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Diputada de Morena va contra Ciudadanos Observando
Alejandra Valdés reconoció que el responsable del auto del Congreso usado para robo en SLP fue su asesor
Por: Karina González
Alejandra Valdés Martínez, diputada local de Morena, se vio envuelta en el escándalo que involucra a un vehículo del Congreso del Estado que fue utilizado para perpetrar un robo en un hotel del municipio Villa de Reyes, debido a que el responsable de los vehículos fue su asesor durante un tiempo; sin embargo, la legisladora se pronunció este viernes ante los rumores que la involucraban y se deslindó de responsabilidades, incluso mencionó que interpondrá una denuncia por difamación y daños a la moral en contra de la organización civil Ciudadanos Observando que la señaló como presunta implicada.
“Vengo totalmente indignada con esta situación que está pasando y quiero aclarar todos los puntos de este tema ya que me han involucrado en un tema en el cual yo no tengo nada que ver, ahorita acabo de ver una nota donde sale que mi hermano que falleció hace 15 años está involucrado en el robo y la verdad vengo totalmente indignada. Lo primero que quiero decir es que estoy totalmente a favor de la legalidad, que quiero que se esclarezca este tema donde un vehículo del Congreso estuvo involucrado en un robo en Villa de Reyes y quiero que se esclarezca principalmente porque me estoy viendo yo involucrada y quiero que se llegue hasta las últimas consecuencias que encuentren a los culpables”, expresó en rueda de prensa.
Alejandra Valdés se deslindó de cualquier relación con el hecho delictivo y dijo desconocer por qué la organización Ciudadanos Observando la mencionó en la investigación que presentó el 26 de julio a través de sus redes sociales en donde mencionó que sí tuvo dos accidentes viales con el coche asignado por el Poder Legislativo, uno en 2019 y otro en 2020.
Cuestionada sobre la relación que tiene con Marco N., a quien ya investiga la Fiscalía por ser el responsable del resguardo de los vehículos oficiales como titular del área de Servicios Internos d el Congreso local, Valdés reconoció que el implicado fue su asesor durante un tiempo; 
“Pero nunca llegó con una hoja de recomendación, aquí el único punto es que sí fue uno de mis asesores, él renunció a ser mi asesor y posteriormente ingresó sus documentos para participar en ser coordinador de asuntos internos. No existe en sí un documento que yo haya dado a él para su recomendación”, argumentó.
La legisladora reiteró que el vehículo no estaba asignado a su persona, detalló que las placas, marca y modelo del coche son distintos, pues a los diputados se les asignó un Cruze, mientras que el vehículo señalado de actos delictivos es un Sentra. Sin embargo, dijo considerar que los señalamientos de Ciudadanos Observando pueden deberse a que durante tres años la asociación la ha atacado. Incluso mencionó que hay “cuestiones más importantes de temas de corrupción” y pese a ello la organización la ataca, “primero con un tema que pasó con un asesor y ahora con el tema de los vehículos… No sé si el señor tiene algún tema personal conmigo, yo tengo mensaje que le he mandado donde siempre le he dicho que estoy a la disponibilidad de cualquier tema que él quiera preguntar, yo sí tengo sustentos con documentos puedo probar que todo lo que él ha dicho en sus páginas es totalmente falso”, manifestó.
Finalmente, Valdés anunció que está preparando una denuncia por daño moral y violencia política en contra de quien resulte responsable por difamación.
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La entidad registró 625 muertes fetales durante 2025 y alcanzó una tasa de 81.3 casos por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, la más alta entre las 32 entidades
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí ocupó en 2025 el primer lugar nacional en la tasa de defunciones fetales, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El estado alcanzó una tasa de 81.3 muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, por encima de la media nacional de 58.9, lo que representa una diferencia de aproximadamente 38 por ciento.
Con esta cifra, San Luis Potosí se colocó ligeramente por encima de Ciudad de México, que registró una tasa de 81.0, y Durango, con 80.2. En contraste, las tasas más bajas se observaron en Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1.
En términos absolutos, el INEGI contabilizó 625 muertes fetales en San Luis Potosí durante 2025, de las cuales 492 correspondieron a la captación tradicional y 133 fueron casos complementarios captados por la Secretaría de Salud e incorporados en formato digital.
Los 625 casos representan alrededor de 3 por ciento de las 20 mil 741 muertes fetales registradas en todo el país durante el año. Sin embargo, el volumen absoluto debe leerse junto con la tasa, debido a las diferencias de población entre las entidades. Es precisamente la tasa la que coloca a San Luis Potosí como la entidad con mayor incidencia registrada en el país.
Las complicaciones del embarazo, entre las principales causas
A nivel nacional, las afectaciones al feto relacionadas con factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto representaron la principal causa, con 45.6 por ciento de las defunciones fetales.
Le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal, con 24.8 por ciento, y los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, con 11.9 por ciento.
En conjunto, las dos primeras categorías representan más de 70 por ciento de las defunciones fetales registradas en el país.
Otro de los datos que dimensiona el fenómeno es la atención durante el embarazo.
En México, 79.6 por ciento de las mujeres cuyo embarazo terminó en una muerte fetal recibió atención médica prenatal, mientras que 17 por ciento no recibió atención y en 3.4 por ciento de los casos no se especificó.
Entre las mujeres que sí acudieron a consulta, 63.9 por ciento recibió entre una y cinco consultas; 30.6 por ciento tuvo entre seis y diez; 3.2 por ciento entre 11 y 15 y porcentajes menores reportaron más consultas.
Del total de muertes fetales registradas en México durante 2025, 80.5 por ciento ocurrió antes del parto, 18.3 por ciento durante el parto y en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el momento.
Por edad gestacional, el mayor porcentaje de las muertes fetales correspondió a embarazos de 20 a 27 semanas, con 39 por ciento de los casos.
Después estuvieron los embarazos de 28 semanas o más, con 32.7 por ciento, y aquellos de 12 a 19 semanas, con 28.2 por ciento.
Además, 65.2 por ciento de los productos que fallecieron tenía un peso menor a mil un gramos, mientras que los casos con peso de entre 4 mil 001 y 5 mil gramos representaron apenas 1.1 por ciento.
El fenómeno tampoco se concentra exclusivamente en embarazos de mujeres de mayor edad.
Los grupos de mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron cada uno 23.4 por ciento de los casos a nivel nacional. Juntos concentraron 46.8 por ciento.
Si se agrega el grupo de 30 a 34 años, que representó 20 por ciento, estos tres grupos acumularon 66.8 por ciento de las muertes fetales.
El reporte también muestra un perfil social de las mujeres cuyos embarazos terminaron en muerte fetal: 53 por ciento vivía en unión libre y 23.4 por ciento estaba casada. En cuanto a escolaridad, secundaria y preparatoria concentraron conjuntamente 64 por ciento de los casos.
Además, 64.9 por ciento declaró no trabajar y 31.7 por ciento sí tenía actividad económica.
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Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.
El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.
De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.
Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.
El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.
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J. Guadalupe Torres señaló que buscarán no afectar a la continuidad de los programas estatales durante el proceso electoral
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, adelantó que integrantes del gabinete estatal podrían separarse de su cargo en las próximas semanas para participar en el proceso electoral 2027, aunque dijo no tener notificación formal de alguna salida específica.
El proceso electoral federal arranca el 10 de septiembre y el local, el 15 de noviembre. Torres Sánchez explicó que la eventual separación de funcionarios busca evitar una afectación a la continuidad de los programas de la administración estatal, apenas semanas antes de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona rinda su Quinto Informe de Gobierno, programado para el 21 de septiembre
Sobre alcaldes que buscarían la reelección, el funcionario indicó que esa figura solo está vigente hasta la próxima elección intermedia, en 2030, y que varios ediles ya han expresado interés en volver a competir. Estimó que entre 10 y 15 alcaldes del estado buscarían nuevamente el voto.
El movimiento se da en un momento en que la sucesión de 2027 ya opera como eje de la agenda política estatal, con distintos actores —dentro y fuera del gabinete— posicionándose con antelación al arranque formal de las campañas.
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