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El aborto debe dejar de criminalizarse: activistas
Marcela García y Arely Torres indicaron que el Congreso del Estado debe armonizar las leyes que impulsó la Suprema Corte desde el 2021 para despenalizar la interrupción del embarazo
Por: Ana G Silva
Hace unos días, el colectivo ILE de San Luis Potosí presentó la iniciativa sobre la legalización del aborto en Pleno del Congreso del Estado y fue turnada a la Comisión de Justicia, Asistencia Social y Derechos Humanos; en ella se contempla que se brinden los servicios de salud necesarios para llevar a cabo la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pero se convertiría en un delito pasado este tiempo. La Orquesta conversó con las activistas Marcela García Vázquez, presidenta de la organización Nueva Luna, y la abogada Arely Torres Miranda, para conocer su opinión al respecto.
Las activistas coincidieron que en ningún momento del embarazo se debe criminalizar, hacerlo es inconstitucional y se debe eliminar del código penal del Estado. Arely apuntó que en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la interrupción del embarazo debía dejar de ser penalizada y por tanto esto debía ser armonizada en todas las entidades del país, aunque esto no ha sucedido en San Luis Potosí.
“Incluso la Corte instó que a resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”.
Marcela apuntó que la mujer que aborte en ningún momento debe ser criminalizada, porque “la decisión de abortar, es muy difícil y que, cuando se hace, se lleva a cabo debido a una situación límite en donde no tienen opción, recursos ni apoyo para garantizar la vida digna del recién nacido y mucho menos la salud mental y emocional”.
La presidenta de Nueva Luna resaltó que al Congreso del Estado le ha faltado valor, seguridad, información sobre los derechos sexuales y reproductivos, le ha sobrado miedo, conservadurismo y sumisión frente a lo desconocido; además, es carente de diálogo, estudio y capacidad de discernimiento; y sobre todo, no han conectado con las mujeres de juventudes.
“Tampoco dialoga con ellas para comprender que esto, no es una cuestión de cultura ni de costumbres potosinas, sino de un compromiso y de responsabilidad con los derechos de las mujeres, quienes sufren las consecuencias de leyes obsoletas, absurdas, dominadas por el patriarcado”.
Arely Torres destacó que pareciera que ni el Congreso del Estado ni el Ejecutivo en San Luis Potosí entienden que existe una resolución desde septiembre del 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
“Piden hacer foros, ya no necesitamos foros, llevamos haciendo foros desde hace años. En el 2019 hicimos dos iniciativas sobre el tema, una que hicimos Alejandra Valdés y yo, hicimos foros y los diputados no van, ni mandan ni siquiera representaciones. No les interesa el tema y siguen dándole vueltas. La propuesta sigue en un proceso que llegó a la Corte para la impugnación, del que ni siquiera se sometió a discusión porque sacaron argumentos religiosos”.
Torres Miranda hizo un llamado a los integrantes del poder legislativo para dejar de simular, pues ya no hay nada que discutir y solo de debe apegar y obedecer a la resoluciones de la Corte; también exhortó al Ejecutivo, que tiene la facultad, de hacer valer la constitucionalidad de este derecho que ha dado la Suprema Corte.
García Vázquez apuntó que la iniciativa presentada por el colectivo ILE, aunque es consecuencia de otras iniciativas presentadas por el movimiento feminista en el pasado reciente, le parece que su valor radica en que es promovida por las juventudes:
“Son un grupo mayoritario hoy en día de la sociedad civil que ha despertado, o más bien, ya nació con la conciencia heredada y aprendida de las mujeres que iniciaron esta lucha y que hoy son sus madres o abuelas, por eso esta iniciativa cobra una poderosa dimensión en la entidad·.
Marcela reiteró que es lamentable que las y los congresistas no hayan volteado a ver la problemática de la interrupción del embarazo, una demanda social de las mujeres y que forma parte de la agenda de la 4T, del presidente Andres Manuel López Obrador: “Me parece que preexisten miedos, inseguridades, identidades fracturadas, visiones distorsionadas de la izquierda y del feminismo en algunas y algunos legisladores, que aun creen que legislar a favor del aborto les restaría votos, cuando es lo contrario”.
Arely subrayó que si el Congreso de San Luis Potosí continúa sin armonizar lo establecido por la Suprema Corte se buscará la acción de institucionalidad y se podría buscar sanción administrativa, ya que dilatan y obstaculizan el acceso a los Derechos Humanos, que es su obligación proteger y garantizar.
“A todas las mujeres les digo, que a pesar de esta resistencia siempre contarán con estas colectivas, que desde la organización de las feministas, hay grupos de acompañamiento para acceder aborto de manera segura”, finalizó.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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A pesar de que ganaba más de 75 mil pesos al mes, el ex comisionado del organismo tomó una tarjeta empresarial para viajes a Colombia y lujosos restaurantes
Por: Redacción
La organización Ciudadanos Observando dio a conocer un abuso de recursos públicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Indormación Pública (Cegaip) de San Luis Potosí por parte de David Enrique Menchaca Zúñiga, ex comisionado presidente, quien contaba con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos, más bonos por 16 mil 850 pesos.
David Menchaca utilizó su puesto para costear su vida de excesos y lujos personales, pues durante el periodo de enero de 2023 a abril de 2024, uso el dinero público en costosos banquetes, bebidas en bares de lujo y viajes de primera clase.
De acuerdo a información oficial, obtenida a través de solicitudes de información y datos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, Menchaca uso una tarjeta empresarial de la Cegaip, asociada a una cuenta bancaria institucional, para pagar sus gastos personales, entre los que destacan:
- $12,506.00 en el restaurante Mochomos.
- $19,457.00 en un restaurante de Chetumal.
- $5,386.00 en Cantina La 20 en Polanco.
- $4,261.00 en el bar Panteón Taurino.
- $3,839.00 en La Gran Vía.
- $3,222.00 en el restaurante-bar La Culpa.
- $490 por botella en El Mayorista La Loma, compradas de manera reiterada.
- Retiros constantes del cajero automático en efectivo que al terminar los plazos legales no pudo comprobar.
En las solicitudes de información destacan que Menchaca prefería viajar en vuelos de clase premier, con boletos pagados con recursos públicos. Entre sus viajes se encuentra una visita al país de Colombia en mayo de 2024, con un costo de 30 mil 256 pesos, bajo el pretexto de asistir a un evento cuya necesidad jamás justificó.
Al concluir su periodo, Menchaca se otorgó un “bono de marcha” de 96 mil 879 pesos, algo inédito en la historia de la Cegaip. Todo esto mientras mantenía una pésima gestión, dejando inconclusos mil 680 recursos de queja y sin dar seguimiento a procedimientos judiciales esenciales.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó un daño patrimonial por al menos 125 mil 977 pesos en gastos no comprobados solo en 2022. Sin embargo, su deuda total, se presume ya asciende a 220 mil pesos, que prometió pagar sin cumplir hasta el momento.
Será obligación del Instituto de Fiscalización del Estado y del organismo de control interno de la Cegaip, proceder para aclarar este claro abuso de recursos públicos.
Otros gastos en bares y restaurantes:
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Guadalupe Torres, titular de la SGG, aseguró que este fue uno de los temas que se abordó durante su reunión con Rosa Icela Rodríguez
Por: Redacción
José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de San Luis Potosí, anunció planes para la creación de cementerios forenses donde se almacenarán restos de personas no identificadas. Este proyecto fue discutido durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría General del Gobierno de México, que busca mejorar la gestión y localización de personas desaparecidas.
Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí, junto con Coahuila, es uno de los pocos estados que cuenta con un laboratorio forense especializado en el análisis de muestras como saliva, sangre y restos óseos; además, el estado cuenta con más de 60 funcionarios dedicados a estos temas y sedes regionales en sus cuatro regiones geográficas.
El funcionario mencionó que se están identificando espacios para edificar los cementerios forenses y que la inversión será compartida con subsidios federales.
Durante la reunión también se discutieron estrategias para la depuración del padrón de personas desaparecidas y la gestión de casos donde las personas se ausentan voluntariamente de su entorno familiar o laboral.
Nota completa: Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos
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