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El robo de motocicletas se triplicó en SLP durante 2018
Raterillos se llevaron más de mil 500 motos en el año; el estado ya es el séptimo lugar en el país
Por: El Saxofón
A lo largo de 2018, el robo de motocicletas casi se triplicó en San Luis Potosí, pasando de 577 casos en 2017 a mil 547 en 2018, lo que equivale a un aumento de 168 por ciento.
En promedio, cada mes, 128 motocicletas fueron arrebatadas a sus propietarios. Los niveles más altos se registraron en el último trimestre del año; en enero de 2018 fueron robadas 94 motos, la cifra fue a la baja en febrero (89) y marzo (78), pero en abril (97) volvió a registrar un repunte y cerró el año con 176 motocicletas robadas en diciembre.
Con esto, San Luis Potosí se ubicó entre las diez entidades del país donde se robaron el mayor número de motocicletas en todo el año.
A nivel nacional, según las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se presentaron ante las fiscalías o procuradurías locales 35 mil 47 denuncias por robo de motocicleta.
De acuerdo con estas cifras, diez entidades, entre ellas San Luis, concentran el 71.23 por ciento de los robos de motocicletas (24 mil 965 unidades hurtadas).
Las entidades con mayor incidencia de este delito son: Estado de México con 7 mil 85 motos robadas; Jalisco, con 3 mil 651; Tabasco con 2 mil 277; Michoacán con 2 mil 131; la Ciudad de México con mil 968; Sinaloa con mil 873; Veracruz con mil 653; San Luis Potosí con mil 547; Oaxaca con mil 426 y Chiapas con mil 354.
San Luis Potosí acumuló el 4.4 por ciento de los robos de motocicletas a nivel nacional. El repunte en este delito comenzó a observarse desde finales de 2017, pero se hizo aún más visible en los primeros meses de 2018.
Desde diciembre de 2017, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que se implementaría un operativo orientado a la revisión de este tipo de automotores, y efectivamente, operativos similares siguen siendo aplicados por las diversas corporaciones policiacas, desde las policías municipales de San Luis y Soledad, hasta la policía Estatal y la Ministerial, se aseguran unidades, que en ocasiones se encuentran abandonadas, otras veces se detiene a los tripulantes, pero el delito sigue a la alza: en diciembre de 2017 se robaron 72 motocicletas, para diciembre de 2018 la delincuencia se apoderó de 176 unidades.
Según un reporte de Notimex, la agencia informativa del Estado Mexicano, “En los últimos seis años, el robo de motocicletas registró un aumento de 300 por ciento, y la marca Italika encabeza esta lista, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)”.
“Según la AMIS, en el último reporte de robo a noviembre de 2018, el organismo que agrupa a las aseguradoras que operan en el país indicó que se robaron tres mil 811 motocicletas aseguradas de la marca Italika de 111 a 250 centímetros cúbicos (cc), lo que representó un aumento de 24.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo”.
“De diciembre de 2016 a noviembre de 2017, se robaron dos mil 403 motocicletas de esta marca, cifra muy superior a igual lapso de un año antes, cuando se reportaron solo 456 unidades sustraídas; en el mismo periodo de 2014 y 2015 solo se reportaron 185 motos robadas”.
Cabe reiterar que estamos hablando solo de motos que cuentan con un seguro, por lo que respecta a aquellas que no están aseguradas por sus dueños, la cifra es muy superior.
“En la actualidad, las motocicletas Italika se colocan como el cuarto vehículo más robado en el país, solo por debajo de tres submarcas de Nissan que son Tsuru, Pick Up y Versa, que encabezan el listado de los 10 vehículos asegurados más robados”.
“Los vehículos que ocupan la posición número 11 como los más robados fueron las motocicletas Honda de 111 a 250 centímetros cúbicos, con mil 415 unidades, aunque en este caso hubo una disminución de 9.5 por ciento en comparación con las mil 550 registradas en el mismo periodo de 2017”.
“Hay tres fenómenos muy particulares: uno de ellos es que entre los 10 más robados cinco son Nissan, o sea la mitad; después uno es una motocicleta, la Italika y en el lugar undécimo está otra motocicleta, que es la Honda, y como ya lo vemos, también es síntoma de cómo está la delincuencia”, dijo el director general de la AMIS, Recaredo Arias Jiménez.
“Para combatir el robo de motocicletas en México, comentó el directivo, se requieren diversas acciones por parte de las autoridades, y ejemplificó que hay países como Guatemala que ponen la muestra tanto en medidas de seguridad y como de identificación por parte de los compradores”.
“Aquí si tú vas al supermercado y compras una motocicleta en muchas ocasiones no se registra. Entonces esto hace que se facilite mucho el robo y resulta muy, muy fácil robar motocicletas, porque hay poco rastreo sobre las motocicletas robadas”, indicó.
Puntualizó que a eso se suma que en muchos casos las motocicletas se utilizan para distribuir mercancías o para cobranza, por lo que al robarla se llevan la unidad, además de los artículos transportados.
Está de más decir que el robo de motocicletas está relacionado con la comisión de otros ilícitos, principalmente robos y homicidios. En 2018, varios asesinatos fueron cometidos por delincuentes que se desplazaban a bordo de estos vehículos. Acaso el más recordado sea el homicidio de tres agentes ministeriales la tarde del 8 de febrero del año pasado cuando volvían de un curso en la Academia Estatal de Policía.
Por lo que toca a los robos, ya es bien sabido que los “motorratones” en San Luis Potosí, son una plaga.
Arranca nuevo modelo policial en Soledad; entregaron 100 patrullas
Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC
Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP
La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
Lee también: “Ese hombre para mí no existe”: Medina arremete contra Tecmol
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