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El robo de motocicletas se triplicó en SLP durante 2018
Raterillos se llevaron más de mil 500 motos en el año; el estado ya es el séptimo lugar en el país
Por: El Saxofón
A lo largo de 2018, el robo de motocicletas casi se triplicó en San Luis Potosí, pasando de 577 casos en 2017 a mil 547 en 2018, lo que equivale a un aumento de 168 por ciento.
En promedio, cada mes, 128 motocicletas fueron arrebatadas a sus propietarios. Los niveles más altos se registraron en el último trimestre del año; en enero de 2018 fueron robadas 94 motos, la cifra fue a la baja en febrero (89) y marzo (78), pero en abril (97) volvió a registrar un repunte y cerró el año con 176 motocicletas robadas en diciembre.
Con esto, San Luis Potosí se ubicó entre las diez entidades del país donde se robaron el mayor número de motocicletas en todo el año.
A nivel nacional, según las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se presentaron ante las fiscalías o procuradurías locales 35 mil 47 denuncias por robo de motocicleta.
De acuerdo con estas cifras, diez entidades, entre ellas San Luis, concentran el 71.23 por ciento de los robos de motocicletas (24 mil 965 unidades hurtadas).
Las entidades con mayor incidencia de este delito son: Estado de México con 7 mil 85 motos robadas; Jalisco, con 3 mil 651; Tabasco con 2 mil 277; Michoacán con 2 mil 131; la Ciudad de México con mil 968; Sinaloa con mil 873; Veracruz con mil 653; San Luis Potosí con mil 547; Oaxaca con mil 426 y Chiapas con mil 354.
San Luis Potosí acumuló el 4.4 por ciento de los robos de motocicletas a nivel nacional. El repunte en este delito comenzó a observarse desde finales de 2017, pero se hizo aún más visible en los primeros meses de 2018.
Desde diciembre de 2017, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que se implementaría un operativo orientado a la revisión de este tipo de automotores, y efectivamente, operativos similares siguen siendo aplicados por las diversas corporaciones policiacas, desde las policías municipales de San Luis y Soledad, hasta la policía Estatal y la Ministerial, se aseguran unidades, que en ocasiones se encuentran abandonadas, otras veces se detiene a los tripulantes, pero el delito sigue a la alza: en diciembre de 2017 se robaron 72 motocicletas, para diciembre de 2018 la delincuencia se apoderó de 176 unidades.
Según un reporte de Notimex, la agencia informativa del Estado Mexicano, “En los últimos seis años, el robo de motocicletas registró un aumento de 300 por ciento, y la marca Italika encabeza esta lista, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)”.
“Según la AMIS, en el último reporte de robo a noviembre de 2018, el organismo que agrupa a las aseguradoras que operan en el país indicó que se robaron tres mil 811 motocicletas aseguradas de la marca Italika de 111 a 250 centímetros cúbicos (cc), lo que representó un aumento de 24.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo”.
“De diciembre de 2016 a noviembre de 2017, se robaron dos mil 403 motocicletas de esta marca, cifra muy superior a igual lapso de un año antes, cuando se reportaron solo 456 unidades sustraídas; en el mismo periodo de 2014 y 2015 solo se reportaron 185 motos robadas”.
Cabe reiterar que estamos hablando solo de motos que cuentan con un seguro, por lo que respecta a aquellas que no están aseguradas por sus dueños, la cifra es muy superior.
“En la actualidad, las motocicletas Italika se colocan como el cuarto vehículo más robado en el país, solo por debajo de tres submarcas de Nissan que son Tsuru, Pick Up y Versa, que encabezan el listado de los 10 vehículos asegurados más robados”.
“Los vehículos que ocupan la posición número 11 como los más robados fueron las motocicletas Honda de 111 a 250 centímetros cúbicos, con mil 415 unidades, aunque en este caso hubo una disminución de 9.5 por ciento en comparación con las mil 550 registradas en el mismo periodo de 2017”.
“Hay tres fenómenos muy particulares: uno de ellos es que entre los 10 más robados cinco son Nissan, o sea la mitad; después uno es una motocicleta, la Italika y en el lugar undécimo está otra motocicleta, que es la Honda, y como ya lo vemos, también es síntoma de cómo está la delincuencia”, dijo el director general de la AMIS, Recaredo Arias Jiménez.
“Para combatir el robo de motocicletas en México, comentó el directivo, se requieren diversas acciones por parte de las autoridades, y ejemplificó que hay países como Guatemala que ponen la muestra tanto en medidas de seguridad y como de identificación por parte de los compradores”.
“Aquí si tú vas al supermercado y compras una motocicleta en muchas ocasiones no se registra. Entonces esto hace que se facilite mucho el robo y resulta muy, muy fácil robar motocicletas, porque hay poco rastreo sobre las motocicletas robadas”, indicó.
Puntualizó que a eso se suma que en muchos casos las motocicletas se utilizan para distribuir mercancías o para cobranza, por lo que al robarla se llevan la unidad, además de los artículos transportados.
Está de más decir que el robo de motocicletas está relacionado con la comisión de otros ilícitos, principalmente robos y homicidios. En 2018, varios asesinatos fueron cometidos por delincuentes que se desplazaban a bordo de estos vehículos. Acaso el más recordado sea el homicidio de tres agentes ministeriales la tarde del 8 de febrero del año pasado cuando volvían de un curso en la Academia Estatal de Policía.
Por lo que toca a los robos, ya es bien sabido que los “motorratones” en San Luis Potosí, son una plaga.
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Mientras el Gobierno la sepulta, Héctor Serrano presume que su ley fue pionera
El diputado local afirmó que las críticas mediáticas por la Ley Serrano no son su prioridad “frente al bienestar de los potosinos”
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí firmó este jueves una iniciativa para derogar la Ley Serrano, en acuerdo con representantes del Congreso del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General. La iniciativa será enviada al Congreso para su discusión. Horas más tarde, el diputado local Héctor Serrano, autor de la ley que lleva su apellido, la defendió y afirmó que el embate mediático es lo último que le preocupa y lo último que le lastima.
“Lo último que me preocupa es el embate mediático. Lo último que me lastima es el embate mediático”, sostuvo el legislador, quien insistió en que su prioridad es la colectividad y el bienestar de las y los potosinos.
En la declaración revisada por La Orquesta, Serrano no se refirió directamente a la iniciativa de derogación firmada esa misma mañana. Insistió, en cambio, en definir la Ley Serrano como precursora de la regulación de la inteligencia artificial en el país.
Serrano sostuvo que el término Ley Serrano fue atribuido en un inicio por el medio Pulso con una intención dolosa. Afirmó que hoy queda claro que la iniciativa es precursora de la regulación de la inteligencia artificial, incluso cuando el propio Gobierno del Estado impulsa ahora su derogación.
La Ley Serrano ha sido cuestionada por organizaciones civiles que advierten riesgos para la libertad de expresión en el uso de la inteligencia artificial y las plataformas digitales. En esta declaración, Serrano tampoco se refirió directamente a esos señalamientos.
El legislador adelantó que el Gobierno federal abrirá foros sobre la regulación de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales, que no serán exclusivos de San Luis Potosí. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya se ha referido a la necesidad de regular ese tema, así como la difusión de información y desinformación.
Serrano reconoció que decidió no leer parte de las críticas en su contra. “Ya hice una clasificación de qué leo y qué no leo”, dijo, y explicó que se apoya en herramientas de inteligencia artificial para hacer esa selección.
Para defender la ley, el diputado recurrió a un antecedente histórico: dijo que en 1826 en San Luis Potosí solo se podía profesar la religión católica, hasta que alguien propuso ejercer la libertad de credo. Con ese ejemplo buscó equiparar la Ley Serrano con la defensa de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión.
El legislador consideró que cualquier desgaste político derivado de las críticas mediáticas es secundario frente a lo que llamó la defensa del interés colectivo. Afirmó que ninguna aspiración política es superior a sus ideales, sus convicciones y sus principios.
También lee: Ley Serrano será derogada; nueva ley de IA saldrá de foros
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Hablo por mí. Apuntes de Jorge Saldaña
Intervención para el foro sobre libertad de expresión · San Luis Potosí
Jorge Saldaña · Director general de LaOrquesta.mx
Sabemos perfectamente por qué estamos aquí. No hace falta el eufemismo.
Una reforma al Código Penal —que alguien bautizó “Ley Serrano“, aunque no es una ley, es apenas una reforma— derivó en la detención de tres personas. Lo digo así, sin adjetivo: tres personas. Y a eso se sumó la filtración de una lista de supuestos nombres con órdenes de aprehensión. Sacado de contexto, aquello encendió una percepción local y nacional: que el poder salió a cazar voces críticas.
Voy a ser franco, y empiezo por la casa incómoda. Esa reforma quizá no fue correcta. No fue acertada, ni fue precisa. No la justifico.
Pero tampoco me voy a hacer tonto con lo que vino después. Porque la narrativa que se construyó —local, nacional— fue una sola, la de la cacería, y esa narrativa fue aprovechada por intereses políticos muy identificados para derogar una norma y poner al estado en la mira internacional. Las personas no respondemos a términos jurídicos. Respondemos a emociones. Y alguien supo exactamente qué emoción encender.
Hubo hasta una manifestación que se atrevió a hablar “por todos los periodistas”. Con todo respeto: nadie me consultó. Así que quede claro desde mi primera línea. Yo hablo por mí. No me atrevo a hablar por ningún otro medio, ni por ningún otro colega. Vengo a poner mi nombre sobre la mesa, no el de un gremio que no me nombró vocero.
Y ya que hablamos de nombres, conviene fijar algo que no está a debate, porque no depende de este gobierno ni de ninguno.
El Estado no tiene facultad para decidir quién es periodista y quién no. Tampoco quién es medio y quién no. No es cortesía: es doctrina asentada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resolvió hace cuarenta años, en la Opinión Consultiva 5 de 1985: exigirle a alguien un certificado o una colegiación para ejercer el periodismo es incompatible con la libertad de expresión. El día que el poder reparte credenciales de periodista, ese día decide a quién silencia.
Que quede grabado: aquí nadie pide esa facultad. Y si alguien la ofreciera, habría que rechazarla.
Entonces vamos al grano, porque para eso me invitaron.
En San Luis hay medios anónimos. De un lado y del otro, de todos los colores. Páginas sin dueño, sin domicilio, sin firma, que golpean y desaparecen. A esos no los podemos regular. No está en nuestras manos, y qué bueno que no lo esté.
Pero lo que sí está en nuestras manos es distinguir. Porque ya no existe solo “el periodismo” y “el medio”. El terreno se pobló de figuras nuevas que se disfrazan unas de otras a propósito. Yo encontré siete y las voy a nombrar una por una:
Medio de comunicación. Propiedad y financiamiento identificables, alguien que firma, corrige y da la cara.
Periodista. Lo define el método —fuentes, contraste, contexto—, no el gafete.
Generador de contenido. Audiencia sin método periodístico. Legítimo, valioso, pero no es lo mismo.
Personaje de opinión. Habla en primera persona, sin disfraz de neutralidad. Como yo, en este momento.
Canal de propaganda. Dinero encubierto, agenda de un tercero, cero responsabilidad editorial.
Ecosistema de golpeteo. Cuentas coordinadas, el pasamontañas que se renta para pegar con la cara tapada.
Replicador de mentiras. El que amplifica una falsedad demostrable, con inteligencia artificial o sin ella.
Ninguna de esas siete definiciones dice una palabra sobre el contenido de la crítica. Se distingue por transparencia, método y responsabilidad. Nunca por lo incómoda que resulte la nota.
Y ahora la parte que a nadie le gusta oír, empezando por mí. Todos —todos— sabemos quién está detrás de los medios anónimos de esta ciudad. Los de un bando y los del otro, de todos los colores. Sabemos quién los paga, quién los opera y para quién golpean…y callamos.
Nos decimos a nosotros mismos que callar es “solidaridad gremial”, que colega no muerde a colega. Con todo respeto: es una postura absurda e hipócrita. Eso no es solidaridad. Es complicidad. Cada silencio nuestro engorda un ecosistema de mentiras donde cada vez cuesta más trabajo distinguir al que hace periodismo del que hace daño con disfraz de periodismo.
Y la factura ya nos llegó. Según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters, la confianza de los mexicanos en las noticias es de apenas 36 por ciento. En 2017 era del 49 . Trece puntos de credibilidad perdidos en menos de una década, y buena parte la perdimos nosotros solos, por tapar lo que había que nombrar.
Pónganlo en términos de barrio.
No creo que tengamos que reescribir las leyes de San Luis. Pero sí creo que tenemos una oportunidad enorme: ser, quizá, el primer estado de Latinoamérica que ponga a debate serio tres temas distintos y no los revuelva. Uno, la libertad de expresión. Dos, el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Tres, cómo desenmascarar a las páginas que mienten desde el anonimato: qué son, quién las paga y qué mentiras fabrican.
Traigo tres propuestas concretas.
Primera, un acuerdo con las universidades.
Catedráticos y especialistas potosinos construyendo, como ya existe en otros países, una herramienta de verificación con inteligencia artificial: un fact-check al que todos los medios de San Luis podamos acceder para que un tercero imparcial valide, o no, lo que publicamos en caso de haber controversia.
¿Quién entra? Voluntario. Sin premio para el que se apunte, sin castigo para el que no, así la sociedad sabrá quién está dispuesto a que lo revisen y quién prefiere quedarse en la sombra. Esa sola diferencia ya dice mucho.
Segunda, una comisión ciudadana y académica.
Un comité con criterio propio que defienda al lector y sepa dirimir qué es un ataque disfrazado y qué es crítica legítima. Que no dependa del gobierno ni de los medios: de la sociedad.
Tercera, esta sí tendría que ir tipificada en la ley.
Dinamarca abrió el camino: reconocerle a cada persona derechos sobre su propia imagen y su propia voz. Que quien las use sin mi consentimiento —una cara sintética, una voz clonada— pueda ser denunciado, y que me pague, porque mi rostro es mío. Sé que es un reto para nuestro sistema judicial, donde no hay nada expedito, ni siquiera para el que se roba un Oxxo. Por eso mismo hay que explorar cómo hacerlo posible. La pregunta no es si es difícil. La pregunta es por qué.
Y termino con lo que de verdad me trajo aquí.
Estoy en contra de la cárcel por daño moral, calumnia o por ejercer el periodismo. Que quede clarísimo.
Pero no me pidan que confunda dos cosas por comodidad política. Una es el periodista incómodo; otra, muy otra, es quien usa una imagen falsa para destruir una vida.
Si lo que hubo detrás de algún caso fue suplantación dolosa —no reportaje, no opinión, sino una mentira fabricada para arruinar a alguien—, eso no es periodismo, y cobijarlo bajo la libertad de expresión insulta a los que sí la ejercen, nos pone en un nivel muy bajo.
Insisto, no pido prisión. Pido algo más simple: que quien me arruine la vida con una imagen falsa no quede impune, y que yo tenga herramientas para poder denunciarlo.
El derecho a criticar no puede ser la coartada del que difama sin cara.
Porque —y aquí no hay matiz que valga— yo estoy a favor de toda la crítica. De la más dura. De la que despierta al poder a media noche. Incomodar al poder es inherente al periodismo, y una democracia sin ese contrapeso no es democracia, es escenografía con bonita letra.
Pero la crítica que respeto es la que firma. La que da la cara.
Ese es todo el punto. No pedimos que nadie apruebe lo que decimos. Pedimos que se sepa quién lo dice y se haga con método. Yo ya dije mi nombre al principio, y lo repito al final, porque es la única credencial que reconozco:
Yo soy Jorge Saldaña.
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Memoria Esmeralda, que la esperanza no desaparezca
Karen Tapia creó “Memoria Esmeralda”, una inteligencia artificial que reconoce en menos de un minuto las prendas halladas por colectivos de buscadoras
Por: Haniel Valdés Velázquez
Karen Tapia Torres, ingeniera en sistemas de información egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desarrolló Memoria Esmeralda, una plataforma con inteligencia artificial que identifica y clasifica automáticamente las fotografías de prendas halladas en búsquedas de personas desaparecidas, con una exactitud del 99.02 por ciento.
La herramienta funciona con una red neuronal convolucional: los colectivos suben las fotografías de un hallazgo a la página web y el sistema reconoce en menos de un minuto qué es cada imagen —una camisa, un pantalón—, aunque se trate de 500 archivos sin nombre ni clasificación. Cada registro se guarda en una base de datos centralizada junto con quién lo subió, la fecha, el lugar del hallazgo y el destino de las prendas.
Actualmente ese trabajo es manual: los colectivos de madres buscadoras documentan los hallazgos en redes sociales, sobre todo en Facebook, donde la información se pierde entre canales y difícilmente llega de un estado a otro. “La idea es que la tecnología apoye a que la lucha sea más humana y más digna”, afirmó Tapia.
“La consulta es pública: cualquier persona puede buscar, por ejemplo, “pantalones”, y la página arroja las coincidencias con su nivel de exactitud y los datos del hallazgo. La plataforma incluye además un apartado de pistas anónimas que no pide cuenta, sesión ni número telefónico; los reportes llegan a la administradora, quien los filtra y los canaliza al colectivo que corresponda”, explicó.
Tapia puso como ejemplo el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, donde se encontraron 388 imágenes de prendas que las familias tuvieron que revisar una por una. Ahí apareció una mochila parecida a la que llevaba Esmeralda Castillo Rincón el día que desapareció. “¿Cuántas imágenes tuvo que ver don José Luis Castillo para decir que lamentablemente no era la de su hija? ¿Cuánto tiempo perdió?”, cuestionó.
El proyecto lleva el nombre de Esmeralda, desaparecida el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tapia conoció su historia en 2019, por la protesta pacífica de su padre, que arroja brillitos rosas al aire para recordarla. Para la ingeniera, esa historia es también la de los más de
134 mil desaparecidos que, dijo, hay actualmente en México.La meta es lanzar la página antes de que termine el año. Hoy corre de manera local, sin hosting, mientras Tapia sostiene pláticas con los dos colectivos de su ciudad y con el Instituto de la Juventud; si no se concreta apoyo, asumirá los costos ella misma. La plataforma, aseguró, jamás cobrará a colectivos ni a la sociedad: “no se lucra con el amor y no se lucra con el dolor”.
Como trabajo futuro, contempló que los familiares registren la descripción o una foto de la ropa de su ser querido desaparecido, para recibir una notificación cada vez que se cargue una imagen coincidente. “En pleno 2026, con la tecnología que tenemos, se me hace imposible creer que nadie les ha dado una herramienta. Como sociedad, estamos fallando mucho“, sostuvo.
Karen no tiene entre sus familiares o círculo cercano alguna víctima de desaparición forzada, pero no es ajena a los constantes reportes y a las cifras que se dan a conocer a lo largo de todo el país donde son millares las personas que no han vuelto a casa, incluso más los familiares que no dejan de buscar y que alimentan sus esperanzas con cada nuevo indicio.
El desarrollo tecnológico debería siempre estar en función de lo útil, de lo necesario; aliviar el dolor de tantos buscadores es un deber moral, para eso fue creada Memoria Esmeralda, un proyecto que Karen busca llevar a todo el país y poner al servicio de los colectivos y Madres Buscadoras.
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