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Elección judicial en SLP, ¿con perfiles agresores?
Denuncias a través de redes sociales señalan a perfiles que buscan un cargo en la elección judicial, con presuntos antecedentes de violencia de género
Por: Redacción
Las campañas de aspirantes a algún cargo en la elección al Poder Judicial que se realizará el 1 de junio han progresado con el paso de los días a través de redes sociales.
Sin embargo estas mismas plataformas han servido para exhibir casos de presunta violencia ejercida por quienes actualmente contienden por algún cargo en estos comicios.
Uno de ellos es el caso de Raúl Martínez Quiroz, notario público en Ciudad Valles y aspirante a juez en el sistema judicial potosino.
Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputada local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, denunció la candidatura de Martínez Quiroz tras señalar que ejerció violencia digital en perjuicio de su ex pareja, al difundir videos de contenido sexual sin su consentimiento.
“Es increíble que una persona con una denuncia penal por un delito tan grave no solo siga libre, sino que además aspire a ser juez. ¿Qué clase de justicia podemos esperar si quienes deben impartirla, ya tienen antecedentes de violencia?”, cuestionó la legisladora.
Otro de los casos señalados es el de Jesús Edgardo Ramírez González, candidato a Juez Familiar del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Desde el perfil de facebook de Telma González, señalan que el aspirante a juez ejerció como cómplice de sustracción y ocultamiento de una menor, y en los cuales estarían implicados sus familiares.
En esta publicación en particular se señala que Jesús Edgardo Ramírez González no merece ser electo como juez debido a este antecedente.
El propio Edgardo Ramírez publicó un video en sus redes sociales en el que se desmarcó de los hechos señalados. Aclaró que inicialmente formó parte del conflicto mencionado, sin embargo, refirió que no tuvo nada que ver con lo que se señala en las publicaciones de redes sociales. Lamentó que estos actos se usen para denostar la trayectoria de una persona sin pruebas suficientes por lo que refrendó que su carrera está intacta y se pronunció a favor de la justicia.
Estas denuncias se suman a la efectuada contra Sabas Santiago Ipiña Ramírez, cuyo caso fue dado a conocer por la propia víctima, Rosalinda Ávalos el pasado 12 de febrero de 2025, cuando se mencionó el nombre de este aspirante en la insaculación llevada a cabo por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
En esta denuncia, Rosalinda Ávalos señalaba a Ipiña Ramírez de haber estado inscrito en dos listas (la del poder ejecutivo y la del poder legislativo). Así mismo, de haber atentado contra sus dos hijos en Soledad de Graciano Sánchez, cuando formó parte de la entonces Policía Ministerial el 11 de noviembre de 2020; así como de vincularlo como miembro de una organización criminal, al ser integrante de la misma corporación.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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