octubre 15, 2026

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En SLP se evade la realidad respecto a la elevada producción de droga

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El estado ocupa el primer lugar nacional de dicho crimen, pero secretarios y funcionarios se niegan a asumirlo

Por El Saxofón

La semana pasada una noticia publicada a nivel nacional causó revuelo. San Luis Potosí fue el estado de la República en el que se abrieron más carpetas de investigación por el delito de producción de drogas. La nota, destacada en el diario Reforma, no podía pasar desapercibida.

Tampoco debería ser noticia nueva. Esta tendencia ya había sido advertida desde mayo del año pasado por La Orquesta. La misma cifra se dio a conocer a nivel local días antes de que la publicara el diario Reforma.

Sin embargo, tuvo que ser publicada por el diario nacional para que las autoridades locales reaccionaran.

El gobierno del estado se apresuró a decir sin más argumentos. Sobre las 232 carpetas de investigación abiertas por este delito en la Fiscalía General de la República, Alejandro Leal Tovías, Secretario General del Gobierno, solo dijo: “lo vamos a revisar“.

No obstante, las declaraciones de Leal Tovías no pueden ocultar una realidad comprobable y por tanto, innegable: en 2018 la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en San Luis Potosí abrió 232 carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de Producción, el mayor número de indagatorias por este delito en todo el país y en la historia de la entidad. También es el mayor número de investigaciones abiertas en una entidad federativa por producción de droga, desde que se llevan las estadísticas (2012).

La cifra está contenida en el apartado de Delitos del Fuero Federal, en las estadísticas de incidencia delictiva que cada mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La producción de drogas es un delito cuyo combate corresponde al gobierno federal. Por lo que toca a la Delegación de la FGR en San Luis Potosí, según datos que constan en el portal web de la dependencia, a lo largo de 2018, se abrieron 290 carpetas de investigación por Delitos Contra la Salud (delitos relacionados con drogas). De estos 232 fueron por Delitos contra la Salud en su modalidad de Producción; 40 en la modalidad de Posesión; 15 en la modalidad de Transporte, y 1 en la Modalidad de Comercio. Aunado a ello, la FGR atrajo 9 casos de narcomenudeo, aunque este es un delito que corresponde atender a la fiscalía local.

En el caso de la modalidad de Producción de Droga, el desglose por mes, revela que en enero de 2018, la Delegación de la PGR en San Luis Potosí no abrió ninguna carpeta de investigación, sin embargo en febrero abrió 11, -la mayor cifra desde el 2012- , en marzo 24; en abril 17; en mayo 23; en junio 17; en julio 22; en agosto 25; en septiembre 31; en octubre 14; en noviembre 26; y en diciembre 22.

UN CASO

Si las cifras no bastan, hay que recordar que en el pasado reciente, San Luis Potosí no ha estado exento de la producción de drogas. En septiembre de 2016 fue asegurado un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Zaragoza.

En el lugar fueron encontrados 145 contenedores de mil litros; 222 tambos de 200 litros; garrafas de 100 litros; cubetas de 50 litros; 5 tinacos de 5 mil litros cada uno; 62 bultos de sodio; 30 máquinas centrífugas y calderas; 3 tanques de gas para 5 mil litros; 5 tanques de gas para 40 kilogramos y una camioneta. No hubo detenidos.

Apenas el año pasado, dos años después de su aseguramiento, el narcolaboratorio fue desmantelado.

La finca permaneció resguardada durante dos años, y no fue sino hasta mayo de 2018, un miércoles por la tarde, en presencia del MP, que personal expertos en uso de sustancias químicas desalojaron los materiales.

HISTÓRICO

Los delitos Contra la Salud están tipificados en el Título Séptimo, Capítulo I del Código Penal Federal. En el artículo 194 se establece que por “producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico”. Este delito merece de diez a 25 años de prisión.

En 2012, las entidades con mayor número de carpetas de investigación abiertas por producción de droga eran Sinaloa (133), Sonora (195) Michoacán (186), Jalisco (134). Si se mira, son entidades habitualmente relacionadas con las actividades del crimen organizado.

En 2013 el número de investigaciones abiertas bajó, pero siguieron siendo las mismas entidades. Sonora 86, Sinaloa 77, Michoacán 68, Jalisco descendió hasta 21, subieron a 32 en Baja California y a 34 en Coahuila.

Ese año, en total fueron 470 carpetas de investigación a nivel nacional.

En 2012 y 2013, San Luis Potosí, registró cero indagatorias. Sin embargo, en 2014, apareció por primera vez en la estadística con 3. Ese año siguieron a la cabeza los mismos estados, Sinaloa con 73 averiguaciones, Sonora con 54, Michoacán con 52, Baja California subió a 37, Jalisco Bajó a 11.

A nivel nacional las investigaciones abiertas en ese periodo anual bajaron a 434.

En 2015 las carpetas de investigación en todo el país aumentaron a 488. Subieron las cifras en Sinaloa 102, Sonora registró 64, se sumó el vecino estado de Guanajuato con 49, y apareció  Coahuila con 39. San Luis volvió a registrar 3.

En 2016, las cifras volvieron a moverse, Chiapas subió al primer lugar con 110 indagatorias, por encima de Sinaloa y Jalisco que registraron 96 cada uno, Sonora con 68. Apareció el Estado de México con 71 carpetas de investigación. Michoacán se mantuvo con 46 y  Nuevo León subió a 48.

A nivel nacional se duplicaron las carpetas de investigación a 505. San Luis registró 8.

En 2017 las indagatorias bajaron considerablemente en Sinaloa y Sonora 37 y 27 respectivamente. En primer lugar se ubicó Jalisco con 57. Chihuahua en segundo con 47. San Luis Potosí se ubicó en cuarto lugar al nivel de Michoacán con 33 carpetas de investigación abiertas.

El número de indagatorias subió a 780.

En 2018, como ya se sabe, San Luis Potosí subió al primer lugar con 232 denuncias, por encima de Baja California que sumó 213, Sonora con 109, Jalisco con 103, Sinaloa con 73 y Estado de México con 96.

El número total de indagatorias abiertas en el país fue de 1 mil 258.

***

Entre 2012 y 2018, años que abarca la estadística, ningún estado ha quedado exento de investigaciones por el delito de producción de drogas, las entidades que un año registraron cero indagatorias al siguiente observan al menos una.

Entonces, ¿qué quieren decir estas fluctuaciones en las cifras de investigaciones abiertas?

Un dato interesante es que si bien las investigaciones por producción de droga en San Luis Potosí se dispararon, las indagatorias por transporte cayeron significativamente: de 139 en 2017 a solo 15 en 2018.

¿Esto significa que disminuyó el trasiego de droga en San Luis Potosí?

No necesariamente.

También lea: SLP, principal productor de drogas del país

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La casual visita de Mario Delgado | Apuntes de Jorge Saldaña

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Culto Público, hijos de la escasez de Gomina:

Las casualidades en política son como cuando el cumpleañero se hace el que no sabía de la fiesta sorpresa y aplica alguna variante del “cómo creen… no se hubieran molestado”.

Este jueves para la hora en que me despierte, ya llevará un buen rato en San Luis Potosí el secretario de Educación, Mario Delgado.

La fiesta sorpresa a la que vino (perdón, quise decir “la agenda oficial que lo trae al territorio potosino”) es la de encabezar un foro sobre el uso de los celulares en las escuelas.

El tema es relevante, necesario, polémico y multiarístico para que quede claro. No se demerita en absoluto el ejercicio de escucha plural de un asunto al que por cierto ya vamos tarde.

La cosa es que, paralelamente habrá otro foco de atención que no tiene que ver precisamente con los celulares, sino más bien con los contactos guardados y le explico si me lo permite:

¿En dónde está el “sorpreeeesaaaa” y el lanzamiento de serpentinas predecibles?

En que este mismo día, el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno -y de Morena- rendirá su segundo informe legislativo. Fíjate qué coincidencia y “qué sorpresas da la vida encontrarte en plena calle” escribió inspirado Hernáldo Zúñiga.

La presencia de Mario Delgado está calculada y para Badillo Moreno es un mensaje muy claro. Hay que recordar que el diputado es, no de ahora, la apuesta del secretario de educación para la alcaldía capitalina.

No sé cuánta gente lo sepa, pero el exdirigente de Morena tiene comunicación constante y multitemática con el diputado responsable de la escasez de Gomina de la extrafuerte en SLP.

Además, Delgado no es cualquier visitante: también es amigo cercano del gobernador y funge, ha fungido y fungirá, como uno de los puentes de comunicación más sólidos entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo…Nada más.

Por lo tanto, en ese tablero, Cuauhtli no es que aspire a una boleta, está mejor dicho que aspira a que los acuerdos sean firmes como el gel de su peinado, y por lo tanto juega a que el amigo de su mentor ubicado en la pista nacional, lo considere seriamente para ir junto al Verde por nuestra ajardinada capital, cuna de las crónicas del padre Montejano.

Para ser directos: Ricardo Gallardo tendrá que negociar si concede o no a su amigo e interlocutor presidencial esa posición y apoyarlo con el Verde.

Nada fácil la decisión, pero es clave. Existen muchos factores alrededor tan delicados en esa postulación, que el caso se tiene que hilvanar tan fino como neurólogo pediátrico de neonatos para no dejar cicatrices abiertas y asegurarse -sobre todo- que no se caigan las puntadas.

Solo imagine, Culto Público, el aprieto del candidato jugando en la capital por Morena y Verde mientras a la gubernatura van por separado. ¿A cuál de las dos candidatas al gobierno deberá apoyar y reunir votos el candidato a alcalde?

Es bien sabido que lo que más les gusta hacer a los escenarios es cambiar, pero si así se dieran las cosas en este momento, me encantará ver la forma en que se apoye a una, a otra, o a las dos candidatas al poder ejecutivo:

-A la bio

-A la bao

-A la bim-bom-ba

“ERRE, ERRE” RA, RA, RA…

Me carcajeo de antemano. Ya veremos.

Antes del punto final, le comparto que de acuerdo a personas que siguieron el proceso personalmente, Rita Ozalia ya estaba elegida como coordinadora por SLP, sin embargo una llamada le hizo ver que dejar la dirección del partido antes de que vencieran las fechas fatales para convenios de coalición y definición de candidaturas, no era conveniente.

Prevista la circunstancia, seguía en orden al nombramiento Carlos Arreola, que lo tuvo a milímetros.

Sabemos todos que de último momento el boleto terminó en manos de César Elí Cervantes, que ni enterado estaba de que lo subirían al carrusel como “pieza útil” (le dicen más feo pero yo sí respeto) de contención, al grado que unos lo ven hasta como guardalugares.

Arreola buscaba la posición más que por ambición por estrategia, la coordinación, aun siendo temporal, le permite a cualquiera fortalecer estructura, sin embargo, a Carlos le pasaron factura sus lances y banderillas bien puestas al rector de la UASLP y un par de gracejadas públicas.

Premio no tiene (en realidad nadie) pero sí lo quiere, con o sin nombramiento, puede buscar que las cuentas le alcancen para levantar la mano a una diputación federal, o después del despacho de las candidaturas, ir a resguardar el partido.

Por todo eso viene Mario. Porque esas cosas no se tratan por el celular, y de aquí en adelante no se vale el “me equivoqué de chat”.

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

Lee también: No voy a escribir de la caída del Huasteco…pero podría

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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez

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El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo

Por: Haniel Valdés

El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.

El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.

El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.

“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.

En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.

Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales

, y señaló que, si no ha renunciado, “eso sí es un delito”.

La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.

Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.

Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.

Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.

La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.

En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.

También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva

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Rosas Montiel busca que los municipios presupuesten dinero para bomberos

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El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos

Por: Haniel Valdés

El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.

Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.

Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.

Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.

El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.

El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.

Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.

También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan

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