SIGAMOS DERECHO.

Ayer, como todos los domingos, desperté algo tarde, tomé café, leí algunas columnas y atendí mis rigurosos planes de hacer absolutamente nada por el resto del día hasta que llegara el momento de la noche en que me dispongo a escribir esta opinión.

Particularmente, el día de ayer tenía pensado no salir a votar en la consulta popular por los motivos que ya había expuesto en este espacio hace algunas semanas y por otros que se fueron sumando desde entonces. También había decidido que dedicaría estas líneas al —me parece— bobo, patriotero e injustificado linchamiento mediático que recibieron las jugadoras mexicanas de softball que dejaron en la basura parte de sus uniformes olímpicos.

Para bien o para mal, mis planes se interrumpieron cerca del mediodía, hora en que uno de mis hermanos me pidió que lo acompañara a vacunarse. Ya de vuelta a casa pasamos por enfrente de la mesa de votación de la consulta, que para sorpresa de nadie se encontraba absolutamente vacía salvo por los seis vecinos y vecinas funcionarias de casilla. Nos seguimos de largo.

Una vez en casa, con muchas preguntas y sin respuesta cierta a ninguna de ellas, sentí la inmediata necesidad de acudir a la mesa de votación y sufragar; al menos para vivirlo en carne propia y no solo a través de los testimonios de otros pocos. Decidido a participar, aún sin saber exactamente en qué sentido, me replanteé los tres posibles escenarios: votar por el «no»; votar por el «sí»; o anular mi voto.

Primero descarté votar por el «no» por razones que para este punto espero que sean obvias; quiero suponer que realmente todas y todos estamos de acuerdo en que los fenómenos de violencia, corrupción y abuso tienen que detenerse, investigarse, repararse. Aunque, claro, también me parece completamente válido y razonable votar «no» a semejante pregunta.

Descarté también votar por el «sí» porque, de nuevo, se trata de una pregunta que no tiene ni pies ni cabeza, es decir, no tiene ningún cauce procedimental definido.

También porque lo que sea que vaya a suceder después pudo haberse realizado sin la consulta y sin todos los costos que representó; la Corte lo menciona muy claramente en la sentencia: se trata de facultades discrecionales, o sea, pueden activarse cuando exista la voluntad para hacerlo. Además porque el gobierno y sus aliados promovieron esta consulta desde la mentira y la desinformación mañosa, repitiendo mil veces el cuento de los “juicios a expresidentes” y otra sarta de falsedades.

Sobre la anulación de mi voto, consideré que al menos para mí ello representaría una buena opción para participar en este ejercicio sin caer en las dinámicas obstinadas de los extremos del oficialismo y de la oposición, que, sin ningún plan, sólo llaman a votar por votar, o a contradecir por contradecir.

Anular también representaría una manera de aportar al total de votos necesarios para la obligatoriedad del resultado sin tener que votar por el «sí» y validar todo lo mencionado en líneas anteriores. No hace falta que lo digan, sé muy bien que los 37 millones de votos jamás se iban a alcanzar en estas condiciones. Sin embargo, la razón por la cual vale la pena sumarse a este ejercicio y buscar el resultado obligatorio es para respaldar a los colectivos de víctimas que ven en esta consulta una buena oportunidad para seguir luchando por la creación de comisiones de la verdad

y de otros mecanismos dirigidos a atender fenómenos de violencia sistemática y no solo a hechos delictivos y
responsabilidades aisladas.

Bajo esas dos premisas —pensar la consulta desde el matiz, no desde la polarización sorda y simplona; y la necesidad de que sean las víctimas el centro de la discusión— acudí a la mesa cercana a mi domicilio a emitir mi opinión: una X grande rayada por toda la boleta. Ahora bien, de ninguna manera pretendo presentar mis motivos como correctos o más válidos que otros. Mientras no comprendamos que toda manifestación democrática que se realice de manera consciente —votar en cualquier sentido, o incluso no acudir a votar— es tan válida y respetable como cualquier otra, nuestros procesos deliberativos valdrán para muy poco.

Hay que decir que los votos emitidos por el «sí» o aquellos anulados que coinciden con el objetivo aquí descrito no servirán para nada si este ejercicio solamente inició y terminó el 1 de agosto. Pensar en esta consulta popular como un fin y no como uno de varios escalones es terriblemente equivocado; ante la pequeñez de este gobierno, los grandes esfuerzos de la ciudadanía tendrán que seguir siendo los que lleven la atención a lo más urgente: verdad, justicia y reparación para quienes han sufrido lo peor de nuestros gobiernos, incluido el actual.

El tiempo, el trabajo y la lucha invertida en los próximos meses definirán el verdadero resultado de esta consulta. Mientras tanto, vivir este primer ejercicio de democracia directa me deja —y supongo que a muchos y muchas más— decepcionado, con las ideas nubladas y buscando las respuestas que definitivamente no encontré mirando detenidamente y por varios minutos la tinta indeleble que marca mi pulgar derecho.

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