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Dieron cuello a unidad médica que atendía a 2 mil 500 pacientes en SLP
El gobierno federal eliminó todas las Unidades Médicas Urbanas en San Luis: una duplicada en Rioverde que no tenía beneficiarios, pero también dejó desamparados a usuarios de otras
Por: Roberto Rocha
Hasta el pasado fin de semana, en San Luis Potosí funcionaban seis Unidades Médicas Urbanas (UMU) de IMSS-Prospera: dos en el municipio de Rioverde y uno en cada uno de estos municipios: Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale.
Ayer lunes, médicos y personal de enfermería de la Unidades Médicas Urbanas de 18 entidades del país, entre ellas San Luis Potosí, denunciaron que fueron despedidos por el IMSS, en algunos casos sin indemnización, y a todos se les pidió entregar las instalaciones a más tardar el 15 de junio.
Zoé Robledo, titular del IMSS, afirmó anoche que el cierre de algunas UMU no impacta en la atención médica para personas de escasos recursos, pues los beneficiarios cuentan con el Seguro Popular y, por tanto, no se han quedado sin acceso a servicios de salud.
Detalló que alrededor de 700 médicos y enfermeras –que no eran trabajadores de IMSS Bienestar– dejaron de prestar sus servicios por honorarios porque el Programa Prospera llegó a su fin.
Entre la Unidades Médicas cerradas por decisión del gobierno federal se encuentra la conocida como Rioverde 2, que no tuvo ni un solo beneficiario inscrito al Seguro Popular en ninguno de los trece meses que van desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019.
Rioverde 2, pese a tener una Clave Única de Establecimientos de Salud distinta, compartía dirección con la UMU Rioverde 1, que cerró el registro de mayo de 2019 con cuatro beneficiarios, mientras que en mayo del año anterior la estadística era de cero, de acuerdo con datos del Seguro Popular en San Luis Potosí.
El problema es que esas dos UMU, que comparten espacio físico de acuerdo con los registros, fueron puestos en la misma bolsa para su disolución que la Unidad de Tamazunchale, que, al cierre de mayo de este año, atendía a 2 mil 530 beneficiarios de Prospera.
La UMU de Ciudad Valles también registraba escasa atención médica, pues pasó de tener tres beneficiarios en mayo de 2018, a tener solo dos en mayo de este año.
En cambio, la UMU de Matehuala pasó de 112 a 664 beneficiarios, en la comparación entre mayo de 2018 y mayo de 2019. La de Soledad registró atención para 375 personas en el quinto mes del año pasado y para 340 en el mismo mes de este año.
Ayer, 17 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el Programa Prospera y ordenó transferir sus recursos a un nuevo órgano en la Secretaría de Educación Pública, denominado Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Para este año, Prospera tenía un presupuesto de 20 mil 691 millones de pesos, el 13 por ciento del gasto programable de la ahora Secretaría del Bienestar, que incluyen 447 millones para pagar a 824 empleados.
Según un oficio firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña 
En total, 300 UMU cerraron en los estados de Puebla, Guanajuato, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Zacatecas, Estado de México y Campeche.
Zoé Robledo indicó que el personal médico de las UMU tendrá la oportunidad de integrarse a las Unidades Médicas Rurales (UMR) de IMSS Bienestar que ofrecen servicio en las zonas más vulnerables del país.
El director del IMSS agregó que estaban contratados por honorarios, y muchos de esos contratos ya estaban por vencerse.
Robledo añadió que en aquellos lugares en donde no haya acceso a servicios de salud en por lo menos 30 minutos a la redonda, las UMU en zonas urbanas seguirán operando.
El senador potosino Marca Gama Basarte pidió a Zoé Robledo aclarar cuáles fueron los criterios para cerrar 300 UMU, despedir a la mayoría del personal que laboraba en ellas sin indemnización y qué pasará con las familias de colonias marginadas que atendían dichas clínicas.
El integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República afirmó que la austeridad que impulsa el presente gobierno federal jamás debe afectar la atención médica en ningún rincón del país, “es una de las prioridades junto a la seguridad, la educación y la economía”, sostuvo.
Gama Basarte, senador panista, lamentó que este gobierno, con tal de ahorrar para tener contenta a su base electoral, no se toque el corazón y de un plumazo deje sin medicinas, sin médicos, y sin hospitales, a miles de familias que atendía el Programa Prospera.
Por su parte, el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, también panista, calificó la medida como una mala decisión más del actual gobierno federal, ya que ha quedado claro en estos últimos meses que los recortes en salud afectan a los más necesitados.
Azuara Zúñiga destacó que estas unidades servían especialmente a las personas que se ubicaban en las periferias de las ciudades; por lo tanto, cerrar las puertas de estos espacios pone en riesgo la salud de las personas que tienen que trasladarse más para acceder a unidades médicas.
Este es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de junio en SLP
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, mientras que solo 140 pertenecen al sector público.
“Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan dentro de estos pozos privados, como permitir la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, eso ya no soy yo la autoridad. Eso es un delito y además lo cometen en privado”, advirtió.
Galindo aclaró que el huachicol es únicamente cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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Alberto Narváez dijo que el diseño actual de la ciclovía provoca menos estacionamiento, más tráfico y menos ventas
Por: Redacción
La crisis comercial en la avenida Venustiano Carranza se ha profundizado en 2025. De acuerdo con el empresario y representante del Corredor Cultural Carranza, Alberto Narváez Arochi, la emblemática vialidad hoy sobrevive con solo 40 comercios en operación, mientras que 80 locales han cerrado definitivamente, un golpe histórico para una de las zonas que por décadas fue referente económico y cultural en la capital potosina.
Narváez Arochi explicó que la problemática se agravó tras la promesa municipal de replantear el trazo de la ciclovía, instalada durante la pasada administración.
El diseño actual —sostuvo— ha generado más afectaciones que beneficios: menos espacios de estacionamiento, circulación más conflictiva en ambos sentidos y una caída directa en las ventas
“Ojalá no quede como otra promesa más”, advirtió el empresario. Para él, la raíz del problema es la movilidad, no la ciclovía en sí.
Además, señaló que la ciclovía, en su trazo actual, no cumple su función, pues pocos ciclistas la utilizan. La mayoría prefiere circular junto al transporte urbano, lo que evidencia —dijo— que la infraestructura fue mal planeada y no responde a las necesidades reales de quienes se desplazan en bicicleta.
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