marzo 9, 2026

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Despenalizado, pero no accesible: el aborto sigue sin garantizarse en SLP

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De 9 hospitales que supuestamente ofrecen la ILE, varios no la realizan y uno de cada tres médicos se declara objetor de conciencia

Por: Redacción

Hace un año, San Luis Potosí celebraba un avance histórico: la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, el derecho a decidir sigue siendo, para muchas mujeres y personas gestantes, un privilegio y no una garantía.

La colectiva ILE San Luis Potosí presentó un balance sobre el acceso real a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), resultado de una investigación basada en solicitudes de información pública y visitas directas a hospitales.

De acuerdo con los datos oficiales entregados por los Servicios de Salud del Estado, solo nueve hospitales o unidades médicas realizan el procedimiento de ILE en todo San Luis Potosí. El problema, denuncian las activistas, es que varios de esos hospitales no brindan el servicio en la práctica, pese a figurar en los registros institucionales.

Por ejemplo, el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, que opera bajo el esquema IMSS-Bienestar, se negó a ofrecer el servicio a las solicitantes, argumentando que “la mayoría del personal médico es objetor de conciencia”.

En total, la colectiva identificó que, de 107 puestos médicos en hospitales habilitados, uno de cada tres profesionales se niega a realizar el procedimiento. En el Hospital General de Ciudad Valles, 10 de 17 médicos y enfermeros se reportaron como objetores.

“Esta objeción de conciencia institucionalizada es una forma de negar derechos. Si el personal no está capacitado o se niega, la ley se vuelve letra muerta”, advirtieron.

El segundo hallazgo de la investigación es la falta de transparencia

en los registros de los Servicios de Salud. De acuerdo con la respuesta oficial recibida el pasado 22 de octubre, desde la entrada en vigor de la despenalización —entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025— se registraron 132 interrupciones del embarazo
.

Pero de ese total, el 100% corresponde a causales médicas, es decir, ninguno fue catalogado como interrupción voluntaria, pese a que la ley permite esta opción desde hace un año. De las 132 interrupciones, 127 fueron por riesgo a la salud de la madre y cinco por malformación congénita.

“Sabemos de casos de mujeres que solicitaron la interrupción voluntaria y que sí fueron atendidas, pero en los registros oficiales se invisibiliza su decisión. Esto muestra la resistencia institucional para reconocer el aborto como un derecho y no solo como una emergencia médica”, explicó la colectiva.

La Secretaría de Salud, además, omitió responder a la solicitud sobre el número de quejas o denuncias presentadas por usuarias ante la negativa o mala atención en los hospitales.

El panorama que presentan las activistas revela una brecha profunda entre la ley y la realidad. Aunque el aborto es legal en San Luis Potosí desde octubre de 2024, las instituciones no garantizan su acceso pleno, ni difunden información suficiente, ni aseguran personal capacitado y no objetor.

La colectiva ILE sostiene que los obstáculos no son casuales, sino estructurales. Desde la falta de capacitación, la omisión de registros voluntarios, hasta la opacidad informativa, todo apunta a una resistencia institucional para implementar un derecho conquistado por años de lucha feminista.

También lee: A un año de la despenalización, 134 mujeres han accedido al aborto legal en SLP

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46% de los casos evaluados por riesgo de suicidio en SLP son de mujeres

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Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental

Por: Redacción

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz

, informó que cerca del 46 por ciento de los casos evaluados por riesgo de suicidio en el estado corresponden a mujeres.

La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.

Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.

Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva

, con el objetivo de brindar herramientas informativas que permitan a las personas tomar decisiones responsables sobre su bienestar.

La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.

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Acciones contra la violencia de género seguirán aunque cambie la alerta: Semujeres

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La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal

Por: Redacción

Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.

La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.

Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.

Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.

La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.

No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres

.

Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.

La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.

Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.

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Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP

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María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios

Por: Redacción

La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.

La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.

“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.

La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.

Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.

García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada

, ya que este delito puede manifestarse de distintas formas. “La violencia no solamente puede ser física, sino de diversas maneras”, señaló.

En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.

La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.

Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.

“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.

Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.

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