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#EXCLUSIVA | “80% del dinero para campañas políticas proviene del narco”: Buscaglia

Published

6 años ago

octubre 26, 2020

Ana G Silva

El investigador asegura que México no ha dejado de vivir en una mafiocracia

Por: Itzel Márquez

“No se puede disminuir la delincuencia a cero, como tampoco podemos desaparecer por completo el pecado, pero si pueden limitarse para que no cause tanto daño”.

Edgardo Buscaglia, es académico Senior de la Universidad de Columbia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y autor de numerosas investigaciones y libros acerca de la delincuencia organizada y narcotráfico en México. El investigador habló para La Orquesta acerca de su experiencia sobre estos temas en diversos países, las dimensiones de la delincuencia organizada en México, la relación entre el narcotráfico y la política, a propósito del próximo periodo electoral.

Buscaglia manifestó desde temprana edad interés por temas políticos y sociales, especialmente la relación que existe entre economía, derecho y crímenes, por lo cual en el doctorado y post doctorado comenzó a escribir al respecto: “me dediqué a escribir sobre ese tema con base en datos de gobiernos, como hacen los expertos mexicanos, pero los datos no eran satisfactorios, porque eran muy defectuosos, nunca realmente lograban satisfacer mi necesidad de análisis de campo, desde ahí empezamos a organizar trabajos de campo para sacar datos con mis equipos en cada país y obtener datos más precisos”.

Al haber colaborado en investigaciones sobre delincuencia organizada a lo largo de tantos países, el académico afirma que en todos existe delincuencia organizada en diferentes niveles, lo cual constató en un estudio publicado en 2003 por la ONU, de tal forma que pudo obtener indicadores de delincuencia organizada. Desde ahí, México ya aparecía en uno de los lugares más elevados, “junto con Colombia, Rusia y países africanos.”

En cuanto al combate del crimen en México, Edgardo Buscaglia retoma la información proporcionada por la ONU en la Convención contra la delincuencia organizada, en donde se menciona que al estado mexicano le hace falta 18 instituciones, que se traducen en vacíos de estado, para poder combatir de forma efectiva este problema, entre las cuales se encuentran: órganos de auditoría de financiamiento de campañas electorales: “tenemos un pacto político de impunidad mafiosa, que hacen que la delincuencia organizada en México se comporte como la delincuencia organizada de Afganistán y no como la delincuencia organizada de Alemania, la delincuencia organizada mexicana comete crímenes de lesa humanidad como la desaparición de los 43 o la fosa común de San Fernando Tamaulipas”.

Al respecto de la delincuencia, el investigador primero delimitó lo que se entiende por este término y la diferencia con asociación delictuosa, el primero de ellos se entiende por: “una organización criminal mucho más sofisticada que tiene cinco tipos de personas involucradas, personas morales, empresas y personas físicas, personas y asociaciones civiles como ONG, cinco tipo de personas forman parte de la delincuencia organizada de todo país”; mientras que el segundo se define como: “asociaciones de personas al mismo nivel que de vez en cuando cometen delitos”.

Ahora bien, pasando a las cinco dimensiones de la delincuencia organizada, según Buscaglia, se encuentran inmiscuidos estos actores sociales: políticos, “quienes brindan protección a que brindan protección, lavan dinero y a veces se meten operativamente a traficar drogas”, jueces, fiscales y policías, “que brindan protección operativa”, el tercer tipo son las empresas, “que puede ser una empresa fachada que sirve para lavar dinero o puede ser una empresa privada que produce insumos a los cárteles de la droga”, el cuarto tipo son las Asociaciones civiles o religiosas, “que supuestamente ayudan a combatir a la pobreza, que reparten agua, que reparten comida, que reparten medicina” y el quinto son los sicarios

, “México vive en una simulación, combatiendo solo esta dimensión de la delincuencia organizada no combaten el resto porque ahí están metidos los actores verdaderos del poder, el pacto político de impunidad mafiosa consiste en que el estado se niega a limpiar de jueces, fiscales y policías corruptos, se niega a limpiar a sus políticos mafiosos en el congreso, en el gobierno federal”.

Ahora, sobre la intromisión del narcotráfico en las campañas políticas, Edgardo Buscaglia sostiene que México vive en una mafiocracia y define este término de la siguiente forma: “cuando más del 80% del dinero que entra en campañas y pre campañas proviene de fuentes ilícitas, algunas de la delincuencia organizada, algunas otras de empresarios legales que son amigos de los políticos y les van a dar dinero por debajo de la mesa” y recalcó que mientras el estado mexicano no instaure las 18 instituciones faltantes, la relación política-narcotráfico seguirá siendo igual que como lo fue desde el año ’98 con el presidente Zedillo y, que si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones en 2021 será bajo estos términos: “continuamos con esa mafiocracia, AMLO ganó muy bien, con un amplio margen de votos, nadie duda de eso, pero muchos de esos votos fueron conseguidos a través de preventas y clientelismos con dinero ilegal”.

Por último, sobre la incidencia de los mexicanos en las instituciones gubernamentales, dijo que el principal problema es la falta de capacidad legal para auditar a las instituciones del estado y las campañas políticas, pero que esto no va a cambiar mientras que los ciudadanos solo se preocupen por sacar dinero del gobierno y no por exigir una ley de auditoría ciudadana, e hizo un símil entre la sociedad mexicana en la actualidad y la italiana en la década de los 80, cuando los mafiosos eran héroes y modelos a seguir para los niños, como ocurre ahora con los sicarios en el norte de México, hasta que el pueblo se unió para exigir una ley de auditoría ciudadana al estado, con lo cual ahora ellos son quienes reciben los bienes decomisados y los reparten entre los afectados por la delincuencia organizada, esto fue un parteaguas para pasar de ser parte de problema, a la solución.

“No tengo ninguna duda de que si la sociedad mexicana se despierta y comienza a operar, ustedes van a pasar de una delincuencia organizada afgana que desangra a México, que causa desapariciones forzadas de decenas de miles, van a pasar de crímenes de des humanidad a una delincuencia organizada acotada como la japonesa que no comete crímenes de alto impacto social, uno nunca puede disminuir a la delincuencia a cero, como tampoco podemos disminuir el pecado, pero si pueden limitarlo para que no cause tanto daño”.

Lee también: Con Jaime Pineda, un delito se comete cada 15 minutos en SLP

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Minería potosina crece en fluorita, pero cae en plata y cobre

Published

8 horas ago

octubre 21, 2026

Ana G Silva

La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc

Por: Ana G Silva

La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.

En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.

Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.

En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos

menos en el periodo comparado.

El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.

CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL

Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.

Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.

Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.

En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.

Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.

También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %

Congreso del Estado

Restricción de celulares en aulas arrancará el 3 de noviembre: SEGE

Published

10 horas ago

octubre 21, 2026

Carlos Ruiz

La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior

Por: Redacción

La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.

También para maestros

A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.

Las excepciones

El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.

Cuotas escolares, bajo revisión

En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.

También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE

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Tribunal Electoral sanciona por primera vez violencia política contra jueza electa

Published

11 horas ago

octubre 21, 2026

Ana G Silva

A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse

Por: Redacción

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.

La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.

El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.

Por qué es un precedente

La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.

El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.

Lo que falta por cumplir

A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.

Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.

Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.

También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE