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Estudio de Ipicyt deja fuera a zona del “Chato” López en San Miguelito
El Ipicyt realizó un estudio técnico de factibilidad en 63 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito para que se emita la declaratoria de Área Natural Protegida, pero excluye las 2 mil hectáreas en trato con “El Chato” López
Por: Redacción
La zona de la Sierra de San Miguelito que se encuentra en estudio para la realización del Estudio Técnico de Factibilidad para la ampliación del área natural protegida de esos terrenos deja fuera buena parte de las 2 mil 69 hectáreas del proyecto inmobiliario conocido como “Las Cañadas”, del empresario Carlos “El Chato” López Medina, a través de la empresa Espacios en el Horizonte.
Una solicitud de información pidió a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del gobierno del estado la documentación entregada por el jefe del Ejecutivo en San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 24 de mayo en la Plaza de Fundadores.
En respuesta, Segam envió una presentación de Power Point entregada a López Obrador, en el que se especifica que el área en estudio por Ipicyt corresponde a 63 mil 783.05 hectáreas, entre las que no se incluyen las zonas de la com unidad de San Juan de Guadalupe más cercanas al Anillo Periférico, mismas que sí forman parte del proyecto inmobiliario del “Chato” López.
El documento entregado por Segam menciona que el Estudio Técnico de Factibilidad que realiza el Ipicyt no consideró zonas urbanas e impactadas por actividades agrícolas. También señala que: “Es factible incrementar la superficie propuesta para incluir áreas de amortiguamiento, pero se requeriría elaborar otro ETF complementario”.
La semana pasada, durante su visita a Rioverde, Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá con su promesa de gestionar el reconocimiento de la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida.
Dicho compromiso lo adquirió el presidente durante su anterior visita a la capital del estado, el 24 de mayo, cuando dijo que pediría “a la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González, que venga con el gobernador, que hagan un estudio y que lo podamos resolver lo más pronto posible”.
GOBIERNO ASEGURA QUE VÍA ALTERNA NO ATRAVIESA LA SIERRA
En un boletín de prensa del gobierno del estado, el director general de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Marco Rosales Vega, explicó que el proyecto de una vía alterna a la carretera 57 que conecte la avenida Juárez con la Zona Industrial se encuentra fuera del polígono de la Sierra de San Miguelito, en una zona sin valor ambiental.
El funcionario explicó que la vialidad propuesta está fuera del polígono considerado dentro del Estudio Técnico de Factibilidad de la Sierra de San Miguelito como área prioritaria de conservación, y reducirá emisiones a la atmósfera al agilizar la circulación y disminuir la carga vehicular.
Rosales Vega indicó que el estudio técnico justificativo delimitó el área susceptible de protección conforme al trazo de la Vía Alterna y que es perfectamente compatibles la eventual ampliación del Área Natural Protegida de San Miguelito con el proyecto.
El titular de la JEC explicó que este proyecto permitirá resolver la problemática de movilidad en la Zona Metropolitana, del poniente de la ciudad hacia los parques industriales ubicados en el oriente. También dijo que facilitará el flujo de vehículos diariamente, reducirá tiempos de traslado, minimizará las emisiones vehiculares al hacer más fluido el tránsito y será una vialidad con mayor mantenimiento y seguridad vial.
El proyecto –dijo Rosales Vega-, se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y “la superficie propuesta muestra suelos degradados, además de que no generará impactos significativos toda vez que la vegetación existente es mayormente arbustiva”.
Estoy inconforme con Gabino Morales Mendoza: Marité Hernández
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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