febrero 10, 2026

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Dieron cuello a unidad médica que atendía a 2 mil 500 pacientes en SLP

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El gobierno federal eliminó todas las Unidades Médicas Urbanas en San Luis: una duplicada en Rioverde que no tenía beneficiarios, pero también dejó desamparados a usuarios de otras

Por: Roberto Rocha

Hasta el pasado fin de semana, en San Luis Potosí funcionaban seis Unidades Médicas Urbanas (UMU) de IMSS-Prospera: dos en el municipio de Rioverde y uno en cada uno de estos municipios: Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale.

Ayer lunes, médicos y personal de enfermería de la Unidades Médicas Urbanas de 18 entidades del país, entre ellas San Luis Potosí, denunciaron que fueron despedidos por el IMSS, en algunos casos sin indemnización, y a todos se les pidió entregar las instalaciones a más tardar el 15 de junio.

Zoé Robledo, titular del IMSS, afirmó anoche que el cierre de algunas UMU no impacta en la atención médica para personas de escasos recursos, pues los beneficiarios cuentan con el Seguro Popular y, por tanto, no se han quedado sin acceso a servicios de salud.

Detalló que alrededor de 700 médicos y enfermeras –que no eran trabajadores de IMSS Bienestar– dejaron de prestar sus servicios por honorarios porque el Programa Prospera llegó a su fin.

Entre la Unidades Médicas cerradas por decisión del gobierno federal se encuentra la conocida como Rioverde 2, que no tuvo ni un solo beneficiario inscrito al Seguro Popular en ninguno de los trece meses que van desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019.

Rioverde 2, pese a tener una Clave Única de Establecimientos de Salud distinta, compartía dirección con la UMU Rioverde 1, que cerró el registro de mayo de 2019 con cuatro beneficiarios, mientras que en mayo del año anterior la estadística era de cero, de acuerdo con datos del Seguro Popular en San Luis Potosí.

El problema es que esas dos UMU, que comparten espacio físico de acuerdo con los registros, fueron puestos en la misma bolsa para su disolución que la Unidad de Tamazunchale, que, al cierre de mayo de este año, atendía a 2 mil 530 beneficiarios de Prospera.

La UMU de Ciudad Valles también registraba escasa atención médica, pues pasó de tener tres beneficiarios en mayo de 2018, a tener solo dos en mayo de este año.

En cambio, la UMU de Matehuala pasó de 112 a 664 beneficiarios, en la comparación entre mayo de 2018 y mayo de 2019. La de Soledad registró atención para 375 personas en el quinto mes del año pasado y para 340 en el mismo mes de este año.

Ayer, 17 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el Programa Prospera y ordenó transferir sus recursos a un nuevo órgano en la Secretaría de Educación Pública, denominado Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Para este año, Prospera tenía un presupuesto de 20 mil 691 millones de pesos, el 13 por ciento del gasto programable de la ahora Secretaría del Bienestar, que incluyen 447 millones para pagar a 824 empleados.

Según un oficio firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña

, titular de IMSS-Bienestar, que fue ayer publicado por el diario El Universal, debido a la conclusión del proyecto Prospera y su transformación al nuevo Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, las UMU ya no recibirán los recursos que Prospera proporcionaba al ramo 12 del PEF, mismos que ahora se entregarán de forma directa a los beneficiarios.

En total, 300 UMU cerraron en los estados de Puebla, Guanajuato, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Zacatecas, Estado de México y Campeche.

Zoé Robledo indicó que el personal médico de las UMU tendrá la oportunidad de integrarse a las Unidades Médicas Rurales (UMR) de IMSS Bienestar que ofrecen servicio en las zonas más vulnerables del país.

El director del IMSS agregó que estaban contratados por honorarios, y muchos de esos contratos ya estaban por vencerse.

Robledo añadió que en aquellos lugares en donde no haya acceso a servicios de salud en por lo menos 30 minutos a la redonda, las UMU en zonas urbanas seguirán operando.

El senador potosino Marca Gama Basarte pidió a Zoé Robledo aclarar cuáles fueron los criterios para cerrar 300 UMU, despedir a la mayoría del personal que laboraba en ellas sin indemnización y qué pasará con las familias de colonias marginadas que atendían dichas clínicas.

El integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República afirmó que la austeridad que impulsa el presente gobierno federal jamás debe afectar la atención médica en ningún rincón del país, “es una de las prioridades junto a la seguridad, la educación y la economía”, sostuvo.

Gama Basarte, senador panista, lamentó que este gobierno, con tal de ahorrar para tener contenta a su base electoral, no se toque el corazón y de un plumazo deje sin medicinas, sin médicos, y sin hospitales, a miles de familias que atendía el Programa Prospera.

Por su parte, el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, también panista, calificó la medida como una mala decisión más del actual gobierno federal, ya que ha quedado claro en estos últimos meses que los recortes en salud afectan a los más necesitados.

Azuara Zúñiga destacó que estas unidades servían especialmente a las personas que se ubicaban en las periferias de las ciudades; por lo tanto, cerrar las puertas de estos espacios pone en riesgo la salud de las personas que tienen que trasladarse más para acceder a unidades médicas.

Este es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de junio en SLP

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Hallan sin vida a empresarios de Villa de Reyes en Zacatecas

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Las víctimas estaban desaparecidas desde el 7 de febrero; uno de ellos tenía proyección política en el municipio

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó el hallazgo sin vida de Pablo Ortega Venegas, de 36 años, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38 años, ambos originarios del municipio de Villa de Reyes, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado 7 de febrero.

Los cuerpos fueron localizados en el municipio de Pinos, Zacatecas, lo que derivó en una coordinación inmediata entre agentes de la Policía de Investigación (PDI) de San Luis Potosí y Zacatecas para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer el doble homicidio.

De acuerdo con la información oficial, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la no localización de ambos hombres, la FGESLP activó los protocolos de búsqueda, emitió las fichas correspondientes a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y abrió carpetas de investigación tras las denuncias presentadas por familiares.

Las víctimas fueron vistas por última vez en puntos distintos: Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, en las inmediaciones del rancho “La Carreta”, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva fue reportado por última vez en la entrada al municipio de Jesús María. Las autoridades también solicitaron apoyo ciudadano para localizar dos vehículos en los que presuntamente se transportaban: una camioneta Kia Sportage color vino y un Nissan Tsuru blanco.

Pablo Ortega Venegas se perfilaba como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva era productor agrícola y hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024, quien también aspiraba a contender por la alcaldía del municipio, en ese caso por Morena.

Previo a la confirmación del deceso, familiares y amigos habían convocado a una marcha pacífica para este martes 10 de febrero, con el objetivo de exigir la aparición con vida de las personas privadas ilegalmente de la libertad.

La FGESLP informó que ha robustecido las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables, aunque hasta el momento no se han revelado las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.

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Tras feminicidios de los últimos días, Fiscalía pide denunciar cualquier tipo de violencia

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María Manuela García señaló que la falta de denuncia sigue siendo un tema muy común, incluso cuando ya hay una detención de por medio

Por: Redacción

Tras los dos feminicidios ocurridos en San Luis Potosí en días recientes, María Manuela García Cazares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de violencia familiar para evitar estos trágicos acontecimientos.

La fiscal señaló que en ninguno de los dos casos existía algún reporte previo por violencia familiar, lo que hace prácticamente imposible la prevención del crimen por parte de las autoridades.

García Cazares indicó que la falta de denuncia sigue siendo un problema muy grande en estas situaciones

, ya que incluso es “muy frecuente” que al hacer una detención, la víctima decida no ejercer acciones, por lo que tienen que dejar en libertad al presunto agresor.

Finalmente, recalcó la invitación a las personas que sufran algún tipo de violencia de acercarse a las autoridades a reportar estos hechos, con el fin de que la FGE pueda actuar a tiempo y evitar que la situación trascienda a mayores.

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Extorsión por préstamos ilegales persiste en la zona metropolitana: SSPC

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Las autoridades aseguran que sin denuncia directa es difícil proceder legalmente

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que el fenómeno de extorsión bajo la modalidad de “gota a gota” continúa presente en la zona metropolitana de San Luis Potosí, particularmente en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez, aunque aseguró que ya se han realizado detenciones y acciones de seguimiento para contener este delito.

Cuestionado sobre las denuncias relacionadas con presuntos extorsionadores de origen colombiano que operan en la capital potosina, el funcionario explicó que han sido principalmente la Policía Municipal de Soledad y la Guardia Civil Estatal quienes han logrado detener a personas vinculadas con este esquema de préstamos ilegales.

Juárez Hernández reconoció que se trata de un fenómeno complejo, ya que este tipo de extorsión se origina a partir de préstamos informales, lo que dificulta la acreditación del delito ante la Fiscalía General del Estado y la posibilidad de realizar detenciones en flagrancia.

“Es algo complicado porque se necesita la denuncia de la persona afectada. Al derivar de un préstamo, jurídicamente se complica demostrar el delito; sin embargo, cuando existe señalamiento directo y la víctima está dispuesta a denunciar, se logra la detención”, explicó.

El titular de la SSPC señaló que el tema ha sido abordado de manera constante en las mesas de seguridad

, donde se mantiene la instrucción de dar seguimiento puntual a este tipo de casos en la zona metropolitana.

En contraste, destacó que en la región Altiplano, particularmente en Matehuala, se ha logrado una reducción significativa de la incidencia delictiva relacionada con extorsión y cobro de piso, tras la detención de integrantes de un grupo criminal que también estaba vinculado con venta de droga, robo al autotransporte y homicidios.

Indicó que estas acciones no corresponden únicamente a operativos recientes, sino a un trabajo sostenido de al menos dos años, lo que ha permitido debilitar de forma considerable a dicha organización criminal.

Finalmente, Juárez Hernández reiteró que, en el caso de la zona metropolitana, el combate a la extorsión requiere no solo de operativos policiacos, sino también de la colaboración de las víctimas mediante la denuncia, para poder proceder legalmente contra quienes incurren en estas prácticas.

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