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El aborto debe dejar de criminalizarse: activistas
Marcela García y Arely Torres indicaron que el Congreso del Estado debe armonizar las leyes que impulsó la Suprema Corte desde el 2021 para despenalizar la interrupción del embarazo
Por: Ana G Silva
Hace unos días, el colectivo ILE de San Luis Potosí presentó la iniciativa sobre la legalización del aborto en Pleno del Congreso del Estado y fue turnada a la Comisión de Justicia, Asistencia Social y Derechos Humanos; en ella se contempla que se brinden los servicios de salud necesarios para llevar a cabo la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pero se convertiría en un delito pasado este tiempo. La Orquesta conversó con las activistas Marcela García Vázquez, presidenta de la organización Nueva Luna, y la abogada Arely Torres Miranda, para conocer su opinión al respecto.
Las activistas coincidieron que en ningún momento del embarazo se debe criminalizar, hacerlo es inconstitucional y se debe eliminar del código penal del Estado. Arely apuntó que en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la interrupción del embarazo debía dejar de ser penalizada y por tanto esto debía ser armonizada en todas las entidades del país, aunque esto no ha sucedido en San Luis Potosí.
“Incluso la Corte instó que a resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”.
Marcela apuntó que la mujer que aborte en ningún momento debe ser criminalizada, porque “la decisión de abortar, es muy difícil y que, cuando se hace, se lleva a cabo debido a una situación límite en donde no tienen opción, recursos ni apoyo para garantizar la vida digna del recién nacido y mucho menos la salud mental y emocional”.
La presidenta de Nueva Luna resaltó que al Congreso del Estado le ha faltado valor, seguridad, información sobre los derechos sexuales y reproductivos, le ha sobrado miedo, conservadurismo y sumisión frente a lo desconocido; además, es carente de diálogo, estudio y capacidad de discernimiento; y sobre todo, no han conectado con las mujeres de juventudes.
“Tampoco dialoga con ellas para comprender que esto, no es una cuestión de cultura ni de costumbres potosinas, sino de un compromiso y de responsabilidad con los derechos de las mujeres, quienes sufren las consecuencias de leyes obsoletas, absurdas, dominadas por el patriarcado”.
Arely Torres destacó que pareciera que ni el Congreso del Estado ni el Ejecutivo en San Luis Potosí entienden que existe una resolución desde septiembre del 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
“Piden hacer foros, ya no necesitamos foros, llevamos haciendo foros desde hace años. En el 2019 hicimos dos iniciativas sobre el tema, una que hicimos Alejandra Valdés y yo, hicimos foros y los diputados no van, ni mandan ni siquiera representaciones. No les interesa el tema y siguen dándole vueltas. La propuesta sigue en un proceso que llegó a la Corte para la impugnación, del que ni siquiera se sometió a discusión porque sacaron argumentos religiosos”.
Torres Miranda hizo un llamado a los integrantes del poder legislativo para dejar de simular, pues ya no hay nada que discutir y solo de debe apegar y obedecer a la resoluciones de la Corte; también exhortó al Ejecutivo, que tiene la facultad, de hacer valer la constitucionalidad de este derecho que ha dado la Suprema Corte.
García Vázquez apuntó que la iniciativa presentada por el colectivo ILE, aunque es consecuencia de otras iniciativas presentadas por el movimiento feminista en el pasado reciente, le parece que su valor radica en que es promovida por las juventudes:
“Son un grupo mayoritario hoy en día de la sociedad civil que ha despertado, o más bien, ya nació con la conciencia heredada y aprendida de las mujeres que iniciaron esta lucha y que hoy son sus madres o abuelas, por eso esta iniciativa cobra una poderosa dimensión en la entidad·.
Marcela reiteró que es lamentable que las y los congresistas no hayan volteado a ver la problemática de la interrupción del embarazo, una demanda social de las mujeres y que forma parte de la agenda de la 4T, del presidente Andres Manuel López Obrador: “Me parece que preexisten miedos, inseguridades, identidades fracturadas, visiones distorsionadas de la izquierda y del feminismo en algunas y algunos legisladores, que aun creen que legislar a favor del aborto les restaría votos, cuando es lo contrario”.
Arely subrayó que si el Congreso de San Luis Potosí continúa sin armonizar lo establecido por la Suprema Corte se buscará la acción de institucionalidad y se podría buscar sanción administrativa, ya que dilatan y obstaculizan el acceso a los Derechos Humanos, que es su obligación proteger y garantizar.
“A todas las mujeres les digo, que a pesar de esta resistencia siempre contarán con estas colectivas, que desde la organización de las feministas, hay grupos de acompañamiento para acceder aborto de manera segura”, finalizó.
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La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos
Por: Haniel Valdés
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.
“El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.
Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.
La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.
En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.
Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.
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El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.
“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.
Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.
Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.
Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación,
Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.
En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.
Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.
Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.
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La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra
Por: Roberto Mendoza
El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.
Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad
En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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