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Denuncian desabasto de pruebas para detectar VIH en SLP
El desabasto de pruebas sería responsabilidad de la Secretaría de Salud a nivel estatal, por malas gestiones para adquirir estos instrumentos
Por: Abelardo Medellín
Paul Ibarra Collazo, activista y consejero del Consejo Nacional para la Prevención del SIDA, habló este viernes, en entrevista con La Orquesta, sobre el desabasto de insumos que ha sufrido el sector salud en San Luis Potosí, insumos específicamente catalogados para el tratamiento y detección del SIDA.
De acuerdo con Ibarra, debido a la escasez de insumos para la detección del virus del VIH, personas que antes pudieron ser tratados a dos días después de ser detectado el virus, ahora están tardando de 2 a 3 meses para ser atendidos.
“En febrero de este año se lanzó la circular de la Presidencia de la República que limita a las asociaciones civiles para recibir financiamiento público y la partida que veníamos recibiendo desde hace 18 años, que venía del CENSIDA; y en 2016 surge un apartado específico para centros comunitarios de detección, que aplicamos en la organización, y recibimos el recurso para abrir un centro aquí en el estado como los hay en todo el país”, comentó Paul Ibarra.
De 2016 al 2018, indica, el centro de detección recibía incentivos financieros para adquirir pruebas de VIH e insumos para la prevención: “teníamos mejores pruebas en ese entonces; sin embargo, después de la entrada en vigor de la circular de la Presidencia, ya no se pudo hacer de forma ordinaria, entonces el CENSIDA buscó la forma de generar un convenio a través de la FASPE, un apartado presupuestal para subsidios a entes privados y organismos de la sociedad civil, y se trasladaron recursos a centros comunitarios”.
El problema, entonces, residió en que la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí, detuvo un apoyo para mejorar las estrategias de salud: “se alegó que faltaba un documento que no estaba puesto en la serie de documentos, y que era necesario, pero no lo declararon como el motivo oficial, no hay fallo legal de los motivos”, asegura Ibarra Collazo.
También los procesos burocráticos retrasaron la obtención de los recursos. “Ahora no sabemos qué pasó con ese recurso. Sabemos que, desde la cabeza de la Secretaria de Salud, la doctora Mónica y el contralor nos están abasteciendo de pocas pruebas, pero hay que decirlo, el estado tiene pocas pruebas , incluso a veces si una persona requiere una prueba, lo llevan con nosotros”.
El activista puntualizó que este problema de desabasto no tenía nada que ver con el gobierno federal, sino con una falta de gestión adecuada de parte de la Secretaría de Salud.
“Es algo ilógico cómo la Secretaría de Salud que ayer recibió el premio de excelencia no tenga los insumos necesarios para tener un programa activo de detección de SIDA”, dijo Ibarra Collazo agregando que el problema de la escasez de insumos para la detección ha provocado que se focalice la atención y “solamente estamos haciendo pruebas a población clave: trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, y hemos tenido que negar, a veces, la atención a personas heterosexuales”.
Este problema de insumos ha afectado también a los insumos de orden sexual para la población: “imagínate una tira de cuatro condones para una trabajadora sexual que necesita dos cajas a lo sumo, o el lubricante, que es necesario para las prácticas seguras. Hoy en día no tenemos en las bodegas un lubricante, ya se terminaron”.
Sobre las afectaciones económicas, Ibarra Collazo, dijo que a nivel federal se etiquetaron 350 millones de pesos para prevención, de los cuales los centros comunitarios erogarían 1.5 millones en insumos, situación que no está ocurriendo: “por eso intentamos tener acciones para sobrevivir, cosa que no debería ocurrir, porque esto debería ser un servicio gratuito”.
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46% de los casos evaluados por riesgo de suicidio en SLP son de mujeres
Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz , informó que cerca del 46 por ciento de los casos evaluados por riesgo de suicidio en el estado corresponden a mujeres.
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva , con el objetivo de brindar herramientas informativas que permitan a las personas tomar decisiones responsables sobre su bienestar.
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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Acciones contra la violencia de género seguirán aunque cambie la alerta: Semujeres
La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres .
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
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Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP
María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada , ya que este delito puede manifestarse de distintas formas. “La violencia no solamente puede ser física, sino de diversas maneras”, señaló.
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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