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Ford: el terreno de la polémica
El gobierno de Juan Manuel Carreras lo compró con un sobreprecio de 600 millones de pesos a un compadre del gobernador, pero desde entonces no se le ha encontrado uso
Por: Bernardo Vera
En abril de 2016 se dio la noticia de que Ford Motor Company, la empresa armadora de automóviles de origen estadounidense, instalaría una de sus plantas en San Luis Potosí. La armadora estaría dentro del parque industrial Logistik y el espacio adquirido para su instalación fue resultado de una donación de 60 hectáreas hecha por el municipio de Villa de Reyes, y de la compra que hizo el gobierno estatal de otras 220 hectáreas propiedad de un empresario cercano al entonces gobernador Juan Manuel Carreras López. Sin embargo, para el 3 de enero de 2017, la armadora anunció que cancelaría la inversión que oscilaba los mil 600 millones de dólares (mdd). Una vez anunciado esto, se dio a conocer que 700 mdd se canalizarían a su planta de Flat Rock, Michigan. Esta decisión se dio en un momento polémico de la política estadounidense: Donald Trump, recién electo presidente de Estados Unidos, había amenazado a las armadoras de autos, y a otras empresas manufactureras, con imponerles impuestos más elevados por invertir en otros países y vender sus productos en Estados Unidos.
El 6 de julio de 2017, Ford Motor Company pagó 65 mdd (equivalentes a mil 169 millones de pesos) al gobierno del estado de San Luis Potosí como indemnización por cancelar la instalación de su planta. El gobernador declaró en ese entonces que con este monto, la entidad habría recuperado los 500 millones de pesos que ya había pagado por la adquisición del terreno, de 220 hectáreas, al parque industrial, mientras que los 669 millones de pesos restantes serían para liquidar el costo de dicho predio.
Gustavo Puente Orozco, entonces secretario de Desarrollo Económico, habló de dos opciones: que el gobierno conservara el terreno para alguna inversión futura, o solicitar al parque industrial el reembolso del pago hecho por el terreno. Esto, debido a que la cancelación del contrato con Ford y la disposición final del terreno eran procesos que “no se resuelven inmediatamente”.
Puente Orozco mencionó en octubre de 2019 que los terrenos a disposición podrían ser ocupados por dos empresas, aunque seguían las negociaciones y sin advertir cuáles serían las compañías interesadas.
El 11 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia por covid-19, Carreras López presentó la estrategia para reiniciar las actividades económicas en el estado de manera escalonada, entre las que destacaba la venta del terreno donde se instalaría la planta de Ford y contratar un crédito por 700 millones de pesos. De acuerdo a su valoración, la venta del terreno para Ford cubrirá aproximadamente el 50 por ciento del crédito por 700 millones de pesos y permitirá la ampliación de programas de reactivación económica. Mientras que el crédito que contrataría, habría servido para financiar equipo médico y la instalación de infraestructura que ayude a la reactivación económica de la entidad.
El congreso del Estado de San Luis Potosí analizaba entonces la posibilidad de subastar el terreno. Mauricio Ramírez Konishi, diputado local, señ aló que los recursos obtenidos de la venta de dicho predio permitiría al Gobierno del Estado hacerle frente a los impactos de la pandemia de covid-19, en lo que se refiere a la reactivación económica de la entidad:“Es una salida que se tiene y se debe analizar con toda responsabilidad, porque definitivamente es un terreno que se pudo rescatar como parte de una negociación entre el Gobierno y la empresa norteamericana”. Sin embargo, el 25 de agosto de 2021, Ricardo Villarreal Loo, ex diputado local de la LXII Legislatura, mencionó que debería ser la próxima administración, quien determinara el destino del inmueble. Esto, luego de que en el análisis realizado por las comisiones legislativas, no se contó con la suficiente información para avanzar en la revisión de la desincorporación del mismo.
El 23 de febrero de 2022 se dio a conocer en este medio que el terreno donde se pretendía instalar la fallida planta de Ford fue adquirido por el gobierno de Juan Manuel Carreras a un precio de mil 600 millones de pesos, cuando su costo debió rondar un máximo de mil millones. Aunado a ello, ese predio además era propiedad de Jorge del Valle, amigo cercano y compadre del ex mandatario, lo que suponía un conflicto de intereses. Además, ex trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), confirmaron que el resto de opciones de espacios para regalar a Ford fueron descartados bajo el argumento de “no cumplir con los requerimientos de la armadora”.
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador actual de San Luis Potosí, declaró que el valor fue encarecido debido a que la administración de Carreras “subsidió cosas”. Además, calificó el movimiento entre Carreras y Del Valle como un fraude, toda vez que el terreno se encuentra ubicado en una zona que tiene una única vía de acceso, misma que es de cuota, por lo que los trabajadores de las empresas que se pudieran instalar deberían pagar peaje diariamente. Por lo que instruyó a Juan Carlos Valladares Eichelmann, secretario de Desarrollo Económico, a traer empresas “interesadas en quedarse con dicho espacio”. Además, el gobernador mencionó que presentarán las denuncias correspondientes contra Juan Manuel Carreras López por el supuesto fraude, debido a que “dejaron una deuda de 100 millones de pesos de mantenimiento además de una serie de irregularidades”.
Gallardo mencionó que el terreno que iba a ser utilizado por la empresa Ford, será fraccionado para la instalación de cuatro empresas, o más. De ellas, una empresa de origen japonés ya habría confirmado su participación. Mencionó también que actualmente no hay una empresa que pueda pagar el costo de la superficie en total, que asciende a mil 800 millones de pesos, por eso la estrategia del ejecutivo es fraccionarlo, en cuatro o cinco empresas que generen dos mil empleos bien pagados cada una.
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46% de los casos evaluados por riesgo de suicidio en SLP son de mujeres
Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz , informó que cerca del 46 por ciento de los casos evaluados por riesgo de suicidio en el estado corresponden a mujeres.
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva , con el objetivo de brindar herramientas informativas que permitan a las personas tomar decisiones responsables sobre su bienestar.
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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Acciones contra la violencia de género seguirán aunque cambie la alerta: Semujeres
La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres .
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
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Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP
María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada , ya que este delito puede manifestarse de distintas formas. “La violencia no solamente puede ser física, sino de diversas maneras”, señaló.
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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