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Creció la economía agraria, pero no los sueldos de campesinos en SLP
En un año, las actividades primarias aumentaron 15 por ciento, aunque los beneficios no llegan a los trabajadores del sector agrícola en el estado, quienes sufren de explotación laboral
Por: El Saxofón
Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal publicado por el Inegi, las actividades económicas primarias en San Luis Potosí, que incluyen la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportaron un crecimiento anual de 15.1% en el cuarto trimestre de 2018, debido, sobre todo, a la agricultura. Así, la entidad logró ubicarse en el tercer lugar a nivel nacional en incremento.
Lamentablemente, todo parece indicar que este crecimiento está fincado en la explotación laboral de jornaleros agrícolas. Mientras las cifras macroeconómicas reflejan resultados positivos y ganancias para los empresarios del sector, los trabajadores del campo siguen inmersos en un círculo de pobreza al que se incorporan una generación tras otra.
Además de los bajos salarios, los patrones no ofrecen seguridad social ni otra clase de prestaciones a los trabajadores del campo. Tal situación no hace sino acrecentar su nivel de pobreza y los vuelve vulnerables en materia de salud y seguridad social.
San Luis Potosí es una de las once entidades con mayor población ocupada en el sector rural, y más de la mitad de estos trabajadores, conocidos como jornaleros, viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a los titulares del Ejecutivo Local de las 32 entidades federativas, Sobre la situación de la población jornalera agrícola en México (Recomendación General 36 / 2019).
En el texto se señala que “De acuerdo con la información referida en el ‘Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas’, elaborado por la CNDH, se advierte que ‘respecto del total de personas ocupadas, la proporción de personas trabajadoras agrícolas a nivel nacional es de 10.7 por 9/116 ciento. Por entidad federativa, son once las que tienen mayor porcentaje respecto a la media nacional: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y Sinaloa”.
Para el caso de San Luis Potosí, la entidad ocupa el noveno lugar con mayor porcentaje de la población empleada como trabajador agrícola, respecto del total de la población ocupada, con 14.9 por ciento.
Del total de la población que labora en el sector agrícola en San Luis Potosí se calcula que el 47 por ciento viven en pobreza, mientras que alrededor de un 8 por ciento viven en condiciones de pobreza extrema.
Esta realidad contrasta con la imagen de progreso que plantea el agro potosino en los últimos años.
La CEDH resalta que “De manera particular, las principales carencias sociales en las entidades federativas identificadas con mayor pobreza se relacionan con el rezago educativo, la calidad y espacios en la vivienda, el acceso a los servicios básicos y, especialmente, a la seguridad social, en algunos casos superior a la media nacional. No debe pasar inadvertido que, según el Coneval, si las personas presentan más de tres carencias sociales y un ingreso total menor que la línea de bienestar mínimo, se encuentran en situación de pobreza extrema.
“Recientemente, el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, elaborado por el Coneval, señaló que en 2017 los trabajadores asalariados en el sector agropecuario equivalían a 8.5 por ciento (3 millones 15 mil 740 trabajadores) del total de asalariados”.
“En cuanto a sus percepciones, medidas en salarios mínimos, las tres cuartas partes de los trabajadores asalariados agropecuarios (74.6 por ciento) percibe hasta dos salarios mínimos y la mitad solo hasta un salario mínimo”.
“Las personas trabajadoras agrícolas asalariadas son aquellas que laboran en los campos de cultivo, huertos, invernaderos, unidades ganaderas e instalaciones de procesamiento básico para producir los alimentos y fibras del mundo”.
“Se consideran asalariadas porque no poseen, ni arriendan la tierra que trabajan, así como las herramientas y equipos que utilizan, lo cual, les diferencia de las personas agricultoras”.
“Los trabajadores agrícolas no constituyen un grupo homogéneo, ya que los términos y condiciones de empleo pueden tener una infinidad de variantes, creando distintas situaciones”.
Atento llamado al PRI
Del texto de la recomendación emitida por la CNDH, cabe resaltar que:
“En las zonas agrícolas con alta demanda de mano de obra, las personas jornaleras agrícolas se vinculan con los ‘enganchadores’ o ‘chanzoneteros’, estos pueden ser independientes o dependen de algún productor, pero generalmente pertenecen a alguna asociación campesina como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) o la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”.
Es importante mencionar que las tres asociaciones antes mencionadas CNC, CNOP y CTM forman parte de los llamados “Sectores y Organizaciones”, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo respaldo, por estatutos, requieren candidatos a cargos públicos o en la estructura interna de este partido.
Remuneración al trabajo
“Los sistemas de remuneración más frecuentes entre los medianos y grandes productores son por tarea, jornada o destajo. Los pequeños productores pagan por jornada, en especie o con participación del productor”.
Pago por tarea: el jornalero tiene la obligación de cumplir con una determinada labor, independientemente de la duración de la jornada.
Pago por jornada: se paga por día trabajado, independientemente de la carga de trabajo.
Pago a destajo: el jornalero está expuesto a jornadas que se extienden por más de las 8 horas legales.
“En las Recomendaciones en cita, se advierte que hay similitud en la condición de marginación y pobreza de este grupo poblacional; de los mecanismos de “enganche” y contratación; y, finalmente, de las acciones y omisiones en que incurren las autoridades municipales, estatales y federales para salvaguardar sus derechos”.
Recomendaciones
El Grupo de Trabajo formuló las siguientes recomendaciones al estado mexicano (entiéndase autoridades federales, estatales y municipales):
“Fortalezca la capacidad de los inspectores de trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas laborales, incluidas las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas;”
“Incentive a las empresas para que mejoren las salvaguardias en esferas tales como la salud de los trabajadores y la lucha contra el trabajo infantil, procurando al mismo tiempo que los sistemas de certificación para promover la ‘autogestión’ de las empresas no sustituyan a la supervisión gubernamental efectiva”.
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#4 Tiempos
La abogada y el diablo | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.
Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).
Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.
El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.
Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.
Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.
En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.
Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).
En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.
(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).
La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.
En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.
Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).
Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?
¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?
Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.
Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).
Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.
¿Estaría muy ocupada la abogada?
Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.
Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.
Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.
(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)
Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.
Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.
¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Ciudad
En el Día Nacional del Bombero, enfrentan crisis en SLP
Pese a cerrar cuatro estaciones y contar con 50 elementos, la corporación no ha ignorado ni un solo llamado de auxilio en los diez municipios que cubre
Por: Redacción
El 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero en México, una fecha que cada año recuerda la fundación del primer cuerpo operativo en el país, siendo en el año 1873 en el puerto de Veracruz.
La conmemoración de esta efeméride honra la participación de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvaguardar a la población en incendios y otras situaciones críticas. Pero en el caso de San Luis Potosí, también evidencia las carencias que sufre la corporación metropolitana.
Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, dio a conocer que la corporación requiere la participación de la ciudadanía para mejorar las condiciones laborales, adquirir equipo de protección, herramientas y vehículos, además de contratar más personal.
Y es que de acuerdo a lo mencionado por Benavente Duque, para mejorar su servicio se requiere la incorporación de 18 elementos más, que no han podido ingresar debido a la falta de condiciones laborales dignas para su contratación.
Agregó que actualmente cuentan con 50 elementos repartidos en cuatro turnos, y para su solvencia operativa, se han visto en la necesidad de cerrar cuatro estaciones —Lomas, Abastos, Soledad y Zona Industrial—.
Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, dio a conocer que pese a estas carencias, los Bomberos Metropolitanos intervienen en diez municipios en torno a la capital potosina. Además que no han ignorado ni una sola llamada de auxilio en la que se solicita su atención.
“La labor que realizan los bomberos con tan poco es muy loable, porque la situación ha llevado operativamente al comandante a estar malabareando todos los días para poder dar atención. No hay una sola llamada de emergencia que no se atienda”.
Mencionó que para sostenerse han implementado mecanismos como el acercamiento con autoridades municipales, estatales, cámaras empresariales y sociedad civil para recaudar fondos y mejorar sus condiciones.
También lee: SLP requiere nuevas estaciones de bomberos
Destacadas
Municipalización de La Pila divide visiones sobre el futuro de la Zona Industrial
Gobierno estatal propone crear un nuevo municipio para atender la Zona Industrial, mientras el sector empresarial pide una estrategia más amplia y planeada
Por: Redacción
El pasado 19 el Gobernador del San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, durante un evento en la Delegación “La Pila” mencionó la posibilidad de que dicha zona pudiera convertirse en el sexagésimo municipio del estado. Dichas declaraciones generaron respuestas por parte de diferentes sectores de la entidad entre ellos, personal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Por un lado, el gobernador plantea que transformar La Pila en un municipio permitiría reinvertir directamente los recursos fiscales generados en esa zona —como el impuesto predial y el pago por agua— en obras de mejora urbana. Asegura que actualmente estos ingresos son recaudados por el Ayuntamiento de la capital, pero no se reflejan en beneficios tangibles para la zona. Gallardo considera que, al igual que con Villa de Pozos, la municipalización es viable y podría ser una solución directa para impulsar obras como puentes, vialidades y proyectos complementarios a la Vía Alterna
.Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, la propuesta requiere un análisis más profundo. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra, advierte que las necesidades de la Zona Industrial no se limitan a una sola demarcación, ya que el entorno opera de forma transversal y metropolitana. Argumenta que los problemas de movilidad, conectividad y servicios involucran a varios municipios, por lo que urge una estrategia integral, más allá de la creación de nuevos municipios.
Elizalde también subraya que el uso de los impuestos generados por la industria debe revisarse de manera coordinadaentre los tres niveles de gobierno, con una planeación de largo plazo. Añade que, más que delimitar soluciones a fronteras administrativas, se necesita una gestión estratégica que responda a la complejidad de la dinámica industrialen la región.
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