La senadora del PAN acusa que la iniciativa buscaba afectar a los potosinos y beneficiar intereses personales

Por: Redacción

Vero Rodríguez, senadora y dirigente estatal del PAN en San Luis Potosí, criticó las iniciativas del diputado local Carlos Arreola Mallol, que, en sus palabras, buscaban endeudar al estado: “Ellos dicen estar a favor de la austeridad republicana y nos querían tomar desprevenidos. Es decir, que las y los potosinos, con nuestros impuestos, paguemos una deuda que un diputado de Morena quiso conceder al estado“.

Además, la senadora señaló que, a su consideración, no existe comunicación ni coordinación entre Morena y sus diputados

Rodríguez también criticó que Morena busca beneficiarse económicamente, destinando recursos a viajes y gastos personales denunciados en redes sociales, y calificó como irresponsable la conducta del diputado.

Por último, enfatizó que Carlos Arreola Mallol pretende endeudar a San Luis Potosí para satisfacer intereses personales y políticos.

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Veró Rodríguez señaló que los recortes afectarán especialmente a las familias potosinas y a los servicios estatales de salud

Por: Redacción

La presidenta estatal del blanquiazul, senadora Verónica Rodríguez Hernández, consideró que las reducciones representan un retroceso en el acceso equitativo a los servicios médicos para la población. El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí manifestó su preocupación por los ajustes al gasto en salud contemplados en el Presupuesto Federal 2026, aprobado por Morena y sus aliados.

Rodríguez Hernández señaló que aunque el presupuesto de salud muestra un aumento nominal respecto a 2025, en términos reales se prevé una disminución cercana al 5 % frente a 2024. “El derecho a la salud no debería depender del ingreso familiar ni del estado donde se habite”, expresó la dirigente.

De acuerdo con los datos expuestos por el PAN, la Secretaría de Salud federal perderá más de 2 mil millones de pesos, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentrará una mayor parte de los recursos. Esta distribución, afirmó Rodríguez Hernández, genera un desequilibrio al beneficiar a quienes cuentan con seguridad social y dejar con menos apoyo a quienes dependen de los servicios públicos estatales.

En el caso de San Luis Potosí, el Fondo Estatal para Servicios de Salud pasará de 1,333 millones de pesos en 2025 a 625 millones en 2026, lo que equivale a una reducción superior al 50 %. “Por cada peso invertido este año, el próximo solo se destinará la mitad; eso se traducirá en menos médicos, medicamentos y capacidad de atención, sobre todo en comunidades rurales”, añadió la senadora.

La dirigente panista concluyó que su partido impulsará acciones para garantizar que el acceso a la salud se mantenga como un derecho universal, no condicionado por los recortes presupuestales.

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La iniciativa pretende fortalecer la seguridad vial y prevenir negligencias a quienes prestan el servicio público.

Con el propósito de desincentivar las posibles conductas negligentes por parte de algunos operadores de transporte público, la diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para adicionar el artículo 100 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora propone establecer, infracciones de tránsito cometidas por operadores de vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, cuando pongan en riesgo inminente la vida o la integridad física de los pasajeros, de otros usuarios de la vía pública o de terceros.

Esto deberá incorporarse en la integración de sus respectivas leyes de ingresos, para contemplar esta sanción agravada y, desincentivar las posibles conductas negligentes por parte de algunos los operadores de transporte público.

Robles Chairez explico que actualmente la Ley de Tránsito de San Luis Potosí, no contempla una agravante específica para este tipo de infracciones, lo que genera que un conductor particular y un operador del transporte público reciban sanciones equivalentes, a pesar de que este último transporta a múltiples pasajeros y representa un mayor nivel de riesgo.

La regulación actual, en muchos casos, equipara la infracción de un conductor particular con la de un operador de transporte público.

Señaló que esta propuesta no busca criminalizar el trabajo de los operadores, sino asegurar que su labor se realice bajo los más altos estándares de seguridad y respeto a la normatividad. Por ello, la propuesta se centra en agravar las sanciones para aquellas infracciones que, por su naturaleza, aumentan el riesgo para los pasajeros; esto incluye, pero no se limita a conducir a exceso de velocidad, manejar en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos, no respetar señalamientos viales y realizar maniobras peligrosas.

Al mismo tiempo, señaló que la iniciativa también busca enviar un mensaje a la ciudadanía de que la autoridad está comprometida con la protección de sus derechos y con la garantía de un servicio de transporte público seguro, eficiente y digno.

La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión de Hacienda del Estado.

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