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Ford: el terreno de la polémica

El gobierno de Juan Manuel Carreras lo compró con un sobreprecio de 600 millones de pesos a un compadre del gobernador, pero desde entonces no se le ha encontrado uso
Por: Bernardo Vera
En abril de 2016 se dio la noticia de que Ford Motor Company, la empresa armadora de automóviles de origen estadounidense, instalaría una de sus plantas en San Luis Potosí. La armadora estaría dentro del parque industrial Logistik y el espacio adquirido para su instalación fue resultado de una donación de 60 hectáreas hecha por el municipio de Villa de Reyes, y de la compra que hizo el gobierno estatal de otras 220 hectáreas propiedad de un empresario cercano al entonces gobernador Juan Manuel Carreras López. Sin embargo, para el 3 de enero de 2017, la armadora anunció que cancelaría la inversión que oscilaba los mil 600 millones de dólares (mdd). Una vez anunciado esto, se dio a conocer que 700 mdd se canalizarían a su planta de Flat Rock, Michigan. Esta decisión se dio en un momento polémico de la política estadounidense: Donald Trump, recién electo presidente de Estados Unidos, había amenazado a las armadoras de autos, y a otras empresas manufactureras, con imponerles impuestos más elevados por invertir en otros países y vender sus productos en Estados Unidos.
El 6 de julio de 2017, Ford Motor Company pagó 65 mdd (equivalentes a mil 169 millones de pesos) al gobierno del estado de San Luis Potosí como indemnización por cancelar la instalación de su planta. El gobernador declaró en ese entonces que con este monto, la entidad habría recuperado los 500 millones de pesos que ya había pagado por la adquisición del terreno, de 220 hectáreas, al parque industrial, mientras que los 669 millones de pesos restantes serían para liquidar el costo de dicho predio.
Gustavo Puente Orozco, entonces secretario de Desarrollo Económico, habló de dos opciones: que el gobierno conservara el terreno para alguna inversión futura, o solicitar al parque industrial el reembolso del pago hecho por el terreno. Esto, debido a que la cancelación del contrato con Ford y la disposición final del terreno eran procesos que “no se resuelven inmediatamente”.
Puente Orozco mencionó en octubre de 2019 que los terrenos a disposición podrían ser ocupados por dos empresas, aunque seguían las negociaciones y sin advertir cuáles serían las compañías interesadas.
El 11 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia por covid-19, Carreras López presentó la estrategia para reiniciar las actividades económicas en el estado de manera escalonada, entre las que destacaba la venta del terreno donde se instalaría la planta de Ford y contratar un crédito por 700 millones de pesos. De acuerdo a su valoración, la venta del terreno para Ford cubrirá aproximadamente el 50 por ciento del crédito por 700 millones de pesos y permitirá la ampliación de programas de reactivación económica. Mientras que el crédito que contrataría, habría servido para financiar equipo médico y la instalación de infraestructura que ayude a la reactivación económica de la entidad.
El congreso del Estado de San Luis Potosí analizaba entonces la posibilidad de subastar el terreno. Mauricio Ramírez Konishi, diputado local, señ aló que los recursos obtenidos de la venta de dicho predio permitiría al Gobierno del Estado hacerle frente a los impactos de la pandemia de covid-19, en lo que se refiere a la reactivación económica de la entidad:“Es una salida que se tiene y se debe analizar con toda responsabilidad, porque definitivamente es un terreno que se pudo rescatar como parte de una negociación entre el Gobierno y la empresa norteamericana”. Sin embargo, el 25 de agosto de 2021, Ricardo Villarreal Loo, ex diputado local de la LXII Legislatura, mencionó que debería ser la próxima administración, quien determinara el destino del inmueble. Esto, luego de que en el análisis realizado por las comisiones legislativas, no se contó con la suficiente información para avanzar en la revisión de la desincorporación del mismo.
El 23 de febrero de 2022 se dio a conocer en este medio que el terreno donde se pretendía instalar la fallida planta de Ford fue adquirido por el gobierno de Juan Manuel Carreras a un precio de mil 600 millones de pesos, cuando su costo debió rondar un máximo de mil millones. Aunado a ello, ese predio además era propiedad de Jorge del Valle, amigo cercano y compadre del ex mandatario, lo que suponía un conflicto de intereses. Además, ex trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), confirmaron que el resto de opciones de espacios para regalar a Ford fueron descartados bajo el argumento de “no cumplir con los requerimientos de la armadora”.
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador actual de San Luis Potosí, declaró que el valor fue encarecido debido a que la administración de Carreras “subsidió cosas”. Además, calificó el movimiento entre Carreras y Del Valle como un fraude, toda vez que el terreno se encuentra ubicado en una zona que tiene una única vía de acceso, misma que es de cuota, por lo que los trabajadores de las empresas que se pudieran instalar deberían pagar peaje diariamente. Por lo que instruyó a Juan Carlos Valladares Eichelmann, secretario de Desarrollo Económico, a traer empresas “interesadas en quedarse con dicho espacio”. Además, el gobernador mencionó que presentarán las denuncias correspondientes contra Juan Manuel Carreras López por el supuesto fraude, debido a que “dejaron una deuda de 100 millones de pesos de mantenimiento además de una serie de irregularidades”.
Gallardo mencionó que el terreno que iba a ser utilizado por la empresa Ford, será fraccionado para la instalación de cuatro empresas, o más. De ellas, una empresa de origen japonés ya habría confirmado su participación. Mencionó también que actualmente no hay una empresa que pueda pagar el costo de la superficie en total, que asciende a mil 800 millones de pesos, por eso la estrategia del ejecutivo es fraccionarlo, en cuatro o cinco empresas que generen dos mil empleos bien pagados cada una.
También lee: Cuatro empresas podrían ocupar el terreno de Ford: Gallardo Cardona
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Proyecto busca tumbar a Ruiz Contreras, pero sigue firme hasta decisión de Sala Superior.
Circula en redes una versión imprecisa respecto al proceso judicial de las impugnaciones en contra de José Luis Contreras, y es que se filtró un proyecto de sentencia de un ponente miembro de la sala superior, que sesionará de forma definitiva al respecto hasta el 10 de septiembre.
Circula en redes una versión imprecisa respecto al proceso judicial de las impugnaciones en contra de José Luis Contreras, y es que se filtró un proyecto de sentencia de un ponente miembro de la sala superior, que sesionará de forma definitiva al respecto hasta el 10 de septiembre.
José Luis Ruiz Contreras continúa en calidad de magistrado electo del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, pese a que circula un proyecto de sentencia que propone revocar su nombramiento. Dicho documento, elaborado por un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aún no es una resolución definitiva, pues deberá discutirse y votarse en sesión de la Sala Superior el próximo 10 de septiembre.
El proyecto argumenta que Ruiz Contreras no cumplió con el requisito constitucional de haberse separado un año antes de su encargo como fiscal general del estado. Señala que presentó su renuncia en mayo de 2024, mientras que la convocatoria para magistraturas se publicó en enero de 2025, lo que lo colocaría en condición de inelegibilidad.
En contra parte, su defensa solicita a los magistrados ser más exhaustivos en el estudio del caso, teniendo como base que, si solicitó licencia de su cargo en el poder judicial para desempeñarse como fiscal, es porque tiene carrera judicial y por lo tanto, como lo marca la convocatoria, acceso al “pase directo” para haber sido postulado y votado.
De aprobarse el criterio del proyecto, la sentencia ordenaría al Congreso del Estado designar a otra persona en su lugar. Sin embargo, si el pleno de la Sala Superior rechaza el proyecto, su nombramiento quedará plenamente ratificado.
El documento surge a raíz de impugnaciones presentadas por otros aspirantes a magistraturas, inconformes con el proceso legislativo de selección. No obstante, el proyecto únicamente cuestiona la designación de Ruiz Contreras, y valida la legalidad de los demás nombramientos realizados por el Congreso local.
Hasta que la Sala Superior del TEPJF no se pronuncie en uno u otro sentido, José Luis Ruiz Contreras permanece en calidad de magistrado electo.
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Negligencia médica deja a niño de 6 años postrado en el IMSS de Zapata
Personal médico le aplicó un medicamento al que era alérgico; convulsionó siete veces y cayó en paro cardíaco
Por: Ana G Silva
Joaquín Ezequiel, un niño de apenas 6 años, enfrenta las secuelas de una presunta negligencia médica en el Hospital IMSS de Zapata. El menor ingresó el 12 de mayo de 2025 por neumonía, pero el 16 de mayo, el personal médico le administró ampicilina a pesar de que su madre había advertido que era alérgico.
Esto provocó que Joaquín convulsionara siete veces, y el personal de enfermería no aplicó los medicamentos indicados ni notificó al médico responsable, lo que derivó en un paro cardíaco. Fue únicamente la intervención de una pediatra quien logró estabilizarlo.
Actualmente, Joaquín permanece postrado en cama, con traqueostomía y gastrostomía, sin poder hablar ni sostener su cabeza. Requiere oxígeno permanente y terapias intensivas para recuperar la movilidad de sus extremidades. Según la madre, “es consciente de lo que sucede, pero no puede moverse ni hablar; es devastador verlo así”.
Además de la gravedad médica, la familia enfrenta la indiferencia y burla del personal que causó el daño. Tras presentar su queja, las enfermeras responsables —identificadas como Lourdes “N” y Concepción “N”— reaccionaron con comentarios sarcásticos y hostiles hacia la madre, lo que la llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La situación económica de la familia también es crítica. Fabiola Hernández, madre de Joaquín, perdió su empleo tras solicitar incapacidades médicas, y su esposo no trabaja. Los tres hijos de la pareja dependen de ella, y actualmente no tienen recursos ni para útiles escolares ni uniformes, mucho menos para cubrir las necesidades médicas de Joaquín.
Para poder darle de alta y continuar con sus terapias, la familia solicita apoyo urgente para adquirir un tanque portátil de oxígeno, cuyo costo es de aproximadamente 4 mil pesos.
Datos para donaciones:
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Nombre: Fabiola Hernández
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Banco: BBVA
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Cuenta: 4152 3141 7994 9022
La familia pide a la ciudadanía apoyo para garantizar la atención mínima que su hijo necesita mientras continúa el proceso legal por la presunta negligencia médica, que podría tener consecuencias de por vida en la salud de Joaquín.
También lee: Hallan feto en baño de la Clínica 2 del IMSS en SLP
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Valeo “simula” resolución; quiere negar el pago de utilidades 2016
El comité de extrabajadores señaló que administrativos de la empresa presentó supuestas resoluciones finales, cuando en realidad fueron acuses de recibo
Por: Redacción
El Comité de Extrabajadores de Valeo en San Luis Potosí, quienes esperan el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) desde 2016, señalaron un intento de simulación, manipulación y engaño por parte de la empresa y su firma de abogados, tras aparentar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había emitido las resoluciones finales, cuando en realidad se trataba de acuses de recibo.
Según el propio comité, dio a conocer que los abogados de Valeo habrían presentado la resolución final del recurso de revocación relativo a la PTU 2016. A través de diferentes oficios, el equipo legal de la empresa señaló que lo único pendiente era un “cierre oficial” del recurso de revocación. Además, que la declaración complementaria ya reflejaba los montos definitivos, tal y como se habían ingresado al sistema del SAT, y que ello debía entenderse como el cumplimiento de la resolución.
No obstante, de acuerdo a documentos en poder de este medio de comunicación, ninguno de los documentos presentados correspondería a la resolución del recurso de revocación del 30 de junio de 2025. Mientras que en otros casos, como el de la declaración complementaria, no implica aceptación ni conclusión del recurso.
Además que otro de los oficios es un acto accesorio de recaudación (reducción de multas y recargos), que se deriva de la autocorrección de Valeo, pero no resuelve el fondo del asunto ni el reparto adicional de PTU 2016.
Para las y los ex trabajadores de Valeo, estos documentos entregados no constituyen la resolución definitiva del recurso de revocación, sino únicamente actos accesorios de recaudación y acuses de recibo, que no responden al reparto adicional de PTU que se les debe por lo laborado durante 2016.
El comité reiteró que continuarán su lucha por los cauces legales y sociales hasta que se reponga el pago de lo concerniente. Además que las medidas del colectivo se endurecerán como respuesta a este acto de opacidad y falta de respeto a la dignidad de los trabajadores y extrabajadores.
También lee: Valeo se arregló con 900 trabajadores activos, pero dejó fuera a más de 5 mil ex empleados
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