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Denuncian desabasto de pruebas para detectar VIH en SLP
El desabasto de pruebas sería responsabilidad de la Secretaría de Salud a nivel estatal, por malas gestiones para adquirir estos instrumentos
Por: Abelardo Medellín
Paul Ibarra Collazo, activista y consejero del Consejo Nacional para la Prevención del SIDA, habló este viernes, en entrevista con La Orquesta, sobre el desabasto de insumos que ha sufrido el sector salud en San Luis Potosí, insumos específicamente catalogados para el tratamiento y detección del SIDA.
De acuerdo con Ibarra, debido a la escasez de insumos para la detección del virus del VIH, personas que antes pudieron ser tratados a dos días después de ser detectado el virus, ahora están tardando de 2 a 3 meses para ser atendidos.
“En febrero de este año se lanzó la circular de la Presidencia de la República que limita a las asociaciones civiles para recibir financiamiento público y la partida que veníamos recibiendo desde hace 18 años, que venía del CENSIDA; y en 2016 surge un apartado específico para centros comunitarios de detección, que aplicamos en la organización, y recibimos el recurso para abrir un centro aquí en el estado como los hay en todo el país”, comentó Paul Ibarra.
De 2016 al 2018, indica, el centro de detección recibía incentivos financieros para adquirir pruebas de VIH e insumos para la prevención: “teníamos mejores pruebas en ese entonces; sin embargo, después de la entrada en vigor de la circular de la Presidencia, ya no se pudo hacer de forma ordinaria, entonces el CENSIDA buscó la forma de generar un convenio a través de la FASPE, un apartado presupuestal para subsidios a entes privados y organismos de la sociedad civil, y se trasladaron recursos a centros comunitarios”.
El problema, entonces, residió en que la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí, detuvo un apoyo para mejorar las estrategias de salud: “se alegó que faltaba un documento que no estaba puesto en la serie de documentos, y que era necesario, pero no lo declararon como el motivo oficial, no hay fallo legal de los motivos”, asegura Ibarra Collazo.
También los procesos burocráticos retrasaron la obtención de los recursos. “Ahora no sabemos qué pasó con ese recurso. Sabemos que, desde la cabeza de la Secretaria de Salud, la doctora Mónica y el contralor nos están abasteciendo de pocas pruebas, pero hay que decirlo, el estado tiene pocas pruebas 
El activista puntualizó que este problema de desabasto no tenía nada que ver con el gobierno federal, sino con una falta de gestión adecuada de parte de la Secretaría de Salud.
“Es algo ilógico cómo la Secretaría de Salud que ayer recibió el premio de excelencia no tenga los insumos necesarios para tener un programa activo de detección de SIDA”, dijo Ibarra Collazo agregando que el problema de la escasez de insumos para la detección ha provocado que se focalice la atención y “solamente estamos haciendo pruebas a población clave: trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, y hemos tenido que negar, a veces, la atención a personas heterosexuales”.
Este problema de insumos ha afectado también a los insumos de orden sexual para la población: “imagínate una tira de cuatro condones para una trabajadora sexual que necesita dos cajas a lo sumo, o el lubricante, que es necesario para las prácticas seguras. Hoy en día no tenemos en las bodegas un lubricante, ya se terminaron”.
Sobre las afectaciones económicas, Ibarra Collazo, dijo que a nivel federal se etiquetaron 350 millones de pesos para prevención, de los cuales los centros comunitarios erogarían 1.5 millones en insumos, situación que no está ocurriendo: “por eso intentamos tener acciones para sobrevivir, cosa que no debería ocurrir, porque esto debería ser un servicio gratuito”.
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El Gobierno Federal asignó los trabajos que permitirán evaluar los impactos ambientales del tramo de 203 kilómetros
Por: Redacción
El proyecto del tren de pasajeros entre Querétaro y San Luis Potosí registró un nuevo avance luego de que el Gobierno Federal adjudicara los estudios ambientales necesarios para continuar con la planeación de la obra ferroviaria.
Será el consorcio conformado por Ingeniería y Construcción 3G y Ecosfera Consultoría Desarrollo y Supervisión Ambiental el que se encargue de esta parte del proyecto.
Los trabajos forman parte del proceso previo a la construcción del tramo Querétaro-San Luis Potosí, considerado dentro del corredor ferroviario México-Nuevo Laredo, una de las principales apuestas de infraestructura de la administración federal.
De acuerdo con la convocatoria emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi)
El tramo contemplado tiene una longitud aproximada de 203 kilómetros y atravesaría municipios de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. En territorio potosino, la ruta considera el paso por Santa María del Río, Villa de Reyes, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Como parte de los trabajos también deberá elaborarse la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como estudios relacionados con cobertura vegetal, uso de suelo, manejo ambiental y evaluación técnico-económica del proyecto.
El tren Querétaro-San Luis Potosí forma parte de la segunda fase de expansión de la red nacional de trenes de pasajeros impulsada por el Gobierno Federal, junto con los tramos San Luis Potosí-Saltillo, Irapuato-Querétaro y Mazatlán-Los Mochis.
Aunque la adjudicación de los estudios no implica el inicio inmediato de las obras, sí representa uno de los pasos indispensables para obtener las autorizaciones ambientales y definir la viabilidad final del proyecto ferroviario.
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Rubén Guajardo afirmó que la ley se aprobó sin suficiente análisis y reiteró que su bancada votó en contra desde el inicio
Por: Redacción
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de San Luis Potosí anunció que buscará reabrir la discusión sobre la denominada “Ley Serrano”.
El coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera, adelantó que su partido prepara una nueva propuesta legislativa que será presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones, al tiempo que insistió en mantener abiertos los canales de diálogo con colectivos, especialistas y ciudadanía inconforme.
El legislador recordó que las diputadas y diputados del PAN votaron en contra de la reforma desde su aprobación en el Pleno, al considerar que fue avalada sin un análisis suficientemente amplio y porque contempla sanciones penales en un contexto donde persisten cuestionamientos sobre el uso de medidas cautelares restrictivas de la libertad.
Guajardo Barrera señaló que una de las principales preocupaciones de Acción Nacional es que una persona pueda enfrentar consecuencias penales severas sin que exista todavía una sentencia firme en su contra.
El diputado sostuvo que el Congreso debe privilegiar la construcción de consensos y reconoció que el tema requiere un debate más amplio ante el rápido avance de las tecnologías digitales.
En ese sentido, informó que desde la Junta de Coordinación Política se buscará abrir mesas de diálogo para revisar posibles ajustes a la legislación y construir una propuesta que otorgue certeza jurídica sin afectar derechos fundamentales.
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El sector mayorista lideró el avance con ingresos 7.4% más altos; las remuneraciones en menudeo crecieron 6.4%, aunque el empleo apenas sumó 0.6%.
Por: Redacción
El comercio en San Luis Potosí registró incrementos en ingresos, salarios y empleo durante abril de 2026, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el sector al menudeo, los ingresos por suministro de bienes y servicios aumentaron 4.6 por ciento. Las remuneraciones subieron 6.4 por ciento y el personal ocupado creció 0.6 por ciento
El comercio al por mayor registró un desempeño mayor: los ingresos crecieron 7.4 por ciento, las mercancías adquiridas para reventa aumentaron 5.3 por ciento y las remuneraciones medias subieron 2.7 por ciento.
La EMEC es una encuesta mensual del INEGI que mide el desempeño de empresas comerciales en México mediante indicadores de ingresos, empleo y remuneraciones. Los datos de abril de 2026 fueron difundidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
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