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El robo de motocicletas se triplicó en SLP durante 2018
Raterillos se llevaron más de mil 500 motos en el año; el estado ya es el séptimo lugar en el país
Por: El Saxofón
A lo largo de 2018, el robo de motocicletas casi se triplicó en San Luis Potosí, pasando de 577 casos en 2017 a mil 547 en 2018, lo que equivale a un aumento de 168 por ciento.
En promedio, cada mes, 128 motocicletas fueron arrebatadas a sus propietarios. Los niveles más altos se registraron en el último trimestre del año; en enero de 2018 fueron robadas 94 motos, la cifra fue a la baja en febrero (89) y marzo (78), pero en abril (97) volvió a registrar un repunte y cerró el año con 176 motocicletas robadas en diciembre.
Con esto, San Luis Potosí se ubicó entre las diez entidades del país donde se robaron el mayor número de motocicletas en todo el año.
A nivel nacional, según las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se presentaron ante las fiscalías o procuradurías locales 35 mil 47 denuncias por robo de motocicleta.
De acuerdo con estas cifras, diez entidades, entre ellas San Luis, concentran el 71.23 por ciento de los robos de motocicletas (24 mil 965 unidades hurtadas).
Las entidades con mayor incidencia de este delito son: Estado de México con 7 mil 85 motos robadas; Jalisco, con 3 mil 651; Tabasco con 2 mil 277; Michoacán con 2 mil 131; la Ciudad de México con mil 968; Sinaloa con mil 873; Veracruz con mil 653; San Luis Potosí con mil 547; Oaxaca con mil 426 y Chiapas con mil 354.
San Luis Potosí acumuló el 4.4 por ciento de los robos de motocicletas a nivel nacional. El repunte en este delito comenzó a observarse desde finales de 2017, pero se hizo aún más visible en los primeros meses de 2018.
Desde diciembre de 2017, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que se implementaría un operativo orientado a la revisión de este tipo de automotores, y efectivamente, operativos similares siguen siendo aplicados por las diversas corporaciones policiacas, desde las policías municipales de San Luis y Soledad, hasta la policía Estatal y la Ministerial, se aseguran unidades, que en ocasiones se encuentran abandonadas, otras veces se detiene a los tripulantes, pero el delito sigue a la alza: en diciembre de 2017 se robaron 72 motocicletas, para diciembre de 2018 la delincuencia se apoderó de 176 unidades.
Según un reporte de Notimex, la agencia informativa del Estado Mexicano, “En los últimos seis años, el robo de motocicletas registró un aumento de 300 por ciento, y la marca Italika encabeza esta lista, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)”.
“Según la AMIS, en el último reporte de robo a noviembre de 2018, el organismo que agrupa a las aseguradoras que operan en el país indicó que se robaron tres mil 811 motocicletas aseguradas de la marca Italika de 111 a 250 centímetros cúbicos (cc), lo que representó un aumento de 24.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo”.
“De diciembre de 2016 a noviembre de 2017, se robaron dos mil 403 motocicletas de esta marca, cifra muy superior a igual lapso de un año antes, cuando se reportaron solo 456 unidades sustraídas; en el mismo periodo de 2014 y 2015 solo se reportaron 185 motos robadas”.
Cabe reiterar que estamos hablando solo de motos que cuentan con un seguro, por lo que respecta a aquellas que no están aseguradas por sus dueños, la cifra es muy superior.
“En la actualidad, las motocicletas Italika se colocan como el cuarto vehículo más robado en el país, solo por debajo de tres submarcas de Nissan que son Tsuru, Pick Up y Versa, que encabezan el listado de los 10 vehículos asegurados más robados”.
“Los vehículos que ocupan la posición número 11 como los más robados fueron las motocicletas Honda de 111 a 250 centímetros cúbicos, con mil 415 unidades, aunque en este caso hubo una disminución de 9.5 por ciento en comparación con las mil 550 registradas en el mismo periodo de 2017”.
“Hay tres fenómenos muy particulares: uno de ellos es que entre los 10 más robados cinco son Nissan, o sea la mitad; después uno es una motocicleta, la Italika y en el lugar undécimo está otra motocicleta, que es la Honda, y como ya lo vemos, también es síntoma de cómo está la delincuencia”, dijo el director general de la AMIS, Recaredo Arias Jiménez.
“Para combatir el robo de motocicletas en México, comentó el directivo, se requieren diversas acciones por parte de las autoridades, y ejemplificó que hay países como Guatemala que ponen la muestra tanto en medidas de seguridad y como de identificación por parte de los compradores”.
“Aquí si tú vas al supermercado y compras una motocicleta en muchas ocasiones no se registra. Entonces esto hace que se facilite mucho el robo y resulta muy, muy fácil robar motocicletas, porque hay poco rastreo sobre las motocicletas robadas”, indicó.
Puntualizó que a eso se suma que en muchos casos las motocicletas se utilizan para distribuir mercancías o para cobranza, por lo que al robarla se llevan la unidad, además de los artículos transportados.
Está de más decir que el robo de motocicletas está relacionado con la comisión de otros ilícitos, principalmente robos y homicidios. En 2018, varios asesinatos fueron cometidos por delincuentes que se desplazaban a bordo de estos vehículos. Acaso el más recordado sea el homicidio de tres agentes ministeriales la tarde del 8 de febrero del año pasado cuando volvían de un curso en la Academia Estatal de Policía.
Por lo que toca a los robos, ya es bien sabido que los “motorratones” en San Luis Potosí, son una plaga.
Arranca nuevo modelo policial en Soledad; entregaron 100 patrullas
Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
Ciudad
“No hay pozos clandestinos”: Galindo aclara que el huachicol se da en pozos privados
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, mientras que solo 140 pertenecen al sector público.
“Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan dentro de estos pozos privados, como permitir la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito , pero es un tema que ya no depende del Ayuntamiento.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, eso ya no soy yo la autoridad. Eso es un delito y además lo cometen en privado”, advirtió.
Galindo aclaró que el huachicol es únicamente cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También lee: Pozos no ha pagado su deuda: Galindo
Ciudad
Ciudadanos de Villa de Pozos se rebelan: impugnan nombramiento de Aradillas
Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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