diciembre 3, 2025

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Denuncian desabasto de pruebas para detectar VIH en SLP

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pruebas para detectar VIH

El desabasto de pruebas sería responsabilidad de la Secretaría de Salud a nivel estatal, por malas gestiones para adquirir estos instrumentos

Por: Abelardo Medellín

Paul Ibarra Collazo, activista y consejero del Consejo Nacional para la Prevención del SIDA, habló este viernes, en entrevista con La Orquesta, sobre el desabasto de insumos que ha sufrido el sector salud en San Luis Potosí, insumos específicamente catalogados para el tratamiento y detección del SIDA.

De acuerdo con Ibarra, debido a la escasez de insumos para la detección del virus del VIH, personas que antes pudieron ser tratados a dos días después de ser detectado el virus, ahora están tardando de 2 a 3 meses para ser atendidos.

“En febrero de este año se lanzó la circular de la Presidencia de la República que limita a las asociaciones civiles para recibir financiamiento público y la partida que veníamos recibiendo desde hace 18 años, que venía del CENSIDA; y en 2016 surge un apartado específico para centros comunitarios de detección, que aplicamos en la organización, y recibimos el recurso para abrir un centro aquí en el estado como los hay en todo el país”, comentó Paul Ibarra.

De 2016 al 2018, indica, el centro de detección recibía incentivos financieros para adquirir pruebas de VIH e insumos para la prevención: “teníamos mejores pruebas en ese entonces; sin embargo, después de la entrada en vigor de la circular de la Presidencia, ya no se pudo hacer de forma ordinaria, entonces el CENSIDA buscó la forma de generar un convenio a través de la FASPE, un apartado presupuestal para subsidios a entes privados y organismos de la sociedad civil, y se trasladaron recursos a centros comunitarios”.

El problema, entonces, residió en que la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí, detuvo un apoyo para mejorar las estrategias de salud: “se alegó que faltaba un documento que no estaba puesto en la serie de documentos, y que era necesario, pero no lo declararon como el motivo oficial, no hay fallo legal de los motivos”, asegura Ibarra Collazo.

También los procesos burocráticos retrasaron la obtención de los recursos. “Ahora no sabemos qué pasó con ese recurso. Sabemos que, desde la cabeza de la Secretaria de Salud, la doctora Mónica y el contralor nos están abasteciendo de pocas pruebas, pero hay que decirlo, el estado tiene pocas pruebas

, incluso a veces si una persona requiere una prueba, lo llevan con nosotros”.

El activista puntualizó que este problema de desabasto no tenía nada que ver con el gobierno federal, sino con una falta de gestión adecuada de parte de la Secretaría de Salud.

“Es algo ilógico cómo la Secretaría de Salud que ayer recibió el premio de excelencia no tenga los insumos necesarios para tener un programa activo de detección de SIDA”, dijo Ibarra Collazo agregando que el problema de la escasez de insumos para la detección ha provocado que se focalice la atención y “solamente estamos haciendo pruebas a población clave: trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, y hemos tenido que negar, a veces, la atención a personas heterosexuales”.

Este problema de insumos ha afectado también a los insumos de orden sexual para la población: “imagínate una tira de cuatro condones para una trabajadora sexual que necesita dos cajas a lo sumo, o el lubricante, que es necesario para las prácticas seguras. Hoy en día no tenemos en las bodegas un lubricante, ya se terminaron”.

Sobre las afectaciones económicas, Ibarra Collazo, dijo que a nivel federal se etiquetaron 350 millones de pesos para prevención, de los cuales los centros comunitarios erogarían 1.5 millones en insumos, situación que no está ocurriendo: “por eso intentamos tener acciones para sobrevivir, cosa que no debería ocurrir, porque esto debería ser un servicio gratuito”.

 

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Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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