Se plantean sanciones con multa equivalente de veinte hasta seis mil veces la unidad de medidas y actualización vigente

Por: Redacción

La Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXIV Legislatura, aprobó la iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí donde se establece que queda prohibido vender o suministrar medicamentos que requieran receta médica a niñas, niños y adolescentes. Su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto por esta Ley.

Además se propone que la Secretaría de Salud del Estado promoverá campañas de información sobre el uso responsable de medicamentos, dirigidas a madres, padres, tutores y adolescentes, y además  establecerá lineamientos para el cumplimiento de esta disposición.

La presidenta de la Comisión diputada Frinne Azuara Yarzabal,

Puntualizó que de acuerdo a la iniciativa en su artículo 383 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, se plantea sanciones con multa equivalente de veinte hasta seis mil veces la unidad de medidas y actualización vigente.

La Comisión del Agua aprobó una reforma que establece un procedimiento claro para definir tarifas

Por: Redacción

La Comisión del Agua del Congreso del Estado, aprobó una iniciativa de reforma a varios artículos de la Ley de Aguas, para armonizar los procesos de elaboración y presentación de la respectiva iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas, con lo que se otorga certeza jurídica al procedimiento, informó la diputada Nancy Jeanine García Martínez.

La presidenta de la comisión legislativa e impulsora de la iniciativa, dijo que la ciudadanía debe tener la certeza de que cada peso que se paga está respaldado por los planes de trabajo claros, con objetivos y metas verificables, perfectos; por ello, se está definiendo el protocolo adecuado para la estabilización de planos, los objetivos y las metas que puedan ser verificados en su momento.

La iniciativa aprobada fortalece la rendición de cuentas de los mismos organismos operadores y asegura que no existan vacíos que se traduzcan en tarifas poco claras, es necesario darle legalidad, certeza y seguridad jurídica para que se establezca con toda claridad, con toda precisión, cuál es el proceso que se debe hacer.

Había unos desfases, incluso no existía la determinación en el artículo 92, que son las facultades de la Junta de Gobierno, no establecía la norma que se requiere de la autorización de la Junta de Gobierno y también de la forma en que debe de aprobarla por mayoría simple, el rol que juega el director general del organismo, que es quien elabora la iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas y lo autoriza la Junta de Gobierno.

Se remite al Ayuntamiento correspondiente para su presentación ante el Congreso del Estado. Los organismos operativos de agua potable, ni la Junta de Gobierno ni su director general, de acuerdo al artículo 61 de la Constitución, tienen facultad de iniciativa. Quien tiene facultad de iniciativa son los organismos, son los Ayuntamientos. Los diputados turnaron el dictamen aprobado para que sea llevado a votación en el Pleno.

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Juan Carlos Torres señaló que existen varios casos en la SEGE, y con esta modificación se busca dar certeza laboral

Por: Redacción

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas y el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo presentaron en conjunto una iniciativa para modificar disposiciones del Código Penal del Estado, de la Ley de Educación del Estado y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el propósito de proteger a servidores públicos en ejercicio de sus funciones, incluyendo al personal docente, al ser víctimas de denuncias falsas.

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas manifestó que esta iniciativa se trabaja de manera conjunta con la SEGE debido a la presentación de denuncias falsas contra profesores, “y por eso estamos haciendo estas adecuaciones al Código Penal del Estado, a la Ley de Educación, y a la Ley Orgánica de la Administración Pública”.

El titular de SEGE, Juan Carlos Torres señaló que existen varios casos en la Dirección Jurídica de esta dependencia, y con esta modificación se busca dar certeza laboral a los maestros para defenderlos contra alguna acusación infundada.