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En marzo, todas las víctimas de delitos sexuales en SLP fueron niños
Según un estudio del DIF, 8.9 por ciento de los casos registrados en ese sistema fueron casos de abuso sexual
Por: El Saxofón
Durante el pasado mes de marzo, en San Luis Potosí, nueve hombres fueron detenidos, vinculados a proceso o sentenciados por los delitos de abuso sexual y violación. Los nueve casos tienen un común denominador: las víctimas son menores de edad.
El abuso sexual infantil es un problema casi invisible en México y por ende en San Luis Potosí. Las estadísticas oficiales de incidencia delictiva contemplan los delitos de abuso sexual, violación, y violación equiparada, sin embargo, no establecen ni la edad ni el sexo de las víctimas, dos variables que serían reveladoras para identificar un problema que se hace evidente de otras formas.
Quien revisa la prensa todos los días, y se encuentra con los reportes de la detención, vinculación a proceso o sentencia de presuntos violadores, podrá comprobar que buena parte de las víctimas son niñas, niños y adolescentes, en algunos casos incluso con alguna discapacidad. Sin embargo, las autoridades no han sistematizado la información sobre las víctimas ni se ha homologado en el país este delito.
Otra característica se suma a la ya de por sí alarmante vulnerabilidad de las víctimas, dada su condición de menores: la mayoría de los agresores provenían de su círculo cercano, incluso del propio núcleo familiar.
Recientemente, el Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México realizado por la organización mexicana Alumbra perteneciente a Early Institute, reveló que San Luis Potosí es uno de los estados con más proporción de casos de abuso sexual infantil.
“A nivel nacional, el abuso sexual representó el 3.8% de los casos de maltrato recibidos por el Sistema DIF. Los estados que recibieron mayor proporción de casos de abuso sexual fueron Tamaulipas (12.2%), Querétaro y Quintana Roo (9.7% ambos), Hidalgo (9.1%), San Luis Potosí (8.9%), Baja California Sur (8.7%)”, especifica el diagnóstico.
En materia de delitos sexuales, en los tiempos que corren, la opinión pública se ha concentrado en las denuncias públicas de acoso sexual que realizan mujeres mayores de edad, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, mientras este problema adquiere visibilidad, una realidad no menos terrible se esconde tras la falta de información: el abuso sexual y la violación de niñas, niños y adolescentes, estos sí, totalmente indefensos ante sus agresores dada su condición de menores de edad.
En 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió denuncias de 420 víctimas de abuso sexual, 487 de Violación simple y 40 de violación equiparada, sin embargo, hasta ahí llega la información. Se desconocen los perfiles de las víctimas, fundamentalmente edad y sexo, dos datos que no violan la confidencialidad en la que deben mantenerse los datos personales de las víctimas pero que sí aportarían mucho para prevenir el problema y adoptar medidas para su combate frontal.
Entre los principales hallazgos del diagnóstico destacan:
En México no hay una fuente clara centrada en la medición del Abuso Sexual Infantil (ASI), tampoco existen datos sistematizados para generar indicadores sobre este tipo de violencia y delito. En tanto, el presente estudio se enfocó en analizar la información disponible del ASI en ambas dimensiones.
Durante 2015, se encontró que de los un millón 750 mil 790 casos de hospitalizaciones de personas menores de 18 años de edad, 309 egresos estuvieron relacionadas a ASI, de esos casos el 87.7%, fueron niñas.
Tlaxcala y Querétaro fueron los estados que concentraron la mayor cantidad de casos de egresos hospitalarios relacionados con el ASI. En Querétaro, la totalidad de los 74 egresos de menores atendidos por abuso sexual en hospitales, fueron niñas.
Las muertes de menores de edad por agresión sexual, maltrato, negligencia y abandono en conjunto, sumaron 22 en 2014, 25 en 2015 y 19 en 2016, siendo el maltrato lo más común entre estas causas.
En general, los datos de mortalidad por estas causas reflejan que los integrantes del grupo de edad de 5 años o menos, son los más vulnerables.
En 2017, los estados con las tasas más elevadas de abuso sexual en México fueron Chihuahua (31.3), Baja California (31), Baja California Sur (28.6), Jalisco (28.6), Colima (24.6) y Morelos (23), mientras que la nacional fue de (12.8) El diagnóstico plantea la pregunta de si los estados en donde se detecta mayor incidencia del delito de abuso sexual, son los que tienen el mayor problema de abuso sexual infantil en particular, podría suponerse que sí, pero es necesario ahondar en las fuentes para confirmar dicha hipótesis.
Se advierte una omisión grave en la base de datos sobre incidencia de delitos sexuales ya que no existe referencia a si el delito fue cometido contra un menor o contra un adulto.
Algunos casos
El 1 de marzo se informó la detención de un sujeto acusado de abusar sexualmente de un menor de edad que además padece discapacidad motora. El agresor tenía cercanía con la víctima, pues era novio de su hermana, por lo que “aprovechaba los momentos en que el menor se quedaba solo para llegar a la vivienda y ya en el interior, se metía a la recámara del joven, que no podía defenderse debido a la discapacidad motora y mental que presentaba, para abusar sexualmente de él”.
Los menores de edad están indefensos ante los depredadores sexuales.
El 9 de marzo, agentes de la Policía Investigadora, capturaron a un hombre de 29 años de edad en cumplimiento de un mandamiento judicial en su contra, como probable responsable del delito de violación específica en contra de una menor de edad.
El día 26 de diciembre del 2017 dicho sujeto ingresó a la vivienda de la víctima en la comunidad Estación Ventura, de Soledad de Graciano Sánchez, aprovechándose del parentesco que tenía con el padre de esta.
La menor se encontraba con otra de sus hermanas y el sujeto presumiblemente abusó sexualmente de ella, amenazándola con hacerle daño también a su hermana y a su madre si contaba lo que había ocurrido, por lo que la víctima decidió callar.
Sin embargo, la madre de la menor notó un cambio en su comportamiento y al platicar con la niña supo lo que el sobrino de su esposo le había hecho, por lo que acudió a denunciar lo sucedido y a pedir a las autoridades de la Fiscalía que se investigara y se sancionara al presunto agresor sexual.
Los agentes iniciaron las investigaciones y aportaron los datos de prueba sobre la presunta responsabilidad de Ángel “N”, con lo que se obtuvo la orden de aprehensión en su contra por el delito de violación específica.
En otro caso, un adulto mayor de 70 años de edad fue detenido por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), con base en una orden de aprehensión por el delito de violación agravada en contra de su nieta, una joven con discapacidad, en el municipio de Charcas.
También el pasado marzo, la Fiscalía, a través de la Policía Investigadora, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre de 33 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violación en agravio de dos menores, a quienes además dejó embarazadas en Aquismón. En este caso, el agresor ya varios años abusando de las víctimas.
En este mismo municipio huasteco, un sujeto acusado de haber violado a sus tres hijas menores de edad de 14, 13 y 8 años, de las cuales dos resultaron embarazadas, fue vinculado a proceso al quedar demostrada su presunta responsabilidad en dichos ilícitos.
De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes: en 30 por ciento abuelos o padrastros; 13 por ciento, tíos; 11 por ciento, padres biológicos; 10, primos; 8, vecinos; 7, maestros, y 3 por ciento, hermanos”.
En 2014, San Luis Potosí registró 6 mil 367 víctimas de delitos sexuales, según la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred, 2014), realizada por el INEGI. De estos, en 2 mil 679 casos, los delitos fueron perpetrados por conocidos de las víctimas.
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Tras sigilosa renuncia de Tere Rivera, diputados preparan madruguete y mañana nombrarían a su remplazo
Por: Jorge Saldaña
A pesar de las condiciones de secrecía y hermetismo por parte del gobierno de Villa de Pozos y el poder legislativo, se pudo confirmar la presentación de la “renuncia” de Teresa de Jesús Rivera como presidenta concejal del nuevo municipio, situación que contrapone argumentos jurídicos respecto a quién corresponden las facultades para designar a su relevo.
De acuerdo a la Constitución del Estado en su artículo 121, correspondería al Congreso si es que el poder municipal de Pozos hubiera desaparecido o estuviera suspendido.
En contraparte, como no se encuentra en situación ni de desaparecido, ni suspendido el poder municipal, los concejales se apegarían a la Ley Orgánica del Municipio Libre, misma que los faculta a ellos a elegir a una presidenta o presidente sustituto de entre sus miembros.
Los argumentos jurídicos que implica la renuncia se contraponen.
Tras la licencia de la diputada Patricia Aradillas a su curul en la legislatura, aprobada en sesión extraordinaria el martes 11 de noviembre, comenzaron a circular versiones especulativas respecto a que sería ella quien podría relevar a Rivera Acevedo, no obstante ninguna de las partes ha hecho un anuncio oficial al respecto y se carece de certidumbre jurídica que soporte la forma en que se quiere llevar a cabo el relevo del poder municipal.
La tarde de este miércoles, LaOrquesta pudo obtener la imagen de la “renuncia” que se presentó el martes a la Oficialía de partes del Congreso por parte de la aún presidenta concejal, María Teresa Rivera.
En su “renuncia” Rivera Acevedo cita el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, en el que se ampara para presentar su renuncia por motivos personales y que surtiría efecto a partir de que se vote, primero en la comisión de gobernación, y después en el pleno del legislativo.
En el artículo referido se habla de las facultades del congreso para nombrar un nuevo concejo siempre y cuando el poder de un municipio esté “suspendido o desaparecido” y esto haya ocurrido antes de un año del ejercicio del poder municipal.
El texto constitucional no prevé facultades al legislativo para nombrar solo al presidente o presidenta concejal, sino a todo el concejo, y es claro que la autoridad en Villa de Pozos no cumple las condiciones de estar desaparecido ni de estar suspendido.
Entre tanto, y de acuerdo al punto número 5 del orden del día
de la sesión de gobernación convocada para mañana jueves 13 de noviembre, firmado por el presidente de la mencionada comisión, Héctor Serrano, y filtrado a medios de manera discrecional, se plantea en el mismo la discusión y en su caso aprobación de la solicitud de renuncia de Rivera Acevedo y en el mismo punto se prevé la designación de una nueva o nuevo concejal presidente.Por otro lado, miembros del concejo han convocado a una rueda de prensa para mañana a las 11 de la mañana, una hora después de que sesione la comisión de gobernación, para plantear una postura.
En exclusiva, se adelantó a este medio que la postura de los concejales es la de apegarse a la Ley Orgánica del Municipio Libre de Villa de Pozos, que contempla que en caso de una ausencia por más de 60 días de la presidenta concejal, es facultad del concejo nombrar a alguno de sus integrantes para que ocupe el cargo.
Juristas consultados al respecto apuntan a que la circunstancia de la renuncia de la presidenta concejal no está prevista en la constitución, pues solo considera facultades de una nueva designación completa del concejo si hubiera desaparecido la autoridad municipal por completo, lo que no es así.
También advirtieron los especialistas que si el congreso interpreta como suyas las facultades para designar nueva presidenta, podría enfrentar una controversia constitucional, pues fue la legislatura la que aprobó la municipalización y con ello, Villa de Pozos es un municipio autónomo, por lo que ningún otro poder podría entrometerse en su gobierno, mismo que debe apegarse a la Ley Orgánica del Municipio Libre; de otra forma, se podría interpretar que el congreso estaría tomando atribuciones que no le corresponden.
Rivera Acevedo asumió el cargo para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2027.
Seguiremos informando.
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Gallardo liquida deuda con Pensiones
El gobernador afirmó que se frenaron obras públicas para destinar los recursos al pago
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que su administración terminará 2025 con la deuda saldada ante la Dirección de Pensiones del Estado, luego de destinar más de cuatro mil 900 millones de pesos para sanear las finanzas del organismo.
Durante su declaración, el mandatario señaló que el pago representa “un logro muy grande” para su gobierno, ya que se dejaron de realizar diversas obras públicas —incluidos cuatro puentes en la capital potosina— con el objetivo de liquidar los adeudos acumulados por administraciones anteriores.
lo“Le hemos pagado más de cuatro mil 200 millones de pesos. Vamos a cerrar diciembre con casi cuatro mil 960 millones de pesos pagados a Pensiones. Ya con eso quedamos en ceros”, afirmó.
Gallardo Cardona insistió en que la deuda fue producto de la llamada “Maldita Herencia”, en referencia a gobiernos pasados que, dijo, actuaron de manera irresponsable con los recursos del sistema de pensiones.
“Nos apretamos el cinturón. Teníamos cuatro puentes muy grandes que íbamos a hacer en la capital y los tuvimos que frenar para darle el dinero a Pensiones. (…) Ya de aquí en adelante, los gobiernos lo que tienen que cuidar es no volver a cometer la pendejada que cometieron de endeudar pensiones.”
El mandatario adelantó que el próximo año su administración se enfocará nuevamente en la ejecución de obras públicas, luego de haber “puesto al corriente” las finanzas de Pensiones.
Gallardo también adelantó que la Dirección de Pensiones será reestructurada y reforzada con nuevos mecanismos de control, para evitar que vuelva a generarse un déficit financiero.
Afirmó que en administraciones pasadas existió un manejo irregular de préstamos internos, principalmente por parte de sindicatos que permitieron el endeudamiento excesivo de los trabajadores.
“Había trabajadores que tenían hasta tres préstamos de 380 mil pesos. Nunca se pagaban, entonces fue un desfalco enorme. Se tiene que renovar y poner candados para que no vuelva a pasar”, comentó.
Finalmente, señaló que, a partir de 2026, el gobierno estatal únicamente realizará las aportaciones patronales, las cuales superan los 2 mil millones de pesos anuales, mientras se consolida la reestructuración del sistema.
También lee: Solo en octubre de 2025 en SLP se crearon casi 2 mil nuevos empleos formales
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Arrastran a un perro con una pipa en Santa María del Río
Ciudadanos piden al Ayuntamiento sancionar a los responsables y prevenir nuevos casos
Por: Redacción
Una denuncia ciudadana en redes sociales generó indignación en Santa María del Río, luego de que una persona reportara que un conductor arrastraba a un perro amarrado a una pipa mientras circulaba por calles del municipio.
A través de Facebook, la usuaria compartió un video y un mensaje dirigido al Ayuntamiento de Santa María del Río y a la alcaldesa Isis Díaz, exigiendo que se sancione a los responsables y se ponga fin a este tipo de actos de crueldad animal.
“Traía un perrito amarrado atrás de su pipa y lo llevaba arrastrando. Cuando dio vuelta le dio más fuerte (…) sí necesitamos que estas acciones sean sancionadas, porque no es la primera ocasión que sucede; pero sí queremos que sea la última”, denunció.
La publicación se viralizó rápidamente, generando decenas de comentarios de usuarios que exigieron la intervención de las autoridades municipales y de Protección Animal, para identificar y sancionar al conductor de la unidad.
La denunciante también subrayó la diferencia moral entre humanos y animales, recordando que el ser humano “tiene conciencia y decisión sobre lo que hace”.
Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Santa María del Río ni la Fiscalía General del Estado han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.
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