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Creció la economía agraria, pero no los sueldos de campesinos en SLP
En un año, las actividades primarias aumentaron 15 por ciento, aunque los beneficios no llegan a los trabajadores del sector agrícola en el estado, quienes sufren de explotación laboral
Por: El Saxofón
Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal publicado por el Inegi, las actividades económicas primarias en San Luis Potosí, que incluyen la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportaron un crecimiento anual de 15.1% en el cuarto trimestre de 2018, debido, sobre todo, a la agricultura. Así, la entidad logró ubicarse en el tercer lugar a nivel nacional en incremento.
Lamentablemente, todo parece indicar que este crecimiento está fincado en la explotación laboral de jornaleros agrícolas. Mientras las cifras macroeconómicas reflejan resultados positivos y ganancias para los empresarios del sector, los trabajadores del campo siguen inmersos en un círculo de pobreza al que se incorporan una generación tras otra.
Además de los bajos salarios, los patrones no ofrecen seguridad social ni otra clase de prestaciones a los trabajadores del campo. Tal situación no hace sino acrecentar su nivel de pobreza y los vuelve vulnerables en materia de salud y seguridad social.
San Luis Potosí es una de las once entidades con mayor población ocupada en el sector rural, y más de la mitad de estos trabajadores, conocidos como jornaleros, viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a los titulares del Ejecutivo Local de las 32 entidades federativas, Sobre la situación de la población jornalera agrícola en México (Recomendación General 36 / 2019).
En el texto se señala que “De acuerdo con la información referida en el ‘Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas’, elaborado por la CNDH, se advierte que ‘respecto del total de personas ocupadas, la proporción de personas trabajadoras agrícolas a nivel nacional es de 10.7 por 9/116 ciento. Por entidad federativa, son once las que tienen mayor porcentaje respecto a la media nacional: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y Sinaloa”.
Para el caso de San Luis Potosí, la entidad ocupa el noveno lugar con mayor porcentaje de la población empleada como trabajador agrícola, respecto del total de la población ocupada, con 14.9 por ciento.
Del total de la población que labora en el sector agrícola en San Luis Potosí se calcula que el 47 por ciento viven en pobreza, mientras que alrededor de un 8 por ciento viven en condiciones de pobreza extrema.
Esta realidad contrasta con la imagen de progreso que plantea el agro potosino en los últimos años.
La CEDH resalta que “De manera particular, las principales carencias sociales en las entidades federativas identificadas con mayor pobreza se relacionan con el rezago educativo, la calidad y espacios en la vivienda, el acceso a los servicios básicos y, especialmente, a la seguridad social, en algunos casos superior a la media nacional. No debe pasar inadvertido que, según el Coneval, si las personas presentan más de tres carencias sociales y un ingreso total menor que la línea de bienestar mínimo, se encuentran en situación de pobreza extrema.
“Recientemente, el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, elaborado por el Coneval, señaló que en 2017 los trabajadores asalariados en el sector agropecuario equivalían a 8.5 por ciento (3 millones 15 mil 740 trabajadores) del total de asalariados”.
“En cuanto a sus percepciones, medidas en salarios mínimos, las tres cuartas partes de los trabajadores asalariados agropecuarios (74.6 por ciento) percibe hasta dos salarios mínimos y la mitad solo hasta un salario mínimo”.
“Las personas trabajadoras agrícolas asalariadas son aquellas que laboran en los campos de cultivo, huertos, invernaderos, unidades ganaderas e instalaciones de procesamiento básico para producir los alimentos y fibras del mundo”.
“Se consideran asalariadas porque no poseen, ni arriendan la tierra que trabajan, así como las herramientas y equipos que utilizan, lo cual, les diferencia de las personas agricultoras”.
“Los trabajadores agrícolas no constituyen un grupo homogéneo, ya que los términos y condiciones de empleo pueden tener una infinidad de variantes, creando distintas situaciones”.
Atento llamado al PRI
Del texto de la recomendación emitida por la CNDH, cabe resaltar que:
“En las zonas agrícolas con alta demanda de mano de obra, las personas jornaleras agrícolas se vinculan con los ‘enganchadores’ o ‘chanzoneteros’, estos pueden ser independientes o dependen de algún productor, pero generalmente pertenecen a alguna asociación campesina como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) o la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”.
Es importante mencionar que las tres asociaciones antes mencionadas CNC, CNOP y CTM forman parte de los llamados “Sectores y Organizaciones”, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo respaldo, por estatutos, requieren candidatos a cargos públicos o en la estructura interna de este partido.
Remuneración al trabajo
“Los sistemas de remuneración más frecuentes entre los medianos y grandes productores son por tarea, jornada o destajo. Los pequeños productores pagan por jornada, en especie o con participación del productor”.
Pago por tarea: el jornalero tiene la obligación de cumplir con una determinada labor, independientemente de la duración de la jornada.
Pago por jornada: se paga por día trabajado, independientemente de la carga de trabajo.
Pago a destajo: el jornalero está expuesto a jornadas que se extienden por más de las 8 horas legales.
“En las Recomendaciones en cita, se advierte que hay similitud en la condición de marginación y pobreza de este grupo poblacional; de los mecanismos de “enganche” y contratación; y, finalmente, de las acciones y omisiones en que incurren las autoridades municipales, estatales y federales para salvaguardar sus derechos”.
Recomendaciones
El Grupo de Trabajo formuló las siguientes recomendaciones al estado mexicano (entiéndase autoridades federales, estatales y municipales):
“Fortalezca la capacidad de los inspectores de trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas laborales, incluidas las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas;”
“Incentive a las empresas para que mejoren las salvaguardias en esferas tales como la salud de los trabajadores y la lucha contra el trabajo infantil, procurando al mismo tiempo que los sistemas de certificación para promover la ‘autogestión’ de las empresas no sustituyan a la supervisión gubernamental efectiva”.
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El recurso se verá reflejado en las cuentas universitarias en las próximas 24 a 48 horas y con ese depósito se liquidará el adeudo que ponía en riesgo los pagos y el paro de la institución
Por: Jorge Saldaña y Ana G. Silva
El próximo lunes el gobierno del estado y la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunciarán de manera conjunta la ejecución del pago adeudado por 208 millones de pesos por parte de la administración estatal a la institución.
Con información confirmada por La Orquesta la transferencia del dinero es un hecho, sin embargo los recursos se verán reflejados por condiciones bancarias entre 24 y 48 horas a partir de este jueves.
Con la transferencia de recursos estaría cubierta la totalidad del adeudo que mantenía la administración estatal con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y se dará cumplimiento cabal al convenio firmando entre el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y la federación correspondiente al año 2025.
De acuerdo a la información obtenida desde el más alto nivel por este medio, el rector Alejandro Zermeño Guerra y el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, alistan una rueda de prensa conjunta para el lunes (con horario por definir), donde anunciarán públicamente que las finanzas universitarias están a salvo y el adeudo fue liquidado.
La llegada del recurso permitirá a la Universidad sortear la etapa más crítica que enfrentó en años: la amenaza real de no poder cubrir nómina, aguinaldos, prestaciones y jubilaciones antes del cierre del año, y con ello el riesgo de un paro generalizado de la institución.
El monto a depositar corresponde al saldo pendiente de 208 millones de pesos, acumulado tras meses de retrasos y diferencias de interpretación del convenio y anexo de ejecución firmado entre la Federación y el Estado teniendo como beneficiario a la universidad.
El convenio, en su cláusula tercera señala que la Secretaría de Educación Pública realizaría depósitos mensuales al gobierno estatal para que fueran entregados a la UASLP hasta por un monto de 506 millones 155 mil 546 pesos, no obstante, de enero a octubre en cada ministración se fueron acumulando diferencias entre lo programado y lo entregado a la universidad.
Durante meses, la UASLP, a través de su máxima autoridad, el rector Alejandro Zermeño, advirtió al Consejo Directivo Universitario y a la sociedad que la falta de liquidez comprometía su operación más básica
Las advertencias subieron de tono al grado de que el pago de quincenas, aguinaldos, pensiones, mantenimiento e incluso la continuidad operativa se verían comprometidas si no llegaba el recurso antes del 30 de noviembre.
La crisis escaló y la SEP recordó oficialmente al Gobierno del Estado su obligación de aportar los 506 millones correspondientes a 2025, aclarando que el convenio no contemplaba la posibilidad de pagos en obra ni en especie.
El Gobierno respondió primero con un abono parcial en octubre, luego con mesas y reuniones de alto nivel de las dos instituciones hasta que se reconoció la deuda, y finalmente —tras semanas de tensiones, filtraciones y recelos— se generó una promesa de pago que vence este viernes 14 de noviembre.
El acuerdo logrado, aunque tardío, representa que la UASLP no enfrentará riesgos de impagos a la nómina ni prestaciones a sus empleados ni jubilados.
Con el anuncio oficial preparado para el próximo lunes, la relación institucional con el Gobierno del Estado se estabiliza, al menos en lo financiero y se podría decir que la responsabilidad institucional se impuso sobre las diferencias políticas.
Aunque el depósito se verá reflejado en las próximas horas y el adeudo estará cubierto, el Gobierno del Estado y la UASLP esperarán al lunes 17 para hacer el anuncio público.
En la conferencia conjunta además se espera se de adelanten los términos del convenio del próximo año y los recursos contemplados por el gobierno en su Ley de egresos 2026 y comenzará una nueva narrativa de la relación Gobierno-UASLP.
También lee: Gobierno y UASLP se reúnen hoy de emergencia; podría concretarse pago millonario a la Universidad
Guadalupe Torres reconoció que existían señalamientos al interior del concejo durante la gestión de Teresa Rivera
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, afirmó que la renuncia de Teresa de Jesús Rivera Acevedo como presidenta concejal de Villa de Pozos fue tramitada correctamente ante el Congreso del Estado, y defendió que la vía elegida para su sustitución es la adecuada, pese a las dudas jurídicas y políticas que ha generado el procedimiento.
“La postura es que estamos muy atentos a lo que ocurre en este marco de la presentación de la renuncia de la concejal presidenta, y el interés es por la gobernabilidad de un municipio más, como los 58 restantes. Creemos que la decisión tomada ha sido tramitada de manera correcta”, declaró el funcionario.
Torres Sánchez subrayó que debe distinguirse entre un concejo municipal designado por el Congreso y un ayuntamiento electo por voto popular, pues esa diferencia jurídica —dijo— justifica que el relevo se tramite desde el Poder Legislativo.
“He visto que se busca impulsar una ruta jurídica distinta, pero no: la que se está haciendo es la correcta”, insistió.
El secretario general reconoció que hubo señalamientos internos en la administración
“Vamos a estar del lado de la nueva concejal presidenta, si así lo determina el Congreso. Lo que nos impulsa aquí es el servicio público, no un asunto político distinto”, agregó.
Torres confirmó que la Comisión de Gobernación del Congreso validó la renuncia de Rivera y propuso como relevo a la diputada con licencia Patricia Aradillas, decisión que deberá ser ratificada este viernes por el Pleno del Legislativo.
El funcionario estatal reiteró el respaldo del Gobierno a la eventual designación de Aradillas y afirmó que se buscará que Villa de Pozos sea uno de los municipios mejor administrados del estado, pese a los conflictos internos y las interpretaciones legales encontradas.
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El gobernador Ricardo Gallardo buscará a accionistas del Atlético de San Luis por el terreno donado
Por: Redacción
A un año del anuncio de la Ciudad Deportiva del Atlético de San Luis, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que buscará a los accionistas del club antes de que termine el 2025, debido a que no se ha colocado ni la primera piedra del proyecto, a pesar de que el Gobierno estatal donó un terreno para su edificación.
“Buscaré a los accionistas del Atlético de San Luis por el tema del terreno que les donamos y no han hecho nada. Muy seguramente antes de diciembre estaremos reuniéndonos con ellos”, declaró el mandatario.
La promesa fue hecha en marzo de 2022, cuando Gallardo anunció que el Gobierno del Estado construiría, junto con la directiva del club, una Ciudad Deportiva para formar nuevos talentos, fomentar valores y alejar a los jóvenes de las adicciones.
En ese momento, el gobernador y el entonces presidente del club, Juan Alberto Marrero, destacaron que el proyecto contaría con apoyo del Instituto Potosino del Deporte y del Atlético de Madrid, socio mayoritario del equipo potosino.
En agosto de 2024, el propio Gallardo anunció que el 2 de octubre se colocaría la primera piedra, en un acto encabezado por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, e informó que la primera inversión sería de 40 millones de euros.
Sin embargo, nunca hubo evento, ni obra, ni inversión. A la fecha, el terreno permanece sin movimiento
El panorama se complica aún más tras la reciente noticia de que Apollo Sports Capital, fondo derivado de Apollo Global Management, comprará la mayoría de acciones del Atlético de Madrid, operación que incluye también al Atlético de San Luis y al Atlético Ottawa de Canadá.
La transacción se concretará a inicios de 2026, lo que deja en incertidumbre los compromisos previos entre el club y el Gobierno estatal.
Esta adquisición convierte a Apollo en el segundo grupo de capital estadounidense con presencia en la Liga MX, tras la compra del Querétaro por Innovatio Capital, y reaviva el debate sobre la multipropiedad en el futbol mexicano, pues Apollo también tiene participación en el Necaxa.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha insistido desde hace años en eliminar esta práctica, que la FIFA considera irregular, aunque no existe aún una fecha límite ni sanciones formales.
Mientras tanto, el gobierno potosino insiste en que el club cumpla con su compromiso, pese a que los nuevos dueños podrían modificar o cancelar los acuerdos establecidos con la administración estatal.
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