octubre 22, 2025

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Diputados de SLP piden a AMLO no suspender apoyos para refugios de mujeres

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Los diputados exhortaron al Gobierno de la República a no utilizar, oficios o memorándums, para pretender suspender actos legislativos de asignación presupuestal. 

Por: Redacción

A través de un comunicado, el Congreso del Estado de San Luis Potosí informó que por mayoría, el Pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi para solicitar al Gobierno de la República, a no volver a suspender, por ningún motivo o circunstancia, la convocatoria emitida por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para acceder a los más de 346 millones de pesos aprobados para 2019 en el presupuesto de egresos de la Federación.

En el comunicado se señala: Por ser inadmisible en un estado democrático de derecho, se exhorta a al Gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a no utilizar, oficios o memorándums, para pretender suspender actos legislativos de asignación presupuestal. 

Y para instar al Gobierno Federal a subsanar y corregir cualquier acción que vulnere los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, que va en contra de los tratados internacionales y nacionales en la materia que México ha firmado y ratificado.

En su exposición de motivos, el legislador indicó que el pasado 14 de febrero del año en curso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, circuló entre los miembros del gabinete legal y ampliado,  un memorándum, para que no se transfieran recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONG’S, a asociaciones filantrópicas; argumentando tener el propósito  de terminar con la intermediación.

Por ello, los refugios operados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, dejarían de recibir subsidios, luego que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva cancelara la convocatoria de este año para concursar más de 346 millones de pesos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación.

La convocatoria estaba dirigida a todas las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas “con experiencia comprobable documentalmente en la atención a la violencia familiar y de género, con la finalidad de asignar subsidios a proyectos de coinversión para la operación de refugios y, en su caso, sus centros de atención externa, que atienden exclusivamente a mujeres en situación de violencia extrema y sus hijas e hijos, de conformidad con la normativa aplicable”.

Apenas el 22 de febrero la Secretaría de Salud había confirmado que los refugios no recibirían subsidios del gobierno federal, hasta analizar cuál es la mejor manera de utilizar el dinero.

La Secretaría de Salud reactivó, sin mayor explicación, el sábado 23 de febrero en la noche la convocatoria para asignar subsidios a refugios de mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia extrema, luego de que la Red de Nacional de Refugios, organizaciones, activistas y legisladores, cuestionaran el retiro de recursos públicos.

La Red Nacional de Refugios, que representa a más del 70 por ciento de los refugios del país y cuenta con al menos un refugio en cada estado, advirtió que más de 20 mil mujeres se encuentran en riesgo por la suspensión “inadmisible” de estos subsidios.

El objetivo de los refugios es ser un espacio temporal que ofrece servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijas y sus hijos que viven en situación de violencia familiar o de género extrema, entendida ésta como lesiones que pongan en peligro la vida de la mujer sus hijas e hijos, aislamiento extremo, inadaptación a las actividades de la vida diaria, depresión y redes de apoyo social inexistentes o inseguras.

Entre los servicios que prestan se encuentran protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, referencia para la atención médica integral, servicio de enfermería, asesoría jurídica, atención psicológica, programas reeducativos integrales para que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública y social, capacitación para que puedan adquirir conocimientos y habilidades para el desempeño de una actividad laboral, y bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada.

 

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Violadores de estudiante de Derecho enfrentarían hasta 20 años de prisión

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La Fiscalía General del Estado busca a los otros dos implicados; uno de ellos es menor de edad.

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Santiago “N”, uno de los tres jóvenes señalados por la violación agravada de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El delito que se le imputa —violación específica agravada— contempla una pena de entre 8 y 20 años de prisión, que extenderse debido a las agravantes establecidas en el Código Penal del Estado, como el estado de vulnerabilidad de la víctima y la participación de más de una persona en el ataque.

La fiscal detalló que los hechos ocurrieron el 17 de octubre, entre las 16:00 y 16:30 horas, dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho, donde la víctima —una joven de 18 años— convivía con tres hombres: dos estudiantes de la UASLP y un civil externo. De acuerdo con la denuncia, la estudiante fue agredida sexualmente sin su consentimiento.

Una alumna que presenció parte del incidente alertó a las autoridades universitarias, quienes acudieron al lugar y auxiliaron a la víctima. Posteriormente, fue trasladada junto con dos de los implicados ante los directivos del plantel.

La víctima presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer el 18 de octubre, un día después de los hechos. Desde entonces se le otorgaron medidas de protección, y se inició una investigación con perspectiva de género.

“El hecho de que la víctima se encontrara en un estado vulnerable constituye un agravante. Se trata de una violación específica agravada”, explicó García Cázares.

La fiscal confirmó que ya fue detenido uno de los implicados, mientras que otros dos continúan prófugos. El tercer señalado, es menor de edad.

La audiencia inicial de formulación de imputación se llevó a cabo este lunes al mediodía, donde el juez de control determinará la situación jurídica del detenido: “La Fiscalía no dejará este hecho impune. Continuaremos con la búsqueda de los demás intervinientes hasta presentarlos ante la justicia”, subrayó García Cázares.

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Detienen a Santiago “N”, presunto implicado en caso de violación en Derecho

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La detención fue dada a conocer por el gobernador Ricardo Gallardo a través de sus redes sociales

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a uno de los presuntos responsables de la violación denunciada por una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), hecho que provocó una ola de manifestaciones estudiantiles en los últimos días.

A través de sus redes sociales, el mandatario dio a conocer que el detenido fue identificado como Santiago “N”, y señaló que las autoridades ya tienen plenamente identificados a los demás involucrados en el caso.

“Me acaba de informar la Fiscalía General del Estado que ya fue detenido Santiago “N”, un presunto involucrado en la denuncia por violación en un plantel universitario de nuestra capital y que están plenamente identificados los otros acusados”, publicó Gallardo en su cuenta oficial de Facebook.

El gobernador agradeció a la Fiscalía “por actuar rápido y con determinación”, y reiteró que su administración mantiene respaldo total a la víctima, su familia y la comunidad universitaria.

“Nuestro compromiso como Gobierno es claro: respaldo total a la persona denunciante, a su familia y a toda nuestra comunidad universitaria. No están solos. En San Luis Potosí: cero tolerancia a la violencia de género”, añadió.

El caso, que salió a la luz pública esta semana, desató protestas masivas de estudiantes y colectivas feministas que exigieron justicia.

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11 maestros han sido cesados por distintas faltas en escuelas de SLP: SEGE

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Torres Cedillo también pidió una ley que defienda a los docentes ante denuncias injustas

Por: Redacción

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, hizo un llamado a “recuperar el equilibrio” entre la protección de los estudiantes y los derechos de los docentes, al advertir que muchos profesores hoy temen perder su empleo por simples malentendidos dentro del aula.

El funcionario expuso que, en lo que va de la administración, 11 trabajadores de la educación han sido separados definitivamente del cargo y 33 casos en total han recibido algún tipo de sanción por conductas relacionadas con abuso de autoridad, discriminación o acoso. Sin embargo, aclaró que no todos los casos derivan en despido, ya que algunos se resolvieron con medidas correctivas tras una revisión jurídica.

Torres Cedillo aseguró que desde marzo de 2022, cuando asumió el cargo, la dependencia mantiene una política de “cero tolerancia” hacia cualquier forma de violencia en el entorno escolar. A la par, se han impulsado capacitaciones, pláticas y actualizaciones normativas para prevenir abusos.

Pese a ello, reconoció que existe un clima de inseguridad laboral entre los maestros

, quienes han optado por moderar su trato con los alumnos ante el temor de ser señalados injustamente.

“El avance en la protección infantil es positivo, pero también ha generado miedo en el magisterio. Hoy un maestro prefiere no corregir por temor a una denuncia”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso de un profesor denunciado por discriminación luego de llamar “chaparrito” a un estudiante durante una dinámica recreativa: “Son situaciones que no tienen una intención negativa, pero que podrían terminar con la carrera de un docente”, dijo.

El titular de la SEGE adelantó que se trabaja con la diputada Patricia Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México, en una iniciativa de ley que garantice la defensa del profesionalismo docente, sin que ello signifique relajar las sanciones a quienes cometan abusos reales.

“Necesitamos una ley que defienda a los maestros sin poner en riesgo la protección de los alumnos”, concluyó.

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