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Dieron cuello a unidad médica que atendía a 2 mil 500 pacientes en SLP
El gobierno federal eliminó todas las Unidades Médicas Urbanas en San Luis: una duplicada en Rioverde que no tenía beneficiarios, pero también dejó desamparados a usuarios de otras
Por: Roberto Rocha
Hasta el pasado fin de semana, en San Luis Potosí funcionaban seis Unidades Médicas Urbanas (UMU) de IMSS-Prospera: dos en el municipio de Rioverde y uno en cada uno de estos municipios: Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale.
Ayer lunes, médicos y personal de enfermería de la Unidades Médicas Urbanas de 18 entidades del país, entre ellas San Luis Potosí, denunciaron que fueron despedidos por el IMSS, en algunos casos sin indemnización, y a todos se les pidió entregar las instalaciones a más tardar el 15 de junio.
Zoé Robledo, titular del IMSS, afirmó anoche que el cierre de algunas UMU no impacta en la atención médica para personas de escasos recursos, pues los beneficiarios cuentan con el Seguro Popular y, por tanto, no se han quedado sin acceso a servicios de salud.
Detalló que alrededor de 700 médicos y enfermeras –que no eran trabajadores de IMSS Bienestar– dejaron de prestar sus servicios por honorarios porque el Programa Prospera llegó a su fin.
Entre la Unidades Médicas cerradas por decisión del gobierno federal se encuentra la conocida como Rioverde 2, que no tuvo ni un solo beneficiario inscrito al Seguro Popular en ninguno de los trece meses que van desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019.
Rioverde 2, pese a tener una Clave Única de Establecimientos de Salud distinta, compartía dirección con la UMU Rioverde 1, que cerró el registro de mayo de 2019 con cuatro beneficiarios, mientras que en mayo del año anterior la estadística era de cero, de acuerdo con datos del Seguro Popular en San Luis Potosí.
El problema es que esas dos UMU, que comparten espacio físico de acuerdo con los registros, fueron puestos en la misma bolsa para su disolución que la Unidad de Tamazunchale, que, al cierre de mayo de este año, atendía a 2 mil 530 beneficiarios de Prospera.
La UMU de Ciudad Valles también registraba escasa atención médica, pues pasó de tener tres beneficiarios en mayo de 2018, a tener solo dos en mayo de este año.
En cambio, la UMU de Matehuala pasó de 112 a 664 beneficiarios, en la comparación entre mayo de 2018 y mayo de 2019. La de Soledad registró atención para 375 personas en el quinto mes del año pasado y para 340 en el mismo mes de este año.
Ayer, 17 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el Programa Prospera y ordenó transferir sus recursos a un nuevo órgano en la Secretaría de Educación Pública, denominado Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Para este año, Prospera tenía un presupuesto de 20 mil 691 millones de pesos, el 13 por ciento del gasto programable de la ahora Secretaría del Bienestar, que incluyen 447 millones para pagar a 824 empleados.
Según un oficio firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña 
En total, 300 UMU cerraron en los estados de Puebla, Guanajuato, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Zacatecas, Estado de México y Campeche.
Zoé Robledo indicó que el personal médico de las UMU tendrá la oportunidad de integrarse a las Unidades Médicas Rurales (UMR) de IMSS Bienestar que ofrecen servicio en las zonas más vulnerables del país.
El director del IMSS agregó que estaban contratados por honorarios, y muchos de esos contratos ya estaban por vencerse.
Robledo añadió que en aquellos lugares en donde no haya acceso a servicios de salud en por lo menos 30 minutos a la redonda, las UMU en zonas urbanas seguirán operando.
El senador potosino Marca Gama Basarte pidió a Zoé Robledo aclarar cuáles fueron los criterios para cerrar 300 UMU, despedir a la mayoría del personal que laboraba en ellas sin indemnización y qué pasará con las familias de colonias marginadas que atendían dichas clínicas.
El integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República afirmó que la austeridad que impulsa el presente gobierno federal jamás debe afectar la atención médica en ningún rincón del país, “es una de las prioridades junto a la seguridad, la educación y la economía”, sostuvo.
Gama Basarte, senador panista, lamentó que este gobierno, con tal de ahorrar para tener contenta a su base electoral, no se toque el corazón y de un plumazo deje sin medicinas, sin médicos, y sin hospitales, a miles de familias que atendía el Programa Prospera.
Por su parte, el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, también panista, calificó la medida como una mala decisión más del actual gobierno federal, ya que ha quedado claro en estos últimos meses que los recortes en salud afectan a los más necesitados.
Azuara Zúñiga destacó que estas unidades servían especialmente a las personas que se ubicaban en las periferias de las ciudades; por lo tanto, cerrar las puertas de estos espacios pone en riesgo la salud de las personas que tienen que trasladarse más para acceder a unidades médicas.
Este es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de junio en SLP
Durante un operativo conjunto, autoridades municipales rescataron más de 180 animales en condiciones inadecuadas; el responsable fue turnado a la Fiscalía
Por: Redacción
El Gobierno de la Capital, en coordinación con el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Dirección de Comercio Municipal, clausuró un establecimiento que funcionaba sin licencia y en el que se detectaron condiciones de presunto maltrato animal.
La acción derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre el estado de los animales en el lugar. En la inspección se localizaron siete perros amarrados con correas cortas y sin acceso constante a agua o alimento, así como 164 aves —entre ellas gallinas, codornices, patos y periquitos— en jaulas apiladas. También se encontraron seis gatos, dos cuyos y un conejo en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas.
Los perros y gatos fueron trasladados al CIBA para su evaluación y resguardo, mientras que el resto de los animales fue llevado al refugio Villa Cuac, con apoyo de la Dirección de Servicios Municipales. Todos los ejemplares reciben atención veterinaria y cuidados mientras se determina su situación jurídica y sanitaria.
La persona responsable del negocio fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal. Las autoridades capitalinas reiteraron que continuarán realizando operativos para garantizar el cumplimiento de la normativa y el bienestar de los animales en establecimientos comerciales.
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La medida será aplicada en la entidad potosina los días sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio
Por: Redacción
La Dirección de Gobernación del estado de San Luis Potosí, confirmó que se aplicará la Ley Seca con motivo de la elección del Poder Judicial
En un documento expedido por el titular de la dependencia estatal, José Concepción Gallardo Martínez, se ordena que se deberá suspender la venta, distribución, consumo y suministro de bebidas alcohólicas a partir de las 00:01 horas del día sábado 31 de mayo y concluir a las 24:00 horas del día domingo 1 de junio
El documento enfatiza que ignorar esta disposición será sancionada conforme a los artículos 50 y 57 de la Ley en la materia.
La elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, tanto a nivel local como federal, se efectuará el próximo domingo 1 de junio, en un proceso inédito para la ciudadanía del país.
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Los manifestantes pidieron que se realice una propuesta con castigos más severos para los vendedores de droga, y no contra los internamientos forzados
Por: Redacción
Esta mañana, un grupo de ciudadanos se manifestó a las afueras del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para rechazar la iniciativa de la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, que propone eliminar el internamiento forzoso de personas en anexos.
La propuesta de la diputada Aradillas plantea reformas a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios, la Ley de Prevención y Control de Adicciones y al Código Penal del Estado, con el propósito de prohibir el internamiento involuntario en centros de rehabilitación, e incluso establecer como delito de privación ilegal de la libertad el hecho de internar a una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de un familiar, tutor o representante legal.
Esta propuesta ha generado inconformidad entre los manifestantes, en su mayoría familiares de personas con problemas de adicciones, quienes portaban pancartas con mensajes como “Sí al diálogo a favor de los anexos”, “Los anexos salvan vidas”, “Derecho a la rehabilitación, a cambiar y a la vida” y “Di no a las drogas”. Con consignas y testimonios, pidieron a las y los legisladores no quitarle a las familias una de las pocas alternativas que, aseguran, tienen para contener y rehabilitar a sus seres queridos.
“Mejor invéntese una propuesta para que realmente se castigue con todo el peso de la ley a quienes venden drogas. Arregle la situación con educación real y con una reforma a los anexos que se necesita. Metan dinero ahí”, dijo una manifestante.
El argumento central de la legisladora se basa en que este tipo de internamientos suprime derechos humanos, ya que, en ocasiones, las personas eran internadas por tiempo indefinido y sin un debido proceso médico o jurídico. La diputada se apoya en la Norma Oficial Mexicana NOM-028, que regula los modelos de atención en adicciones y reconoce únicamente el internamiento voluntario en establecimientos de ayuda mutua, mientras que los centros de modelo mixto o profesional pueden aplicar internamientos involuntarios bajo lineamientos específicos y con aval de instituciones reconocidas por la CONADIC.
Aunque la iniciativa busca proteger los derechos de personas internadas contra su voluntad, para los manifestantes la eliminación de esta figura representa dejar a muchas familias sin herramientas para enfrentar el consumo problemático de sustancias.
En sus testimonios, señalaron que muchos anexos han logrado contener conductas autodestructivas y han sido la única opción ante un sistema de salud mental insuficiente. Sin embargo, también reconocieron que los centros deben mejorar su calidad y profesionalización, con la integración de psicólogos, neurólogos, nutriólogos y personal capacitado.
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