Corredor Humanitario

Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.

Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.

Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.

En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.

Aquí no.

En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.

Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.

En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.

Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.

Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?

Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.

Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)

Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.

Han sido omisos profesionales.

Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.

¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?

Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.

Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.

Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.

Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.

Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.

Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.

Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.

Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.

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Toda línea que no esté registrada para el 29 de junio será suspendida

Por: Redacción

A partir de este viernes 9 de enero, entrará en vigor a nivel nacional el registro obligatorio de líneas de telefonía celular, bajo el cual, todos los usuarios estarán obligados a vincular su número con su identidad.

Esta medida fue aprobada el pasado 8 de diciembre por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y, según se explicó, tiene el objetivo de reducir los delitos telefónicos al eliminar el anonimato de las líneas.

El registro abarca tanto a las líneas de prepago como de pospago, y se debe de hacer directamente con las compañías proveedoras del servicio telefónico, y aunque se puede realizar directamente en sucursal, la mayoría ya pusieron a disposición del usuario los canales para efectuarlo de manera remota.

Para realizar este registro, las personas físicas deberán presentar identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) y Clave Única de Registro de Población (CURP)

El plazo para el registro abarcará desde el 9 de enero hasta el 29 de junio, y en caso de no completarse dentro de ese lapso, la línea será suspendida, y únicamente se podrán realizar llamadas de emergencia.

La Comisión también explicó que, como parte de estos cambios, a partir del 9 de enero las personas tendrán que completar este registro en el mismo momento en que adquieran una línea, por lo que deberán presentar sus documentos para poder hacerse con el servicio.

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Se convertirá en la primera mujer en dirigir la Facultad en toda su historia, un hecho histórico de una de las entidades académicas más tradicionales de la máxima casa de estudios

Por: Redacción

Este miércoles se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, en la que se eligió a la nueva directora de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”.

Mediante votación directa, Georgina González Cázares fue electa como directora de la Facultad, al obtener 26 votos, frente a 21 votos para Javier Jesús Delgado Sam, mientras que Luz María Lastras Martínez no registró sufragios, mientras que también se reportaron cinco votos nulos. 

Se debe mencionar que tres consejeras con derecho a voto se retiraron de la sesión aunque sí estuvieron presentes en el pase de lista. Y cuatro consejeros no asistieron.

Con este resultado, González Cázares se convertirá en la primera mujer en dirigir la Facultad de Derecho en toda su historia, marcando un hecho inédito para una de las entidades académicas más tradicionales de la máxima casa de estudios potosina.

La nueva directora concluirá el periodo 2024-2028, de acuerdo con la normativa universitaria vigente.

El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, informó que la toma de protesta de la nueva directora se realizará durante la próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario.

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