El gobierno de Juan Manuel Carreras lo compró con un sobreprecio de 600 millones de pesos a un compadre del gobernador, pero desde entonces no se le ha encontrado uso

Por: Bernardo Vera

En abril de 2016 se dio la noticia de que Ford Motor Company, la empresa armadora de automóviles de origen estadounidense, instalaría una de sus plantas en San Luis Potosí. La armadora estaría dentro del parque industrial Logistik y el espacio adquirido para su instalación fue resultado de una donación de 60 hectáreas hecha por el municipio de Villa de Reyes, y de la compra que hizo el gobierno estatal de otras 220 hectáreas propiedad de un empresario cercano al entonces gobernador Juan Manuel Carreras López. Sin embargo, para el 3 de enero de 2017, la armadora anunció que cancelaría la inversión que oscilaba los mil 600 millones de dólares (mdd). Una vez anunciado esto, se dio a conocer que 700 mdd se canalizarían a su planta de Flat Rock, Michigan. Esta decisión se dio en un momento polémico de la política estadounidense: Donald Trump, recién electo presidente de Estados Unidos, había amenazado a las armadoras de autos, y a otras empresas manufactureras, con imponerles impuestos más elevados por invertir en otros países y vender sus productos en Estados Unidos.

El 6 de julio de 2017, Ford Motor Company pagó 65 mdd (equivalentes a mil 169 millones de pesos) al gobierno del estado de San Luis Potosí como indemnización por cancelar la instalación de su planta. El gobernador declaró en ese entonces que con este monto, la entidad habría recuperado los 500 millones de pesos que ya había pagado por la adquisición del terreno, de 220 hectáreas, al parque industrial, mientras que los 669 millones de pesos restantes serían para liquidar el costo de dicho predio.

Gustavo Puente Orozco, entonces secretario de Desarrollo Económico, habló de dos opciones: que el gobierno conservara el terreno para alguna inversión futura, o solicitar al parque industrial el reembolso del pago hecho por el terreno. Esto, debido a que la cancelación del contrato con Ford y la disposición final del terreno eran procesos que “no se resuelven inmediatamente”.

Puente Orozco mencionó en octubre de 2019 que los terrenos a disposición podrían ser ocupados por dos empresas, aunque seguían las negociaciones y sin advertir cuáles serían las compañías interesadas.

El 11 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia por covid-19, Carreras López presentó la estrategia para reiniciar las actividades económicas en el estado de manera escalonada, entre las que destacaba la venta del terreno donde se instalaría la planta de Ford y contratar un crédito por 700 millones de pesos. De acuerdo a su valoración, la venta del terreno para Ford cubrirá aproximadamente el 50 por ciento del crédito por 700 millones de pesos y permitirá la ampliación de programas de reactivación económica. Mientras que el crédito que contrataría, habría servido para financiar equipo médico y la instalación de infraestructura que ayude a la reactivación económica de la entidad.

El congreso del Estado de San Luis Potosí analizaba entonces la posibilidad de subastar el terreno. Mauricio Ramírez Konishi, diputado local, señ aló que los recursos obtenidos de la venta de dicho predio permitiría al Gobierno del Estado hacerle frente a los impactos de la pandemia de covid-19,

en lo que se refiere a la reactivación económica de la entidad:“Es una salida que se tiene y se debe analizar con toda responsabilidad, porque definitivamente es un terreno que se pudo rescatar como parte de una negociación entre el Gobierno y la empresa norteamericana”. Sin embargo, el 25 de agosto de 2021, Ricardo Villarreal Loo, ex diputado local de la LXII Legislatura, mencionó que debería ser la próxima administración, quien determinara el destino del inmueble. Esto, luego de que en el análisis realizado por las comisiones legislativas, no se contó con la suficiente información para avanzar en la revisión de la desincorporación del mismo.

El 23 de febrero de 2022 se dio a conocer en este medio que el terreno donde se pretendía instalar la fallida planta de Ford fue adquirido por el gobierno de Juan Manuel Carreras a un precio de mil 600 millones de pesos, cuando su costo debió rondar un máximo de mil millones. Aunado a ello, ese predio además era propiedad de Jorge del Valle, amigo cercano y compadre del ex mandatario, lo que suponía un conflicto de intereses. Además, ex trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), confirmaron que el resto de opciones de espacios para regalar a Ford fueron descartados bajo el argumento de “no cumplir con los requerimientos de la armadora”.

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador actual de San Luis Potosí, declaró que el valor fue encarecido debido a que la administración de Carreras “subsidió cosas”. Además, calificó el movimiento entre Carreras y Del Valle como un fraude, toda vez que el terreno se encuentra ubicado en una zona que tiene una única vía de acceso, misma que es de cuota, por lo que los trabajadores de las empresas que se pudieran instalar deberían pagar peaje diariamente. Por lo que instruyó a Juan Carlos Valladares Eichelmann, secretario de Desarrollo Económico, a traer empresas “interesadas en quedarse con dicho espacio”. Además, el gobernador mencionó que presentarán las denuncias correspondientes contra Juan Manuel Carreras López por el supuesto fraude, debido a que “dejaron una deuda de 100 millones de pesos de mantenimiento además de una serie de irregularidades”.

Gallardo mencionó que el terreno que iba a ser utilizado por la empresa Ford, será fraccionado para la instalación de cuatro empresas, o más. De ellas, una empresa de origen japonés ya habría confirmado su participación. Mencionó también que actualmente no hay una empresa que pueda pagar el costo de la superficie en total, que asciende a mil 800 millones de pesos, por eso la estrategia del ejecutivo es fraccionarlo, en cuatro o cinco empresas que generen dos mil empleos bien pagados cada una.

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