El instituto aclaró que no interviene en el delito por el que fueron procesadas: su trabajo se concentra en atender la adicción

Por: Ana G Silva

Durante 2026, 100 personas han sido atendidas en el Instituto Temazcalli tras ser canalizadas por jueces debido a antecedentes de consumo de sustancias. De ellas, 94 son hombres y seis mujeres.

Luis Eduardo López Rivas, titular del Área Paraclínica de Temazcalli, explicó que la atención forma parte de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Medidas Cautelares. Hasta julio de este año, el instituto había registrado 324 intervenciones dentro de este esquema.

El especialista aclaró que Temazcalli no interviene en el proceso judicial ni da seguimiento al delito que pudo haber cometido la persona. La institución recibe la referencia relacionada con el antecedente de consumo y, a partir de una valoración, determina el tipo de atención necesaria.

Las personas pueden cumplir con la medida cautelar mediante exámenes toxicológicos, atención ambulatoria o internamiento en la comunidad terapéutica, dependiendo de su condición clínica.

“Nosotros no tenemos nada que ver” con la situación legal, explicó López Rivas, pues la atención se concentra en el consumo de sustancias y sus consecuencias.

Entre las personas atendidas bajo este esquema, señaló, predomina el consumo de cannabis y, muy cerca, el de metanfetaminas.

Tratar la adicción, parte de la reinserción

López Rivas consideró fundamental atender las adicciones dentro de los procesos de reinserción social, al reconocer que el consumo de sustancias puede estar relacionado con algunas conductas delictivas.

Explicó que, en algunos casos, las personas que desarrollan una dependencia pueden llegar a cometer conductas ilícitas para obtener recursos y mantener el consumo, incluso dentro del propio entorno familiar, como vender pertenencias para conseguir dinero.

Sin embargo, precisó que Temazcalli no atiende la reincidencia delictiva, sino la recaída en el consumo de sustancias.

Para el especialista, una persona que enfrenta un proceso judicial o sale de prisión y no recibe atención para su problema de consumo puede volver a presentar una recaída, por lo que consideró necesario incluir el tratamiento de las adicciones dentro de las estrategias de reinserción.

La medida judicial puede ayudar al tratamiento

Aunque algunas de estas personas no llegan a Temazcalli por decisión propia, López Rivas señaló que una medida cautelar puede favorecer el apego al tratamiento.

Según su experiencia, quienes están obligados a acudir como parte de una medida judicial pueden mantener una asistencia más constante que algunos pacientes que buscan atención voluntariamente y abandonan o acuden de manera irregular.

La atención que reciben no cambia por su condición jurídica. El tratamiento incluye valoración médica, psiquiátrica y psicológica, así como atención familiar, terapias individuales y grupales, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

El especialista destacó que la participación de la familia es fundamental, ya que las personas generalmente regresan al mismo entorno social y familiar después del tratamiento, donde pueden enfrentar nuevamente factores de riesgo relacionados con el consumo.

Además, explicó que es frecuente que el consumo de sustancias esté acompañado por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otros trastornos, por lo que atender estas condiciones también forma parte del proceso de rehabilitación.

López Rivas insistió en que, aunque puede existir una relación entre el consumo y determinadas conductas delictivas, la adicción debe atenderse desde una perspectiva de salud.

“Ser adicto es una enfermedad”, sostuvo, al señalar que el consumo de sustancias requiere una intervención profesional y no puede reducirse únicamente a una cuestión de voluntad.

Así, en el caso de las personas canalizadas por jueces, la autoridad determina la medida cautelar, mientras que Temazcalli se concentra en atender la adicción, no el delito.

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El alcalde dice desconocer el plan de fondo que maneja la Comisión en la planta tratadora

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que no ha tenido ningún acercamiento con el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, para tratar el plan de traspaso al ayuntamiento de la planta tratadora de aguas residuales de Escalerillas, una vez que esté concluida.

Afirmó que hace mucho tiempo no habla ni se reúne con el funcionario estatal, y que de existir un canal de comunicación entre ambos, él mismo lo confirmaría públicamente.

Señaló que el municipio desconoce el plan de fondo que la CEA tiene para Escaleril las

Insistió en que, con él, no ha habido ningún acercamiento por parte de la CEA sobre el tema.

De acuerdo con Martínez Sánchez, la dependencia prevé licitar la rehabilitación de la planta en un plazo de uno a mes y medio, con una ejecución de obra de entre 100 y 150 días, financiada en su totalidad con 6 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); una vez concluida, se firmará un convenio para formalizar la entrega al Ayuntamiento capitalino.

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Asume responsabilidad legislativa por antinomia constitucional y descarta ruptura con el PVEM por reforma en Zacatecas

Por: Roberto Mendoza

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, convocó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a alcanzar un acuerdo interno para definir la titularidad del máximo tribunal y descartó extender la gestión del actual ministro presidente, al tiempo que asumió la omisión del Congreso ante la contradicción de normas en la Constitución.

“El Poder Legislativo tiene responsabilidad al no haber derogado una o al no haber eliminado una de las dos disposiciones. Pero creo que se puede llegar a un acuerdo y hay salida institucional y jurídica, no hay problema”, señaló.

El legislador precisó que, ante la coexistencia de dos preceptos que marcan tanto la asignación por votación popular como la elección por mayoría interna, la solución institucional inmediata recae en el consenso del pleno de ministros mientras el Legislativo no concrete la derogación correspondiente.

Respecto a la renuncia de la magistrada Mónica Soto, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que compete a la Comisión Permanente calificar la solicitud bajo la figura de causa grave, trámite que históricamente se ha procesado conforme a la tradición parlamentaria sin abrir debate sobre motivos particulares, y afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opera con total legalidad.

“La Constitución señala que las renuncias solo son por causas graves y quien califica la causa es la Comisión Permanente, aunque la Constitución no define qué son las causas graves (…) por lo pronto el tribunal puede funcionar con plena jurisdicción y plena competencia con la ausencia de dos de sus integrantes”.

Monreal expuso además que las dos posiciones vacantes en la Sala Superior podrían cubrirse mediante la vía de los comicios populares en 2028 o a través de la integración de quienes obtuvieron el segundo lugar en el proceso electivo previo.

Finalmente, el líder de la bancada morenista rechazó que las reformas aprobadas por el Congreso local de Zacatecas para otorgar seis diputaciones plurinominales a los segundos lugares más votados configuren una ventaja indebida para Morena o fracturen la coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo:

“No le veo, en ninguna medida, ni en ningún lugar, algún beneficio para Morena (…) No se pone en riesgo ninguna alianza, no se pone en riesgo la coalición, no se pone en riesgo el caminar juntos en procesos que vienen”.

Aseguró que la medida somete la mitad de la representación proporcional al escrutinio directo en las urnas y puntualizó que los actores inconformes disponen de los mecanismos jurídicos correspondientes para controvertir la resolución local.

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