El secretario general sugirió a padres a vigilar las actividades de sus hijos en redes sociales.

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del gobierno estatal, señaló que existen varios grupos delictivos en San Luis Potosí que utilizan las redes sociales para reclutar menores de edad. Ante tal situación sugirió que desde casa se deben vigilar los contenidos que los jóvenes y niños consumen. Sugirió el uso de aplicaciones o funciones que existen ya en varias páginas que permiten limitar la navegación de los menores de edad.

“La policía cibernética esta vigilando de forma cotidiana estas necesidades de la población y los invitamos a que cuando tengas algún tipo de sospecha sobre algún delito de estas características, se acerquen de forma inmediata. Tenemos todo un equipo profesional con los medios tecnológicos suficientes para identificar estas situaciones”, expresó el funcionario.

A cerca de la regulación del sobre el uso de redes sociales por parte de menores de edad, el secretario aclaró que eso se trata de algunos de esos planteamientos no le corresponden al gobierno estatal si no a las instancias federales pero que se analizarán las áreas de oportunidad que pudieran estar a su alcance.

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Organizaciones civiles argumentaron violación a derechos humanos y a la reforma constitucional de 2024

Por: Redacción

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impedirá que las personas en prisión preventiva puedan votar en la elección judicial de este año, al respaldar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declarar inviable su participación.

De acuerdo con Pulso, la organización civil Perteneces A.C. y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovieron un juicio para defender los derechos político-electorales de este sector, impugnando el acuerdo INE/CG64/2025, emitido por el Consejo General del INE, que descartó la implementación del voto para personas en prisión preventiva en dicho proceso elector al.

En su demanda, las organizaciones argumentaron que negar este derecho viola el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que las personas en prisión preventiva habían ejercido previamente su derecho al voto en otros comicios. Además, subrayaron que la medida contradice la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, que garantiza a la ciudadanía la facultad de elegir directamente a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Destacaron que impedirles votar en esta elección es particularmente grave, dado que la designación de autoridades judiciales tiene un impacto directo sobre las posibilidades de estas personas de recuperar su libertad. También cuestionaron que el INE justifique la exclusión alegando limitaciones técnicas o financieras, cuando está constitucionalmente obligado a garantizar el derecho al sufragio sin distinciones.

Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF desestimó los argumentos presentados y declaró infundada la impugnación. El Tribunal reconoció que el INE acepta el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, pero consideró legítima la decisión de postergar su implementación, al señalar que debe ser gradual y acorde a las capacidades operativas y presupuestales del Instituto.

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El recurso se necesita para cumplir con el convenio financiero firmado con el INE

Por: Redacción

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí indicó enfrenta un panorama económico complicado para cubrir todos los compromisos relacionados con la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial.

Aunque el organismo ya ha recibido una parte de los 110 millones de pesos asignados para este proceso, aún no cuenta con el total de los recursos y, en particular, prevé dificultades para cumplir con obligaciones posteriores a la jornada electoral.

Uno de los compromisos más relevantes es el anexo financiero del Convenio Técnico de Colaboración firmado con el Instituto Nacional Electoral (INE), por un monto de 21 millones de pesos. Este convenio ha permitido al Ceepac solventar diversos gastos relacionados con la elección, gracias a un recurso adelantado por el órgano federal. Sin embargo, ante la falta de liquidez suficiente para cubrir este compromiso y otros pendientes presupuestales, el organismo analiza solicitar formalmente una ampliación presupuestal al Gobierno del Estado.

Paloma Blanco López, consejera presidenta del Ceepac, reconoció que hasta el momento no se ha presentado oficialmente la solicitud de ampliación presupuestal, pero confirmó que se mantiene una comunicación constante con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas. Ambas dependencias han sido informadas de las necesidades económicas del consejo, con el objetivo de asegurar que el proceso electoral judicial se realice en condiciones óptimas y conforme a derecho.

Asimismo, Blanco López señaló que recientemente el Ceepac aprobó una segunda adecuación presupuestal para ajustar el uso de los recursos disponibles. No obstante, admitió que aún hay rubros sin financiamiento suficiente, entre ellos el convenio con el INE, lo que pone en evidencia la necesidad de apoyo adicional para cerrar adecuadamente el proceso electoral.

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