Creció la economía agraria, pero no los sueldos de campesinos en SLP

En un año, las actividades primarias aumentaron 15 por ciento, aunque los beneficios no llegan a los trabajadores del sector agrícola en el estado, quienes sufren de explotación laboral

Por: El Saxofón

Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal publicado por el Inegi, las actividades económicas primarias en San Luis Potosí, que incluyen la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportaron un crecimiento anual de 15.1% en el cuarto trimestre de 2018, debido, sobre todo, a la agricultura. Así, la entidad logró ubicarse en el tercer lugar a nivel nacional en incremento.

Lamentablemente, todo parece indicar que este crecimiento está fincado en la explotación laboral de jornaleros agrícolas. Mientras las cifras macroeconómicas reflejan resultados positivos y ganancias para los empresarios del sector, los trabajadores del campo siguen inmersos en un círculo de pobreza al que se incorporan una generación tras otra.

Además de los bajos salarios, los patrones no ofrecen seguridad social ni otra clase de prestaciones a los trabajadores del campo. Tal situación no hace sino acrecentar su nivel de pobreza y los vuelve vulnerables en materia de salud y seguridad social.

San Luis Potosí es una de las once entidades con mayor población ocupada en el sector rural, y más de la mitad de estos trabajadores, conocidos como jornaleros, viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a los titulares del Ejecutivo Local de las 32 entidades federativas, Sobre la situación de la población jornalera agrícola en México (Recomendación General 36 / 2019).

En el texto se señala que “De acuerdo con la información referida en el ‘Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas’, elaborado por la CNDH, se advierte que ‘respecto del total de personas ocupadas, la proporción de personas trabajadoras agrícolas a nivel nacional es de 10.7 por 9/116 ciento. Por entidad federativa, son once las que tienen mayor porcentaje respecto a la media nacional: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y Sinaloa”.

Para el caso de San Luis Potosí, la entidad ocupa el noveno lugar con mayor porcentaje de la población empleada como trabajador agrícola, respecto del total de la población ocupada, con 14.9 por ciento.

Del total de la población que labora en el sector agrícola en San Luis Potosí se calcula que el 47 por ciento viven en pobreza, mientras que alrededor de un 8 por ciento viven en condiciones de pobreza extrema.

Esta realidad contrasta con la imagen de progreso que plantea el agro potosino en los últimos años.

La CEDH resalta que “De manera particular, las principales carencias sociales en las entidades federativas identificadas con mayor pobreza se relacionan con el rezago educativo, la calidad y espacios en la vivienda, el acceso a los servicios básicos y, especialmente, a la seguridad social, en algunos casos superior a la media nacional. No debe pasar inadvertido que, según el Coneval, si las personas presentan más de tres carencias sociales y un ingreso total menor que la línea de bienestar mínimo, se encuentran en situación de pobreza extrema.

“Recientemente, el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, elaborado por el Coneval, señaló que en 2017 los trabajadores asalariados en el sector agropecuario equivalían a 8.5 por ciento (3 millones 15 mil 740 trabajadores) del total de asalariados”.

“En cuanto a sus percepciones, medidas en salarios mínimos, las tres cuartas partes de los trabajadores asalariados agropecuarios (74.6 por ciento) percibe hasta dos salarios mínimos y la mitad solo hasta un salario mínimo”.

“Las personas trabajadoras agrícolas asalariadas son aquellas que laboran en los campos de cultivo, huertos, invernaderos, unidades ganaderas e instalaciones de procesamiento básico para producir los alimentos y fibras del mundo”.

“Se consideran asalariadas porque no poseen, ni arriendan la tierra que trabajan, así como las herramientas y equipos que utilizan, lo cual, les diferencia de las personas agricultoras”.

“Los trabajadores agrícolas no constituyen un grupo homogéneo, ya que los términos y condiciones de empleo pueden tener una infinidad de variantes, creando distintas situaciones”.

Atento llamado al PRI

Del texto de la recomendación emitida por la CNDH, cabe resaltar que:

“En las zonas agrícolas con alta demanda de mano de obra, las personas jornaleras agrícolas se vinculan con los ‘enganchadores’ o ‘chanzoneteros’, estos pueden ser independientes o dependen de algún productor, pero generalmente pertenecen a alguna asociación campesina como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) o la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”.

Es importante mencionar que las tres asociaciones antes mencionadas CNC, CNOP y CTM forman parte de los llamados “Sectores y Organizaciones”, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo respaldo, por estatutos, requieren candidatos a cargos públicos o en la estructura interna de este partido.

Remuneración al trabajo

“Los sistemas de remuneración más frecuentes entre los medianos y grandes productores son por tarea, jornada o destajo. Los pequeños productores pagan por jornada, en especie o con participación del productor”.

Pago por tarea: el jornalero tiene la obligación de cumplir con una determinada labor, independientemente de la duración de la jornada.

Pago por jornada: se paga por día trabajado, independientemente de la carga de trabajo.

Pago a destajo: el jornalero está expuesto a jornadas que se extienden por más de las 8 horas legales.

“En las Recomendaciones en cita, se advierte que hay similitud en la condición de marginación y pobreza de este grupo poblacional; de los mecanismos de “enganche” y contratación; y, finalmente, de las acciones y omisiones en que incurren las autoridades municipales, estatales y federales para salvaguardar sus derechos”.

Recomendaciones

El Grupo de Trabajo formuló las siguientes recomendaciones al estado mexicano (entiéndase autoridades federales, estatales y municipales):

“Fortalezca la capacidad de los inspectores de trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas laborales, incluidas las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas;”

“Incentive a las empresas para que mejoren las salvaguardias en esferas tales como la salud de los trabajadores y la lucha contra el trabajo infantil, procurando al mismo tiempo que los sistemas de certificación para promover la ‘autogestión’ de las empresas no sustituyan a la supervisión gubernamental efectiva”.

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