diciembre 4, 2025

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Denuncian caso bullying en Telesecundaria de Rioverde

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El alumno fue amarrado y amordazado, también lo amenazaron con tomar orina y con unas tijeras: Fiscalía ya investiga el hecho

Por: Redacción

A través de redes sociales se denunció un caso de agresión escolar en la Telesecundaria “Plan de Ayala” de Rioverde, San Luis Potosí, luego de que se difundieran videos en redes sociales donde un estudiante es sometido por sus compañeros dentro del aula.

En las grabaciones, se observa a un alumno atado de manos y pies con cinta canela, además de estar amordazado. Mientras dos estudiantes vigilan la puerta, otro graba y uno más dirige la agresión, amenazando a la víctima con tomar orina y con unas tijeras para que penetre su ano.

Ante esto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), indicó que ya se inició la carpeta correspondiente, por lo que se mandará a agentes del Ministerio Público de adolescentes para que se recabe la información.

La fiscal indicó que se debe conocer primero cómo ocurrieron los hechos, para determinar si el caso podría recaer en un tema de tortura, además de determinar cómo será conducido el caso:

“La Ley General de Justicia para adolescentes contempla tres grupos de adolescentes: los mayores de 12, menores de 14; los mayores de 14, menores de 16 y los mayores de 16, menores de 18”.

Por su parte, el Gobierno del Estado atendió a través de diferentes instancias el caso, como la protección, acompañamiento y apoyo para la víctima, con ayuda de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA), garantizando en todo momento la protección a sus derechos y promoviendo actividades de prevención a este tipo de situaciones para abonar a un ambiente seguro para todas y todos.

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), detalló que se aplicaron medidas integrales que incluyen: la suspensión de la maestra encargada del grupo para realizar una investigación interna; la reubicación y seguimiento de los estudiantes agresores en otra escuela, garantizando su derecho a la educación; acompañamiento psicológico al menor afectado y carpeta de investigación que será turnada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para una mayor atención.

El titular de la dependencia detalló que adicional al apoyo brindado al caso, la próxima semana, Rioverde será sede de la mesa de seguridad, habrá más acciones de prevención del delito en la telesecundaria en la que ocurrió el hecho y en las cuatro regiones del Estado, y no descartó la posibilidad de que tanto las madres y padres de familia, así como los involucrados, sean llamados a rendir sus declaraciones en las facultades de la FGE, para controlar esta conducta y erradicar cualquier otra en las escuelas.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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