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En SLP se evade la realidad respecto a la elevada producción de droga
El estado ocupa el primer lugar nacional de dicho crimen, pero secretarios y funcionarios se niegan a asumirlo
Por El Saxofón
La semana pasada una noticia publicada a nivel nacional causó revuelo. San Luis Potosí fue el estado de la República en el que se abrieron más carpetas de investigación por el delito de producción de drogas. La nota, destacada en el diario Reforma, no podía pasar desapercibida.
Tampoco debería ser noticia nueva. Esta tendencia ya había sido advertida desde mayo del año pasado por La Orquesta. La misma cifra se dio a conocer a nivel local días antes de que la publicara el diario Reforma.
Sin embargo, tuvo que ser publicada por el diario nacional para que las autoridades locales reaccionaran.
El gobierno del estado se apresuró a decir sin más argumentos. Sobre las 232 carpetas de investigación abiertas por este delito en la Fiscalía General de la República, Alejandro Leal Tovías, Secretario General del Gobierno, solo dijo: “lo vamos a revisar“.
No obstante, las declaraciones de Leal Tovías no pueden ocultar una realidad comprobable y por tanto, innegable: en 2018 la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en San Luis Potosí abrió 232 carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de Producción, el mayor número de indagatorias por este delito en todo el país y en la historia de la entidad. También es el mayor número de investigaciones abiertas en una entidad federativa por producción de droga, desde que se llevan las estadísticas (2012).
La cifra está contenida en el apartado de Delitos del Fuero Federal, en las estadísticas de incidencia delictiva que cada mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La producción de drogas es un delito cuyo combate corresponde al gobierno federal. Por lo que toca a la Delegación de la FGR en San Luis Potosí, según datos que constan en el portal web de la dependencia, a lo largo de 2018, se abrieron 290 carpetas de investigación por Delitos Contra la Salud (delitos relacionados con drogas). De estos 232 fueron por Delitos contra la Salud en su modalidad de Producción; 40 en la modalidad de Posesión; 15 en la modalidad de Transporte, y 1 en la Modalidad de Comercio. Aunado a ello, la FGR atrajo 9 casos de narcomenudeo, aunque este es un delito que corresponde atender a la fiscalía local.
En el caso de la modalidad de Producción de Droga, el desglose por mes, revela que en enero de 2018, la Delegación de la PGR en San Luis Potosí no abrió ninguna carpeta de investigación, sin embargo en febrero abrió 11, -la mayor cifra desde el 2012- , en marzo 24; en abril 17; en mayo 23; en junio 17; en julio 22; en agosto 25; en septiembre 31; en octubre 14; en noviembre 26; y en diciembre 22.
UN CASO
Si las cifras no bastan, hay que recordar que en el pasado reciente, San Luis Potosí no ha estado exento de la producción de drogas. En septiembre de 2016 fue asegurado un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Zaragoza.
En el lugar fueron encontrados 145 contenedores de mil litros; 222 tambos de 200 litros; garrafas de 100 litros; cubetas de 50 litros; 5 tinacos de 5 mil litros cada uno; 62 bultos de sodio; 30 máquinas centrífugas y calderas; 3 tanques de gas para 5 mil litros; 5 tanques de gas para 40 kilogramos y una camioneta. No hubo detenidos.
Apenas el año pasado, dos años después de su aseguramiento, el narcolaboratorio fue desmantelado.
La finca permaneció resguardada durante dos años, y no fue sino hasta mayo de 2018, un miércoles por la tarde, en presencia del MP, que personal expertos en uso de sustancias químicas desalojaron los materiales.
HISTÓRICO
Los delitos Contra la Salud están tipificados en el Título Séptimo, Capítulo I del Código Penal Federal. En el artículo 194 se establece que por “producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico”. Este delito merece de diez a 25 años de prisión.
En 2012, las entidades con mayor número de carpetas de investigación abiertas por producción de droga eran Sinaloa (133), Sonora (195) Michoacán (186), Jalisco (134). Si se mira, son entidades habitualmente relacionadas con las actividades del crimen organizado.
En 2013 el número de investigaciones abiertas bajó, pero siguieron siendo las mismas entidades. Sonora 86, Sinaloa 77, Michoacán 68, Jalisco descendió hasta 21, subieron a 32 en Baja California y a 34 en Coahuila.
Ese año, en total fueron 470 carpetas de investigación a nivel nacional.
En 2012 y 2013, San Luis Potosí, registró cero indagatorias. Sin embargo, en 2014, apareció por primera vez en la estadística con 3. Ese año siguieron a la cabeza los mismos estados, Sinaloa con 73 averiguaciones, Sonora con 54, Michoacán con 52, Baja California subió a 37, Jalisco Bajó a 11.
A nivel nacional las investigaciones abiertas en ese periodo anual bajaron a 434.
En 2015 las carpetas de investigación en todo el país aumentaron a 488. Subieron las cifras en Sinaloa 102, Sonora registró 64, se sumó el vecino estado de Guanajuato con 49, y apareció Coahuila con 39. San Luis volvió a registrar 3.
En 2016, las cifras volvieron a moverse, Chiapas subió al primer lugar con 110 indagatorias, por encima de Sinaloa y Jalisco que registraron 96 cada uno, Sonora con 68. Apareció el Estado de México con 71 carpetas de investigación. Michoacán se mantuvo con 46 y Nuevo León subió a 48.
A nivel nacional se duplicaron las carpetas de investigación a 505. San Luis registró 8.
En 2017 las indagatorias bajaron considerablemente en Sinaloa y Sonora 37 y 27 respectivamente. En primer lugar se ubicó Jalisco con 57. Chihuahua en segundo con 47. San Luis Potosí se ubicó en cuarto lugar al nivel de Michoacán con 33 carpetas de investigación abiertas.
El número de indagatorias subió a 780.
En 2018, como ya se sabe, San Luis Potosí subió al primer lugar con 232 denuncias, por encima de Baja California que sumó 213, Sonora con 109, Jalisco con 103, Sinaloa con 73 y Estado de México con 96.
El número total de indagatorias abiertas en el país fue de 1 mil 258.
***
Entre 2012 y 2018, años que abarca la estadística, ningún estado ha quedado exento de investigaciones por el delito de producción de drogas, las entidades que un año registraron cero indagatorias al siguiente observan al menos una.
Entonces, ¿qué quieren decir estas fluctuaciones en las cifras de investigaciones abiertas?
Un dato interesante es que si bien las investigaciones por producción de droga en San Luis Potosí se dispararon, las indagatorias por transporte cayeron significativamente: de 139 en 2017 a solo 15 en 2018.
¿Esto significa que disminuyó el trasiego de droga en San Luis Potosí?
No necesariamente.
También lea: SLP, principal productor de drogas del país
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Caso del perrito Hachi en Valles: lo sometieron de forma violenta y entregaron el cuerpo degollado
El alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar del personal de Protección Civil, aseguró que “la intervención se realizó conforme a protocolo”
Por: Redacción
La muerte de “Hachi”, un perro de raza labrador, ha generado indignación en Ciudad Valles, luego de que su familia denunciara un sometimiento violento por parte de elementos de Protección Civil municipal, así como la entrega del cuerpo degollado, lo que que calificaron como indignantes.
De acuerdo con los testimonios difundidos, el animal se encontraba bajo el cuidado de un tercero cuando, durante un paseo, reaccionó tras presunta agresión por parte de menores, lo que derivó en el reporte a autoridades.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes procedieron a asegurar al perro. Sin embargo, testigos y familiares señalan que el procedimiento incluyó uso excesivo de la fuerza, con inmovilización del animal mediante sujeción física que le impidió moverse, lo que —afirman— le provocó lesiones.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al perro sujeto contra una estructura, con el cuerpo restringido y sin posibilidad de movimiento, mientras era ahorcado por varios elementos con cuerdas y sogas.
Horas después, de acuerdo a información de C4 Jiménez, la familia denunció que el cuerpo de Hachi fue devuelto sin vida, dentro de una bolsa plástica y en condiciones que evidenciaban un manejo inadecuado y falta de respeto, pues el animal estaba degollado, en bolsas de plástico y otras partes del cuerpo cortadas.
Pese a estos señalamientos, el alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar de su personal, asegurando que la intervención se realizó conforme a protocolo.
En la misma línea, el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez, sostuvo que el procedimiento fue correcto.
Ante ello, ciudadanos y organizaciones han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
El caso de Hachi ha colocado en el centro del debate no solo la actuación de las autoridades, sino también los límites del llamado “protocolo” frente al respeto y protección de la vida animal.
También lee: Tigrillo muere tras ser atropellado en autopista de la Huasteca
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Tigrillo muere tras ser atropellado en autopista de la Huasteca
Una usuaria de Facebook dijo que se dio aviso a Selva Teenek Ecopark y a Eco Huellas TMZ; denunció la falta de pasos de fauna en la zona
Por: Redacción
Un tigrillo fue encontrado agonizando tras ser atropellado en la autopista rumbo a San Luis Potosí, cerca de la entrada al municipio de Tamasopo, de acuerdo con el reporte realizado por una usuaria en redes sociales.
Según el testimonio difundido, el felino aún presentaba signos de vida al momento de ser localizado; sin embargo, su estado era crítico. Ante la situación, las personas que se encontraban en el lugar únicamente pudieron orillarlo fuera de la vialidad para evitar que otros vehículos lo arrollaran nuevamente.
Asimismo, se dio aviso a organizaciones dedicadas a la protección de fauna, entre ellas Selva Teenek Ecopark y Eco Huellas TMZ, con el fin de que pudieran intervenir en el caso.
De acuerdo con lo señalado en la publicación, la ausencia de pasos de fauna en esta zona contribuye a que estos incidentes ocurran con frecuencia.
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Buscan visibilizar a menores en orfandad tras feminicidios con nuevo registro
La Ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, participó en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio
Por: Redacción
“Atender la orfandad derivada del feminicidio hace un imperativo contar con un marco jurídico integral, capaz de articular, de manera coherente, las obligaciones del Estado en materia de atención a víctimas, protección de la niñez, prevención y erradicación de la violencia, asistencia social y actuación procesal penal”, aseguró la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
Durante su intervención en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio, la Ministra reconoció que se trata de una decisión clave para la atención de infancias y adolescencias con esta problemática.
Esquivel Mossa explicó que más allá de un padrón, este registro tiene mayores implicaciones: “hablamos de la realidad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes quienes, tras el feminicidio de sus madres, quedan en situación de orfandad y enfrentan una ruptura que afecta tanto su dignidad como su estabilidad emocional, y las perspectivas de una vida que garantice sus derechos y los satisfactores que requieren para un desarrollo integral”.
Por ello, el registro nacional de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio es un instrumento que permitirá visibilizar de manera inmediata a las víctimas indirectas, asegurar su incorporación oportuna a los mecanismos de protección y reparación previstos en la ley y coordinar la actuación de todas las instituciones involucradas.
Finalmente, la Ministra Esquivel se solidarizó con quienes hacen posible este esfuerzo, reiterando que en ella tienen una aliada, siempre a favor de las mujeres víctimas de violencia y las víctimas indirectas.
Esta actividad, convocada por la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, contó además con la presencia de Fabiola María Salas Ambriz, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias; Maribel Borjorges Beltrán, fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; así como Javier Valseca, director de Tecnologías de la Información del SNDIF.
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