octubre 21, 2026

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En SLP se evade la realidad respecto a la elevada producción de droga

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El estado ocupa el primer lugar nacional de dicho crimen, pero secretarios y funcionarios se niegan a asumirlo

Por El Saxofón

La semana pasada una noticia publicada a nivel nacional causó revuelo. San Luis Potosí fue el estado de la República en el que se abrieron más carpetas de investigación por el delito de producción de drogas. La nota, destacada en el diario Reforma, no podía pasar desapercibida.

Tampoco debería ser noticia nueva. Esta tendencia ya había sido advertida desde mayo del año pasado por La Orquesta. La misma cifra se dio a conocer a nivel local días antes de que la publicara el diario Reforma.

Sin embargo, tuvo que ser publicada por el diario nacional para que las autoridades locales reaccionaran.

El gobierno del estado se apresuró a decir sin más argumentos. Sobre las 232 carpetas de investigación abiertas por este delito en la Fiscalía General de la República, Alejandro Leal Tovías, Secretario General del Gobierno, solo dijo: “lo vamos a revisar“.

No obstante, las declaraciones de Leal Tovías no pueden ocultar una realidad comprobable y por tanto, innegable: en 2018 la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en San Luis Potosí abrió 232 carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de Producción, el mayor número de indagatorias por este delito en todo el país y en la historia de la entidad. También es el mayor número de investigaciones abiertas en una entidad federativa por producción de droga, desde que se llevan las estadísticas (2012).

La cifra está contenida en el apartado de Delitos del Fuero Federal, en las estadísticas de incidencia delictiva que cada mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La producción de drogas es un delito cuyo combate corresponde al gobierno federal. Por lo que toca a la Delegación de la FGR en San Luis Potosí, según datos que constan en el portal web de la dependencia, a lo largo de 2018, se abrieron 290 carpetas de investigación por Delitos Contra la Salud (delitos relacionados con drogas). De estos 232 fueron por Delitos contra la Salud en su modalidad de Producción; 40 en la modalidad de Posesión; 15 en la modalidad de Transporte, y 1 en la Modalidad de Comercio. Aunado a ello, la FGR atrajo 9 casos de narcomenudeo, aunque este es un delito que corresponde atender a la fiscalía local.

En el caso de la modalidad de Producción de Droga, el desglose por mes, revela que en enero de 2018, la Delegación de la PGR en San Luis Potosí no abrió ninguna carpeta de investigación, sin embargo en febrero abrió 11, -la mayor cifra desde el 2012- , en marzo 24; en abril 17; en mayo 23; en junio 17; en julio 22; en agosto 25; en septiembre 31; en octubre 14; en noviembre 26; y en diciembre 22.

UN CASO

Si las cifras no bastan, hay que recordar que en el pasado reciente, San Luis Potosí no ha estado exento de la producción de drogas. En septiembre de 2016 fue asegurado un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Zaragoza.

En el lugar fueron encontrados 145 contenedores de mil litros; 222 tambos de 200 litros; garrafas de 100 litros; cubetas de 50 litros; 5 tinacos de 5 mil litros cada uno; 62 bultos de sodio; 30 máquinas centrífugas y calderas; 3 tanques de gas para 5 mil litros; 5 tanques de gas para 40 kilogramos y una camioneta. No hubo detenidos.

Apenas el año pasado, dos años después de su aseguramiento, el narcolaboratorio fue desmantelado.

La finca permaneció resguardada durante dos años, y no fue sino hasta mayo de 2018, un miércoles por la tarde, en presencia del MP, que personal expertos en uso de sustancias químicas desalojaron los materiales.

HISTÓRICO

Los delitos Contra la Salud están tipificados en el Título Séptimo, Capítulo I del Código Penal Federal. En el artículo 194 se establece que por “producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico”. Este delito merece de diez a 25 años de prisión.

En 2012, las entidades con mayor número de carpetas de investigación abiertas por producción de droga eran Sinaloa (133), Sonora (195) Michoacán (186), Jalisco (134). Si se mira, son entidades habitualmente relacionadas con las actividades del crimen organizado.

En 2013 el número de investigaciones abiertas bajó, pero siguieron siendo las mismas entidades. Sonora 86, Sinaloa 77, Michoacán 68, Jalisco descendió hasta 21, subieron a 32 en Baja California y a 34 en Coahuila.

Ese año, en total fueron 470 carpetas de investigación a nivel nacional.

En 2012 y 2013, San Luis Potosí, registró cero indagatorias. Sin embargo, en 2014, apareció por primera vez en la estadística con 3. Ese año siguieron a la cabeza los mismos estados, Sinaloa con 73 averiguaciones, Sonora con 54, Michoacán con 52, Baja California subió a 37, Jalisco Bajó a 11.

A nivel nacional las investigaciones abiertas en ese periodo anual bajaron a 434.

En 2015 las carpetas de investigación en todo el país aumentaron a 488. Subieron las cifras en Sinaloa 102, Sonora registró 64, se sumó el vecino estado de Guanajuato con 49, y apareció  Coahuila con 39. San Luis volvió a registrar 3.

En 2016, las cifras volvieron a moverse, Chiapas subió al primer lugar con 110 indagatorias, por encima de Sinaloa y Jalisco que registraron 96 cada uno, Sonora con 68. Apareció el Estado de México con 71 carpetas de investigación. Michoacán se mantuvo con 46 y  Nuevo León subió a 48.

A nivel nacional se duplicaron las carpetas de investigación a 505. San Luis registró 8.

En 2017 las indagatorias bajaron considerablemente en Sinaloa y Sonora 37 y 27 respectivamente. En primer lugar se ubicó Jalisco con 57. Chihuahua en segundo con 47. San Luis Potosí se ubicó en cuarto lugar al nivel de Michoacán con 33 carpetas de investigación abiertas.

El número de indagatorias subió a 780.

En 2018, como ya se sabe, San Luis Potosí subió al primer lugar con 232 denuncias, por encima de Baja California que sumó 213, Sonora con 109, Jalisco con 103, Sinaloa con 73 y Estado de México con 96.

El número total de indagatorias abiertas en el país fue de 1 mil 258.

***

Entre 2012 y 2018, años que abarca la estadística, ningún estado ha quedado exento de investigaciones por el delito de producción de drogas, las entidades que un año registraron cero indagatorias al siguiente observan al menos una.

Entonces, ¿qué quieren decir estas fluctuaciones en las cifras de investigaciones abiertas?

Un dato interesante es que si bien las investigaciones por producción de droga en San Luis Potosí se dispararon, las indagatorias por transporte cayeron significativamente: de 139 en 2017 a solo 15 en 2018.

¿Esto significa que disminuyó el trasiego de droga en San Luis Potosí?

No necesariamente.

También lea: SLP, principal productor de drogas del país

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Minería potosina crece en fluorita, pero cae en plata y cobre

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La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc

Por: Ana G Silva

La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.

En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.

Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.

En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos

menos en el periodo comparado.

El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.

CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL

Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.

Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.

Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.

En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.

Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.

También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %

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Congreso del Estado

Restricción de celulares en aulas arrancará el 3 de noviembre: SEGE

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La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior

Por: Redacción

La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.

También para maestros

A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.

Las excepciones

El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.

Cuotas escolares, bajo revisión

En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.

También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE

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Tribunal Electoral sanciona por primera vez violencia política contra jueza electa

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A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse

Por: Redacción

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.

La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.

El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.

Por qué es un precedente

La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.

El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.

Lo que falta por cumplir

A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.

Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.

Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.

También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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