noviembre 19, 2025

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En SLP se evade la realidad respecto a la elevada producción de droga

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El estado ocupa el primer lugar nacional de dicho crimen, pero secretarios y funcionarios se niegan a asumirlo

Por El Saxofón

La semana pasada una noticia publicada a nivel nacional causó revuelo. San Luis Potosí fue el estado de la República en el que se abrieron más carpetas de investigación por el delito de producción de drogas. La nota, destacada en el diario Reforma, no podía pasar desapercibida.

Tampoco debería ser noticia nueva. Esta tendencia ya había sido advertida desde mayo del año pasado por La Orquesta. La misma cifra se dio a conocer a nivel local días antes de que la publicara el diario Reforma.

Sin embargo, tuvo que ser publicada por el diario nacional para que las autoridades locales reaccionaran.

El gobierno del estado se apresuró a decir sin más argumentos. Sobre las 232 carpetas de investigación abiertas por este delito en la Fiscalía General de la República, Alejandro Leal Tovías, Secretario General del Gobierno, solo dijo: “lo vamos a revisar“.

No obstante, las declaraciones de Leal Tovías no pueden ocultar una realidad comprobable y por tanto, innegable: en 2018 la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en San Luis Potosí abrió 232 carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de Producción, el mayor número de indagatorias por este delito en todo el país y en la historia de la entidad. También es el mayor número de investigaciones abiertas en una entidad federativa por producción de droga, desde que se llevan las estadísticas (2012).

La cifra está contenida en el apartado de Delitos del Fuero Federal, en las estadísticas de incidencia delictiva que cada mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La producción de drogas es un delito cuyo combate corresponde al gobierno federal. Por lo que toca a la Delegación de la FGR en San Luis Potosí, según datos que constan en el portal web de la dependencia, a lo largo de 2018, se abrieron 290 carpetas de investigación por Delitos Contra la Salud (delitos relacionados con drogas). De estos 232 fueron por Delitos contra la Salud en su modalidad de Producción; 40 en la modalidad de Posesión; 15 en la modalidad de Transporte, y 1 en la Modalidad de Comercio. Aunado a ello, la FGR atrajo 9 casos de narcomenudeo, aunque este es un delito que corresponde atender a la fiscalía local.

En el caso de la modalidad de Producción de Droga, el desglose por mes, revela que en enero de 2018, la Delegación de la PGR en San Luis Potosí no abrió ninguna carpeta de investigación, sin embargo en febrero abrió 11, -la mayor cifra desde el 2012- , en marzo 24; en abril 17; en mayo 23; en junio 17; en julio 22; en agosto 25; en septiembre 31; en octubre 14; en noviembre 26; y en diciembre 22.

UN CASO

Si las cifras no bastan, hay que recordar que en el pasado reciente, San Luis Potosí no ha estado exento de la producción de drogas. En septiembre de 2016 fue asegurado un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Zaragoza.

En el lugar fueron encontrados 145 contenedores de mil litros; 222 tambos de 200 litros; garrafas de 100 litros; cubetas de 50 litros; 5 tinacos de 5 mil litros cada uno; 62 bultos de sodio; 30 máquinas centrífugas y calderas; 3 tanques de gas para 5 mil litros; 5 tanques de gas para 40 kilogramos y una camioneta. No hubo detenidos.

Apenas el año pasado, dos años después de su aseguramiento, el narcolaboratorio fue desmantelado.

La finca permaneció resguardada durante dos años, y no fue sino hasta mayo de 2018, un miércoles por la tarde, en presencia del MP, que personal expertos en uso de sustancias químicas desalojaron los materiales.

HISTÓRICO

Los delitos Contra la Salud están tipificados en el Título Séptimo, Capítulo I del Código Penal Federal. En el artículo 194 se establece que por “producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico”. Este delito merece de diez a 25 años de prisión.

En 2012, las entidades con mayor número de carpetas de investigación abiertas por producción de droga eran Sinaloa (133), Sonora (195) Michoacán (186), Jalisco (134). Si se mira, son entidades habitualmente relacionadas con las actividades del crimen organizado.

En 2013 el número de investigaciones abiertas bajó, pero siguieron siendo las mismas entidades. Sonora 86, Sinaloa 77, Michoacán 68, Jalisco descendió hasta 21, subieron a 32 en Baja California y a 34 en Coahuila.

Ese año, en total fueron 470 carpetas de investigación a nivel nacional.

En 2012 y 2013, San Luis Potosí, registró cero indagatorias. Sin embargo, en 2014, apareció por primera vez en la estadística con 3. Ese año siguieron a la cabeza los mismos estados, Sinaloa con 73 averiguaciones, Sonora con 54, Michoacán con 52, Baja California subió a 37, Jalisco Bajó a 11.

A nivel nacional las investigaciones abiertas en ese periodo anual bajaron a 434.

En 2015 las carpetas de investigación en todo el país aumentaron a 488. Subieron las cifras en Sinaloa 102, Sonora registró 64, se sumó el vecino estado de Guanajuato con 49, y apareció  Coahuila con 39. San Luis volvió a registrar 3.

En 2016, las cifras volvieron a moverse, Chiapas subió al primer lugar con 110 indagatorias, por encima de Sinaloa y Jalisco que registraron 96 cada uno, Sonora con 68. Apareció el Estado de México con 71 carpetas de investigación. Michoacán se mantuvo con 46 y  Nuevo León subió a 48.

A nivel nacional se duplicaron las carpetas de investigación a 505. San Luis registró 8.

En 2017 las indagatorias bajaron considerablemente en Sinaloa y Sonora 37 y 27 respectivamente. En primer lugar se ubicó Jalisco con 57. Chihuahua en segundo con 47. San Luis Potosí se ubicó en cuarto lugar al nivel de Michoacán con 33 carpetas de investigación abiertas.

El número de indagatorias subió a 780.

En 2018, como ya se sabe, San Luis Potosí subió al primer lugar con 232 denuncias, por encima de Baja California que sumó 213, Sonora con 109, Jalisco con 103, Sinaloa con 73 y Estado de México con 96.

El número total de indagatorias abiertas en el país fue de 1 mil 258.

***

Entre 2012 y 2018, años que abarca la estadística, ningún estado ha quedado exento de investigaciones por el delito de producción de drogas, las entidades que un año registraron cero indagatorias al siguiente observan al menos una.

Entonces, ¿qué quieren decir estas fluctuaciones en las cifras de investigaciones abiertas?

Un dato interesante es que si bien las investigaciones por producción de droga en San Luis Potosí se dispararon, las indagatorias por transporte cayeron significativamente: de 139 en 2017 a solo 15 en 2018.

¿Esto significa que disminuyó el trasiego de droga en San Luis Potosí?

No necesariamente.

También lea: SLP, principal productor de drogas del país

#4 Tiempos

La IA, periodismo, y la coartada perfecta | Apuntes de Jorge Saldaña

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riesgos de legislar sobre IA

““Vivimos bajo tormentas de datos que no construyen verdad sino ruido”. La información, desanclada de la confianza, se vuelve atmósfera. Y en atmósfera turbia, cualquiera puede gritar “fuego” y llamar a los bomberos, o “deepfake” y zafarse de la comisión de un delito”

Por: Jorge Saldaña

Hay épocas en las que la tecnología acelera más rápido que la ley en una carrera en pista sinuosa, de esas con curvas tan cerradas que hasta el volante tiembla.

Estamos ahí. La inteligencia artificial (IA) ya es capaz de imitar una voz al grado de confundir a tu mamá, de injertar un rostro en un cuerpo ajeno con precisión perfecta, de producir un “comunicado oficial” con sellos y sintaxis idénticos a los originales. Qué peligroso.

No obstante, lo que de veras me quita el sueño (y eso que soy dormilón) no es solo lo que la IA puede fabricar, sino lo que su misma sombra puede desmentir, es decir, que lo verdadero sea tirado a la basura señalándolo a la ligera como “irreal”.

Dicho en pocas palabras: sí temo a la mentira hecha con IA, pero temo más que la IA se vuelva la coartada perfecta para negar la verdad. ¿Me explico?

Pienso en un audio que exhibe una extorsión, en una foto que capta a un político con un criminal, en un contrato auténtico que documenta un desvío.

Con la reforma aprobada en San Luis Potosí (con tan solo 10 días de análisis) que tipifica el “uso indebido” de IA para provocar alarma, alterar la paz social, o dañar la imagen de un tercero, creo que nos pone a todos, pero aún más a los que nos dedicamos al periodismo, en un altísimo riesgo de que la primera reacción del involucrado no sea la responder al fondo, sino señalar al mensajero: “Eso lo creó la IA”, y entonces deberá ser el reportero, y no el delincuente exhibido, el que deberá de demostrar que su evidencia no es sintética o artificial, o se va al bote.

Invertimos la carga de la prueba: del hecho al emisor; del culpable al periodista.

No exagero: Artículo 19 ya advirtió lagunas de precisión en conceptos como “alarma pública” o “paz social” (que son ambiguos y propensos a la interpretación) y un riesgo de discrecionalidad que podría alcanzar desde la crítica política hasta la edición creativa.

Es cierto, la iniciativa del diputado Héctor Serrano, incorpora exclusiones para fines periodísticos, académicos, artísticos y de parodia “siempre que no exista dolo y se indique expresamente ese carácter”. Bien intencionado, sí. ¿Suficiente? No, porque el campo de juego queda resbaladizo y no hay árbitro judicial ni peritos especialistas en el tema.

Las modificaciones al Código Penal producto de la iniciativa de regulación a la IA, no define con precisión cómo demostrar el dolo, qué es alarma y, sobre todo, quién y cómo lo acredita.

Byung-Chul Han lo dijo en su libro Infocracia, (que me gusta mucho citar): “vivimos bajo tormentas de datos que no construyen verdad sino ruido”. La información, desanclada de la confianza, se vuelve atmósfera. Y en atmósfera turbia, cualquiera puede gritar “fuego” y llamar a los bomberos, o “deepfake” y zafarse de la comisión de un delito.

Nuestro tiempo es el de la sospecha permanente, la duda como política de Estado.

El tema me recuerda a Orson Welles que lo anticipó en 1938 con La guerra de los mundos: una ficción radial que, contada como boletín, desató pánico.

Hoy no necesitamos actores; bastan modelos generativos, un par de clics y un algoritmo de difusión.

Imaginen —no es ciencia ficción— un boletín “verosímil” de la Sedena ordenando toque de queda; una “conferencia” de la presidenta aceptando una invasión o un “video” de un presunto homicida de un estudiante de Estomatología confesando un delito… (saben a lo que me refiero).

¿Qué tal que el homicida alega que el video que se filtró fue hecho con Inteligencia Artificial? ¿Se va a perseguir al medio que lo difundió? En una de esas, hasta el homicida sale libre…¿Ya me entiende, Culto Público a lo que me refiero, me preocupa, y me da comezón?

La IA escribe el guion; las redes, el miedo.

Ahora bien: San Luis Potosí ya legisló. ¿Hacía falta? Sí. Pero… ¿Así? ¿Tenemos la suficiente fortaleza académica, experiencia profesional y capacidades para fundamentar una legislación sobre esta materia que nos va ganando la carrera? ¿No será esto un acelerón en plena curva?

El que esto escribe, aprendiz de reportero, alcanza a ver al menos tres riesgos que no podemos ignorar:

1) La coartada perfecta del poderoso.

Frente a una investigación sólida, la respuesta fácil será: “es IA”. Si la norma deja ambigüedades, el periodista puede terminar litigando su autenticidad en vez de publicar, y esto puede generar un efecto inhibidor, una autocensura preventiva por miedo a ser acusado de crear “realidades sintéticas”.

2) La puerta trasera de la censura.

Cuando “alarma social” o “paz pública” no tienen parámetros verificables, cualquier pieza incómoda puede ser encuadrada como “desestabilizadora”. Hoy se promete que no; mañana basta un fiscal con prisas o un juez con miedo o a modo.

3) La prueba imposible.

En la práctica forense, demostrar que algo no fue generado por IA requiere peritajes especializados, sellos de procedencia, cadenas de custodia digitales. No los tenemos para temas como la IA ¿Quién los hará? ¿Con qué estándares? ¿Con qué independencia? Si no definimos eso, la balanza se inclina contra el informador.

Ante ello, creo que necesitamos definiciones más concretas, cerradas y taxativas, lo mismo que una “mente culpable” o como dicen los abogados una Mens rea probada, exigir dolo específico: intención de provocar alarma…me-di-ble y no de “sensación” de la misma.

Además, si alguien alega que una pieza es sintética o fabricada, que lo acredite con peritajes de laboratorios independientes (no “peritos de parte” -que además no hay en SLP- a modo).

Los periodistas también tenemos que tener garantías reales y no meramente declarativas.

Efectivamente hay una exclusión en la iniciativa aprobada para el ejercicio del periodismo, arte, academia y sátira, sin embargo, ¿quién garantiza que opere en los hechos, cuando alguien -como dije arriba- nada más porque sienta calor le llame a los bomberos…?

No se trata de negar el dilema —que es brutal y de múltiples aristas—, sino de evitar que la cura mate al paciente. Porque, paradójicamente, la IA que nos amenaza con fabricar mundos, también puede servir para validarlos.

A ver, para Usted mi Culto Público, le comparto dos escenarios de pesadilla y uno de esperanza:

Un “Falso con consecuencias reales”: Un “comunicado” apócrifo de Protección Civil que ordene evacuar colonias. Pánico, saqueos, accidentes. Nadie herido por la IA; todos por la estampida.

Un “Verdadero desmentido como falso”: Un video auténtico que documenta un abuso policial. Los responsables gritan “deepfake”, “IA”, un juez timorato concede medidas cautelares, y el reportero enfrenta proceso. La evidencia muere antes que el delito.

Uno de esperanza: que la norma haga lo que promete: perseguir mentiras sintéticas dañinas, proteger a víctimas (como las 400 estudiantes de Zacatecas) y blindar la crítica. Se puede, si se afina y lo hacemos de forma acompañada y profesional. No a la ligera.

La delgada línea entre vigilar y castigar —permítanme el guiño— no debería cruzarse hacia castigar al que vigila. La prensa, con sus errores y excesos que a veces tenemos (no me subo al púlpito ni tiro la primera piedra), sigue siendo el semáforo en una avenida oscura: si se apaga “por seguridad”, lo que viene no es orden, sino una carambola con trágicas consecuencias.

Cierro con una imagen. La IA es el Orson Welles de nuestros tiempos: puede narrar invasiones que no existen y desmentir revoluciones que sí ocurrieron. La diferencia será si, en San Luis, ponemos reglas claras, peritos que sepan, y un principio simple grabado en piedra: a la verdad no se le pone grillete; a la mentira, sí.

Insisto, si lo hacemos bien, con profesionalismo y sin miedo, quizá esta vez la radio hablando de marcianos no provoque pánico, sino lucidez.

Mañana será el diputado de Morena Carlos Arreola (qué casualidad) el que anuncie el desarrollo inmediato de foros con ciudadanos, académicos, especialistas, periodistas, abogados y otros grupos para discutir, plantear y afinar la iniciativa aprobada. Aunque lo convoque Arreola, ni modo, me apunto.

Nota: Esta columna no fue redactada con IA, sino con MIR (Mi Ignorancia Regular).

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Ciudad

Se dispara la violencia familiar en vacaciones; SSPC refuerza prevención

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Juan Antonio Villa dijo que los domingos por la tarde son los días que concentran más reportes

Por: Redacción

A unas semanas del inicio formal de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advirtió que los casos de violencia familiar tienden a incrementarse durante este periodo, especialmente después de que los niños salen de vacaciones.

El titular de la dependencia, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que cada año se registra un repunte en llamadas de auxilio relacionad as con agresiones dentro del hogar

, en gran parte provocado por el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Villa Gutiérrez explicó que, aunque este comportamiento es cíclico, la SSPC trabaja actualmente desde el área de Prevención del Delito para que mujeres, niñas, niños y ciud adanía en general aprendan a identificar conductas violentas que a menudo se normalizan, como la violencia psicológica o económica.

“El objetivo es inhibir en lo posible el incremento de la violencia familiar”, afirmó el secretario.

El funcionario señaló que no existe una zona específica donde se concentren los reportes, pues la incidencia varía; sin embargo, detalló que los domingos por la tarde suelen ser los momentos con mayor número de denuncias, nuevamente influido por el consumo de alcohol.

La SSPC aseguró que mantendrá operativos y vigilancia reforzada durante las semanas previas y posteriores a las vacaciones decembrinas.

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Propuesta de sueldos policiacos en SLP reducirá actos de corrupción: SGG

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La iniciativa sobre los salarios de elementos municipales se presentará antes de fin de año

Por: Redacción

J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, informó que las autoridades estatales continúan en el análisis y recaudación de información de la iniciativa legislativa para que los policías de los 59 municipios reciban un sueldo mínimo de 15 mil pesos. Esta medida busca brindar mayores garantías a los elementos de seguridad, reducir actos de corrupción e incluso evitar que se filtre información a grupos de la delincuencia organizada.

Para lograr dicha homologación, Torres Sánchez explicó que se han llevado a cabo mesas de seguridad en distintos municipios, donde se dialoga con presidentas y presidentes municipales para conocer su estado de fuerza

y los salarios actuales de los uniformados.

Sobre estas reuniones, el secretario señaló que existe una gran disparidad salarial, pues algunos municipios pagan siete mil u ocho mil pesos mensuales, cantidad que consideró insuficiente para garantizar una vida digna.

Por último, Torres Sánchez indicó que la intención es presentar la iniciativa ante el Congreso del Estado antes de que concluya el año, con el fin de que el Poder Legislativo cuente con el tiempo necesario para su análisis.

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