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Elección judicial en SLP, ¿con perfiles agresores?
Denuncias a través de redes sociales señalan a perfiles que buscan un cargo en la elección judicial, con presuntos antecedentes de violencia de género
Por: Redacción
Las campañas de aspirantes a algún cargo en la elección al Poder Judicial que se realizará el 1 de junio han progresado con el paso de los días a través de redes sociales.
Sin embargo estas mismas plataformas han servido para exhibir casos de presunta violencia ejercida por quienes actualmente contienden por algún cargo en estos comicios.
Uno de ellos es el caso de Raúl Martínez Quiroz, notario público en Ciudad Valles y aspirante a juez en el sistema judicial potosino.
Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputada local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, denunció la candidatura de Martínez Quiroz tras señalar que ejerció violencia digital en perjuicio de su ex pareja, al difundir videos de contenido sexual sin su consentimiento.
“Es increíble que una persona con una denuncia penal por un delito tan grave no solo siga libre, sino que además aspire a ser juez. ¿Qué clase de justicia podemos esperar si quienes deben impartirla, ya tienen antecedentes de violencia?”, cuestionó la legisladora.
Otro de los casos señalados es el de Jesús Edgardo Ramírez González, candidato a Juez Familiar del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Desde el perfil de facebook de Telma González, señalan que el aspirante a juez ejerció como cómplice de sustracción y ocultamiento de una menor, y en los cuales estarían implicados sus familiares.
En esta publicación en particular se señala que Jesús Edgardo Ramírez González no merece ser electo como juez debido a este antecedente.
El propio Edgardo Ramírez publicó un video en sus redes sociales en el que se desmarcó de los hechos señalados. Aclaró que inicialmente formó parte del conflicto mencionado, sin embargo, refirió que no tuvo nada que ver con lo que se señala en las publicaciones de redes sociales. Lamentó que estos actos se usen para denostar la trayectoria de una persona sin pruebas suficientes por lo que refrendó que su carrera está intacta y se pronunció a favor de la justicia.
Estas denuncias se suman a la efectuada contra Sabas Santiago Ipiña Ramírez, cuyo caso fue dado a conocer por la propia víctima, Rosalinda Ávalos el pasado 12 de febrero de 2025, cuando se mencionó el nombre de este aspirante en la insaculación llevada a cabo por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
En esta denuncia, Rosalinda Ávalos señalaba a Ipiña Ramírez de haber estado inscrito en dos listas (la del poder ejecutivo y la del poder legislativo). Así mismo, de haber atentado contra sus dos hijos en Soledad de Graciano Sánchez, cuando formó parte de la entonces Policía Ministerial el 11 de noviembre de 2020; así como de vincularlo como miembro de una organización criminal, al ser integrante de la misma corporación.
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El INEGI señala que la Fiscalía potosina no proporcionó información sobre su número de agentes, peritos y policías ministeriales
Por: Ana G Silva
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cerró 2025 con 50 mil 201 procedimientos pendientes de concluir dentro de carpetas de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El rezago se acumuló mientras la Fiscalía registró durante el año 60 mil 59 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 12 mil 58 tenían una persona imputada y 48 mil una no identificada como imputada.
En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 67 mil 191 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación inicial y otras 6 mil 384 correspondientes a investigación complementaria. Sin embargo, al cierre del año permanecían pendientes 50 mil 201 procedimientos entre ambas etapas.
El dato no significa que 50 mil 201 de las carpetas abiertas durante 2025 hayan quedado sin resolver, pues el propio INEGI aclara que tanto las determinaciones como los procedimientos pendientes pueden corresponder a investigaciones iniciadas durante ese año o en ejercicios anteriores.
La cifra refleja, en cambio, el volumen de procedimientos de investigación que permanecían abiertos al finalizar 2025, tanto en la etapa inicial como en la complementaria.
También aumenta el rezago de órdenes judiciales
La carga de trabajo de la Fiscalía también se refleja en las órdenes judiciales.
Al comenzar 2025, San Luis Potosí tenía mil 440 órdenes judiciales
Esto representa un incremento de 170 órdenes pendientes respecto al inicio del año.
El INEGI considera dentro de este apartado órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras, tanto del sistema penal para personas adultas como del sistema de justicia para adolescentes.
La Fiscalía tampoco reportó cuántos agentes tiene
El Censo deja además un vacío para dimensionar con qué capacidad humana se enfrenta este volumen de investigaciones.
El INEGI señala expresamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre las personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas y personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales.
Esto impide establecer, a partir de este Censo, cuántos agentes del Ministerio Público, peritos o policías investigadores tiene la Fiscalía para atender las investigaciones que permanecían pendientes al terminar el año.
El dato resulta relevante porque, mientras el registro estadístico permite conocer el tamaño del rezago, no permite relacionarlo con la cantidad de personal encargado de atenderlo en San Luis Potosí.
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El gobernador dijo que el partido definirá su candidatura a la gubernatura hasta diciembre o enero
Por: Redacción
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidirá hasta diciembre o enero quién será su candidata o candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, adelantó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Dijo que el partido “tiene una baraja de candidatos” y no depende de una sola persona.
“No exclusivamente obedecemos solamente hacia una candidata o un candidato”, dijo. Agregó que no se puede “descartar una carta que puede ser a la vez muy fuerte y una carta de unidad”, sin decir a quién se refería.
Las cartas del Verde
Sin dar nombres, el gobernador habló de cuatro perfiles: el presidente del partido, el secretario de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana que “ha hecho mucho” y un diputado federal que “se ha abocado mucho a andar caminando en la capital potosina”. Antes, en una entrevista con Pulso, ya había mencionado cuatro posibles candidatos.
El dirigente estatal del Verde es Ignacio Segura Morquecho y el secretario general de Gobierno es J. Guadalupe Torres Sánchez. En marzo, Gallardo Cardona los llamó, junto con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz
El gobernador explicó que el Verde lleva “otros tiempos muy diferentes a Morena, al PAN, al PRI” y a MC, y que su decisión llegará “casi contrarregistro”, es decir, poco antes de que se registren formalmente las candidaturas. “Para no especular y para no estar dando bandazos”, dijo.
700 mil afiliados
Gallardo Cardona dijo que el partido ya tiene 700 mil afiliados en el estado. En abril, Torres Sánchez habló de más de 650 mil y se planteó como meta superar los 800 mil votos en 2027.
Cuando le preguntaron si el Verde ganará la gubernatura sin importar quién sea el candidato, respondió: “Pues tiene que, ¿no?”.
Sobre si pedirá licencia, dijo que va a esperar. “Muy seguramente me gustaría ir a campaña. A mí me gustan mucho las campañas”, comentó.
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Las escuelas privadas, que dan clases con tablets, todavía deben llegar a un acuerdo con la SEGE
Por: Redacción
La restricción del celular en las aulas de educación básica de San Luis Potosí aplicará también a los maestros, confirmó Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
López Sierra explicó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, y que solo podrán llevarse celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un uso pedagógico. Al preguntarle si la medida alcanza a los docentes, respondió: “Sí, para todos”.
La funcionaria reconoció que todavía falta dialogar con las escuelas privadas, donde muchas clases se imparten con tablets. “Hay que llegar a un acuerdo y que sobre todo la educación no pague”, dijo.
Los planteles particulares ya estaban en la discusión. El 23 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que las escuelas públicas no tendrían problema para cumplir la norma y que son las particulares las que, en muchas ocasiones, se resisten a este tipo de disposiciones. Ese mismo día adelantó que se pediría a los maestros no usar el celular durante las clases.
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado
Para media superior, donde la medida no aplica tal cual, la SEGE buscará un consenso en el foro del 15 de octubre, al que asistirán Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el gobernador. Participarán madres y padres de familia, docentes y alumnos. Del encuentro también saldrán recomendaciones para educación superior.
La regulación estatal entrará en vigor el 3 de noviembre, la misma fecha que el acuerdo federal publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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