marzo 5, 2026

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El crimen organizado cobró 23 vidas el último mes en SLP

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crimen organizado

Los ataques armados y las ejecuciones a cargo de células del crimen organizado regresaron a tierras potosinas; sin la guerra contra el narco habría una reducción significativa en la tasa de homicidios

Por: El Saxofón

Luego de un breve periodo de tregua, los ataques armados y las ejecuciones han vuelto a San Luis Potosí. En el último mes, del 20 de abril al 18 de mayo se han registrado al menos cinco balaceras en la capital del estado y una en la zona Huasteca, en el municipio de Ébano; en suma, balaceras y presuntos ajustes de cuentas han dejado un saldo de 23 muertos y al menos 5 lesionados en menos de 30 días.

La noche del pasado 20 de abril, en un terreno baldío de la Colonia Los Magueyes, ubicado en la esquina de Tacamba y Josefa Ortiz de Domínguez, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 22 años, el cual presentaba un disparo en la cabeza.

El 21 de abril, alrededor de la una y media de la tarde, un motociclista disparó contra un joven en la calle Pánfilo Natera, de El Sauzalito, en la capital potosina. El presunto homicida huyó a bordo de una motocicleta, la víctima, de 28 años de edad, falleció horas más tarde.

Tres días después, la noche del 24 de abril, un ataque armado cobró la vida de cuatro personas en la Colonia General I. Martínez de la capital potosina. Los asesinos, al parecer dos sujetos, se acercaron caminando hasta las víctimas y descargaron sobre ellos proyectiles calibre .9mm.

El viernes 26 por la tarde, también en la General I. Martínez, un hombre fue baleado, cerca de la zona donde fueron ejecutadas la cuatro personas el miércoles. El atacante fue supuestamente un hombre al que le falta una mano e iba a acompañado de otros cuatro sujetos.

Horas más tarde fue ejecutado un joven, en la Quinta Privada de Rumanía, esquina con Simón Díaz, en la colonia Satélite. El ataque dejó además una persona lesionada.

Testigos de los hechos relataron que las víctimas viajaban en su automóvil, cuando fueron interceptados por dos hombres que se trasladaban en una camioneta, quienes descendieron y abrieron fuego en contra de dos jóvenes que tripulaban un auto Platina color arena.

El 3 de mayo, un festejo del Día del Albañil se convirtió en tragedia, cuando sujetos armados dispararon contra un grupo de personas que departían en un salón de fiestas en Soledad de Graciano Sánchez.

El ataque dejó tres lesionados y una joven de 28 años perdió la vida en el hospital debido a la gravedad de las heridas.

Apenas cuatro días después, la mañana del 7 de mayo, un policía municipal de San Luis Potosí capital fue asesinado a balazos mientras conducía su camioneta, una Buick Enclave por calles de la colonia Wenceslao Victoria.

El 16 de mayo, otro ataque a balazos dejó un muerto y dos heridos en la colonia Mártires de la Revolución.

En el interior del estado

Sin embargo, las agresiones con armas de fuego y las ejecuciones no ocurren solo en la Zona Metropolitana, sino que también se extienden a los municipios del interior del estado.

El 20 de abril, en Guadalcázar, se encontró el cadáver de un hombre al interior de una camioneta, con evidentes huellas de violencia en el cuerpo. Alrededor de la camioneta se encontraron varios vasquillos percutidos. El hombre fue identificado como Rito ‘N’, con domicilio en Monterrey, Nuevo León.

El 21 de abril se informó que después de discutir con el chofer de una camioneta, un joven fue asesinado a balazos, el homicida se dio a la fuga a bordo de la camioneta, mientras la víctima era trasladada por un familiar suyo a un hospital, pero ya había fallecido. Los hechos sucedieron en un ejido de Tamasopo.

El 25 de abril, tres hombres fueron hallados muertos en un domicilio de la colonia Lindavista, en Ébano. La noche del 24 de abril, vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego, sin embargo, por temor prefirieron no indagar lo que había pasado. Fue hasta el día siguiente cuando se realizó el hallazgo.

A esa misma hora, en Rioverde, era localizado el cadáver de un hombre en un taller de motobombas en la calle Nicolás Bravo, del municipio de Rioverde. El cuerpo estaba atado a una cama, con una estopa en la boca.

Ya en mayo, el día 9, un hombre de 31 años fue ejecutado a balazos en Ciudad Valles. Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en la calle Morelos, entre bulevar México-Laredo e Ignacio Allende, en la colonia Francisco I. Madero

, el ahora occiso fue identificado como Marco Antonio N, quien contara con 31 años de edad.

El cadáver presentaba dos orificios producidos por proyectiles de arma de fuego, uno en el rostro, con entrada en la mejilla izquierda, con salida en la región de la base occipital del cráneo, en el lado derecho, el otro con entrada debajo del pectoral izquierdo, con salida en región lumbar del mismo lado.

El día 10, una pareja fue encontrada calcinada en un camino de terracería que conecta al ejido Las Crucitas con Los Otates, en Ciudad Valles.

El 12 de mayo se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, con el rostro cubierto, maniatado y con huellas de tortura. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 71 de la Supercarretera Estatal No. 75 Rioverde.

El recuento anterior pone en evidencia que el uso sistemático de la violencia homicida por parte de grupos del crimen organizado no cesa en San Luis Potosí, y que la calma no está garantizada.

Sin guerra contra el narco, SLP tendría 75% menos homicidios

Si no se hubiera realizado la guerra contra el narcotráfico, la fallida estrategia del gobierno federal de Felipe Calderón, con la que intentó restar poder al crimen organizado, los homicidios dolosos en San Luis Potosí se hubieran reducido en un 75 por ciento, de acuerdo a una proyección realizada por la organización Semáforo Delictivo.

El fundador de esa organización, Santiago Roel, dijo en octubre de 2017, que una solución para reducir la violencia en el país es terminar con el Plan Mérida, al que la asociación reconoce como el origen de la guerra contra el narcotráfico.

El Plan Mérida es un acuerdo de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas entre México, Estados Unidos y algunos países centroamericanos, con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas, según menciona un documento de la Embajada de Estados Unidos en México.

La firma del Plan Mérida, en diciembre de 2008 entre los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush, trabaja en cuatro pilares fundamentales: Afectar la capacidad operativa del crimen organizado, Institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de derecho, Crear la estructura fronteriza del siglo XXI y Construir comunidades fuertes y resilientes; según dice el documento de la Embajada de Estados Unidos.

En cambio, para Semáforo Delictivo, el Plan Mérida ha causado un efecto negativo, que después llevó a nuevas etapas de la violencia en México.

El primero de ellos fue la guerra contra el narco, que, al lograr detener o abatir a importantes líderes de cárteles, causó a su vez la atomización de esos grupos delictivos.

El efecto es el siguiente: al haber sacado de circulación a los líderes de los cárteles, las personas que les seguían en la organización buscaban tomar ese liderazgo, por lo que había conflictos por heredar el puesto principal de los grupos delictivos.

La atomización de los cárteles después causó guerra entre los grupos mafiosos, a lo que, según Semáforo Delictivo, le siguió el colapso de la autoridad.

En una editorial llamada “Es tiempo de pensar el futuro de México”, Semáforo Delictivo también culpa al Plan Mérida.

“Llevamos 10 años de estrategia fallida. Desde 2008, Estados Unidos nos metió en una guerra sin nombre, sin sentido y sin efectividad que ha incrementado la violencia de alto impacto a niveles nunca vistos en el país”.

Semáforo Delictivo identifica “tres causas de violencia: Desequilibrios sociales, mal gobierno y mercado negro de drogas. No podrán atenderse los dos primeros, si antes México no disminuye el poder económico, social y bélico de las mafias. Eso se logra con regulación de drogas. Un tema que ningún candidato o partido ha querido hacer propio, por temor a los prejuicios nacionales y a la DEA”.

17 personas detenidas por fiscalía durante la tercer semana de mayo

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Aunque pierde todo en tribunales, la UASLP mantiene al IFSE “en el chori”

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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano

Por: Jorge Saldaña

El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.

En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.

El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.

“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.

Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.

De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.

Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.

En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.

“La fiscalización no es opcional”, señaló.

El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.

La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.

Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.

Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.

Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.

De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.

En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.

Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.

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Tren Querétaro–SLP–Saltillo arrancaría obras este mismo año

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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.

El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

(SICT), donde se analizaron los trazos preliminares de los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.

El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.

De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.

Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.

El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.

El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.

Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.

Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.

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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP

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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención

Por: Redacción

A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.

De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.

También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso

.

Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.

Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.

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