septiembre 1, 2026

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Denuncian desabasto de pruebas para detectar VIH en SLP

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pruebas para detectar VIH

El desabasto de pruebas sería responsabilidad de la Secretaría de Salud a nivel estatal, por malas gestiones para adquirir estos instrumentos

Por: Abelardo Medellín

Paul Ibarra Collazo, activista y consejero del Consejo Nacional para la Prevención del SIDA, habló este viernes, en entrevista con La Orquesta, sobre el desabasto de insumos que ha sufrido el sector salud en San Luis Potosí, insumos específicamente catalogados para el tratamiento y detección del SIDA.

De acuerdo con Ibarra, debido a la escasez de insumos para la detección del virus del VIH, personas que antes pudieron ser tratados a dos días después de ser detectado el virus, ahora están tardando de 2 a 3 meses para ser atendidos.

“En febrero de este año se lanzó la circular de la Presidencia de la República que limita a las asociaciones civiles para recibir financiamiento público y la partida que veníamos recibiendo desde hace 18 años, que venía del CENSIDA; y en 2016 surge un apartado específico para centros comunitarios de detección, que aplicamos en la organización, y recibimos el recurso para abrir un centro aquí en el estado como los hay en todo el país”, comentó Paul Ibarra.

De 2016 al 2018, indica, el centro de detección recibía incentivos financieros para adquirir pruebas de VIH e insumos para la prevención: “teníamos mejores pruebas en ese entonces; sin embargo, después de la entrada en vigor de la circular de la Presidencia, ya no se pudo hacer de forma ordinaria, entonces el CENSIDA buscó la forma de generar un convenio a través de la FASPE, un apartado presupuestal para subsidios a entes privados y organismos de la sociedad civil, y se trasladaron recursos a centros comunitarios”.

El problema, entonces, residió en que la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí, detuvo un apoyo para mejorar las estrategias de salud: “se alegó que faltaba un documento que no estaba puesto en la serie de documentos, y que era necesario, pero no lo declararon como el motivo oficial, no hay fallo legal de los motivos”, asegura Ibarra Collazo.

También los procesos burocráticos retrasaron la obtención de los recursos. “Ahora no sabemos qué pasó con ese recurso. Sabemos que, desde la cabeza de la Secretaria de Salud, la doctora Mónica y el contralor nos están abasteciendo de pocas pruebas, pero hay que decirlo, el estado tiene pocas pruebas

, incluso a veces si una persona requiere una prueba, lo llevan con nosotros”.

El activista puntualizó que este problema de desabasto no tenía nada que ver con el gobierno federal, sino con una falta de gestión adecuada de parte de la Secretaría de Salud.

“Es algo ilógico cómo la Secretaría de Salud que ayer recibió el premio de excelencia no tenga los insumos necesarios para tener un programa activo de detección de SIDA”, dijo Ibarra Collazo agregando que el problema de la escasez de insumos para la detección ha provocado que se focalice la atención y “solamente estamos haciendo pruebas a población clave: trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, y hemos tenido que negar, a veces, la atención a personas heterosexuales”.

Este problema de insumos ha afectado también a los insumos de orden sexual para la población: “imagínate una tira de cuatro condones para una trabajadora sexual que necesita dos cajas a lo sumo, o el lubricante, que es necesario para las prácticas seguras. Hoy en día no tenemos en las bodegas un lubricante, ya se terminaron”.

Sobre las afectaciones económicas, Ibarra Collazo, dijo que a nivel federal se etiquetaron 350 millones de pesos para prevención, de los cuales los centros comunitarios erogarían 1.5 millones en insumos, situación que no está ocurriendo: “por eso intentamos tener acciones para sobrevivir, cosa que no debería ocurrir, porque esto debería ser un servicio gratuito”.

 

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SLP en primer lugar nacional en muertes prenatales

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La entidad registró 625 muertes fetales durante 2025 y alcanzó una tasa de 81.3 casos por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, la más alta entre las 32 entidades

Por: Ana G Silva

San Luis Potosí ocupó en 2025 el primer lugar nacional en la tasa de defunciones fetales, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estado alcanzó una tasa de 81.3 muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, por encima de la media nacional de 58.9, lo que representa una diferencia de aproximadamente 38 por ciento.

Con esta cifra, San Luis Potosí se colocó ligeramente por encima de Ciudad de México, que registró una tasa de 81.0, y Durango, con 80.2. En contraste, las tasas más bajas se observaron en Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1.

En términos absolutos, el INEGI contabilizó 625 muertes fetales en San Luis Potosí durante 2025, de las cuales 492 correspondieron a la captación tradicional y 133 fueron casos complementarios captados por la Secretaría de Salud e incorporados en formato digital.

Los 625 casos representan alrededor de 3 por ciento de las 20 mil 741 muertes fetales registradas en todo el país durante el año. Sin embargo, el volumen absoluto debe leerse junto con la tasa, debido a las diferencias de población entre las entidades. Es precisamente la tasa la que coloca a San Luis Potosí como la entidad con mayor incidencia registrada en el país.

Las complicaciones del embarazo, entre las principales causas

A nivel nacional, las afectaciones al feto relacionadas con factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto representaron la principal causa, con 45.6 por ciento de las defunciones fetales.

Le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal, con 24.8 por ciento, y los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, con 11.9 por ciento.

En conjunto, las dos primeras categorías representan más de 70 por ciento de las defunciones fetales registradas en el país.

Otro de los datos que dimensiona el fenómeno es la atención durante el embarazo.

En México, 79.6 por ciento de las mujeres cuyo embarazo terminó en una muerte fetal recibió atención médica prenatal, mientras que 17 por ciento no recibió atención y en 3.4 por ciento de los casos no se especificó.

Entre las mujeres que sí acudieron a consulta, 63.9 por ciento recibió entre una y cinco consultas; 30.6 por ciento tuvo entre seis y diez; 3.2 por ciento entre 11 y 15 y porcentajes menores reportaron más consultas.

Del total de muertes fetales registradas en México durante 2025, 80.5 por ciento ocurrió antes del parto, 18.3 por ciento durante el parto y en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el momento.

Por edad gestacional, el mayor porcentaje de las muertes fetales correspondió a embarazos de 20 a 27 semanas, con 39 por ciento de los casos.

Después estuvieron los embarazos de 28 semanas o más, con 32.7 por ciento, y aquellos de 12 a 19 semanas, con 28.2 por ciento.

Además, 65.2 por ciento de los productos que fallecieron tenía un peso menor a mil un gramos, mientras que los casos con peso de entre 4 mil 001 y 5 mil gramos representaron apenas 1.1 por ciento.

El fenómeno tampoco se concentra exclusivamente en embarazos de mujeres de mayor edad.

Los grupos de mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron cada uno 23.4 por ciento de los casos a nivel nacional. Juntos concentraron 46.8 por ciento.

Si se agrega el grupo de 30 a 34 años, que representó 20 por ciento, estos tres grupos acumularon 66.8 por ciento de las muertes fetales.

El reporte también muestra un perfil social de las mujeres cuyos embarazos terminaron en muerte fetal: 53 por ciento vivía en unión libre y 23.4 por ciento estaba casada. En cuanto a escolaridad, secundaria y preparatoria concentraron conjuntamente 64 por ciento de los casos.

Además, 64.9 por ciento declaró no trabajar y 31.7 por ciento sí tenía actividad económica.

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Raúl Tortolero llama a “recristianizar” la cultura de Occidente

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En su libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “recristianización” de Occidente

Por: Haniel Valdés

Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, presentó en entrevista con La Orquesta su más reciente libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, en el que llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “contrarrevolución cultural” y una “recristianización” de Occidente frente a lo que describe como el avance de ideologías de izquierda.

La propuesta de Tortolero parte de una idea bastante amplia de lo que significa ser de derecha: su organización, explicó, realiza iniciativas de ley, manifestaciones, protestas y hasta oración pública para defender los llamados “valores cristianos”. El objetivo, dijo, no sería únicamente ganar elecciones, sino transformar culturalmente a Occidente, al que considera “invadido por ideologías de izquierda muy perniciosas para la fe, para la familia, para la vida, para la propiedad privada”.

Sobre el público al que dirige el libro, afirmó que está escrito “para la clase trabajadora”, aunque aclaró que no usa esa categoría en sentido marxista: “si tú trabajas estás con nosotros”, dijo, y puso como ejemplo a albañiles, plomeros, electricistas, meseras y enfermeras, pero también contadores, abogados, filósofos y empresarios. Sostuvo que es esa “clase trabajadora cristiana” —y no los gobiernos— la que debe protagonizar el cambio que propone: “no lo van a hacer los cambios nada más los presidentes o los gobernadores o los alcaldes”.

El autor contrastó su propuesta con el marxismo, al que acusó de usar a los pobres “como base electoral” y “como fuerza de choque”. Citó el Manifiesto Comunista de 1848 para sostener que Karl Marx llamaba a los trabajadores a una revolución violenta contra los ricos: “solamente la mente de un psicótico puede concebir tal locura”, afirmó. Como contraparte, citó el pasaje bíblico de Mateo 25:40 como base de lo que llamó una ayuda a los pobres “con valores cristianos” y no “con fines de explotación electoral”.

Acusó a la izquierda de utilizar a los pobres mediante programas sociales para mantenerlos dependientes del gobierno y sostuvo que, en lugar de entregar apoyos, deberían impulsarse créditos para que las familias puedan abrir negocios pequeños. En su lista aparecieron papelerías, pollerías, carnicerías, barberías, zapaterías, fondas y hasta pequeñas farmacias.

Tortolero descartó que Nueva Derecha busque construir un partido político propio. Dijo que su intención es que las plataformas existentes —”mientras no sea Morena”— retomen sus ideas. Como antecedente, afirmó que planteamientos de un libro suyo previo, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, fueron retomados en campaña por Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, cuando este llamó a “expulsar la ideología de género de las aulas” y “volver a poner a Dios al centro de la vida”.

El autor se declaró militante panista y sostuvo que el Partido Acción Nacional nació en 1939 abierto a todos los sectores sociales, no solo al empresarial. Acusó a la izquierda de instalar la idea de que “si eres del PAN es porque eres rico” para desalentar el voto de la clase trabajadora, y llamó a ese partido a “retomar” las ideas de Nueva Derecha para disputarle a Morena el respaldo de los sectores populares.

Uno de los ejes del libro, dijo Tortolero, es lo que llama “geopolítica cristiana”: una lectura de las relaciones internacionales basada en valores religiosos compartidos y no en factores “comerciales, económicos o armamentistas”

. Como ejemplo citó el Escudo de las Américas, la coalición de más de 15 países liderada por Estados Unidos contra el crimen organizado, que —dijo— debería ir acompañada de una “guerra cultural” con base cristiana.

En esa lógica, Tortolero dijo esperar que Jair Bolsonaro gane las elecciones de octubre en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “pillo”, y que la oposición mexicana recupere la mayoría del Congreso en 2027. Para 2030, mencionó a Ricardo Salinas Pliego como posible “candidato ciudadano” capaz de unificar a los partidos opositores frente a Morena.

Su “nueva derecha”, explicó, tampoco sería una defensa del dinero por encima de todo. Rechazó una derecha “elitista” y dijo que su propuesta no es “economista”, “comercialista”, “monetarista” ni “liberal”. En su lugar, propuso una derecha que “pone a Dios al centro de la vida”.

Tortolero cuestionó la interpretación del Estado laico en México. Sostuvo que ese principio “únicamente” implica que no hay una religión oficial, pero no impide a los funcionarios públicos vivir su fe de manera explícita. Acusó que los ministros de culto en el país son “ciudadanos de segunda” porque la ley les exige renunciar a su ministerio religioso para poder ser candidatos a un cargo de elección popular, restricción que atribuyó al “juarismo”. También criticó el uso de la figura de Quetzalcóatl como emblema por parte del gobierno federal —entre ellos por Andrés Manuel López Obrador en 2021— y sostuvo que un país cristiano debería usar en su lugar “un Cristo o una Virgen de Guadalupe”.

Consultado sobre las primeras decisiones que tomaría un gobierno alineado con la “derecha popular”, Tortolero ubicó como prioridad “respetar la libertad de expresión”. Afirmó haber aparecido en “listas negras” publicadas, dijo, tanto por funcionarios del gobierno mexicano como por el expresidente colombiano Gustavo Petro, y sostuvo que México es “el país donde más periodistas asesinados hay en todo el mundo” y también “donde más sacerdotes católicos son asesinados”.

Otro de los objetivos de esta “recristianización” serían las universidades. Tortolero aseguró que algunos jóvenes ingresan a ellas con determinados valores y salen apoyando el aborto, el feminismo o los movimientos LGBT. Desde su perspectiva, las instituciones educativas tendrían que recuperar una orientación acorde con los valores cristianos de la mayoría de la población mexicana.

Más que un programa de gobierno tradicional, Derecha Popular presenta así una visión política en la que la religión funciona como punto de partida para explicar desde la pobreza y el trabajo hasta la educación, las elecciones y las relaciones internacionales. Una propuesta que, por momentos, parece tener una respuesta cristiana para prácticamente cualquier problema político.

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Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans

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Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.

El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.

De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.

Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.

El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.

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