El gobernador afirmó que las “viejas prácticas” deben desaparecer de la corporación

Por: Redacción

Tras la difusión de un video en redes sociales donde dos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) son exhibidos presuntamente pidiendo dinero “para el refresco” en un retén ubicado en la carretera 57, a la altura de la gasolinera del avión, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que los responsables serán separados de su cargo “en automático” y sin tolerancia.

El mandatario afirmó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Jesús Juárez Hernández, deberá actuar de inmediato, pues —dijo— su administración ha mejorado salarios y prestaciones para erradicar prácticas heredadas de administraciones anteriores.

“Nosotros por eso aumentamos los sueldos para no andar pidiendo para el refresco. En este caso tendrá que ser cesado en automático. Ya entraron mil 280 nuevos elementos, vamos a seguir metiendo más cadetes para limpiar estas viejas prácticas”, expresó Gallardo.

El gobernador enfatizó que las prestaciones actuales —como seguros, bonos, capacitación y equipamiento nuevo— son razones suficientes para evitar este tipo de conductas:

“Quien no quiera aprovecharlo se tiene que ir en automático.”

Ante cuestionamientos sobre reforzar los procesos de ingreso a la corporación, Gallardo descartó fallas en los mecanismos de selección y afirmó que la GCE ya cuenta con “el filtro más riguroso”: control y confianza, exámenes toxicológicos y evaluaciones completas de ingreso.

Añadió que la intención es enviar un mensaje firme previo a la temporada decembrina, cuando aumenta la vigilancia en carreteras y zonas comerciales.

De manera paralela, la SSPC informó en un comunicado oficial que los dos elementos señalados fueron retirados de sus funciones desde el viernes pasado, en cuanto se detectó el video.

El caso ya fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia, que realizará una investigación administrativa independiente para determinar responsabilidades. La corporación dejó claro que los involucrados enfrentarán su proceso jurídico sin respaldo institucional, debido a la política de cero tolerancia.

Además, se exhortó a posibles víctimas a presentar denuncias ante la SSPC o la Fiscalía General del Estado, y se advirtió que, de confirmarse la responsabilidad, los policías serán dados de baja de manera definitiva e irreversible, sin posibilidad de ingresar a otra corporación policial del país.

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La fiscal detalló que la función de la FGESLP ha sido estrictamente de colaboración a la Fiscalía de Zacatecas

Por redacción

Luego de la detención de cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí por parte de la policía de Zacatecas, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), indicó que respecto al manejo del caso de los cuerpos decapitados la función de la FGESLP ha sido estrictamente de colaboración y apoyo a la Fiscalía de Zacatecas, que es la dependencia que mantiene la investigación principal.

La titular de la FGESLP no proporcionó detalles específicos sobre el avance del caso, pues ese dato le corresponderá a la entidad vecina.

Se debe recordar que el pasado 23 de noviembre cuatro policías de San Luis Potosí fueron detenidos en Zacatecas debido a un procesamiento irregular por parte de los agentes potosinos.

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La FGR y Sedena han reforzado acciones para retirar sustancias ilícitas del mercado

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí y con apo yo de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la incineración de casi 94 kilos de diversas drogas que habían sido aseguradas en operativos realizados por corporaciones de los ámbitos federal, estatal y municipal.

Durante la jornada se eliminaron 89.9 kilos de marihuana, además de metanfetamina, cocaína, clorhidrato de metanfetamina, Delta 8 THC, Delta 9, hexahidrocannabinol, así como sustancias consideradas negativas y 73 piezas de distintos psicotrópicos. En total, la destrucción alcanzó 93 kilos 989 gramos 900 miligramos.

Junto con los estupefacientes, también fueron desechados 22 objetos vinculados a actividades delictivas, entre ellos inhibidores de señal, baterías, chalecos y cascos tácticos, mochilas, pipas metálicas, estuches, vapeadores y una báscula digital.

La supervisión del procedimiento estuvo a cargo del fiscal federal en el estado, personal del Órgano Interno de Control, elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos y representantes de la Sedena, quienes verificaron que la incineración se realizara conforme a la normativa aplicable.

La FGR reiteró que mantiene su labor permanente en la investigación y persecución de delitos del orden federal e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias de manera presencial o a través de los canales telefónicos y electrónicos disponibles las 24 horas del día.

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