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#Crónica | Estatus mocho le ganó -otra vez- a iniciativas del aborto en SLP
Entre ideologías religiosas, expertos en leyes y Economía, así fue como los diputados de esta Legislatura desecharon las iniciativas del aborto
Por: Abelardo Medellín
Con 20 votos a favor, tres abstenciones y cuatro votos en contra, los diputados del Congreso de San Luis Potosí desecharon durante una sesión virtual las dos iniciativas que buscaban despenalizar el aborto y dar una vía legal a la interrupción del embarazo.
Con el mismo número de votos para dos temas distintos y en una discusión que se convirtió en una disputa de cuatro contra cuatro, unos hablaron como ciudadanos y otros como panistas, expertos en leyes, o expertos en Economía, pero no como quien busca legislar sobre temas necesarios.
La votación por la primer iniciativa se distinguió por las fallas técnicas con las que tuvo que combatir el diputado Oscar Vera Fábregat para lograr conectar su micrófono. Cuando por fin lo logró, su opinión se centró en que la discusión sobre el aborto es materia agotada y esgrimió la ya conocida frase panista, pero en un diputado de Conciencia Popular: “esto ya está en la Constitución”.
Ante estas opiniones, la diputada Alejandra Valdés Martínez de Morena, quien presentó la iniciativa, tomó la palabra para argumentar con términos técnicos que la interrupción del embarazo es un derecho que se debe otorgar a todas las mujeres. Sin embargo, como si supiera perdida de antemano la votación, terminó por lamentar que el tema sea tratado “como una simulación”.
A este argumento se sumó Marite Hernández Correa, quien hizo hincapié en que aún hay mucho de qué hablar sobre el tema, ya que incluso, aseveró, existen nuevas consideraciones dispuestas por las cortes federales, por lo que pidió no desechar la iniciativa de reforma.
Estas intervenciones a favor, despertaron lo que podríamos llamar “una incomodidad legislativa” en José Antonio Zapata Meraz, quien pidió la palabra para primero, asegurar que para él “no hay dilema en este tema” y después defender el argumento panista ya usado por Vera Fábregat, sobre que a nivel federal ya se ha legislado el tema y que la reforma para la interrupción legal del embarazo “es incongruente para mí y la gran mayoría de los potosinos, que decimos sí a la vida”.
Por si el recordatorio de Zapata Meraz sobre la sociedad que representa no fuera suficiente, posterior a su participación se le dio la palabra a Cándido Ocho Rojas, diputado del PVEM, quien reforzó lo dicho por ambos legisladores, agregando que los diputados “representamos a una sociedad católica”, y bajo ese criterio se debía legislar.
Entonces llegó una participación pesada, la presidenta de la Comisión de Salud del gobierno del Estado, Angélica Mendoza Camacho, quien abrió con el argumento de que el feto “comienza a sentir” desde la tercera semana “según estudios médicos”, por lo que, en representación del distrito noveno, votaría a favor de desechar la iniciativa: “mi distrito dijo que no”, aseguró la legisladora, quien en su Comisión votó por desechar todas las iniciativas relacionadas con la despenalizacion del aborto, a pesar de que su grupo parlamentario, el de Morena, había acordado promover estas reformas.
Alejandra Valdés no podía más, pidió la palabra y, después de escuchar a una diputada de su propio partido hablar en contra de esta reforma, declaró: “la ley dice que se viola el derecho de la madre cuando la empujan al aborto inseguro, muchos hablan de que representan el pueblo, pero ¿quién nos representa a las mujeres?”.
Y continuó: “Hablan de una legislatura de paridad, pero en el Congreso parece no haber mujeres que quieran defender a las mujeres… somos 13 mujeres en el Congreso y no puede ser que somos el 50 por ciento de la población y nadie nos representa, porque luchamos por esas mujeres, para que tengan derechos y yo veo un retroceso, ojalá que luego no vengan con su discurso de doble moral, y qué lamentable es que hablen de vida y religión, sin respetar el estado laico; que decepción que no haya mujeres en este Congreso”, dijo, dejando un silencio incómodo en el chat, quizá por los micrófonos silenciados, o porque ya había lastimado susceptibilidades que no tardaron en salir a flote.
Contra las intervenciones de Alejandra Valdés y Marite Hernández arremetió Sonia Mendoza Díaz quien aludida por la aseveración de que no había mujeres en el Congreso respondió: “generamos mucha controversia por decir que el aborto es un derecho humano, pero no hay consideración internacional que así lo señale […] Tenemos diferentes formas de pensar, no por no pensar iguales dejamos de ser mujeres […] exijo respeto para cada una de las legisladoras”.
Por su parte, la diputada Laura Patricia Silva Celis pidió la palabra para felicitarla por lo que calificó un comentario acertado, mismo que, aunque parecía no aportar mucho a la discusión, consiguió que más tarde la diputada Marite Hernández, Alejandra Valdés y, posteriormente, Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis”, se disculparan y dejaran en claro que ellos no querían faltarle el respeto a nadie.
Tras realizarse las disculpas protocolarias y que el resto de los virtualmente presentes desistieran de agregar algo más, se procedió a desechar la iniciativa para legalizar el aborto en un clásico de las votaciones donde es más fácil decir quienes estaban a favor de ella: Carrizales Becerra, Hernández Correa, Valdés Martínez y Govea Arcos, quienes hablaron como ciudadanos, pero fueron desestimados como extraños.
El resto votaron para desechar la iniciativa en un proceso predecible donde lo único rescatable es que, durante la votación, la diputada Sonia Mendoza, muy en contra del aborto y lista para desechar la iniciativa, se desconectó de la transmisión porque se le fue la luz en su casa; pero como no permitirían que nadie se quedara sin votar en contra del aborto legal, en un acto de pura solidaridad panista de hueso azulado, el diputado Rolando Hervert Lara 
Luego de desechar la primera iniciativa, se procedió a comentar la segunda reforma promovida por las ciudadanas Urenda Queletzú Navarro Sánchez, Olivia Salazar Flores, Martha Elena Martínez Montoya, Zamira Silva Ramos, Diana Laura Aguilera Carrizales, Alejandra Mendoza Araiza y Sofía Irene Córdova Nava.
Cabe resaltar que esta iniciativa no tuvo mayor argumentación,en casi una hora, que la de “tiene que ser desechada porque es ciudadana y porque no es de los diputados”.
Durante esta discusión, el diputado “Mijis” Carrizales solicitó que no se desechara esta iniciativa sin que antes los diputados fueran conscientes de la situación de pobreza y vulnerabilidad que atraviesan las mujeres mexicanas que podrían beneficiarse de la despenalización del aborto: “los invito un día a las colonias que represento, a ver si es cierto que funciona la educación sexual y los métodos de planeación”.
Contrario a lo que podríamos pensar, cuando se habló de pobreza y educación sexual, no saltó nadie del PAN, sino la diputada del PRI Laura Patricia Silva Celis echó por tierra lo dicho por el diputado Pedro César Carrizales y dijo que “este no es un asunto de clases sociales […] que el diputado no ponga a las mujeres pobres como ganchito para votar la iniciativa que ya viene improcedente”.
Los ánimos se calentaban y se podían ver pasar intervenciones nimias de Sonia Mendoza festejando que desecharan la reforma para despenalizar el aborto o a Cándido Ochoa Rojas diciendo que la paridad en el Congreso “no significa que haya votaciones femeninas y masculinas”.
Fue entonces cuando, en un aire presidencial y en defensa de lo que podríamos llamar “establishment mocho”, salió el diputado panista Rolando Hervert Lara a decir que “se debe dejar la ley tal y como está” además de pedir, al igual que Sonia Mendoza, que se respetará su “ideología”, dando su discurso por terminado y guardando el apuntador detrás de su cámara web.
Entre cada intervención de Sonia Mendoza, que pedía disculpa; Fábregat, que solicitaba desecharla por ser una iniciativa ciudadana; y Laura Patricia Silva Celis, que mostraba un libro sobre materialismo histórico “para educar” al Mijis; se podían escuchar argumentos crueles, crudos y concisos sobre por qué se necesita legislar en materia de abortos: “Dejemos de lado el tema religioso […] ahí afuera hay niñas criando niños”, dijo Alejandra Valdés, pero nadie escuchó.
“Los que criminalizan la pobreza son ustedes y critico su doble moral”, comentó Pedro Carrizales.
“Nos llenamos la boca el 8 de marzo diciendo que somos feministas pero ustedes no son congruentes con lo que han dicho, quedan mucho a deber a las mujeres que representan”, acusó Marite Hernández.
¿Esto despertó un ánimo de hacer acuerdos o buscar una forma de ayudar a quienes son vulneradas por abortar?, no, en realidad solo provocó que Sonia Mendoza y Laura Patricia Silva Celis acusaran de “violencia” a quienes están a favor de la interrupción legal del embarazo.
No conformes con esto, antes de votar, los diputados de distintas comisiones se tomaron un momento para acusar al Mijis de irresponsable, para evidenciar que Beatriz Benavente no había asistido a una sesión y que Alejandra Valdés se salió de otra. Ya con todos los ánimos al rojo vivo y todas las culpas echadas se dispusieron a votar.
El resultado fue el mismo, 20 votos a favor de desechar la iniciativa, tres abstenciones de quienes ni siquiera participaron en la discusión y cuatro en contra de diputados que argumentaron indignados y con votos resignados, con plena conciencia de que era una iniciativa perdida, con la claridad de que ya no podrían bajarla para mejorarla y quizás votarla luego. Porque nadie despistó que se votó “a favor de desechar por estar mal hecha”, ningún panista, priista o perredista permitió que se mejorara, todos votaron con el objetivo y premura para desestimarla: así lo hicieron.
En un momento, Oscar Vera Fábregat aseguró que votaría “en contra del aborto” porque la sociedad potosina era muy “conservadora”, pero que él sabía que tanto Sonia Mendoza como Alejandra Valdés tenían razón. No fue capaz de explicar el porqué de esas aseveraciones, pero algo que se pudo notar por la calidad de las respuestas es que: los que votaron por desecharlas, lo hicieron como abogados técnicos y esos cuatro que votaron en contra de desestimarlas, lo hicieron como ciudadanos preocupados.
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Durante los primeros minutos de este 20 de abril, el candidato priista brindó un mensaje a sus simpatizantes y aseguró que con su equipo ganará “otra vez la capital”
Por: Redacción
Desde el barrio de San Sebastián, en el primer minuto de este 20 de abril, Enrique Galindo Ceballos brindó un mensaje como candidato oficial de la coalición “Fuerza y Corazón por San Luis”, conformado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD), e indicó que tomó la decisión de “volver a gobernar esta ciudad”.
El representante de la coalición detalló que “tres años no son suficientes para sacar a la capital del rezago”, por lo que necesita tiempo que le pedirá a la ciudadanía, pues su gente “tiene talento y voluntad de trabajar las 24 horas del día”, para que “San Luis Potosí sea el corazón de México”.
Galindo Ceballos apuntó que hay cosas por hacer en la ciudad, como ir por esas 207 zonas rurales que “parece que no viven en el siglo XXI”; por otro lado, destacó logros de su administración como el hecho de que la capital no recibió fondos para la seguridad pública, pero en el trienio hubo resultados positivos en el combate a la incidencia delictiva, según cifras del Inegi.
El candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí dijo que empieza una carrera de 39 días muy compleja, por lo que necesita a los potosinos: “Ya saben lo que se viene y saben que seremos inalcanzables”.
Finalmente, llamó a varios perfiles destacados que integran la coalición en el estado, como Verónica Rodríguez y Jaime Chalita, candidatos al Senado de la República; Rubén Guajardo, aspirante al Cuarto Distrito local; Sara Rocha, dirigente estatal del PRI; Jorge Zavala, presidente estatal del PRD, Estela Arriaga; además resaltó la presencia de Diana Vega Gálvez, hija de la contendiente a la presidencia de México Xóchitl Gálvez, entre otros, con quienes aseguró que “con este equipo vamos a ganar otra vez la capital, con este equipo vamos a ganar las diputaciones locales, llegaremos al Senado, al Congreso de la Unión y Xóchitl Gálvez será presidenta de México”.
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El gasto del fármaco fue de casi 40 mdp; forma parte de la lista del desfalco de la pasada administración; caduca en agosto de 2024; se pidió entregarlo al proveedor y no ha ocurrido
Por: Ana G. Silva
En marzo de 2023, La Orquesta dio a conocer una lista de medicamentos que adquirió Luis Alberto Martínez Villuendas, ex jefe de Administración de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, que forman parte de un posible desfalco en el almacén de la dependencia por cien millones de pesos.
Recientemente, este medio accedió a documentos y conversaciones donde se evidencía cómo uno de estos fármacos, fue adquirido sin permiso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y además, se administraron más de 13 mil dosis a pacientes que reciben hemodiálisis, lo que representa un riesgo para la salud al no contar con estudios que garanticen su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco se conoce el contenido y las condiciones de su fabricación; aunado a que la Dirección General Nacional del IMSS también estaba enterada de estos hechos.
En la nota “El iceberg de la corrupción en el IMSS de SLP”, se reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades, en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V., para dos medicamentos. El primero con el evento número AA-050GYR023-E254-2022, que tuvo un costo de 39 millones 408 mil 040 pesos; mientras que el segundo, con evento número AA-050GYR023-E298-2022, se gastaron 73 mil 944 pesos. Con un importe total de 39 millones 481 mil 984 pesos.
Ahora, se pudo acceder a conversaciones en correos electrónicos, en los que se detalla que dicho medicamento no contaba con permiso de la Cofepris, parte del mismo fue administrado a pacientes, y a más de un año cuatro meses de que se pidió canjearlo, sigue resguardado y próximo a caducar.
El 7 de diciembre de 2022, Elsa Austria Mireles, responsable sanitaria en el Almacén Central del IMSS en Ciudad de México, envió un correo para los usuarios: [email protected], [email protected] y [email protected], en el que se solicitó acudir a la brevedad al Almacén de Programas Especiales y Red Fría para el retiro de producto “Eritropoyetina” con clave 010 000 5333 00 02, ERITROPOYETINA 4000 U.I., denominación distintiva ALVERITIN, del fabricante ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.; sumado a ello, se solicitó que presentaran la nota de crédito correspondiente.
Cinco días después Martha Arrachea Alfaro, encargada del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, le explicó a Juan Livio Bello Martínez, ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en la delegación de San Luis Potosí –y uno de los involucrados en el desfalco de los 100 millones de pesos al IMSS que fue despedido en febrero de 2022–, que se trataba del pedido número D2P1748, realizado en la Coordinación a su cargo, a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la empresa “Gambars Distribuidora S.A. de C.V.”, por 47 mil 600 piezas con envase con seis frascos ámpula.
Agregó que el proveedor tenía cancelado su registro sanitario por parte de Cofepris y era necesario realizar el canje del producto, así como su recolección a más tardar el 15 de diciembre de ese año.
De las más de 47 mil piezas adquiridas, sólo tenían en su poder 31 mil 548 piezas. Es decir, que 16 mil 052 unidades habían sido distribuidas en delegaciones cercanas a la potosina.
Para el 20 de diciembre, Elsa Austria Mireles envió un correo a Oscar de Jesús Martínez Castillo, responsable Sanitario en San Luis Potosí, en donde aparece una tabla que confirma que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de San Luis Potosí fue el que adquirió el insumo, en ese entonces encabezado por María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano –que fue despedida el 26 de junio de 2023 por encubrir y ser cómplice en el desfalco millonario al IMSS en el estado–.
De los 47 mil 600 dosis, se indica que fueron distribuidas 17 mil 500 piezas de Eritropoyetina a los almacenes de: Michoacán, con 4 mil unidades; Colima con mil 500, Jalisco a quienes entregaron 7 mil piezas y a Sinaloa 5 mil.
Se debe recordar que en enero de 2023 distintos medios de comunicación en el estado dieron a conocer el caso sobre el desfalco en el almacén del IMSS de San Luis Potosí, y se suscitaron los despidos de Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, además de revelar la complicidad de Guadalupe Garrido y de Raúl Mario Beltrán Flores, todavía jefe de Servicios Jurídicos en la entidad.
Fue el mismo Beltrán Flores quien el 24 de abril del 2023 solicitó a Jorge de Anda García, coordinador de Control del Abasto Federal, su apoyo para que no sea entregada la clave del medicamento al proveedor, ya que se “ventilaron” diversos procesos judiciales, relacionados a la denuncia penal presentada por la jefatura a su cargo ante la Fiscalía General de la República con el nñumero de caepera FED/SLP/SLP/0000144/2023, célula B-II-2 y en relación al juicio de nulidad 111/23-26-01-2 ratificado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Tabasco y Auxiliar
En ese mismo correo se reitera que el monto gastado en la Eritropoyetina fue de 39 millones 408 mil 040 pesos, es decir que cada fármaco costó 827.9 pesos, coincidiendo con la lista de insumos que La Orquesta reveló hace más de un año.
Todo parece indicar que le fue otorgado el favor al jefe de Jurídicos, pues este pasado 22 de febrero de 2024 la responsable Sanitaria indicó que el medicamento continúa en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría; recordó que el proveedor no aparece en el listado de Fabricantes y Titulares de Registro Sanitario.
La trabajadora del IMSS nacional adjuntó una tabla en la que se detalla que el medicamento está próximo a caducar en agosto y septiembre de 2024. También se indica que, de las 47 mil 600 piezas que adquirieron y se repartieron en las delegaciones, sólo se lograron recuperar 34 mil 006 unidades, mientras que 13 mil 594 fármacos no; esto quiere decir que posiblemente fueron administradas a pacientes que reciben hemodiálisis, pues no existe un registro de su paradero, lo que puso en riesgo sus vidas.
Austria Mireles dijo que era necesario liberar espacio en el almacenamiento de refrigeración de Ciudad de México, donde estaban resguardados dichos medicamentos, pues se requería ingresar nuevos insumos, y como el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de San Luis Potosí fue quien realizó la compra, sería enviado al almacén en el estado.
Lo anterior alertó a la Jefatura de Servicios Administrativos y la Coordinación de abastecimiento, ahora a cargo de Edson Daniel Román Hernández y Marisol Mier Castillo, respectivamente, pues a las pocas horas indicaron que el Almacén del OOAD San Luis Potosí no contaba con la capacidad de recibir más de 34 mil piezas en las cámaras frías, aunque supuestamente el 27 de febrero se tenía planteado que el proveedor Gambars Distribuidora canjearía el medicamento. No obstante, no hay más información de cómo concluyó el tema.
A pesar de los documentos presentados por este medio el 7 de marzo del 2023 sobre el desfalco encabezado por Luis Alberto Martínez Villuendas y Raúl Mario Beltrán Flores, en complicidad de la misma delegada Guadalupe Garrido y otros funcionarios de alto perfil en el IMSS de San Luis Potosí, como Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, estos demandaron al Instituto por Despido Injustificado y piden su liquidación completa o reinstalación, bajo el argumento de que no se efectuó el delito. Sin embargo, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, tiene todas las características para considerarse “tentativa” de ejercicio indebido de las funciones públicas y fraude.
La tentativa de estos ilícitos se argumenta porque en la realización de una compra dentro del IMSS (en este caso los medicamentos como la Eritropoyetina) se tiene que seguir un procedimiento: se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente; práctica que fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración, y aunque el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, permite hacer una compra de insumos “por causa mayor” (es decir, de vida o muerte) se le debe avisar al Comité o Sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual debían firmar tres personas: el área jurídica, presidida por Raúl Beltrán; el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la ex delegada Garrido Rojano. No obstante “esas actas están perdidas”.
El pasado 1 de julio, el doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez tomó protesta al frente del IMSS de San Luis Potosí. A nueve meses de esta fecha, no hay un posicionamiento sobre este tema ni le ha dado seguimiento a la denuncia en contra de estos ex funcionarios. Tampoco se explica por qué uno de los involucrados en la compra de estos medicamentos sigue al frente de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a quien se le debe agregar denuncias de acoso en su contra.
También lee: La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también | Columna de Ana G Silva
Congreso del Estado
#SanjuanaLibre | A dos meses, diputados no terminan análisis de la solicitud de indulto
Legisladores de las respectivas comisiones se niegan a posicionarse; argumentan que sería irresponsable y esperarán el análisis definitivo
Por: Bernardo Vera
El pasado 15 de febrero, la organización Perteneces, acompañada de redes de abogadas en la ciudad, presentaron una solicitud de indulto al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para ejecutar la liberación de Sanjuana Maldonado Amaya, detenida en 2009 por supuestos vínculos con el crimen organizado.
A más de dos meses de presentarse esta solicitud, legisladores e integrantes de las comisiones respectivas declararon que continúan en el análisis del caso, el expediente, así como la espera de otros documentos para deliberar sobre su decisión.
Rubén Guajardo Barrera, diputado local e integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que asumir una posición a favor o en contra podría resultar contraproducente en el proceso, toda vez que el Legislativo adquiere una figura de juzgador, en el que se requiere toda la información; en este caso, la solicitud del indulto, la información de la sentencia por parte de la instancia jurisdiccional –que en este caso fue un juez, en 2009, con el sistema de justicia penal anterior– y las tres confirmaciones que se dan en apelación de Sala Magistrado, de un Juzgado Federal y de un colegiado.
“Sería muy irresponsable de mi parte, en este momento, decir a favor o en contra. Primero, porque también hay víctimas. Víctimas sobre una denuncia de un delito. Y creo que en este caso del indulto, el Congreso del Estado pasa a ser juzgador. Y un juzgador tiene que ser muy responsable; tendríamos que tener toda la información para poder realmente tener ya una decisión responsable en el pleno del Congreso”, explicó.
Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, legislador e integrante de la misma Comisión,
“Vamos a analizarlo, y si el proceso no se llevó de buena manera, no hubo o no se siguió con la perspectiva de género, pues claro. Nosotros siempre hemos estado a favor de este tema, y vamos a analizarlo a fondo. Y si cuenta con todos los factores para que nosotros como Congreso podamos elevar este indulto, yo estoy de acuerdo”.
Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada en el Congreso local, también se pronunció en su calidad de legisladora, y aunque no pertenece a las comisiones correspondientes, se mostró interesada en conocer a fondo el caso, y participará en la defensa de los derechos de Sanjuana Maldonado.
“Me interesa conocer a fondo el caso y también la responsabilidad que nosotros estaríamos participando dentro de él. Es muy importante que se esté buscando, que se respeten sus derechos y bueno, eso es lo básico”, mencionó.
La defensa de Sanjuana Maldonado manifestó en su momento que durante su proceso judicial se detectaron una serie de irregularidades, como la violencia estructural de la que fue víctima, así como un proceso sin perspectiva de género.
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