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Guardia Nacional: ¿solución o escape para los gobiernos locales?
En San Luis Potosí aún no hay fecha para que comience a operar la Guardia Nacional, que incumplió el compromiso de implementar un mando civil
Por: El Saxofón
A contrapelo de sus partidos, la mayoría de los gobernadores de los estados del país, aceptaron sin chistar la creación de la Guardia Nacional, propuesta por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y tampoco dijeron nada cuando se incumplió el compromiso de dotar a la nueva corporación de un mando civil, y se impuso a un militar en retiro.
Ningún gobernador hasta ahora, ha hecho eco de las advertencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil que señalan el riesgo para los derechos humanos que implica esta nueva forma de militarización.
Los mandatarios se han replegado, y han asumido tácita o expresamente la debilidad e incapacidad de sus cuerpos policiacos para controlar la violencia y la criminalidad.
Para los gobiernos estatales, que el Gobierno Federal vuelva a asumir en sus manos la agenda de seguridad les quita un peso de encima.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración federal buscó delegar responsabilidades en materia de seguridad a los gobernadores. Fueron numerosos los “respetuosos” llamados desde la Secretaría de Gobernación a los gobiernos locales, a que hicieran su parte en el trabajo.
A la luz de las cifras y de los hechos, falló el gobierno federal, pero también fallaron los gobiernos locales, y eso se sabe en cada estado. La inseguridad creció más que en el sexenio anterior. Las entidades que recibieron apoyo, algunas mejoraron, otras siguen igual. Pero mientras se apoyaba a unas, en otras la delincuencia iba creciendo hasta llegar a casos graves como el de Guanajuato.
Otras entidades, como Tamaulipas, siguen estando igual que en años anteriores. Tal parece que allí no pasa sino lo que la delincuencia quiere que pase.
El 18 de abril de 2018, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong hizo el enésimo llamado a las autoridades a fortalecer las instituciones de seguridad municipales y estatales, y asumir una labor de corresponsabilidad para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Osorio Chong, lamentó que los intereses electorales y partidistas frenaran la depuración de las corporaciones policiales y manifestó su rechazo a un eventual mando mixto, que por entonces se discutía en el Congreso de la Unión.
Este fue uno de los últimos llamados a los gobiernos estatales a hacer su parte en el tema de la inseguridad, pero antes hubo varios.
El 21 de diciembre de 2016 Osorio Chong, urgió a los estados y municipios a fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, así como a potenciar sus capacidades operativas para hacer frente a la inseguridad.
En esa ocasión, durante la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, advirtió que la función que desempeñaban las fuerzas federales debía ser complementaria y concurrente a la labor que realizan las autoridades locales.
“Es indispensable fortalecer las capacidades del Estado, particularmente las locales, en donde la debilidad institucional ha cedido espacios de acción y expansión al fenómeno delictivo”, manifestó.
En presencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores, Osorio Chong destacó que la Federación había otorgado recursos, brindado capacitación y asistencia técnica, y compartido tecnología e información con entidades y municipios.
El 2 de febrero de 2017, el titular de la Segob, encabezó junto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la reunión de seguridad en esa entidad, donde aseveró que era fundamental fortalecer las instituciones de seguridad local para combatir con mayor eficacia la delincuencia.
El 5 de mayo de ese mismo año, justificó que el incremento de inseguridad en el país era debido a la debilidad de instituciones policiales en estados y municipios. Además se refirió a la desarticulación de bandas del crimen organizado que se quedaron sin sus líderes y la falta de legislación en materia de seguridad, como otros factores importantes.
Por esa misma época, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en su espacio de Radio Fórmula, Osorio Chong subrayó que ante la falta de un marco legal adecuado para atender el tema de la inseguridad en el país, la Federación tiene que actuar. Sin embargo, añadió, el problema era que estados y municipios no habían cumplido con el fortalecimiento de sus instituciones de policía, y advirtió que se les condicionaría el apoyo.
“Si nos piden (estados y municipios) renovación de convenio para que las Fuerzas Armadas estén en sus estados, sí lo vamos a firmar a partir del compromiso de formación de instituciones. Si no hay compromiso, no firmamos. No es un acto de irresponsabilidad, sino al contrario”, dijo.
En suma, la segunda mitad del sexenio pasado se fue en repartir culpas: cuando se recrudecía la violencia en alguna entidad, el gobierno estatal en turno tenía dos opciones: o pedía ayuda, o acusaba el abandono del gobierno federal.
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El gobierno de López Obrador, que apenas arranca, se ha mostrado consciente de lo mal que siguen estando las corporaciones locales. En este sentido, el Gobierno Federal ha retomado en sus manos la responsabilidad de recuperar la seguridad en las entidades federativas; igual que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, o en los primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto; lo que presuntamente difiere, son las formas y la estrategia.
Hubo algunos cambios, se quitó a la Secretaría de Gobernación su responsabilidad en este tema y se creó la Secretaría de Seguridad.
Hasta hace unas semanas, la Secretaría de Seguridad, al mando de Alfonso Durazo Montaño, tenía identificadas a 21 regiones del país que requerían atención urgente; sin embargo, el pasado 13 de marzo, se dio a conocer que dichas regiones habían aumentado a 45, y que incluso podrían aumentar a 70.
Sin embargo, por ahora, la Guardia Nacional recién creada y al mando del General Luis Rodríguez Bucio, actuará en 21 regiones, mientras que para las 24 restantes, entre las que se incluye San Luis Potosí, aún no hay fecha para que inicien las operaciones de la nueva corporación federal.
Se trata de 24 ciudades en 16 estados del país, entre las que destacan: Cuernavaca, Morelia, Uruapan, Puerto Lázaro Cárdenas, Oaxaca capital, Hermosillo, Ciudad Nezahualcóyotl, Querétaro capital, San Luis Potosí capital, La Paz, Fresnillo, Tlaxcala capital, Puebla capital y Villahermosa.
Alfonso Durazo reconoció que hay 50 regiones que necesitan atención urgente, sin embargo, también dijo que no hay personal suficiente para cubrirlas, por lo que hay que esperar.
Como se puede ver, en el discurso es notorio que el gobierno federal ha asumido la responsabilidad de la seguridad en dichas regiones. Si bien se sigue haciendo alusión a la coordinación que debe haber con las autoridades locales, esta no se nota en los hechos.
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A más de diez años del inicio de la guerra contra el narco, el Estado luce cansado, descompuesto. Años de “combate”, miles de millones de pesos destinados a la seguridad en estados y municipios, hasta hoy, no se traducen en un solo saldo favorable. Nuevo León por ejemplo, que vivió una época de terror y logró controlar el problema durante unos años, hoy vuelve a vivir tiempos violentos.
Nuevo León vive una ola de violencia, principalmente en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey que comprende Cadereyta, Santiago, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García. Robo y homicidio son los principales delitos.
El caso de Nuevo León, o el aumento sostenido de la incidencia delictiva en San Luis Potosí en los últimos años, prueban que la criminalidad está sin control y que, por más estrategia que apliquen los gobiernos, la violencia siempre está a un tris de estallar.
La nueva manera de enfrentar la delincuencia apenas empieza a cobrar forma, por ahora el gobierno federal ha podido ponerse de acuerdo con la mayoría de los gobernadores, habrá que ver qué pasa cuando la estrategia se aplique de lleno y empiece a generar resultados, sean estos cuales fueren, positivos o negativos.
Sin duda alguna, en los últimos 12 años, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia, y éste ha quedado en manos de los criminales.
Llevamos doce años invirtiendo dinero en las corporaciones locales. Para eso se crearon programas como el Subsemun (Subsidio para la Seguridad Municipal), el Fortaseg (Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad), el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) y no hay resultados.
En los últimos 3 años, de 2016 al 2018, la criminalidad aumentó en varias regiones del país, y se sigue diciendo que las policías estatales y municipales carecen de equipamiento y formación; incluso muchas autoridades locales consideran que enfrentarse a los grupos de crimen organizado es imposible.
De esta manera recursos y discurso han ido concentrando la responsabilidad de la seguridad pública cada vez más en el nivel federal.
El gobierno de López Obrador ha decidido apoyar su estrategia en el Ejército y la Marina, las únicas corporaciones que mantienen un nivel alto de credibilidad, pese a los atropellos que sus elementos han cometido, algunos de los cuales han sido de conocimiento público.
El cuadro que nos han pintado en los últimos años, le hacen pensar a cualquiera que no hay otra opción. Algunos han planteado qué hacer para evitarlo: fortalecer a las policías estatales y municipales, pero no han planteado el cómo. Llevamos 12 años en eso y no hemos logrado fortalecer nada.
Ante este panorama cualquiera diría que sacar al Ejército de las calles y devolverlo a los cuarteles sería una decisión descabellada, aún aquellos que se oponen a la militarización.
https://laorquesta.mx/2017-ano-mas-robos-violentos-homicidios-violaciones/
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Tensos como cuerda de piñata | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
La tensión entre la autoridad estatal y municipal está alcanzando límites peligrosos. Es una tensión diaria, inocultable, palpable y al rojo vivo.
A pesar de expresiones esporádicas como esa de “no es tiempo de enfrentarse con nadie”, las mismas duran lo que dos parpadeos, se disuelven a la velocidad de las redes y se transforman nuevamente en señalamientos de ida y vuelta.
Sin necesidad, los umbrales de tolerancia de Ricardo Gallardo y Enrique Galindo se desvanecen y el asunto ya traspasó lo institucional.
El núcleo del enojo —porque así lo comunican— radica en una suerte de competencia de colocación de mensajes y acciones que Gallardo los atribuye a Galindo y viceversa.
El riesgo es que esta guerra absurda se les salga de las manos y sean otros quienes, por “quedar bien”, escalen las hostilidades.
Se les llama “acomedidos”.
Gente que, asumiendo bandos y buscando una especie de “comprobación de lealtades”, toman “iniciativas” por su cuenta y alimentan el encono entre sus respectivos jefes.
Que eso ocurra es tanto como para un general no controlar el uso de su armamento ni a su tropa.
Como ejemplo, hace apenas un rato, el gobernador se quejó, notoriamente alterado y molesto, de que el municipio paga y pauta para que se difundan mentiras, como la del supuesto “búnker” del fraccionamiento Club de Golf, cuando se trató de un asunto doméstico (de alcances mucho más grotescos… pero finalmente un asunto íntimo con mucha violencia de género).
Por su parte, ayer domingo, el alcalde dejó ver en una entrevista (porque no acusó) que la manifestación en su contra… tenía todas las características de ser un acto de provocación.
Las mujeres inconformes se defendieron, como manada en peligro, insistiendo en que eran vecinas de la Garita de Jalisco, sin embargo, llamó la atención que no tuvieron intención de dialogar ni antes, durante ni después del evento.
Su consigna era muy vaga, poco clara, y el objetivo manifiesto, visto por muchos asistentes, era claramente arruinar el evento municipal. ¿Las mandaron? ¿Se mandaron solas? ¿Fue manifestación genuina? ¿Alguien ve Moros con tranchetes o tormentas en vasos con hielo?
El alcalde, en una frase, dejó ver lo que interpretó del asunto: “Lamento que se hayan cruzado esos límites.”
En ambos casos, estoy seguro (o por lo menos así me gusta pensar)
que ni el gobernador o el secretario general están enviando a “reventar” eventos de Galindo, ni el alcalde está detrás de los ataques mediáticos de los que se queja Ricardo.La responsabilidad de ambos es haber generado este ambiente de presión política a punto de erupción, produciendo sin control actos que ejecutan, con o sin consigna imaginaria, en el mejor de los casos, sus subalternos.
En el camino, el desgaste se lo llevan ellos, los corajes los padecen ellos, y mientras tanto, el ambiente político se enrarece y se polariza.
De acuerdo a lo que este aprendiz de reportero sabe, la comunicación institucional… es nula, lo que es un pésimo indicador.
Esta no es una guerra fría, es una guerra declarada y activa.
Habrá daños colaterales y al final pierde el Estado.
¿Cómo va a terminar esto?
Ambos gobiernos continúan con sus agendas de trabajo, y los dos tienen bastante qué presumir en obras y acciones: infraestructura, programas sociales, bacheo, iluminación, recuperación de espacios, grandes proyectos de movilidad, etc.
¿Para qué desviar la agenda pública de sus acciones desperdiciando su tiempo en efímeros golpeteos discursivos?
Finalmente, si están en guerra, ¿están seguros de controlar sus ejércitos?
Para nadie en los medios es un secreto que, con o sin conocimiento de sus jefes, perfiles y páginas son manejadas por funcionarios de Palacio (no me hagan dar nombres).
En una ruta hacia una tregua estratégica, ¿no sería sano para todos que cesaran la operación de sus portales “dejatemadreo”?
Es una idea.
Por lo menos dejarían de ser víctimas del algoritmo y de lo que ven en sus redes, que los está alterando y la ciudadanía lo nota.
Para cambiar la percepción, empiecen por cambiar la narrativa.
Yo soy Jorge Saldaña
Hasta mañana
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Seduvop denuncia robo de postes y cableado en la Vía Alterna
Leticia Vargas detalló que el hurto ha impedido que se concluya las obras de alumbrado
Por: Redacción
Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), denunció que la instalación del alumbrado público en la Vía Alterna y Avenida Salk ha sido severamente obstaculizada por el robo constante de infraestructura, incluyendo postes completos.
“Van a plena luz del día, los cortan, los cargan en camionetas y se los llevan, incluso los postes enteros. En Salk, tengo reportados más de 20 robos”, declaró Vargas Tinajero, al subrayar que ya se han interpuesto denuncias ante las autoridades correspondientes.
Aunque en algunos casos los responsables han sido detenidos, el problema persiste. Vargas no descarta que los responsables sean vecinos o personas que los venden por kilo , debido al tipo de materiales metálicos involucrados.
La funcionaria advirtió que estas acciones no solo afectan el desarrollo urbano, sino que ponen en riesgo la vida de quienes manipulan los cables, al hacerlo sin conocimientos técnicos ni medidas de seguridad. “Sí hay riesgo de electrocución, y es muy alto”, advirtió.
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1 de cada 5 embarazos en SLP es adolescente
La titular de los Servicios de Salud indicó que las embarazadas adolescentes tienen entre 13 y 17 años, aunque no hay un incremento inusual
Por: Redacción
Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, aseguró que no se ha registrado un incremento inusual en embarazos adolescentes durante el 2025, aunque reconoció que este fenómeno sigue presente y representa un desafío en salud pública pues uno de cada 5 embarazos son de menores de edad.
Dávila explicó que el porcentaje de embarazos en menores de edad se mantiene estable, dentro de los parámetros de años anteriores: “No se ha salido de la curva. Existen embarazos en adolescentes, pero no van a la alza.”
Según estimaciones de la dependencia, alrededor del 20% de los embarazos registrados anualmente en el estado corresponden a menores de edad, principalmente en rangos de 13 a 17 años. La funcionaria subrayó la gravedad del problema:
“Una madre de 13, 14 o 15 años es todavía una niña. Por eso estamos trabajando fuertemente para evitarlo.”
Para ello, destacó que se ejecutan programas dirigidos a la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la educación sexual, la prevención del embarazo no planificado y el acceso a servicios de salud. Estos esfuerzos se realizan en coordinación con los municipios, los DIFs y las instituciones educativas.
Dávila Chávez reiteró que, aunque la situación está contenida, no puede relajarse la estrategia, pues los embarazos adolescentes no solo implican riesgos para la salud de la madre y del bebé, sino también consecuencias sociales, educativas y económicas a largo plazo.
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