mayo 15, 2026

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Seguridad

Ejército vigiló a activistas y manifestaciones en la Huasteca Potosina

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Entre los líderes sociales a los que se les dio seguimiento se encuentra Primo Dothé, ex senador de Morena

Por: Redacción

Siete líderes sociales originarios de la Huasteca Potosina, entre los que se encuentra el ex senador morenista Primo Dothé, y 25 manifestaciones realizadas en los primeros cuatro meses de 2022 en esta región del estado, están incluidos dentro una serie de fichas informativas del ejército mexicano que se filtraron tras el hackeo del grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el documento titulado como “eventos sociales” se explican unas manifestaciones realizadas entre el 5 de enero y el 10 de abril de 2022, en Ciudad Valles, Tamazunchale, Tamasopo y El Naranjo En dónde se detalla la fecha, la procedencia de los participantes y el número de involucrados.

Las actividades que se encuentran en el documento van desde manifestaciones por omisiones del gobierno, manifestaciones de padres de familia y hasta la ocupación de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir la reconexión del servicio.

En los archivos también hay nombres de algunos ciudadanos que participaron de forma activa en las manifestaciones o que atendieron a los participantes de dichas movilizaciones.

El ejército, de igual manera, dentro del archivo “líderes sociales” está la información de siete líderes sociales que tienen su domicilio en la Huasteca potosina; los personajes que aparecen en el documento y las organizaciones a las que se les liga son: Primo Dothé Mata, líder del Frente Ciudadano por la Paz, Dr. Salvador Nava Martínez; Víctor Ramírez Santiago, líder del Frente Campesino por la Lucha de las Tierras; Said López de Olmos Martínez, líder del Movimiento Huasteco Democrático; Miguel Ángel Guzmán Michell, líder de Un Nuevo País con el Pueblo Hasta la Víctoria; Rogel del Rosal Valladares, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina; Domingo Rodríguez Martell, líder del Parlamento Estatal, Campesino y Popular, y Pedro González Gómez, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.

Cada ficha informativa viene acompañada de la fotografía de cada líder social, fecha, lugar de nacimiento, edad, RFC, domicilio, estado civil, religión, formación académica, experiencia laboral, información relevante de fuentes abiertas, vínculos políticos y vínculos con la delincuencia organizada, aunque en este último punto en las siete fichas se menciona: “Hasta el momento no se tiene conocimiento que mantenga vínculos con integrantes de organizaciones delictivas”.

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Seguridad

Estudiante entró con pistola de aire a la UASLP de Tamazunchale; amenazó a un docente

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La universidad aseguró que nunca existió riesgo para estudiantes o personal

Por: Redacción

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) confirmó un incidente ocurrido en la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Huasteca Sur, en Tamazunchale, luego de que un estudiante fuera detectado portando una pistola de aire dentro de las instalaciones universitarias, en medio de versiones sobre una presunta amenaza dirigida a un docente.

El caso comenzó a difundirse durante este 14 de mayo a través de redes sociales, donde estudiantes y usuarios señalaron que un alumno habría amenazado a un profesor, generando preocupación entre la comunidad universitaria.

Horas después, la UASLP emitió un comunicado oficial en el que confirmó la detección del estudiante con el artefacto, aunque precisó que, tras la intervención correspondiente, el joven abandonó el campus y la situación fue controlada

sin que se registraran personas lesionadas ni situaciones de riesgo para alumnos, docentes o personal administrativo.

La institución académica aseguró que las actividades escolares continuaron con normalidad y reiteró que no existió peligro inminente dentro de las instalaciones.

Asimismo, informó que el estudiante quedó bajo resguardo de su familia y adelantó que el caso será analizado conforme a los reglamentos universitarios para determinar las sanciones correspondientes.

El hecho generó amplia conversación en redes sociales, principalmente entre estudiantes de la región Huasteca, debido al contexto de preocupación por incidentes de violencia en espacios educativos.

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Ciudad

Los jóvenes no son los mayores infractores de justicia civil: SSPC

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La mayoría de los infractores están entre los 25 y los 34 años de edad

Por: Redacción

Juan Antonio Villa Gutiérrez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, compartió información sobre los cambios a las medidas de sanciones que se harán a los infractores de justicia civil en la ciudad.

Afirmó que las alternativas que se les darán a los infractores serán fuera de las sanciones administrativas, y mencionó principalmente el trabajo comunitario como una de ellas, por parte del Modelo Nacional de Justicia Cívica.

“Este último Domingo de Pilas que se llevó a cabo, traemos más de 1800 infractores que han hecho trabajo a favor de la comunidad, pues en las diferentes plazas públicas, en las diferentes colonias, días, en donde se ha aplicado el programa Domingo de Pilas ha sido exitoso”, resaltó.

El secretario opinó que le parece una buena alternativa para la ciudadanía, para evitar que SSPC se vuelva solamente un sistema de sanciones, para dar la opción a los infractores de hacer trabajo comunitario, y darle un beneficio a la ciudad.

Finalmente, aclaró que, a pesar de la creencia popular de que los adolescentes son los mayores incidentes delictivos, son en realidad los adultos de entre 25 y 34 años, con base en un análisis que SSPC tiene desde 2023, hecho por una empresa nacional, del que se tienen datos como edades, residencias y nombres.

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Estado

Aprueban reforma anti violencia escolar

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Se establecerán protocolos claros y obligatorios para proteger a la víctima en el primer momento

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo, en casos de cualquier hecho de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, la LXIV Legislatura aprobó la reforma a los artículos, 83, y 85 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, propuesta por el diputado Luis Fernando Gámez Macías y la C. Irlanda Susana del Río Contreras, en representación de la Fundación Internacional Granito de Arena A.C.

Se establece que la omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez.

Se indica que los protocolos de actuación serán elaborados de manera conjunta por la Autoridad Educativa Estatal, Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detención oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo, A su vez, determinará, los mecanismos para la medición y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

En su exposición de motivos, se señala que el establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá proteger a la víctima desde el primer momento; brindar certeza jurídica al personal escolar, evitando que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales; y articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estatal y municipales. 

Además, se deberá de capacitar de manera periódica a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos. Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral de la infancia.

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Opinión

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