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Diputados de SLP piden a AMLO no suspender apoyos para refugios de mujeres
Los diputados exhortaron al Gobierno de la República a no utilizar, oficios o memorándums, para pretender suspender actos legislativos de asignación presupuestal.
Por: Redacción
A través de un comunicado, el Congreso del Estado de San Luis Potosí informó que por mayoría, el Pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi para solicitar al Gobierno de la República, a no volver a suspender, por ningún motivo o circunstancia, la convocatoria emitida por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para acceder a los más de 346 millones de pesos aprobados para 2019 en el presupuesto de egresos de la Federación.
En el comunicado se señala: Por ser inadmisible en un estado democrático de derecho, se exhorta a al Gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a no utilizar, oficios o memorándums, para pretender suspender actos legislativos de asignación presupuestal.
Y para instar al Gobierno Federal a subsanar y corregir cualquier acción que vulnere los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, que va en contra de los tratados internacionales y nacionales en la materia que México ha firmado y ratificado.
En su exposición de motivos, el legislador indicó que el pasado 14 de febrero del año en curso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, circuló entre los miembros del gabinete legal y ampliado, un memorándum, para que no se transfieran recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONG’S, a asociaciones filantrópicas; argumentando tener el propósito de terminar con la intermediación.
Por ello, los refugios operados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, dejarían de recibir subsidios, luego que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva cancelara la convocatoria de este año para concursar más de 346 millones de pesos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación.
La convocatoria estaba dirigida a todas las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas “con experiencia comprobable documentalmente en la atención a la violencia familiar y de género, con la finalidad de asignar subsidios a proyectos de coinversión para la operación de refugios y, en su caso, sus centros de atención externa, que atienden exclusivamente a mujeres en situación de violencia extrema y sus hijas e hijos, de conformidad con la normativa aplicable”.
Apenas el 22 de febrero la Secretaría de Salud había confirmado que los refugios no recibirían subsidios del gobierno federal, hasta analizar cuál es la mejor manera de utilizar el dinero.
La Secretaría de Salud reactivó, sin mayor explicación, el sábado 23 de febrero en la noche la convocatoria para asignar subsidios a refugios de mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia extrema, luego de que la Red de Nacional de Refugios, organizaciones, activistas y legisladores, cuestionaran el retiro de recursos públicos.
La Red Nacional de Refugios, que representa a más del 70 por ciento de los refugios del país y cuenta con al menos un refugio en cada estado, advirtió que más de 20 mil mujeres se encuentran en riesgo por la suspensión “inadmisible” de estos subsidios.
El objetivo de los refugios es ser un espacio temporal que ofrece servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijas y sus hijos que viven en situación de violencia familiar o de género extrema, entendida ésta como lesiones que pongan en peligro la vida de la mujer sus hijas e hijos, aislamiento extremo, inadaptación a las actividades de la vida diaria, depresión y redes de apoyo social inexistentes o inseguras.
Entre los servicios que prestan se encuentran protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, referencia para la atención médica integral, servicio de enfermería, asesoría jurídica, atención psicológica, programas reeducativos integrales para que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública y social, capacitación para que puedan adquirir conocimientos y habilidades para el desempeño de una actividad laboral, y bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada.
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La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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El secretario Guadalupe Torres Sánchez hizo un llamado a no bajar la guardia y pidió a los municipios reforzar labores de desazolve
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que aunque las recientes lluvias en el estado han sido beneficiosas para la captación de agua en presas, también exigen atención preventiva en zonas vulnerables. En ese sentido, indicó que el único río que actualmente se mantiene en nivel máximo de observación es el Río Valles, sin representar aún un riesgo, pero con vigilancia permanente.
“El de Valles ya está al nivel máximo, sin que haya riesgo, pero sí amerita seguimiento. Todos los demás ríos como el Micos, Pujal, Tamuín, Santa Rosa y El Naranjo no representan ningún problema hasta ahora”, señaló.
Respecto a las presas, Torres Sánchez detalló que los niveles actuales son alentadores: La Lajilla ya se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que El Peaje está al 89%, seguida de El Realito y la Cañada del Lobo. La que presenta menor captación es El Potosino, con apenas 40%
Torres lanzó además un exhorto a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que intensifiquen las acciones de limpieza y desazolve en alcantarillas y calles, con el fin de evitar anegamientos y problemas en la movilidad urbana:
“Es momento de ponernos las pilas. Es responsabilidad de cada ayuntamiento salir a las calles a limpiar donde se requiera, y evitar problemas con las lluvias.”
Finalmente, reiteró que aunque se mantiene vigilancia activa en varios puntos del estado, las lluvias hasta el momento han traído más beneficios que complicaciones.
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