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Denuncian desabasto de pruebas para detectar VIH en SLP
El desabasto de pruebas sería responsabilidad de la Secretaría de Salud a nivel estatal, por malas gestiones para adquirir estos instrumentos
Por: Abelardo Medellín
Paul Ibarra Collazo, activista y consejero del Consejo Nacional para la Prevención del SIDA, habló este viernes, en entrevista con La Orquesta, sobre el desabasto de insumos que ha sufrido el sector salud en San Luis Potosí, insumos específicamente catalogados para el tratamiento y detección del SIDA.
De acuerdo con Ibarra, debido a la escasez de insumos para la detección del virus del VIH, personas que antes pudieron ser tratados a dos días después de ser detectado el virus, ahora están tardando de 2 a 3 meses para ser atendidos.
“En febrero de este año se lanzó la circular de la Presidencia de la República que limita a las asociaciones civiles para recibir financiamiento público y la partida que veníamos recibiendo desde hace 18 años, que venía del CENSIDA; y en 2016 surge un apartado específico para centros comunitarios de detección, que aplicamos en la organización, y recibimos el recurso para abrir un centro aquí en el estado como los hay en todo el país”, comentó Paul Ibarra.
De 2016 al 2018, indica, el centro de detección recibía incentivos financieros para adquirir pruebas de VIH e insumos para la prevención: “teníamos mejores pruebas en ese entonces; sin embargo, después de la entrada en vigor de la circular de la Presidencia, ya no se pudo hacer de forma ordinaria, entonces el CENSIDA buscó la forma de generar un convenio a través de la FASPE, un apartado presupuestal para subsidios a entes privados y organismos de la sociedad civil, y se trasladaron recursos a centros comunitarios”.
El problema, entonces, residió en que la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí, detuvo un apoyo para mejorar las estrategias de salud: “se alegó que faltaba un documento que no estaba puesto en la serie de documentos, y que era necesario, pero no lo declararon como el motivo oficial, no hay fallo legal de los motivos”, asegura Ibarra Collazo.
También los procesos burocráticos retrasaron la obtención de los recursos. “Ahora no sabemos qué pasó con ese recurso. Sabemos que, desde la cabeza de la Secretaria de Salud, la doctora Mónica y el contralor nos están abasteciendo de pocas pruebas, pero hay que decirlo, el estado tiene pocas pruebas , incluso a veces si una persona requiere una prueba, lo llevan con nosotros”.
El activista puntualizó que este problema de desabasto no tenía nada que ver con el gobierno federal, sino con una falta de gestión adecuada de parte de la Secretaría de Salud.
“Es algo ilógico cómo la Secretaría de Salud que ayer recibió el premio de excelencia no tenga los insumos necesarios para tener un programa activo de detección de SIDA”, dijo Ibarra Collazo agregando que el problema de la escasez de insumos para la detección ha provocado que se focalice la atención y “solamente estamos haciendo pruebas a población clave: trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, y hemos tenido que negar, a veces, la atención a personas heterosexuales”.
Este problema de insumos ha afectado también a los insumos de orden sexual para la población: “imagínate una tira de cuatro condones para una trabajadora sexual que necesita dos cajas a lo sumo, o el lubricante, que es necesario para las prácticas seguras. Hoy en día no tenemos en las bodegas un lubricante, ya se terminaron”.
Sobre las afectaciones económicas, Ibarra Collazo, dijo que a nivel federal se etiquetaron 350 millones de pesos para prevención, de los cuales los centros comunitarios erogarían 1.5 millones en insumos, situación que no está ocurriendo: “por eso intentamos tener acciones para sobrevivir, cosa que no debería ocurrir, porque esto debería ser un servicio gratuito”.
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#4 Tiempos
Mucho circo, poca humanidad: el caso de Odín | Columna de Ana G Silva
Corredor Humanitario
Hay personas que todavía no entienden que los animales no son mercancía, decoración ni herramientas para sacar dinero. Y luego se molestan cuando alguien se atreve a señalarlo. El caso del Circo Osorio, en Cerritos, es un buen ejemplo de esa resistencia a entender algo tan sencillo como que los animales sienten, se lastiman y tienen derecho a no ser explotados.
Resulta que en este circo tenían un poni llamado Odín, que presentaba deformaciones en sus extremidades y, aun así, era utilizado para tomarse fotografías con las familias que acudían al espectáculo. Según los señalamientos difundidos por activistas, cada fotografía se cobraba entre 50 y 80 pesos. El argumento de los responsables fue que las personas no se subían al animal, sino que posaban a su lado. ¡Ah, bueno! Entonces no había problema, porque solamente lo utilizaban como escenografía viviente.
Qué conveniente resulta esa explicación cuando hay dinero de por medio. Si el poni servía para atraer visitantes, cobrar fotografías y completar la experiencia del espectáculo, ¿por qué no se procuró que estuviera en condiciones adecuadas? Si, como se argumentó, sus problemas eran las pezuñas largas, ¿tan complicado era llevarlo con un especialista para que recibiera atención?
La ironía es todavía mayor si recordamos que, para las fotografías, el animal sí tenía que estar presentable: que si la playerita de la Selección Mexicana, que si acomódense junto al poni, que si sonrían para la cámara. Pero cuando se trataba de su salud, ahí sí parecía que el presupuesto ya no alcanzaba.
Y no, señores, tener un circo no les da derecho a disponer de los animales como si fueran parte del mobiliario. Si tienen un espectáculo, aprendan a ofrecer un espectáculo. Hay malabaristas, acróbatas, payasos, bailarines, ilusionistas y un montón de disciplinas que no necesitan convertir a otro ser vivo en una atracción. Y si el negocio no funciona, también hay otras alternativas: poner un puesto de tacos, trabajar en un restaurante, buscar empleo en el cine o dedicarse a cualquier otra actividad. Las posibilidades son infinitas. Lo que no es una alternativa es seguir viviendo de la explotación animal porque resulta más fácil cobrar por exhibirlos que aprender a hacer algo diferente.
Pero aquí viene otra parte de esta historia que merece mucho más reconocimiento: la intervención de quienes sí hicieron algo por Odín.
En el rescate participaron agrupaciones y personas defensoras de los animales que se movilizaron, denunciaron y exigieron la intervención de las autoridades. Entre ellas estuvieron Salvando Huellitas, Seres Libres-Animal Rescue, Manada de Copito y Fundación Guarida Perruna. Su participación fue fundamental para que, después de varias horas de movilización, Odín pudiera salir del circo.
Odín fue trasladado a un hospital veterinario, donde sería evaluado para conocer las causas de las deformaciones en sus extremidades y determinar su estado de salud. Es decir, ahora sí tendría la oportunidad de recibir atención especializada.
Y mientras estas asociaciones hacían lo que podían para sacar a un animal de una situación que consideraban injusta, comenzaron las amenazas. Elizabeth Soto, integrante de Seres Libres-Animal Rescue, denunció intimidaciones que presuntamente provenían de personas vinculadas al circo. Incluso se difundieron mensajes públicos en redes sociales dirigidos a las activistas, con expresiones como: “eres una mugrosa, también te vamos a chingar a ti por culera”.
¿En serio? ¿Esa es la respuesta cuando alguien cuestiona el trato que reciben los animales? ¿Amenazar a quienes intervinieron para protegerlos? Parece que algunos están más preocupados por defender su negocio que por explicar las condiciones en las que mantenían a los ejemplares.
Y luego viene lo verdaderamente absurdo: ahora resulta que las animalistas quieren lucrar con el poni. Aquí sí vale la pena detenernos un momento. ¿Conocen el trabajo de estas asociaciones? ¿Han visitado sus refugios? ¿Saben lo que cuesta mantener a cientos de animales que fueron abandonados, atropellados, maltratados o que estuvieron a punto de morir?
Muchas de estas organizaciones trabajan sin respaldo económico permanente de los gobiernos. Organizan eventos a beneficio, buscan donaciones, realizan colectas y destinan buena parte de sus propios recursos para mantener a los animales que rescatan. Algunas tienen bajo su cuidado refugios con más de 50 perros y gatos .
Y esos animales no comen aplausos. Necesitan alimento todos los días, atención veterinaria, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, medicamentos, correas, espacios seguros y un techo. Algunos nunca consiguen una familia que los adopte y terminan pasando años bajo el cuidado de quienes decidieron no abandonarlos a su suerte.
Quienes están detrás de estas asociaciones también tienen trabajos, familias, responsabilidades y cuentas que pagar. No son millonarios ni viven de recoger animales. Al contrario, muchas veces tienen que trabajar para poder sostener su propia vida y, además, conseguir recursos para los animales que otros dejaron en el abandono.
Por eso resulta particularmente ofensivo que se les acuse de querer hacer negocio con Odín. Pero claro, si alguien está acostumbrado a cobrar por exhibir animales, quizá le cueste entender que también hay personas dispuestas a gastar su tiempo y dinero para ayudarlos sin esperar una fotografía de recuerdo a cambio.
Lucrar con un animal es utilizarlo para obtener dinero a costa de su bienestar. Rescatarlo implica precisamente lo contrario: asumir responsabilidades y gastos para que pueda recuperarse. No confundamos las cosas.
Y para quienes todavía tienen dudas sobre si el circo podía utilizar al poni, les dejamos un pequeño recordatorio jurídico. El artículo 120 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí prohíbe expresamente el establecimiento y operación de espectáculos circenses en los que se utilicen animales vivos. No distingue entre ponis, caballos, perros, leones o cualquier otra especie.
El artículo 41 establece que las autoridades municipales deben garantizar que estos espectáculos no se establezcan ni operen. Y el 129 contempla sanciones económicas, el retiro inmediato del espectáculo y, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública. Por su parte, el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el uso de ejemplares silvestres en circos.
Así que no se trata de que las animalistas estén buscando quitarle el trabajo a alguien, de que tengan algo personal contra el circo o de que quieran perjudicar a una familia. Se trata de cumplir una ley que existe desde hace años y que NO está puesta a consideración de los propietarios de un espectáculo. ¿Cómo es posible que todavía tengamos que discutir si se debe permitir la operación de un circo con animales cuando la prohibición está escrita en la legislación estatal?
A las asociaciones rescatistas, a quienes estuvieron ahí y a quienes no soltaron el caso: gracias por no mirar hacia otro lado. Ojalá que las autoridades también entiendan que su trabajo no termina cuando se retira a un animal, y que proteger a quienes denuncian debería ser parte de la misma responsabilidad.
Y a los señores del circo, con todo respeto: si la de hacer espectáculos sin animales no se la saben, quizá ya sea hora de aprender. Porque para ganarse la vida hay muchas maneras; para justificar la explotación de un animal, ninguna.

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Ciudad
Galindo ve un ataque coordinado y responde: “Aquí están los documentos”
El alcalde negó tener contratos con Gerardo Sánchez Zumaya y aseguró que las cuatro obras señaladas se asignaron mediante licitación pública
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos negó tener contratos con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya. Un reportaje de TV Azteca señaló cuatro obras como adjudicadas de forma directa a una empresa ligada a él. Galindo afirmó que se asignaron por licitación pública y que ya están concluidas.
“No tengo ningún contrato con Gerardo Sánchez, no tengo absolutamente ningún contrato”, dijo el alcalde. Sostuvo que no hay “una evidencia documental jurídica” que vincule al empresario con las obras.
El reportaje señaló que esas obras tienen observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). Galindo respondió que las cuatro fueron auditadas por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que ninguna tiene observaciones.
Según el alcalde, una de ellas pasó además por una auditoría forense, “la auditoría más fuerte que hay a nivel nacional”, y quedó “totalmente libre de observación”.
Galindo dijo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya hizo la aclaración ante la televisora. A su juicio, el documento en que se basa el reportaje “simplemente alguien lo filtró para allá, no se verificó”. Se comprometió a entregar este mismo viernes a los medios los números de las licitaciones, sus montos y las obras.
“Invítame, pero en el Congreso”
Para Galindo, el reportaje forma parte de un golpeteo. Dijo que llegó “despuesito” de que aclaró las licitaciones del puente Jacobo Payán. Después, según él, vinieron el IFSE, el diputado Luis Fernando Gámez Macías
, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde.“No me siento perseguido, más bien siento que se alinean y dicen, ahora vas tú, organizan sistemáticamente el ataque del alcalde”, afirmó.
El 10 de noviembre, Serrano lo describió como alguien que “se ha declarado antigallardista”. Galindo lo invitó a debatir: “Lo considero todavía mi amigo (…) Invítame, pero en el Congreso”.
Gámez pidió que se entreguen los contratos. Galindo le respondió que el IFSE ya los tiene y que él mismo puede llevarlos al Pleno. También pidió a las demás bancadas, incluida la del PAN, que lo inviten a hablar de obras, licitaciones y auditorías. “Yo no tengo nada que ocultar”, dijo.
Galindo sostuvo que su respuesta no ha sido de ataque, sino de defensa con documentos: “Aquí está el contrato, aquí está el número, aquí está el monto, aquí está la observación, aquí no hay nada”.
TV Azteca le otorgó al Ayuntamiento el derecho de audiencia. Galindo prevé ejercerlo el lunes o el martes de la próxima semana.
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Destacadas
Chalita propuso eliminar impuesto sobre nómina para subir sueldos
Pidió que el impuesto sobre la nómina pase a manos de los trabajadores y dijo que “vengan los aumentos que se requieran”
Por: Haniel Valdés
Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, afirmó que “vengan los aumentos que se requieran” al salario y propuso eliminar el impuesto sobre la nómina para que ese dinero llegue a los trabajadores.
Recordó que la iniciativa privada propuso romper la inercia del salario mínimo en diciembre de 2016, junto con su desindexación y algunas multas. Dijo que después, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzaron los aumentos “necesarísimos”. Sin ellos, afirmó, México estaría “fuera de competencia internacional” en salarios y San Luis Potosí seguiría generando pobreza salarial.
Señaló que los aumentos deben cumplir el deber constitucional de un salario que permita no solo vivir y vestir, sino también el esparcimiento.
Sobre el récord de empleos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, de alrededor de 23 millones, dijo que le parece bien, pero que esas fuentes de empleo están a cargo de “quienes las producimos” y quienes las pagan. Cuestionó dónde está “el impuesto que nos castiga por generar fuentes de empleo”.
Afirmó que, si se quiere que los trabajadores ganen más, el impuesto sobre la nómina “tendría que estar exactamente en el bolsillo de los trabajadores”. Planteó que se elimine para que no quede en manos del gobierno, sino en las de los trabajadores, en su sueldo integrado, y pidió que los legisladores lo escuchen.
Dijo que ese impuesto es “dinámico”: cada inversión anunciada, ya sea de crecimiento o de empresas nuevas, genera empleos que pagan impuesto sobre la nómina. Hizo la invitación a “entrarle a todos, en favor de la gente que trabaja”, para que se traslade a “las personas que le dan vida a la empresa, que son los trabajadores”.
Agregó que la economía “es para quien trabaja” y para quien hace las cosas mejor que los demás, sin límite de horas de trabajo para quienes quieren sacar adelante un emprendimiento.
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