contra el cólera y el tifus”. El 31 de enero de 1884 con el título “Adelanto industrial”, se dio cuenta de la construcción de un coche de ferrocarril urbano construido en San Luis Potosí por Tereso J. Celis. El 7 de febrero de 1884 salió la primera parte del artículo “Discurso sobre etnografía o estudio comparativo de lenguas”. El 14 de febrero se describió el cometa que se observaba en el cielo en ese momento.

Lo anterior nos da una idea del tipo de tratamiento, en cuanto a temas científicos, del periódico, así como los colaboradores que, como se puede observar, eran grandes literatos y científicos potosinos, tanto el cuerpo de redactores como de colaboradores.

Por si fuera poco, La Voz de San Luis también se encargaba de publicar el Boletín de La Voz de San Luis, que inició su circulación al parejo del periódico. Sus redactores eran los licenciados Primo Feliciano Velásquez y Manuel José Othón.

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Duda Razonable | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

«Hemos satanizado la figura de la policía como abusivos, como autoridades que son represoras, como que son arbitrarias. Sin embargo, si tú te colocas en los zapatos de un policía, dices: Bueno, ¿con qué voy a trabajar? ¿Cuál es mi capacidad o cuáles son los medios técnicos para hacer intervenciones, hacer fijaciones, tener vigilancia, tener personal, transporte? No los tienes. Entonces tienes que recurrir a ciertas mañas o ciertas muletas que, en un momento dado, rayan en la ilegalidad. Pero, a final de cuentas, si queremos un omelette, tenemos que romper uno que otro huevo.» Estas fueron las palabras que pronunció un ex funcionario de la Fiscalía General del Estado de Tabasco para Duda Razonable, la nueva miniserie documental de Roberto Hernández —director del documental Presunto Culpable— que se estrenó en Netflix el martes pasado.

Duda Razonable desmenuza la historia procesal de cuatro personas que, por una u otra razón, se encontraban en el lugar equivocado y en el momento incorrecto. En Macuspana, Tabasco, a mediados de 2015, una persona tratando de hacerse justicia por propia mano y con cierta influencia local, en connivencia con las autoridades policiales del lugar, señaló como responsables del secuestro de su hermana a estos cuatro sujetos, que fueron aprehendidos, torturados y encarcelados sin mayor trámite. Además de sufrir la corrupción, brutalidad y negligencia de policías, agentes del MP, fiscales y jueces de control, los cuatro sujetos también se encontraron a la merced de la incompetencia de los defensores de oficio, que estuvieron lejos de lograr tan solo un destello de libertad y de justicia. Casi cuatro años después y con el apoyo de un hábil abogado que logró que se desestimaran las acusaciones de secuestro, la Fiscalía del Estado les fabricó una acusación ahora solo por la tentativa de secuestro, misma que mantiene a tres de ellos en prisión y sentenciados con la pena máxima que corresponde a ese delito (50 años).

Más allá de la indignante historia procesal de cuatro sujetos, Roberto Hernández documenta momentos de las vidas de Juan Luis López, Gonzalo García, Héctor Muñoz y Darwin Morales y de sus familias, que de un momento a otro se vieron truncadas y afectadas de manera sustancial por delitos fabricados y que en el mejor de los casos se sustentaron con pruebas confeccionadas. Más allá de la intolerable corrupción del sistema penal, el documental muestra la historia de Andrés Andrade, un muy capaz abogado defensor que, sin cobrar, demostró la inocencia de Juan Luis, Gonzalo, Héctor y Darwin, pero que tuvo que abandonar Tabasco luego de que coincidentemente se incendió su camioneta después de una de las audiencias. Más allá de las encabronantes declaraciones de funcionarios cínicos, Duda Razonable nos permite observar cómo opera la justicia a ras de suelo y en cada una de sus etapas, manejada primero por policías en condiciones laborales indignas y motivados por incentivos perversos; y culminada por juezas y jueces que en el mejor de los casos no están debidamente capacitados para impartir justicia.

La realización de Duda Razonable, como lo narra su director Roberto Hernández, deviene de una serie de encuestas que se realizaron en la prisión de Macuspana sobre cómo vivieron sus internos la entrada en vigor en 2016 del sistema penal acusatorio, que sustituyó al sistema inquisitivo. Hernández encontró que realmente muy poco había cambiado en la manera en que se presentan ante la justicia a las personas acusadas de cometer algún delito.

Precisamente uno de los objetivos que tenía la transición del sistema inquisitivo al acusatorio era quitarle valor a las pruebas obtenidas mediante tortura, mismas que sustentaban la teoría del caso casi en su totalidad. Con el sistema acusatorio, los testimonios de los acusados que se obtienen ante el Ministerio Público carecen de valor probatorio, dado que es ahí en donde más se les suele torturar. Sin embargo, aún con el nuevo sistema, las tortura sigue siendo una práctica generalizada en el país.

Las encuestas levantadas en Macuspana por Roberto Hernández motivaron a que el INEGI realizara su primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en 2016, en la que se encuestaron a más de 60 mil personas internas en prisiones de todo el país. La ENPOL demostró, entre otras cosas, la magnitud del problema de fabricación de culpables y de tortura que impera en nuestro país. Por ejemplo, de las más de 180 mil detenciones realizadas en el sexenio de Calderón, 80 mil fueron sin la orden de un juez. Asimismo, 100 mil personas reportaron haber sido golpeadas o pateadas durante el arresto; 50 mil fueron presionadas por las autoridades para dar otra versión de los hechos y más de 30 mil no contaron con la presencia de un abogado. La ENPOL está pensada para realizarse cada tres años; sin embargo, el recorte de cinco mil millones de pesos que aplicó López Obrador al INEGI en 2019 no permitió que se llevara a cabo la encuesta.

Los eventos de tortura y de fabricación de culpables varían entre estados y, ciertamente, varían en función del delito del que se trate la acusación. Para Tabasco —el caso que analizó Roberto Hernández— es casi un hecho que las personas acusadas de secuestro serán víctimas de tortura. Mientras ello sucede, el gobierno de Tabasco presume ante la sociedad que decenas de bandas de secuestradores son desarticuladas mes con mes, al tiempo que más historias de vida como las de Juan Luis, Gonzalo, Héctor y Darwin se replican. Ello responde a la lógica de tomar alguno de los fenómenos que más aquejan a la sociedad en determinado momento y obtener capital político de ahí: populismo penal, se le llama. Este consiste, entre otras cosas, en modificar la ley y aumentar el número de años de pena privativa de la libertad a quienes cometan determinado delito, usualmente acompañado de una eficiente política de fabricación de culpables para demostrarle a la sociedad que dicho modelo está funcionando con gran éxito. Duda Razonable nos recuerda por qué debemos tener especial cuidado cuando los gobiernos comienzan a prestar atención a ciertos delitos, como ha sucedido, por ejemplo, en esta administración, que ha ampliado dramáticamente el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, específicamente a aquellos relacionados con corrupción.

Duda Razonable nos demuestra también que el grueso de la justicia mexicana, su gran mayoría, es aquella que sucede en los estados y que suele recibir muy poca atención. Definitivamente son alentadoras las palabras de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, cuando nos dice que la justicia no se detuvo durante la pandemia o que la nueva reforma judicial es la más importante de los últimos 25 años. Sin embargo, eso solo será realidad para la justicia en el ámbito federal y al menos en solo una fracción de ella. En contraste, la justicia en el ámbito local se vigila por consejos de la judicatura ineficientes, rebasados e inclusive inexistentes en algunos estados. En lo que respecta a las investigaciones de delitos, solo nos podemos imaginar cómo operan las fiscalías estatales cuando vemos la desastrosa gestión de Gertz al frente de la FGR, que sí recibe atención, recursos y respaldo del gobierno.

Más importante que todo, me parece, Duda Razonable es excelente en trasmitirnos que debemos pensar al Derecho y a lo que sucede dentro de nuestro sistema de justicia siempre con las personas y sus historias de vida en el centro.

Fácilmente se pueden hacer declaraciones como las del inicio de este texto. Sin embargo, las cosas cambian drásticamente cuando a esas declaraciones se les apareja un nombre, un rostro, la historia de alguien. Nuestra liga social está ya demasiado tensa y poco aguantará de mantenerse esta política penal deshumanizante e indigna.

En El Tunel, primer documental dirigido por Roberto Hernández, la académica Layda Negrete se preguntaba «qué pedacito de nuestro sistema (inquisitivo, en ese entonces) podría exportarse a Suecia». Se trataba de un sistema que entonces no satisfacía a nadie: ni a víctimas ni a acusados. Ahora, a casi seis años de la implementación en todo el país del sistema penal acusatorio, ¿A quién se le satisface? ¿Las víctimas son reparadas? ¿Se respeta el debido proceso? ¿Qué pedazo de nuestro sistema acusatorio tiene calidad de exportación? Para entender mejor, indispensable ver Duda Razonable.

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