febrero 13, 2026

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Ford: el terreno de la polémica

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El gobierno de Juan Manuel Carreras lo compró con un sobreprecio de 600 millones de pesos a un compadre del gobernador, pero desde entonces no se le ha encontrado uso

Por: Bernardo Vera

En abril de 2016 se dio la noticia de que Ford Motor Company, la empresa armadora de automóviles de origen estadounidense, instalaría una de sus plantas en San Luis Potosí. La armadora estaría dentro del parque industrial Logistik y el espacio adquirido para su instalación fue resultado de una donación de 60 hectáreas hecha por el municipio de Villa de Reyes, y de la compra que hizo el gobierno estatal de otras 220 hectáreas propiedad de un empresario cercano al entonces gobernador Juan Manuel Carreras López. Sin embargo, para el 3 de enero de 2017, la armadora anunció que cancelaría la inversión que oscilaba los mil 600 millones de dólares (mdd). Una vez anunciado esto, se dio a conocer que 700 mdd se canalizarían a su planta de Flat Rock, Michigan. Esta decisión se dio en un momento polémico de la política estadounidense: Donald Trump, recién electo presidente de Estados Unidos, había amenazado a las armadoras de autos, y a otras empresas manufactureras, con imponerles impuestos más elevados por invertir en otros países y vender sus productos en Estados Unidos.

El 6 de julio de 2017, Ford Motor Company pagó 65 mdd (equivalentes a mil 169 millones de pesos) al gobierno del estado de San Luis Potosí como indemnización por cancelar la instalación de su planta. El gobernador declaró en ese entonces que con este monto, la entidad habría recuperado los 500 millones de pesos que ya había pagado por la adquisición del terreno, de 220 hectáreas, al parque industrial, mientras que los 669 millones de pesos restantes serían para liquidar el costo de dicho predio.

Gustavo Puente Orozco, entonces secretario de Desarrollo Económico, habló de dos opciones: que el gobierno conservara el terreno para alguna inversión futura, o solicitar al parque industrial el reembolso del pago hecho por el terreno. Esto, debido a que la cancelación del contrato con Ford y la disposición final del terreno eran procesos que “no se resuelven inmediatamente”.

Puente Orozco mencionó en octubre de 2019 que los terrenos a disposición podrían ser ocupados por dos empresas, aunque seguían las negociaciones y sin advertir cuáles serían las compañías interesadas.

El 11 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia por covid-19, Carreras López presentó la estrategia para reiniciar las actividades económicas en el estado de manera escalonada, entre las que destacaba la venta del terreno donde se instalaría la planta de Ford y contratar un crédito por 700 millones de pesos. De acuerdo a su valoración, la venta del terreno para Ford cubrirá aproximadamente el 50 por ciento del crédito por 700 millones de pesos y permitirá la ampliación de programas de reactivación económica. Mientras que el crédito que contrataría, habría servido para financiar equipo médico y la instalación de infraestructura que ayude a la reactivación económica de la entidad.

El congreso del Estado de San Luis Potosí analizaba entonces la posibilidad de subastar el terreno. Mauricio Ramírez Konishi, diputado local, señ aló que los recursos obtenidos de la venta de dicho predio permitiría al Gobierno del Estado hacerle frente a los impactos de la pandemia de covid-19,

en lo que se refiere a la reactivación económica de la entidad:“Es una salida que se tiene y se debe analizar con toda responsabilidad, porque definitivamente es un terreno que se pudo rescatar como parte de una negociación entre el Gobierno y la empresa norteamericana”. Sin embargo, el 25 de agosto de 2021, Ricardo Villarreal Loo, ex diputado local de la LXII Legislatura, mencionó que debería ser la próxima administración, quien determinara el destino del inmueble. Esto, luego de que en el análisis realizado por las comisiones legislativas, no se contó con la suficiente información para avanzar en la revisión de la desincorporación del mismo.

El 23 de febrero de 2022 se dio a conocer en este medio que el terreno donde se pretendía instalar la fallida planta de Ford fue adquirido por el gobierno de Juan Manuel Carreras a un precio de mil 600 millones de pesos, cuando su costo debió rondar un máximo de mil millones. Aunado a ello, ese predio además era propiedad de Jorge del Valle, amigo cercano y compadre del ex mandatario, lo que suponía un conflicto de intereses. Además, ex trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), confirmaron que el resto de opciones de espacios para regalar a Ford fueron descartados bajo el argumento de “no cumplir con los requerimientos de la armadora”.

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador actual de San Luis Potosí, declaró que el valor fue encarecido debido a que la administración de Carreras “subsidió cosas”. Además, calificó el movimiento entre Carreras y Del Valle como un fraude, toda vez que el terreno se encuentra ubicado en una zona que tiene una única vía de acceso, misma que es de cuota, por lo que los trabajadores de las empresas que se pudieran instalar deberían pagar peaje diariamente. Por lo que instruyó a Juan Carlos Valladares Eichelmann, secretario de Desarrollo Económico, a traer empresas “interesadas en quedarse con dicho espacio”. Además, el gobernador mencionó que presentarán las denuncias correspondientes contra Juan Manuel Carreras López por el supuesto fraude, debido a que “dejaron una deuda de 100 millones de pesos de mantenimiento además de una serie de irregularidades”.

Gallardo mencionó que el terreno que iba a ser utilizado por la empresa Ford, será fraccionado para la instalación de cuatro empresas, o más. De ellas, una empresa de origen japonés ya habría confirmado su participación. Mencionó también que actualmente no hay una empresa que pueda pagar el costo de la superficie en total, que asciende a mil 800 millones de pesos, por eso la estrategia del ejecutivo es fraccionarlo, en cuatro o cinco empresas que generen dos mil empleos bien pagados cada una.

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Ladrilleras, un problema social sin solución integral en SLP

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La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos

Por: Haniel Valdés

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.

La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.

El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.

Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.

La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.

En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.

Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.

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Incendios en febrero, un fenómeno atípico en SLP: SGG

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El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.

“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.

Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.

Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.

Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación,

resultado del despliegue coordinado entre los tres órdenes de Gobierno.

Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.

En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.

Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.

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Senado avala reducción de la jornada laboral a 40 horas

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La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra

Por: Roberto Mendoza

El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.

Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad

, mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo manifestaron su respaldo al dictamen.

En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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