enero 9, 2026

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Creció la economía agraria, pero no los sueldos de campesinos en SLP

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campesinos en SLP

En un año, las actividades primarias aumentaron 15 por ciento, aunque los beneficios no llegan a los trabajadores del sector agrícola en el estado, quienes sufren de explotación laboral

Por: El Saxofón

Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal publicado por el Inegi, las actividades económicas primarias en San Luis Potosí, que incluyen la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportaron un crecimiento anual de 15.1% en el cuarto trimestre de 2018, debido, sobre todo, a la agricultura. Así, la entidad logró ubicarse en el tercer lugar a nivel nacional en incremento.

Lamentablemente, todo parece indicar que este crecimiento está fincado en la explotación laboral de jornaleros agrícolas. Mientras las cifras macroeconómicas reflejan resultados positivos y ganancias para los empresarios del sector, los trabajadores del campo siguen inmersos en un círculo de pobreza al que se incorporan una generación tras otra.

Además de los bajos salarios, los patrones no ofrecen seguridad social ni otra clase de prestaciones a los trabajadores del campo. Tal situación no hace sino acrecentar su nivel de pobreza y los vuelve vulnerables en materia de salud y seguridad social.

San Luis Potosí es una de las once entidades con mayor población ocupada en el sector rural, y más de la mitad de estos trabajadores, conocidos como jornaleros, viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a los titulares del Ejecutivo Local de las 32 entidades federativas, Sobre la situación de la población jornalera agrícola en México (Recomendación General 36 / 2019).

En el texto se señala que “De acuerdo con la información referida en el ‘Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas’, elaborado por la CNDH, se advierte que ‘respecto del total de personas ocupadas, la proporción de personas trabajadoras agrícolas a nivel nacional es de 10.7 por 9/116 ciento. Por entidad federativa, son once las que tienen mayor porcentaje respecto a la media nacional: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y Sinaloa”.

Para el caso de San Luis Potosí, la entidad ocupa el noveno lugar con mayor porcentaje de la población empleada como trabajador agrícola, respecto del total de la población ocupada, con 14.9 por ciento.

Del total de la población que labora en el sector agrícola en San Luis Potosí se calcula que el 47 por ciento viven en pobreza, mientras que alrededor de un 8 por ciento viven en condiciones de pobreza extrema.

Esta realidad contrasta con la imagen de progreso que plantea el agro potosino en los últimos años.

La CEDH resalta que “De manera particular, las principales carencias sociales en las entidades federativas identificadas con mayor pobreza se relacionan con el rezago educativo, la calidad y espacios en la vivienda, el acceso a los servicios básicos y, especialmente, a la seguridad social, en algunos casos superior a la media nacional. No debe pasar inadvertido que, según el Coneval, si las personas presentan más de tres carencias sociales y un ingreso total menor que la línea de bienestar mínimo, se encuentran en situación de pobreza extrema.

“Recientemente, el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, elaborado por el Coneval, señaló que en 2017 los trabajadores asalariados en el sector agropecuario equivalían a 8.5 por ciento (3 millones 15 mil 740 trabajadores) del total de asalariados”.

“En cuanto a sus percepciones, medidas en salarios mínimos, las tres cuartas partes de los trabajadores asalariados agropecuarios (74.6 por ciento) percibe hasta dos salarios mínimos y la mitad solo hasta un salario mínimo”.

“Las personas trabajadoras agrícolas asalariadas son aquellas que laboran en los campos de cultivo, huertos, invernaderos, unidades ganaderas e instalaciones de procesamiento básico para producir los alimentos y fibras del mundo”.

“Se consideran asalariadas porque no poseen, ni arriendan la tierra que trabajan, así como las herramientas y equipos que utilizan, lo cual, les diferencia de las personas agricultoras”.

“Los trabajadores agrícolas no constituyen un grupo homogéneo, ya que los términos y condiciones de empleo pueden tener una infinidad de variantes, creando distintas situaciones”.

Atento llamado al PRI

Del texto de la recomendación emitida por la CNDH, cabe resaltar que:

“En las zonas agrícolas con alta demanda de mano de obra, las personas jornaleras agrícolas se vinculan con los ‘enganchadores’ o ‘chanzoneteros’, estos pueden ser independientes o dependen de algún productor, pero generalmente pertenecen a alguna asociación campesina como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) o la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”.

Es importante mencionar que las tres asociaciones antes mencionadas CNC, CNOP y CTM forman parte de los llamados “Sectores y Organizaciones”, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo respaldo, por estatutos, requieren candidatos a cargos públicos o en la estructura interna de este partido.

Remuneración al trabajo

“Los sistemas de remuneración más frecuentes entre los medianos y grandes productores son por tarea, jornada o destajo. Los pequeños productores pagan por jornada, en especie o con participación del productor”.

Pago por tarea: el jornalero tiene la obligación de cumplir con una determinada labor, independientemente de la duración de la jornada.

Pago por jornada: se paga por día trabajado, independientemente de la carga de trabajo.

Pago a destajo: el jornalero está expuesto a jornadas que se extienden por más de las 8 horas legales.

“En las Recomendaciones en cita, se advierte que hay similitud en la condición de marginación y pobreza de este grupo poblacional; de los mecanismos de “enganche” y contratación; y, finalmente, de las acciones y omisiones en que incurren las autoridades municipales, estatales y federales para salvaguardar sus derechos”.

Recomendaciones

El Grupo de Trabajo formuló las siguientes recomendaciones al estado mexicano (entiéndase autoridades federales, estatales y municipales):

“Fortalezca la capacidad de los inspectores de trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas laborales, incluidas las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas;”

“Incentive a las empresas para que mejoren las salvaguardias en esferas tales como la salud de los trabajadores y la lucha contra el trabajo infantil, procurando al mismo tiempo que los sistemas de certificación para promover la ‘autogestión’ de las empresas no sustituyan a la supervisión gubernamental efectiva”.

Segam lanza ecoreto #yoleentroalcubetazo para el riego de árboles urbanos

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Seduvop espera retomar este mes la ampliación del Río Santiago

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Tanto esta obra como la rehabilitación del Parque de Morales se mantienen detenidas por un amparo promovido por la asociación Cambio de Ruta

Por: Redacción

Al ser cuestionada sobre las obras de ampliación del Río Santiago, Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), señaló que esperan poder retomar las obras en este mes de enero.

Los trabajos llevan casi un año detenidos, después de que en el mes de abril, una jueza federal autorizara un amparo promovido por la asociación civil Cambio de Ruta, argumentando una falta de cumplimiento en la normativa ambiental del proyecto, principalmente por la tala de árboles.

Vargas Tinajero aseguró que se mantienen en pláticas constantes con la constructora a cargo del proyecto para poder reanudarlo a la brevedad, después de que se quedara detenido en la parte del colector pluvial.

Otra de las obras que fue frenada fue la rehabilitación del Parque de Morales, la cual también se detuvo por un amparo promovido por Cambio de Ruta, bajo el argumento de que no se respetaron los derechos de participación ciudadana y el acceso a la información ambiental.

Al respecto, la titular de la Seduvop indicó que el amparo se mantiene vigente, y al establecer que no se puede tocar ninguna naturaleza del parque, están prácticamente frenados y a la espera de la resolución del juzgado.

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Competitividad salarial consolida a la Zona Industrial

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La Sedeco afirmó que la entidad ofrece sueldos atractivos tanto para personal operativo como para altos directivos

Por: Redacción

La Zona Industrial de San Luis Potosí se mantiene como una de las mejor remuneradas del país, lo que ha sido un factor clave para su crecimiento y consolidación, afirmó Jesús Salvador González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El funcionario destacó que el nivel salarial que se ofrece en el estado es altamente competitivo tanto para personal operativo como para puestos de directivos gracias a la calidad y capacitación de la mano de obra.

Detalló que en San Luis Potosí existe una amplía oferta de sueldos que van desde salarios atractivos para personal operativo

hasta percepciones elevadas para puestos de alta gerencia.

“Contamos con salarios muy competitivos, tanto para altos directivos como para el personal operativo, que es personal muy calificado”, puntualizó.

Finalmente, subrayó que estas condiciones salariales fortalecen la competitividad del estado y lo posicionan como nuevo destino para nuevas inversiones, además de impulsar el desarrollo económico y laboral de San Luis Potosí.

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Trump anuncia ataques terrestres contra cárteles en territorio mexicano

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El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica

Por: Roberto Mendoza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche durante una entrevista con la cadena Fox News su intención de iniciar operaciones militares por tierra contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.

En la conversación conducida por el periodista Sean Hannity, el mandatario sostuvo que su administración ha logrado neutralizar las rutas marítimas de tráfico de narcóticos, lo que motiva un cambio de estrategia operativa hacia la intervención terrestre. Esta declaración se produce tras una serie de operativos estadounidenses en la región del Caribe que culminaron en la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

El titular del ejecutivo estadounidense declaró textualmente: “Hemos erradicado el 97 por ciento de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra; en cuanto a los cárteles, los cárteles controlan México“. Trump fundamentó la necesidad de estas acciones en el volumen de fallecimientos registrados en su país, los cuales atribuyó directamente a la actividad de las organizaciones criminales mexicanas.

Según sus propias afirmaciones, estos grupos causan la muerte de entre “250 mil y 300 mil personas” cada año en Estados Unidos, declaraciones que el mandatario emitió sin proporcionar un fundamento estadístico o una base documental clara durante la transmisión.

La justificación oficial de la Casa Blanca para este posible despliegue se apoya en la clasificación de los grupos delictivos como amenazas críticas a la seguridad nacional y su designación bajo marcos legales de combate al terrorismo.

El contexto de esta postura incluye la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que la administración utiliza como referencia de su capacidad operativa para ejecutar acciones en el extranjero.

El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica, condicionado por la interpretación de la presidencia estadounidense sobre el control territorial de los cárteles y la urgencia de detener el flujo de fentanilo por canales terrestres mediante el uso de fuerza militar.

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