Con la iniciativa de pedir como requisito un examen de control y confianza que expide el poder ejecutivo ¿Quién, aparentemente (y lo subrayo) se beneficiaría ? Le doy una pista: no es la ciudadanía ni es el gobernador.

Culto Público, hijos del detector del Metil y del metal:

Ayer, cuando lo leí por primera vez pensé que era Feic nius. Me reí incrédulo. Luego lo verifiqué y pensé: naaaaa (así digo “no” cuando dudo lo que pienso), ¿Es neta? Ok, no se oye mal…pero en eso estaba cuando me llamaron, vía oficial, para confirmar si tenía la información. Dios misericordioso…es real.

Ya no supe si reír o llorar. Me sentí como Canio, el payaso, (aunque por distintas razones) o como Garrick, el de Juan de Dios Peza (el de “cambiadme la receta”).

Pero basta de dramas y vamos al punto:

El diputado Héctor Serrano Cortés presentó ayer en el Congreso una propuesta que suena impecable en el papel y que, letras más o letras menos, dice que todos los aspirantes a cargos de elección popular —desde una regiduría hasta la gubernatura— deberán pasar exámenes de control de confianza antes de ser registrados como candidatos.

Pruebas psicológicas para que no estén tocadiscos, poligráficas para que no echen mentiras, toxicológicas para que no anden pachecos, y análisis socioeconómico para ver si lo que ganan corresponde a como viven.

Todo un aparato. Toda una medida institucional para evitar que pillos, malandrines, viciosos, loquitos, tranzas o cosas peores, lleguen a cargos públicos.

Miren, Culto Público, yo quiero entender la intención, y hasta me gustaría creerla.

Y es que tal como presentan la iniciativa, parece que es muy noble porque trata de blindar la elección que viene de sujetos indeseables.

¿Quién podría estar en contra de eso? Nadie, al contrario, la propuesta planteada así, pues se merecería aplausos, bravos y a la bio a la bao y a la bimbomba… Ra, ra, (Bis.) (Bis.) (Bis.)

Pero antes del confeti hay que detenerse en un pequeño detalle: no vivimos en una esfera color de rosa ni tenemos 5 años, por lo tanto volvamos a poner los pies en la tierra y pensemos el asunto más despacio y con mayor criterio….

Una pregunta: ¿Quién, aparentemente (y lo subrayo) se beneficiaría de este nuevo requisito? Le doy una pista: no es la ciudadanía ni es el gobernador.

Claro, los malpensados y críticos alegarán -justificadamente- que es una iniciativa con una intención ulterior, y que el beneficiado es el poder ejecutivo al darle la capacidad de decir quién puede participar o quién no y le explico:

La propuesta exige como requisito para ser candidato que el resultado de las pruebas de confianza mencionadas, sean emitidas por el Centro de Evaluación de Control y Confianza, un órgano que depende ¿de quién cree? de la Secretaría General de Gobierno.

¿Ahora me entiende mi confusión entre frustración y risa, Culto Público?

Está bien fácil, al depender las candidaturas de un documento que expide el ejecutivo, la narrativa contra Ricardo Gallardo se escribe sola: “El gobernador quiere decidir quién participa y quién no”.

¿Qué necesidad?

Y por si se lo siguen preguntando, aquí va la respuesta de quién resulta favorecido con esta iniciativa: Todos los opositores al Verde.

Bueno, en una de esas hasta el Batman de Tanquián regresa y si me lo permite, vamos a usarlo de ejemplo:

Ese que anda en campaña diciendo que no anda en campaña. El señalado por contratos turbios con Pemex. El involucrado en lavado de dinero. El que tiene tanto que explicar sobre el origen de sus recursos que Washington se pondría en alerta si alguien preguntara demasiado fuerte.

Ese señor, Culto Público, no pasa un control de confianza ni en la salida de una tienda departamental. Si lo conectan al polígrafo, el aparato pide su liquidación y presenta renuncia. Si le preguntan por su entorno socioeconómico, la respuesta generaría una investigación internacional.

Y ese perfil de ejemplo, junto con todos los de su calibre, los que tienen cola que les pisen, o los que saben que no pasarán los exámenes, serán los primeros en hacer fiesta si la iniciativa en cuestión se aprueba.

¿Por qué? Pregunta sencilla. Respuesta sencilla.

Porque no hay mejor oportunidad para hacerse el mártir.

No importa que el señor Zumaya u otros aspirantes no aprueben ninguno de los exámenes.

Reprobar es oro puro para el discurso: “El Estado no me deja participar” “Gallardo me tiene miedo” “Ese requisito lo pusieron porque saben que les gano” “Quieren el camino libre.”

Con eso ya tienen narrativa para medio año de campaña victimista, con dramatismo incluido y costo político cobrado al jefe del ejecutivo.

No hace falta ser politólogo de Harvard para ver el tiro, y sin embargo, aquí estamos.

Y aquí es donde me guardo la risa.

El diputado Serrano Cortés no es un recién llegado. Es un hombre de colmillo curtido en estas lides, de los que conocen el terreno antes de pisarlo, de los que saben que en política las iniciativas no solo se leen en tribuna: se leen entre líneas, se leen hacia adelante y se leen en los periódicos del día siguiente.

Entonces, la pregunta que no me puedo quitar de encima es ¿qué no vieron o qué no estamos viendo?

No importa la respuesta, el resultado es el mismo: la iniciativa, incluso si no se aprueba, pone al Estado, al Partido Verde y al gobernador en el centro de la diana.

Lo de menos es el debate jurídico que venga. Lo grave es el desgaste político innecesario, ese que no se lo va a cargar el legislativo.

¿De qué vale que los números les den ventaja de más de 20 puntos a un proyecto  si parece —sea o no sea cierto— que ese proyecto quiere deshacerse a cualquier costo de sus rivales?

Primero la mal llamada Ley Esposa que tuvo que vetarse, y ahora esto, que seguro pronto van a llamar algo como “Ley Mártires”, “Ley Palomeo”, o la peor: “Ley Miedo”. Hagan sus apuestas.

¿Qué necesidad de impulsar algo que se parece a un discrecional “tu entras, tu no”?

Es entonces que uno se pregunta, y lo digo con genuina preocupación y sin ánimo de ofender a nadie: ¿Qué no hay ya quién se atreva a decirle al mandatario lo que se ve desde afuera, o a darle siquiera un análisis básico de cálculo?

No es que el ejecutivo tenga que conocer las iniciativas del legislativo pero…de verdad su amigo el diputado Héctor Serrano, no por obligación, sino por cortesía y confianza ¿no intercambió ideas con Ricardo antes de presentar la iniciativa?

A veces el mejor favor que le puede hacer alguien a un amigo es decirle: hermano, ¿para qué?

Los ciudadanos potosinos no somos niños. Sabemos quién tiene cola que le pisen. No necesitamos polígrafo para detectarlo: ellos mismos se delatan. No necesitamos análisis socioeconómico: ellos mismos lo presumen.

Para ya irme dejo esto aquí para quien lo quiera y me retiro despacito: Háganse un favor, no autogeneren oposición innecesaria a un movimiento que tanto ha transformado este estado. A veces lo que parece una idea brillante puede ser un error estratégico y la mejor arma del contrincante.

Si hubiera diputados mala onda, mala leche, o maquiavélicos…hasta lo aprobarían de inmediato, ganarían 2×1. Lo bueno es que no los hay.

Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.

La distinción se hará por velocidad y tamaño; en el primer trimestre del año no se registró ningún incidente con este tipo de vehículos

Por: Redacción

El nuevo reglamento de tránsito que prepara el municipio de San Luis Potosí también contempla a los vehículos eléctricos y scooters, un sector que ha crecido en las calles de la ciudad pero que hasta ahora opera sin una regulación clara. Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, explicó que la clave para regularlos estará en la velocidad que alcanzan.

“En cuanto a la velocidad que alcancen estos vehículos eléctricos, en razón de eso es que tendrán ciertas responsabilidades“, señaló el funcionario, dejando claro que no todos los vehículos de este tipo serán tratados igual bajo el nuevo marco normativo.

Para los de mayor velocidad y tamaño, la exigencia será similar a la de una motocicleta convencional: necesitarán placas. “Algunos, dependiendo del tamaño, va a ser necesario que requieran un pla queo como una motocicleta. Hay vehículos eléctricos que alcanzan velocidades ya similares a las de motos

En cuanto al panorama actual, el secretario compartió un dato que da contexto a la urgencia de la regulación: durante el primer trimestre del año, las autoridades no registraron ningún incidente documentado en el que haya participado un vehículo eléctrico. “En este primer trimestre del año realmente no hemos tenido un conocimiento puntual en donde haya participación de un vehículo eléctrico, ya sea por tema de accidente o por tema de lesiones”, indicó, y apuntó que el problema en ese rubro sigue siendo las motocicletas.

El reglamento aún se encuentra en proceso y deberá ser aprobado antes de entrar en vigor.

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Una iniciativa presentada en el Congreso local implicaría poner en manos del gobierno estatal el filtro definitivo para que cualquier aspirante pueda inscribirse, o no, al proceso electoral de 2027

Por: Redacción

Una iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés este martes ante el Congreso de San Luis Potosí busca obligar a todos los aspirantes a cargos de elección popular —desde regidurías hasta la gubernatura— a aprobar exámenes de control de confianza antes de ser registrados como candidatos, en el marco del proceso electoral rumbo a 2027.

La propuesta, añadida de último momento al orden del día, establece que ningún partido político podrá registrar candidaturas si los aspirantes no cuentan con una certificación de integridad y confiabilidad expedida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, trámite que cada interesado deberá gestionar por cuenta propia.

En contexto, el Centro de Evaluación, si bien es un organismo público desconcentrado, depende directamente de la Secretaría General de Gobierno del poder ejecutivo estatal. 

Las evaluaciones comprenderían pruebas psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y un análisis del entorno socioeconómico, similares a las que se aplican actualmente al personal de seguridad pública. La certificación se integraría como requisito obligatorio en el proceso de registro de candidaturas.

La iniciativa presenta además una limitación de fondo: la autoridad electoral únicamente verificaría la existencia del documento, sin facultades para revisar los resultados ni emitir juicio sobre la elegibilidad del aspirante, ya que los contenidos tendrían carácter confidencial. En la práctica, el filtro operaría sin que los órganos electorales puedan evaluar lo que arrojaron las pruebas.

El diputado Serrano Cortés sustentó la propuesta bajo el concepto de autodefensa constitucional, argumentando que el marco jurídico puede establecer condiciones para evitar la infiltración de intereses ilícitos en cargos públicos. De aprobarse, la reforma entraría en vigor de inmediato tras su publicación, con un plazo de 90 días para que el Centro de Evaluación emita lineamientos y el CEEPAC ajuste su normativa rumbo al proceso electoral de 2027.

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