junio 12, 2026

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Elección judicial en SLP, ¿con perfiles agresores?

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Denuncias a través de redes sociales señalan a perfiles que buscan un cargo en la elección judicial, con presuntos antecedentes de violencia de género

Por: Redacción

Las campañas de aspirantes a algún cargo en la elección al Poder Judicial que se realizará el 1 de junio han progresado con el paso de los días a través de redes sociales.

Sin embargo estas mismas plataformas han servido para exhibir casos de presunta violencia ejercida por quienes actualmente contienden por algún cargo en estos comicios.

Uno de ellos es el caso de Raúl Martínez Quiroz, notario público en Ciudad Valles y aspirante a juez en el sistema judicial potosino.

Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputada local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, denunció la candidatura de Martínez Quiroz tras señalar que ejerció violencia digital en perjuicio de su ex pareja, al difundir videos de contenido sexual sin su consentimiento.

“Es increíble que una persona con una denuncia penal por un delito tan grave no solo siga libre, sino que además aspire a ser juez. ¿Qué clase de justicia podemos esperar si quienes deben impartirla, ya tienen antecedentes de violencia?”, cuestionó la legisladora.

Otro de los casos señalados es el de Jesús Edgardo Ramírez González, candidato a Juez Familiar del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Desde el perfil de facebook de Telma González, señalan que el aspirante a juez ejerció como cómplice de sustracción y ocultamiento de una menor, y en los cuales estarían implicados sus familiares.

En esta publicación en particular se señala que Jesús Edgardo Ramírez González no merece ser electo como juez debido a este antecedente.

El propio Edgardo Ramírez publicó un video en sus redes sociales en el que se desmarcó de los hechos señalados. Aclaró que inicialmente formó parte del conflicto mencionado, sin embargo, refirió que no tuvo nada que ver con lo que se señala en las publicaciones de redes sociales. Lamentó que estos actos se usen para denostar la trayectoria de una persona sin pruebas suficientes por lo que refrendó que su carrera está intacta y se pronunció a favor de la justicia.

Estas denuncias se suman a la efectuada contra Sabas Santiago Ipiña Ramírez, cuyo caso fue dado a conocer por la propia víctima, Rosalinda Ávalos el pasado 12 de febrero de 2025, cuando se mencionó el nombre de este aspirante en la insaculación llevada a cabo por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

En esta denuncia, Rosalinda Ávalos señalaba a Ipiña Ramírez de haber estado inscrito en dos listas (la del poder ejecutivo y la del poder legislativo). Así mismo, de haber atentado contra sus dos hijos en Soledad de Graciano Sánchez, cuando formó parte de la entonces Policía Ministerial el 11 de noviembre de 2020; así como de vincularlo como miembro de una organización criminal, al ser integrante de la misma corporación.

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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?

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Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación

Por: Redacción

Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).

La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.

“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres

“, afirmó Proal Huerta.

La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.

Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.

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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez

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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.

En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.

El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.

Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias

“, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.

Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.

El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.

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Ciudad

Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí

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El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.

El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.

“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.

El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.

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