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Guardia Nacional: ¿solución o escape para los gobiernos locales?
En San Luis Potosí aún no hay fecha para que comience a operar la Guardia Nacional, que incumplió el compromiso de implementar un mando civil
Por: El Saxofón
A contrapelo de sus partidos, la mayoría de los gobernadores de los estados del país, aceptaron sin chistar la creación de la Guardia Nacional, propuesta por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y tampoco dijeron nada cuando se incumplió el compromiso de dotar a la nueva corporación de un mando civil, y se impuso a un militar en retiro.
Ningún gobernador hasta ahora, ha hecho eco de las advertencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil que señalan el riesgo para los derechos humanos que implica esta nueva forma de militarización.
Los mandatarios se han replegado, y han asumido tácita o expresamente la debilidad e incapacidad de sus cuerpos policiacos para controlar la violencia y la criminalidad.
Para los gobiernos estatales, que el Gobierno Federal vuelva a asumir en sus manos la agenda de seguridad les quita un peso de encima.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración federal buscó delegar responsabilidades en materia de seguridad a los gobernadores. Fueron numerosos los “respetuosos” llamados desde la Secretaría de Gobernación a los gobiernos locales, a que hicieran su parte en el trabajo.
A la luz de las cifras y de los hechos, falló el gobierno federal, pero también fallaron los gobiernos locales, y eso se sabe en cada estado. La inseguridad creció más que en el sexenio anterior. Las entidades que recibieron apoyo, algunas mejoraron, otras siguen igual. Pero mientras se apoyaba a unas, en otras la delincuencia iba creciendo hasta llegar a casos graves como el de Guanajuato.
Otras entidades, como Tamaulipas, siguen estando igual que en años anteriores. Tal parece que allí no pasa sino lo que la delincuencia quiere que pase.
El 18 de abril de 2018, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong hizo el enésimo llamado a las autoridades a fortalecer las instituciones de seguridad municipales y estatales, y asumir una labor de corresponsabilidad para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Osorio Chong, lamentó que los intereses electorales y partidistas frenaran la depuración de las corporaciones policiales y manifestó su rechazo a un eventual mando mixto, que por entonces se discutía en el Congreso de la Unión.
Este fue uno de los últimos llamados a los gobiernos estatales a hacer su parte en el tema de la inseguridad, pero antes hubo varios.
El 21 de diciembre de 2016 Osorio Chong, urgió a los estados y municipios a fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, así como a potenciar sus capacidades operativas para hacer frente a la inseguridad.
En esa ocasión, durante la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, advirtió que la función que desempeñaban las fuerzas federales debía ser complementaria y concurrente a la labor que realizan las autoridades locales.
“Es indispensable fortalecer las capacidades del Estado, particularmente las locales, en donde la debilidad institucional ha cedido espacios de acción y expansión al fenómeno delictivo”, manifestó.
En presencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores, Osorio Chong destacó que la Federación había otorgado recursos, brindado capacitación y asistencia técnica, y compartido tecnología e información con entidades y municipios.
El 2 de febrero de 2017, el titular de la Segob, encabezó junto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la reunión de seguridad en esa entidad, donde aseveró que era fundamental fortalecer las instituciones de seguridad local para combatir con mayor eficacia la delincuencia.
El 5 de mayo de ese mismo año, justificó que el incremento de inseguridad en el país era debido a la debilidad de instituciones policiales en estados y municipios. Además se refirió a la desarticulación de bandas del crimen organizado que se quedaron sin sus líderes y la falta de legislación en materia de seguridad, como otros factores importantes.
Por esa misma época, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en su espacio de Radio Fórmula, Osorio Chong subrayó que ante la falta de un marco legal adecuado para atender el tema de la inseguridad en el país, la Federación tiene que actuar. Sin embargo, añadió, el problema era que estados y municipios no habían cumplido con el fortalecimiento de sus instituciones de policía, y advirtió que se les condicionaría el apoyo.
“Si nos piden (estados y municipios) renovación de convenio para que las Fuerzas Armadas estén en sus estados, sí lo vamos a firmar a partir del compromiso de formación de instituciones. Si no hay compromiso, no firmamos. No es un acto de irresponsabilidad, sino al contrario”, dijo.
En suma, la segunda mitad del sexenio pasado se fue en repartir culpas: cuando se recrudecía la violencia en alguna entidad, el gobierno estatal en turno tenía dos opciones: o pedía ayuda, o acusaba el abandono del gobierno federal.
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El gobierno de López Obrador, que apenas arranca, se ha mostrado consciente de lo mal que siguen estando las corporaciones locales. En este sentido, el Gobierno Federal ha retomado en sus manos la responsabilidad de recuperar la seguridad en las entidades federativas; igual que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, o en los primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto; lo que presuntamente difiere, son las formas y la estrategia.
Hubo algunos cambios, se quitó a la Secretaría de Gobernación su responsabilidad en este tema y se creó la Secretaría de Seguridad.
Hasta hace unas semanas, la Secretaría de Seguridad, al mando de Alfonso Durazo Montaño, tenía identificadas a 21 regiones del país que requerían atención urgente; sin embargo, el pasado 13 de marzo, se dio a conocer que dichas regiones habían aumentado a 45, y que incluso podrían aumentar a 70.
Sin embargo, por ahora, la Guardia Nacional recién creada y al mando del General Luis Rodríguez Bucio, actuará en 21 regiones, mientras que para las 24 restantes, entre las que se incluye San Luis Potosí, aún no hay fecha para que inicien las operaciones de la nueva corporación federal.
Se trata de 24 ciudades en 16 estados del país, entre las que destacan: Cuernavaca, Morelia, Uruapan, Puerto Lázaro Cárdenas, Oaxaca capital, Hermosillo, Ciudad Nezahualcóyotl, Querétaro capital, San Luis Potosí capital, La Paz, Fresnillo, Tlaxcala capital, Puebla capital y Villahermosa.
Alfonso Durazo reconoció que hay 50 regiones que necesitan atención urgente, sin embargo, también dijo que no hay personal suficiente para cubrirlas, por lo que hay que esperar.
Como se puede ver, en el discurso es notorio que el gobierno federal ha asumido la responsabilidad de la seguridad en dichas regiones. Si bien se sigue haciendo alusión a la coordinación que debe haber con las autoridades locales, esta no se nota en los hechos.
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A más de diez años del inicio de la guerra contra el narco, el Estado luce cansado, descompuesto. Años de “combate”, miles de millones de pesos destinados a la seguridad en estados y municipios, hasta hoy, no se traducen en un solo saldo favorable. Nuevo León por ejemplo, que vivió una época de terror y logró controlar el problema durante unos años, hoy vuelve a vivir tiempos violentos.
Nuevo León vive una ola de violencia, principalmente en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey que comprende Cadereyta, Santiago, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García. Robo y homicidio son los principales delitos.
El caso de Nuevo León, o el aumento sostenido de la incidencia delictiva en San Luis Potosí en los últimos años, prueban que la criminalidad está sin control y que, por más estrategia que apliquen los gobiernos, la violencia siempre está a un tris de estallar.
La nueva manera de enfrentar la delincuencia apenas empieza a cobrar forma, por ahora el gobierno federal ha podido ponerse de acuerdo con la mayoría de los gobernadores, habrá que ver qué pasa cuando la estrategia se aplique de lleno y empiece a generar resultados, sean estos cuales fueren, positivos o negativos.
Sin duda alguna, en los últimos 12 años, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia, y éste ha quedado en manos de los criminales.
Llevamos doce años invirtiendo dinero en las corporaciones locales. Para eso se crearon programas como el Subsemun (Subsidio para la Seguridad Municipal), el Fortaseg (Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad), el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) y no hay resultados.
En los últimos 3 años, de 2016 al 2018, la criminalidad aumentó en varias regiones del país, y se sigue diciendo que las policías estatales y municipales carecen de equipamiento y formación; incluso muchas autoridades locales consideran que enfrentarse a los grupos de crimen organizado es imposible.
De esta manera recursos y discurso han ido concentrando la responsabilidad de la seguridad pública cada vez más en el nivel federal.
El gobierno de López Obrador ha decidido apoyar su estrategia en el Ejército y la Marina, las únicas corporaciones que mantienen un nivel alto de credibilidad, pese a los atropellos que sus elementos han cometido, algunos de los cuales han sido de conocimiento público.
El cuadro que nos han pintado en los últimos años, le hacen pensar a cualquiera que no hay otra opción. Algunos han planteado qué hacer para evitarlo: fortalecer a las policías estatales y municipales, pero no han planteado el cómo. Llevamos 12 años en eso y no hemos logrado fortalecer nada.
Ante este panorama cualquiera diría que sacar al Ejército de las calles y devolverlo a los cuarteles sería una decisión descabellada, aún aquellos que se oponen a la militarización.
https://laorquesta.mx/2017-ano-mas-robos-violentos-homicidios-violaciones/
Desde el tintero
Culto Público: Hay semanas que no caben en una sola columna, como esta que dejó más asuntos sueltos que botones de camisa vieja.
Entre encuentros discretos, filtraciones que queman, payasos bocones, coartadas perfectas con IA, y un municipio bebé que no termina de hacer berrinche, van mis Apuntes antes de que alguno se me escape.
Son temas que se me quedaron en el tintero, breves y sueltos, pero no huérfanos. (Advierto que, como en el manicomio, no están todos los que son, ni son todos los que están. Diré que me reservé uno que otro asunto para otras entregas o para el olvido. (La verdad es que no tuve tiempo de escribir poco)
RITA Y RICARDO
Así como muy disimulados, se reunieron ayer la dirigente de Morena en San Luis, Rita Ozalia Rodríguez, y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo por ahí del medio día.
Compañeros reporteros vieron que Rita hasta llegó con regalo para el mandatario (puede ser de cumpleaños, que fue en días pasados, del intercambio de navidad que hayan hecho entre ellos, o solamente un gesto de buena voluntad, usted elija la mejor opción)
SE TRATARON BIEN
Para nadie es un secreto que la relación entre Morena y el Verde en San Luis no es la mejor, por decir lo menos, y ha estado siempre del carajo por decir lo más.
Sin embargo, ambos bloques tienen que cuidar las formas porque -les guste a los guindas y verdes o no- a nivel federal son aliados y a la presienta Claudia no le gustan los pleitos. Además, sobrellevar una relación cordial, y de buen trato personal no hace daño a nadie -al contrario- se eleva el nivel de hacer política.
PREGUNTA OBLIGADA: ¿PARA QUÉ?
Lo que si guardaron tanto la dirigente como el gobernador en el cajón del sigilo, fue la razón de fondo por la que se reunieron ambos personajes, no obstante, en entrevista posterior al encuentro, Ricardo Gallardo dejó ver algunas pistas. Para empezar adelantó que en enero la propia presidenta daría un anuncio de gran relevancia para San Luis.
Alguien preguntó que si sería un anuncio político…y a mi me dio un poco de risa, digo, ¿cómo de qué otro tipo de anuncio haría la presidenta y el gobernador? ¿Del clima o de cocina? (Jajaja en fin…)
LO QUE NO SE DIJO
Sobre el anuncio se podrían hacer al menos media docena de especulaciones, como la construcción de un segundo piso en la carretera 57 o su ampliación, por ejemplo, o la reconstrucción total del acueducto de la presa de El Realito, la inversión público-privada de una nueva carretera a Querétaro a partir de la Zona Industrial y algunas otras que se me ocurren de esa magnitud.
Pero más allá de la obra o acción gubernamental que se de a conocer en enero, no hay que perder de vista, que el primer mandatario, lo da a conocer luego de platicar con Rita, es decir, Rita no solamente es la dirigente local de un partido en la localidad, también puede ser el puente de comunicación directo y no oficial -que suelen ser muy convenientes en los pasillos del poder- no solo entre Claudia Sheinbaum, y Ricardo Gallardo, sino también con su hermana, la Secretaria de Gobernación, o sea, dos voces través de un solo canal, y eso, guste o no, ya pone en otro lugar del tablero a la de Xilitla.
¿Cómo supo Ricardo del anuncio de enero? ¿A quién se lo confió la presidenta, a él o se lo mandó decir con Rita?
“VAMOS JUNTOS EN ESTE PROCESO”
Literalmente y sin pregunta expresa, con esa frase remató el gobernador el tema de la cordialidad y los términos en que se llevó la junta (en la que además, se dijo, también participaron diputados federales de ambos partidos). No quiero pecar de mal pensado (que sí lo soy) pero la frase que suena a que en la reunión también se habló de política electoral.
Los estatutos de Morena, están claros, ¿Será que se están barajando otros escenarios (además del que ya nos queda claro a todos)…en los que jugarían juntos jamaicas y limones? Nada está escrito, pero el tiempo vuela y las circunstancias son caprichosas.
FILTRACIONES QUE MATAN
Ya se supo, por el propio personal de la FGE y porque era muy evidente, que el policía de investigación que lleva a cabo el interrogatorio del homicida confeso de Jorge Dávila, el estudiante de estomatología, fue Alejandro Menchaca Sustaita,
La Ley en México, a través del Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, tipifica la divulgación indebida de información de investigaciones penales como un delito grave y que se sanciona con cárcel.
Qué irónico, tras la filtración, el homicida confeso podría salir libre si su defensa utiliza esa divulgación deliberada de información para desacreditar el proceso, y el interrogador-filtrador, podría ir a la cárcel. ¿Y la justicia para Jorge Dávila?
HASTA PARA SER BRUTO, ES BRUTO
No cabe duda que para burro no se estudia (con todo respeto para los jumentos). En días pasados circuló una video-entrevista que le hicieron al Payaso Tekmoloco, también conocido como José Luis Romero Calzada.
Todo iba bien hasta que el propio bufón, declara-confiesa que en sus mismas oficinas de Ciudad Valles, es donde se entregan los apoyos sociales del estado (a los que el dice que les agrega proteínas y otras cosas) situación que a todas luces, está prohibida por la Ley porque no se puede hacer uso de los programas sociales con fines políticos.
Bueno, pues no satisfecho con eso y como para meter la pata en grande (digo por los zapatotes de payaso) sin cortar la transmisión de la entrevista, el Tekmoloco enseña en video que a un lado de donde se hace el reparto, está instalado y funcionando un módulo de afiliación al Partido Verde Ecologista.
No bueno…de verdad que le está saliendo caro al Verde haber invitado a semejante personaje que lo único que ha hecho es meterlos en problemas, y dar pie a escándalos. Lo único bueno, y eso con sus reservas, es que ya no hace tantos videos ridículos en sus redes (Espero no invocarlo)
MUNICIPIO BEBÉ LLORÓN
A ese municipio Bebé de Villa de Pozos, lo están malcriando. Aunque cambió de mamá, todos los días sigue haciendo berrinche por lo mismo: odia al Interapas, es lo peor, no les da agua, no sirve para nada y en pocas palabras no lo pueden ver ni en pintura. Ahhhh ¿pero qué tal si no lo tuvieran? Nadie los pellizcó ni les dobló la mano para que firmaran el convenio para tener el servicio de agua, única razón por la que pueden dotar de h20 al municipio.
Ayer el organismo operador reparó el Pozo “El Palmar” con lo que se soluciona el suministro para varias colonias. Aun así, patalean. El bebé necesita el bibe, pero lo detesta.
¿Y LO QUE DEBÍAS?
El alcalde Galindo recordó públicamente que Villa de Pozos tendrá que pagar la parte proporcional de un préstamo a largo plazo del que fue beneficiado cuando aún era delegación. Hasta donde entiendo, la deuda ni siquiera va para las arcas de la capital, pues se debe directamente a una institución financiera.
Rápido el secretario del Concejo Municipal poceño, salió a decir que ellos ni deben nada a nadie y que le hagan como quieran (con su respectiva raspada al gobierno capitalino)
Que ganas de patear el pesebre. Total si no le quieren pagar al banco pues allá ellos, y si están tan seguros que no le deben a nadie entonces ¿para qué tanto aspaviento?
Hasta aquí por hoy, y hasta la próxima.
Jorge Saldaña.
Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También lee: Pozos no ha pagado su deuda: Galindo
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