octubre 29, 2025

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#ElReyDelToner | Juan Manuel Carreras gastó 192 millones en cartuchos de tinta

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El Gobierno del Estado anunció que Elías Pesina, Ada Amelia Andrade, Jorge Daniel Hernández Delgadillo y Miguel Ángel Carbajal serán investigados por estas compras

Por: Redacción

La Contraloría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí dio a conocer que comenzará una investigación contra ex funcionarios de la administración estatal de Juan Manuel Carreras López, por la sospecha de haber realizado compras de insumos de computo a sobreprecio, que habrían favorecido en contratos por 189 millones de pesos a un outsourcing y durante el periodo de contingencia sanitaria, cuando la mayoría del personal burócrata y funcionarios se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa.

Los ex titulares de la Oficialía Mayor que serán sujetos a investigación, al igual que los proveedores, son: Elías Pesina Rodríguez, actual regidor capitalino; Ada Amelia Andrade Contreras, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy secretario general del ayuntamiento capitalino y Miguel Ángel Carbajal Martínez.

La información expuesta por la Contraloría detalló que durante el periodo de 2017 al 2020, la administración de Carreras López gastó 192 millones 754 mil 498 pesos, cuyo proveedor principal resultó ser Lujime Comercialización SA de CV, al recibir la mayor cantidad, que asciende a 113 millones 96 mil 231 pesos, y según lo dicho por la dependencia, “resulta a simple vista un exceso porque el principal producto habría sido “toners” o cartuchos para impresora y recargados, no originales, memorias USB u otros artículos de bajo precio”.

Lujime Comercialización SA de CV, cuya sede está ubicada en Miguel Barragán 773-A, en el barrio de San Miguelito, su fachada da la apariencia de ser un almacén, y en una lona describe sus servicios y se precisa que es una “Outsourcing especializado en compras”. Esta empresa no solo fue la más favorecida en el gobierno de Carreras con la compra millonaria de consumibles de computación, también lo fue con artículos de papelería y limpieza.

En papelería, de los años 2017 al 2020, le vendió al gobierno 58 millones 555 mil 533 pesos; en el 2020 hubo una ampliación al ejercicio (de presupuesto) por más de 10 millones de pesos en beneficio de Lujime Comercialización SA de CV y en menor medida de Papelería Foyo, otra proveedora que habría recibido alrededor de 15 millones de pesos en ese mismo año.

En total, durante el periodo referido, Carreras gastó 101 millones 756 mil 454 pesos, repartidos entre Lujime Comercializadora SA de CV, que se llevó más de la mitad, las personas físicas María Blanca Centeno Cárdenas, Jesús Manuel Barba Guerrero y Luis Alejandro Uresti Cerrillos; y la mencionada Papelería Foyo.

En material de limpieza, del 2017 al 2020, el ex gobernador del estado gastó 53 millones 293 mil 591 pesos, de los cuales Lujime Comercializadora SA de CV que se llevó 17 millones 587 mil 669 pesos, fue superado por Lucía Flores Rodríguez, con 21 millones 203 mil pesos 84 pesos; otros proveedores con cantidades inferiores fueron Dalce del Centro SA de CV, María Blanca Centeno Cárdenas y Serlimax Servicios Profesionales SA de CV.

La outsorcing Lujime Comercialización se echó a la bolsa en el gobierno de Carreras en cuatro años por lo menos 189 millones 239 mil 433 pesos mediante adjudicaciones directas, y sobre la empresa recae la sospecha que fue utilizada por el exgobernador y sus colaboradores para saquear al erario, simulando compras y con un elevado sobreprecio, por lo que está por iniciarse una investigación por la Contraloría Estatal.

Los otros proveedores con montos menores fueron María Blanca Centeno Cárdenas, Administradora y Servicios Computacionales SA de CV, del exdirigente empresarial Rodolfo Narro Loris, Benjamín Romero, Matilde Luz Bocard Meraz, Pedro Arriaga Gamboa, Jorge Jaime Gómez Martínez y Félix Estuardo Bocard Meraz.

La Contraloría estatal también señaló a MC Microcomputación del Bajío SA de CV, de León, Guanajuato, propiedad de Eduardo Gustavo, Salvador y Aurelio Morales Corona; Lira y Hernández SA de CV, del Distrito Federal, y propiedad de María Alejandra Lira González y Guadalupe Claudia Hernández Almaraz; y Abastecedor Corporativo SA de CV., del Estado de México y cuyos dueños son José Armando y Edgar Glika Ochoa.

 

 

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Gallardo exige sanciones por desvío millonario del proyecto de la Red Metro

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Pidió a la Fiscalía acelerar procesos y aplicar la ley a ex funcionarios del sexenio de Carreras

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar con firmeza en las investigaciones sobre el presunto desvío de 360 millones de pesos del proyecto de la Red Metro, financiado originalmente por Banobras durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López.

El mandatario afirmó que el caso “va muy adelantado” y que ya hay responsables señalados, como Leopoldo “N”, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), procesadó por 180 millones de pesos, quien, según Gallardo, debería estar bajo arraigo domiciliario, pero “se le ha visto en tiendas, normal, como si nada”.

“La Fiscalía debe empezar ya a apretar un poquito, de no ser tan omisa y no permitir que si están en arraigo domiciliario, lo cumplan. Si no, que los regresen al centro de reinserción”, expresó.

Gallardo recordó que el proyecto de la Red Metro nunca se concretó pese al uso de recursos públicos y criticó al ex gobernador Carreras por “simular” una inauguración poco antes de dejar el cargo.

“Fue una burla lo que hizo al subirse a un camioncito rentado una semana antes de irse, simulando que arrancaba la Red Metro. Es un cinismo con el que muchos potosinos ya no podemos”, agregó.

El gobernador calificó el caso como parte de “la maldita herencia”, expresión con la que resume las irregularidades de administraciones pasadas.

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Se detectan fiestas clandestinas cada fin de semana en la capital: Galindo

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Ciberpolicía rastrea redes sociales para ubicar convocatorias; los eventos se realizan en casas o locales rentados sin permisos ni medidas de seguridad

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, reconoció que las fiestas clandestinas se han convertido en un problema recurrente en San Luis Potosí, con reportes prácticamente cada fin de semana.

De acuerdo con el edil, se han detectado entre dos y tres eventos de este tipo por semana, organizados principalmente en casas, terrenos o locales rentados con otros giros comerciales para evadir la supervisión de las autoridades.

“Después de lo que sucedió con el Rich, hice un compromiso: eso no se debería repetir. Y aunque ya no pasa en lugares establecidos, sí ocurre en sitios clandestinos, lo que es aún más grave”, señaló Galindo.

El alcalde advirtió que estos espacios son especialmente peligrosos porque carecen de medidas básicas de seguridad: no cuentan con baños, planes de emergencia ni permisos de Protección Civil; tampoco hay control sobre el acceso de menore

s ni garantía sobre el tipo de alcohol que se consume.

Para su detección, el Ayuntamiento ha recurrido a la ciberpolicía, que monitorea redes sociales y plataformas donde circulan las invitaciones. Con ello se busca anticipar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas antes de que los eventos comiencen.

Finalmente, Galindo lanzó dos llamados: A quienes rentan inmuebles, para que verifiquen quién contrata los espacios y con qué propósito. A los padres de familia, para que supervisen las actividades y horarios de sus hijos, sobre todo si son menores de edad, pues muchas de estas fiestas se prolongan hasta la madrugada.

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No más mesas de dialogo con Uber, SCT busca sancionar a plataforma

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Araceli Martínez Acosta busca garantizar transporte seguro tras una agresión sexual perpetrada por un conductor de aplicación

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, anunció que no habrá más mesas de diálogo con Uber. Explicó que lo fundamental ahora es legislar para sancionar a las empresas que incumplen con las leyes locales de transporte.

Lo que nosotros estamos buscando es una reforma que sancione a las empresas por el incumplimiento o por la falta de registro. Así como está la ley, primero deben registrarse las empresas y después registrar a sus conductores o socios”, precisó.

Martínez Acosta señaló que la dependencia debe tener la facultad de autorizar el número de personas que podrán brindar el servicio bajo esta modalidad. Para ello, la SCT requiere realizar un estudio de factibilidad que garantice que el número de vehículos autorizados no afecte la economía ni el trabajo de los concesionarios del servicio de taxi.

Asimismo, aclaró que los taxistas no se oponen a las plataformas digitales, sino que su inconformidad radica en el número desmedido de vehículos que operan sin control. Agregó que ya existe un diálogo avanzado con el gremio de taxistas y algunos grupos de operadores de plataformas

.

Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una mujer víctima de violación por parte de un conductor de plataforma. Destacó que la autoridad no tenía registro del vehículo ni del agresor, lo que evidenció la falta de controles sobre los operadores, como verificaciones psicométricas o toxicológicas.

Finalmente, la funcionaria indicó que la regulación de las plataformas se realizará en coordinación con el Congreso del Estado, con la posibilidad de modificar las leyes locales o generales para sancionar a las empresas internacionales sin domicilio legal en la entidad.

Por ahora, no se tiene un número exacto de vehículos de plataformas digitales que circulan en San Luis Potosí, ya que operan con placas particulares, fuera del registro estatal.

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Opinión

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