noviembre 21, 2024

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En la Cámara Baja, Gallardo presentó dos iniciativas para el cuidado animal

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El legislador federal dijo que han sido más frecuentes las denuncias de maltrato animal a traves de videos en redes sociales

Por: Redacción

El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que en la Cámara Baja analizan dos iniciativas de reforma de ley y un punto de acuerdo, relacionados con el cuidado de los animales, con lo cual, los estados y municipios estarán obligados a garantizar su protección y aplicar las sanciones correspondientes.

Detalló que el punto de acuerdo, promovido por el Grupo Parlamentario del PVEM y que debe ser votado a la brevedad, establece que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhortará a las Entidades Federativas y a los municipios para que, en el marco de sus atribuciones y a través de las autoridades locales que correspondan, intensifiquen las acciones de vigilancia en materia de trato digno y respetuoso de los animales de compañía, garantizando el cumplimiento de sus leyes en la materia y, de ser el caso, sancionen su incumplimiento de conformidad con las mismas.

También exhortará al Gobierno Federal, a las entidades Federativas y a los municipios para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen campañas de difusión de información sobre la importancia de proteger a los animales de compañía ante la presente emergencia sanitaria provocada por la presencia de Covid-19. Además, que ayuden a aclarar la inexistencia de casos de contagio entre especies humano-animal del actual coronavirus, la importancia de no abandonar a los animales y las consecuencias de hacerlo.

Adicionalmente, existe una iniciativa suscrita por el coordinador del GPPVEM, Arturo Escobar Vega,

en representación de la bancada, diputados de Morena y diputados sin partido, para reformar el Artículo 4º de la Ley Federal de Sanidad Animal y la Fracción XLVII del Artículo 3º de la Ley General de Vida Silvestre.

Esta iniciativa se basa en la necesidad de actualizar la legislación, para armonizar el concepto de “bienestar animal”

con definiciones internacionales que son resultado de análisis por parte de organismos encargados de la protección animal.

La otra iniciativa en estudio también fue promovida por el GPPVEM y diputados de otras bancadas, y tiene como objetivo reformar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para tipificar el delito de maltrato o crueldad contra los animales.

Con esta iniciativa, se impondrán penas de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil días multa, al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal se incrementarán en una mitad las penas señaladas.

Además, se impondrán, de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte. En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.

Gallardo Cardona advirtió además, que estos delitos serán considerados para que ameriten prisión preventiva oficiosa, pues: “se ha vuelto normal ver en notas periodísticas o denuncias en redes sociales, casos de maltrato animal, desde casos en las que son abandonados en instalaciones inadecuadas en función de sus hábitos, se les descuida su higiene y su salud, no se les da alimentación adecuada para su desarrollo, o son golpeados a mutilados, lo cual es lamentable”.

Por último, advirtió que los estados y municipios deberán atender con prontitud el tema del cuidado animal al momento de que estas iniciativas sean aprobadas y entren en vigor, “por tanto, ya no tendrán justificación alguna para detener un tema tan importante como es la protección de todas las especies”.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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