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El robo de motocicletas se triplicó en SLP durante 2018
Raterillos se llevaron más de mil 500 motos en el año; el estado ya es el séptimo lugar en el país
Por: El Saxofón
A lo largo de 2018, el robo de motocicletas casi se triplicó en San Luis Potosí, pasando de 577 casos en 2017 a mil 547 en 2018, lo que equivale a un aumento de 168 por ciento.
En promedio, cada mes, 128 motocicletas fueron arrebatadas a sus propietarios. Los niveles más altos se registraron en el último trimestre del año; en enero de 2018 fueron robadas 94 motos, la cifra fue a la baja en febrero (89) y marzo (78), pero en abril (97) volvió a registrar un repunte y cerró el año con 176 motocicletas robadas en diciembre.
Con esto, San Luis Potosí se ubicó entre las diez entidades del país donde se robaron el mayor número de motocicletas en todo el año.
A nivel nacional, según las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se presentaron ante las fiscalías o procuradurías locales 35 mil 47 denuncias por robo de motocicleta.
De acuerdo con estas cifras, diez entidades, entre ellas San Luis, concentran el 71.23 por ciento de los robos de motocicletas (24 mil 965 unidades hurtadas).
Las entidades con mayor incidencia de este delito son: Estado de México con 7 mil 85 motos robadas; Jalisco, con 3 mil 651; Tabasco con 2 mil 277; Michoacán con 2 mil 131; la Ciudad de México con mil 968; Sinaloa con mil 873; Veracruz con mil 653; San Luis Potosí con mil 547; Oaxaca con mil 426 y Chiapas con mil 354.
San Luis Potosí acumuló el 4.4 por ciento de los robos de motocicletas a nivel nacional. El repunte en este delito comenzó a observarse desde finales de 2017, pero se hizo aún más visible en los primeros meses de 2018.
Desde diciembre de 2017, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que se implementaría un operativo orientado a la revisión de este tipo de automotores, y efectivamente, operativos similares siguen siendo aplicados por las diversas corporaciones policiacas, desde las policías municipales de San Luis y Soledad, hasta la policía Estatal y la Ministerial, se aseguran unidades, que en ocasiones se encuentran abandonadas, otras veces se detiene a los tripulantes, pero el delito sigue a la alza: en diciembre de 2017 se robaron 72 motocicletas, para diciembre de 2018 la delincuencia se apoderó de 176 unidades.
Según un reporte de Notimex, la agencia informativa del Estado Mexicano, “En los últimos seis años, el robo de motocicletas registró un aumento de 300 por ciento, y la marca Italika encabeza esta lista, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)”.
“Según la AMIS, en el último reporte de robo a noviembre de 2018, el organismo que agrupa a las aseguradoras que operan en el país indicó que se robaron tres mil 811 motocicletas aseguradas de la marca Italika de 111 a 250 centímetros cúbicos (cc), lo que representó un aumento de 24.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo”.
“De diciembre de 2016 a noviembre de 2017, se robaron dos mil 403 motocicletas de esta marca, cifra muy superior a igual lapso de un año antes, cuando se reportaron solo 456 unidades sustraídas; en el mismo periodo de 2014 y 2015 solo se reportaron 185 motos robadas”.
Cabe reiterar que estamos hablando solo de motos que cuentan con un seguro, por lo que respecta a aquellas que no están aseguradas por sus dueños, la cifra es muy superior.
“En la actualidad, las motocicletas Italika se colocan como el cuarto vehículo más robado en el país, solo por debajo de tres submarcas de Nissan que son Tsuru, Pick Up y Versa, que encabezan el listado de los 10 vehículos asegurados más robados”.
“Los vehículos que ocupan la posición número 11 como los más robados fueron las motocicletas Honda de 111 a 250 centímetros cúbicos, con mil 415 unidades, aunque en este caso hubo una disminución de 9.5 por ciento en comparación con las mil 550 registradas en el mismo periodo de 2017”.
“Hay tres fenómenos muy particulares: uno de ellos es que entre los 10 más robados cinco son Nissan, o sea la mitad; después uno es una motocicleta, la Italika y en el lugar undécimo está otra motocicleta, que es la Honda, y como ya lo vemos, también es síntoma de cómo está la delincuencia”, dijo el director general de la AMIS, Recaredo Arias Jiménez.
“Para combatir el robo de motocicletas en México, comentó el directivo, se requieren diversas acciones por parte de las autoridades, y ejemplificó que hay países como Guatemala que ponen la muestra tanto en medidas de seguridad y como de identificación por parte de los compradores”.
“Aquí si tú vas al supermercado y compras una motocicleta en muchas ocasiones no se registra. Entonces esto hace que se facilite mucho el robo y resulta muy, muy fácil robar motocicletas, porque hay poco rastreo sobre las motocicletas robadas”, indicó.
Puntualizó que a eso se suma que en muchos casos las motocicletas se utilizan para distribuir mercancías o para cobranza, por lo que al robarla se llevan la unidad, además de los artículos transportados.
Está de más decir que el robo de motocicletas está relacionado con la comisión de otros ilícitos, principalmente robos y homicidios. En 2018, varios asesinatos fueron cometidos por delincuentes que se desplazaban a bordo de estos vehículos. Acaso el más recordado sea el homicidio de tres agentes ministeriales la tarde del 8 de febrero del año pasado cuando volvían de un curso en la Academia Estatal de Policía.
Por lo que toca a los robos, ya es bien sabido que los “motorratones” en San Luis Potosí, son una plaga.
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Entre los sistemas sin corrección hay uno de la SEP que funciona con PHP de 2004
Por: Redacción
Al menos 8,600 servicios web en México funcionan con versiones de PHP que ya no recibirán ninguna corrección de seguridad, en plena ola de ataques por PHP2Shell, la falla que el 26 de octubre la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) confirmó como explotada activamente.
El conteo, hecho con el buscador Shodan el 22 de octubre y publicado por Ignacio Gómez Villaseñor en una columna invitada de Milenio, ubica entre esos sistemas uno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que corre con PHP 4.3, de 2004, y otro de la Secretaría de Gobernación (Segob) con PHP 5.2, de 2007. Ninguna de las dos versiones recibe actualizaciones desde hace más de 15 años.
De 39,661 servicios con PHP detectados en el país, cerca de uno de cada cinco usa una versión sin parche posible. Al filtrar solo dominios gob.mx aparecieron 550 servicios de gobierno; de una muestra de 20 revisados uno por uno, 19 eran vulnerables.
Qué es PHP2Shell
PHP es el lenguaje de programación con el que funcionan WordPress, tiendas en línea y buena parte de los portales de gobierno. Según W3Techs, lo usa el 70.2% de los sitios web cuyo lenguaje se conoce.
Las fallas CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, apodadas PHP2Shell, están en el propio PHP y no en una página en particular. Basta con que el servidor acepte recibir archivos, como viene configurado de fábrica, para que un atacante pueda tomar el control del equipo sin usuario ni contraseña. El equipo de PHP las calificó con 9.2 de 10 en gravedad.
La falla también permite leer fragmentos de la memoria del servidor, donde se guardan contraseñas, claves de acceso y certificados. Actualizar cierra la puerta, pero no recupera lo que ya pudo salir.
Cinco días de octubre
Amazon registró el primer intento de ataque el 17 de octubre, cuatro días antes de que la falla fuera pública. El 20 se filtraron los detalles y PHP tuvo que adelantar su corrección, que publicó el 21 de octubre a las 8:00, hora del centro de México, para las versiones 8.2 a 8.5.
Ese mismo día, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la CISA pidieron parchar o desconectar los servidores de inmediato. En Países Bajos, ministerios, hospitales y medios apagaron sus sitios por precaución.
El 24 de octubre, un investigador de Perplexity confirmó la ejecución remota de código en servidores trampa. El 26, la CISA agregó ambas fallas a su catálogo de vulnerabilidades explotadas y dio plazo al 29 de octubre para que las agencias federales de Estados Unidos las corrijan. La firma Censys estimó más de 32.5 millones de servicios PHP en el mundo con versiones afectadas.
Una tercera falla, sin parche
El 23 de octubre, PHP divulgó una nueva vulnerabilidad, CVE-2026-115560, que también permite ejecutar código a distancia y que las actualizaciones del 21 no corrigen. Para esta no hay parche: PHP recomendó como medida temporal desactivar la función que reporta el avance de carga de archivos.
Al 26 de octubre no se había reportado su explotación, de acuerdo con la firma SOC Prime.
Gobierno y universidades, los más expuestos
La revisión publicada en Milenio encontró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía un servidor ya actualizado mientras otros de la misma dependencia seguían sin parche.
La institución con más servicios PHP del país es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 820. Entre todas las universidades públicas de la lista suman más de 1,800, con versiones sin soporte como la 7.0 y la 8.1.
Colombia hizo un ejercicio parecido: su equipo de respuesta, Colcert, contó 8,699 servicios con PHP expuestos. Según la misma columna, en México no hay registro de una alerta equivalente de la autoridad.
Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad SILIKN, advirtió a Milenio que vienen ataques “sumamente fuertes” contra quienes no actualicen. “Será caótico, te lo puedo asegurar”, dijo.
Ruiz señaló que estas fallas “no distinguen recursos presupuestales”, por lo que una secretaría estatal y un ayuntamiento pequeño quedan igual de expuestos, y que “la ausencia de alertas no descarta una intrusión”.
La firma Sansec concluyó el 22 de octubre que un ataque masivo es menos probable de lo previsto, porque requiere conocer bien el servidor. Las pruebas de ataque que circulan funcionan sobre todo contra servidores Apache con PHP 8, el tipo más común.
Una empresa potosina, en un sitio de filtraciones
El grupo de ransomware Krybit publicó el 26 de octubre a Grupo Euro (grupoeuro.com.mx) en su sitio de filtraciones, según el rastreador Breachsense, que la clasifica en el sector energía. De acuerdo con publicaciones especializadas en ciberseguridad difundidas en redes sociales, se trata del grupo potosino de las gasolineras Gasomax, Importadora Euro y franquicias de Burger King.
El portal ransomware.live contabiliza 331 contraseñas expuestas vinculadas a la empresa, 70 de ellas críticas, y cita a la firma Hudson Rock, que registra a un empleado y cuatro usuarios infectados con programas que roban credenciales. Krybit se atribuye el ataque sin que hasta ahora la empresa lo haya confirmado, y no hay evidencia pública de que el caso esté ligado a PHP2Shell.
Krybit opera desde marzo de 2026 con un esquema de doble extorsión: roba información, cifra los archivos y amenaza con publicar los datos si no se paga. Sus exigencias van de 40 mil a 100 mil dólares, según la firma Halcyon. Breachsense le cuenta 165 víctimas, nueve de ellas en México.
En agosto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) descartó un hackeo a sus sistemas tras la difusión en redes de información del Poder Judicial. En septiembre, la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez dijo que la auditoría externa apuntaba más a una filtración que a una intrusión.
Argentina: datos de 172 mil estudiantes
Un actor en un foro de la dark web publicó muestras de una base de datos que dice provenir del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), del Ministerio de Educación de Argentina, con registros de unos 172 mil estudiantes.
Según el actor, cada registro tiene más de 80 campos —nombre, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), domicilio, desempeño escolar y datos socioeconómicos—, además de información de unas 1,100 escuelas, 953 directores y credenciales de 21 cuentas de consultores. Afirmó que los datos estaban accesibles sin autenticación.
Analistas que siguen el caso advirtieron que la mayoría de los afectados probablemente son menores de edad, y que sus datos de identidad, hogar y escuela pueden usarse para fraudes y extorsiones dirigidas a sus familias.
La afirmación no está verificada y llegó horas después de otra contra la plataforma Moodle del mismo ministerio. En septiembre, el grupo N0n se atribuyó un ataque a la dependencia, y en julio de 2025 se ofrecieron a la venta 287 mil documentos del ministerio con DNI, correos y domicilios.
La corrección para PHP2Shell ya existe, pero cada institución tiene que instalarla en todos sus servidores y, si estuvo expuesta, cambiar contraseñas y claves y revisar sus registros hacia atrás. Para el usuario común no hay nada que hacer en su teléfono o computadora: la falla vive en los servidores, no en los dispositivos.
Con información de Milenio, CISA, Breachsense, Halcyon, SOC Prime y ransomware.live.
También lee: Auditoría descarta hackeo al Poder Judicial, pero no filtración
La CEA dijo que busca cobrar con los mecanismos del contrato, mientras el Estado paga unos 6 millones al mes
Por: Redacción
La operadora de El Realito tiene adeudos por unos 200 millones de pesos por incumplimientos del contrato, que están en controversia, dijo Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Explicó que cada vez que hay una falla se aplican multas y esa parte se resta a la empresa en el pago: «nosotros le restamos y no se le paga esa parte».
Dijo que, conforme al contrato, el Gobierno del Estado paga alrededor de 6 millones de pesos al mes por el servicio. Cuando el sistema funciona, otra tarifa depende de la cantidad de agua que llega a la capital.
Sobre los 200 millones, dijo que la CEA busca «el mecanismo propio del contrato» para cobrarlos, pues es dinero que la empresa tendría que pagar. Agregó que la CEA trabaja en un diagnóstico que incluye parte del sistema administrativo del contrato.
La concesión federal del agua está a nombre del Gobierno del Estado. Una administración anterior delegó la operación en una empresa española mediante contrato, explicó en septiembre Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, dependencia que acompaña jurídicamente a la CEA para explorar una rescisión o una mediación.
En septiembre se dio a conocer que Banobras y Conagua analizan rescindir el contrato. El acueducto acumula 76 fallas desde 2021, que suman 295 días sin agua a la zona metropolitana, según el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas).
También lee: Interapas no paga saneamiento desde 2018, dijo titular de la CEA
Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular
Por: Jorge Saldaña
La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.
Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.
Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.
La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.
Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.
En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.
Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas
La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.
En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.
Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.
Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.
Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.
En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya
Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.
Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.
Los Azuara Zúñiga
La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.
En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.
La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.
La captura que volvió relevantes las fotografías
Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.
Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.
La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.
La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.
También lee: Enfrentamientos armados en Tanquián; mencionan a grupo ligado a Sánchez Zumaya
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