En el contrato del proyecto inmobiliario encabezado por “El Chato” López se incluyen cláusulas que van desde la no divulgación hasta acciones contrarias a la postura de la Procuraduría Agraria

Por: Redacción

Por 1.34 pesos por metro cuadrado Carlos “El Chato” López Medina pretendía pagar a los comuneros de San Juan de Guadalupe a cambio de las 2 mil 68 hectáreas, según consta en un contrato del proyecto inmobiliario al que tuvo acceso La Orquesta, en el que también se pueden encontrar las cláusulas con las que se buscaba presionar a los propietarios de tierras en San Juan de Guadalupe para que vendieran, además de las cantidades que se les pensaba entregar.

Familiares de algunos de los comuneros entregaron a integrantes de la resistencia contra el proyecto inmobiliario el contrato que se busca sea firmado por los titulares de derechos, para generar la asociación entre empresarios y comuneros. “Ya no aguantamos más”, señaló José Corpus Salazar, nieto de uno de los comuneros, “los hijos y nietos de las estirpes vamos a movilizarnos para evitar el despojo de nuestros viejitos…”

El contrato presenta en su cláusula cuarta inciso a un avalúo realizado por Banregio donde se estipula que se pagarían $23,880 pesos por comunero titular a modo de enganche y luego otros $59,701.00 pesos, cuando se adquiriera el dominio pleno y se entregue la propiedad al empresario. Si se esperaba pagar esta cantidad a los 335 propietarios involucrados en la asamblea comunal, la cifra proyectada equivaldría a desembolsar un aproximado de 1.34 pesos por metro cuadrado, considerando las 2 mil 68 hectáreas que “El Chato” buscaba conseguir.

Ambas cifras pretendían ser pagadas a los comuneros bajo la figura “a cuenta de utilidades”, lo que significaría que, tras pagar esa cantidad los expropietarios de esas tierras ya no podrían beneficiarse de ninguna forma a pesar de ser socios.

Las ganancias en el negocio inmobiliario variarán de acuerdo a “el resultado de la operación comercial”, (Cláusula cuarta inciso c, hoja 5) es decir, “van a pagar lo que convenga sobre precios irrisorios” acusó el sucesor de comuneros José Corpus Salazar.  

Pese a que la Procuraduría Agraria ha negado que se pueda negociar entre los habitantes de la comunidad y los fraccionadores, en el documento se establece que el objetivo del proyecto es totalmente inmobiliario como señala la declaración II párrafo B que enuncia: “concluyéndose que a partir de esa fecha se llevará a cabo el desarrollo inmobiliario, en una superficie aproximada de 2068 hectáreas de uso común del núcleo agrario comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito” determinando que dicho proyecto será desarrollado por Espacios del Horizonte S.A. DE C.V.

De las cláusulas en el contrato

En el contrato se obliga a los comuneros a que sus familiares no ejerciten el llamado derecho de tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la ley Agraria, cláusula tercera punto 3. El derecho de tanto es la facultad de preferencia de cualquier hijo o familiar de algún comunero a pedir la adjudicación de la tierra de manera preferencial.

De igual forma el documento incluye una cláusula sobre la no divulgación de lo acordado

“LAS PARTES se obligan a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio la información que forma parte del presente CONTRATO DE RECONOCIMIENTO Y RATIFICACIÓN INDIVIDUAL AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y PROMESAS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto…” (Cláusula décimo primera Pág. 6).

Las tierras podrán ser hipotecadas por los empresarios tal y como se establece en la cláusula segunda del contrato, que dice que el objeto social de la empresa Espacios del Horizonte es “la constitución o asociación de cualquier tipo de sociedad mercantil, civil, o de otra naturaleza con ejidos, ejidatarios, comuneros y comunidades a fin de llevar a cabo el aprovechamiento de las tierras ejidales o comunales para la comercialización de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Agraria vigente. Así como constituir fideicomisos sobre dichos inmuebles, para dar y constituir garantías hipotecarias sobre los mismos…”

Llama la atención la cláusula penal, cláusula octava pág. 5, donde se establece que los comuneros deberán regresar diversos montos económicos pues deberán devolver el 100% de las cantidades entregadas, incluyendo un préstamo del 15 de octubre del año 2009 y un usufructo del 22 de diciembre del 2013. Se trata de dos contratos por cantidades que fueron supuestamente utilizadas para obtener el cambio de uso de suelo ante el Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuestión que no han podido lograr, pero que es utilizado como chantaje y presión.

En los tiempos de la Garita de Jalisco esta fue la forma de capitalizar a las sociedades mercantiles a costa de los ejidatarios, comentó la abogada Fabiola Quintanilla asesora del Frente Amplio Opositor, “es el negocio redondo, es el mecanismo de apropiación desalmado y sin miramientos de los hombres con poder económico”.

Quintanilla Reynoso, recordó que: “Fueron dos maniobras las intentadas por los empresarios, la primera era para constituir la inmobiliaria Machinali en un área de cuatro mil hectáreas. La segunda, conformar la Sociedad las Cañadas, ambas fracasaron estrepitosamente. En este asunto existe lavado de dinero y recursos de dudosa procedencia, ahora quieren los empresarios que los comuneros respondan por sus propias pifias”.

El Juzgado Octavo de Distrito, en el amparo 1009/2018 ordenó entregar este contrato y sus anexos tanto a la empresa Espacios del Horizonte, notarios públicos involucrados y Mesa del Comisariado de Bienes Comunales, ordenándose a la Procuraduría Agraria, Sedatu y Registro Agrario Nacional no validar bajo ninguna circunstancia este agravio, según comentó el activista y asesor de los disidentes, Carlos Covarrubias Rendón: “Es un texto infame”, agregó.

El “Foro de Seguridad y Prevención del Delito”, será realizado el 28 de agosto