La Fiscal manifestó su disposición para comparecer en una fecha posterior; la normatividad establece que sería dentro de los 30 días posteriores a la entrega

Por: Redacción

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado recibió el Informe Anual de Actividades de la Fiscalía General del Estado, a cargo de María Manuela García Cázares, conforme al artículo 122 Ter de la Constitución Política del Estado.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, recibió el documento, que detalla el trabajo realizado por la Fiscalía durante el último año. Dijo que, de acuerdo con la normatividad, el informe debe entregarse en la primera quincena de noviembre, y que será analizado para después ver si se realiza una comparecencia en la que los diputados puedan “desahogar inquietudes”.

Posible comparecencia

Vázquez Hernández precisó que la posible comparecencia deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la entrega del informe escrito.

García Cázares manifestó su disposición para comparecer, con motivo de la glosa del informe, en una fecha posterior.

Quiénes estuvieron presentes

En la entrega también estuvieron las diputadas Dolores Robles Chairez, Aranzazu Puente y Jacquelinn Jáuregui; los diputados Héctor Serrano Cortés, Marco Antonio Gama Basarte, César Lara y Cuauhtli Badillo, y la vicefiscal jurídica, Xitlalic Sánchez Servín.

Contexto

El 14 de noviembre de 2025, García Cázares entregó su informe anual a la misma comisión, y la diputada Vázquez Hernández dijo entonces que había 30 días naturales para su comparecencia. En noviembre de 2024, la Fiscal compareció ante el Congreso.

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El diputado dijo que la propuesta de los concesionarios debe empatar con la política de movilidad de la SCT

Por: Redacción

La solicitud de los permisionarios del transporte urbano para incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado 2027 una partida de 2 mil 700 millones de pesos para mejorar el servicio debe analizarse en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tiene las definiciones en materia de movilidad, dijo el diputado Héctor Serrano Cortés.

Explicó que hay plena disposición de las y los legisladores para reunirse con los solicitantes y escuchar sus argumentos y los detalles de la propuesta, pero es la SCT la que tiene el tema entre sus atribuciones, para armonizar lo que pretenden los transportistas con lo que la propia dependencia tiene planeado como política pública de movilidad.

El secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que “no puede estar distanciado un proyecto de concesionarios con las determinaciones que el gobierno del estado tenga. Además, no estamos hablando de cualquier cantidad, se rebasan los 2,700 millones de pesos y por ello, hay que revisarlo a fondo”.

Serrano Cortés añadió que habría mucho que revisar con la titular de la SCT: “Insistimos en que tiene que empatarse la propuesta, y qué bueno que lo dicen, la concesión es eso, otorga una posibilidad de usufructo de servicio público, pero sigue siendo una potestad del estado. Es decir, los concesionarios no son propietarios de esta condición, y por tanto tienen que estar muy empatados con lo que la secretaría determina”.

El legislador señaló que los permisionarios del transporte urbano mantienen comunicación con la secretaria, quien siempre atiende este tipo de temas. “Vamos a ponderar con la secretaria cualquier posibilidad y estar armonizándolo con los propios concesionarios, pero por supuesto que vamos a tener comunicación con ellos. Estamos a punto de abrir todo lo que implica la revisión de los proyectos de egresos, ahí entraría esta parte de propuesta”, puntualizó.

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El diputado dijo que el alcalde responderá ante el Congreso y el IFSE por el puente Jacobo Payán

Por: Redacción

El diputado del PVEM Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, respondió al alcalde Enrique Galindo Ceballos que las llamadas a comparecer “no son ocurrencias”, sino un proceso constitucional, y dijo que el alcalde tendrá que responder ante el Congreso, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y las instancias correspondientes.

Gámez afirmó que Galindo “lo está tomando a broma” y que lo que pretende es “venir al Congreso a hacer un circo mediático, a hacer una pasarela”. “No estamos jugando”, dijo.

Explicó que el llamado que hizo al alcalde es “constitucional en materia de fiscalización”, con las facultades de representación de la Comisión de Vigilancia. Dijo que el IFSE ya tomó nota de la auditoría especial y que Galindo deberá demostrar lo que corresponda en la etapa procesal oportuna.

El legislador recordó que el alcalde dijo que sería transparente y que él le “toma la palabra”: le pidió aclarar cuánto costaron el concreto y el acero, por qué el contrato está “cuchareado”, y que entregue los contratos, las transferencias, las cuentas bancarias y la lista de beneficiarios.

Gámez insistió en que el puente tiene más de 100 millones de pesos de sobrecosto, habló de 245 millones de pesos de inversión y dijo que lo aclararán “en un momento corto”.

Galindo ha dicho que el puente Jacobo Payán costará 244.9 millones de pesos. El IFSE anunció que lo revisará junto con la Contraloría General del Estado y que hará pruebas de laboratorio a los materiales.

Gámez cerró con que la Comisión de Vigilancia seguirá señalando cualquier exceso municipal.

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