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Crece narcofosa en Moctezuma; siguen hallando huesos humanos calcinados
Por María José Puente Zavala
Aproximadamente doscientas familias están a la expectativa de los resultados que arroje la búsqueda y hallazgo de restos humanos calcinados en una enorme narcofosa ubicada en el Ejido de Matanzas, en Moctezuma, San Luis Potosí.
De ellos, unas veinte familias participan en las labores de cribado de la tierra obtenida por los peritos en aquellas superficies donde los restos humanos fueron, en ocasiones, enterrados profundo, otros a pocos centímetros y otros, incluso, han sido descubiertos sobre la tierra seca de El Salitral, un segundo cuadrante donde han sido encontrados pedazos de hueso humano calcinados.
Luz María Montes Mariano, titular de la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, refiere que, aunque la búsqueda comenzó de manera formal hace cinco meses, en junio pasado, hace aproximadamente un año que la dependencia tuvo conocimiento de la existencia de este espacio, pues está relacionado con uno de los casos de desaparición más relevantes de la última década en San Luis Potosí: “Los cuatro desaparecidos de Toranzo”.
El padre de Moisés Gámez, uno de los cuatro chicos, refirió en entrevista que una llamada del teléfono de su hijo “picó” ahí en Moctezuma; además, como maquinista de ferrocarril, relató a los investigadores que, al pasar por Matanzas, era común ver humaderas provenientes del enorme monte que arropa las vías del tren ahí en Moctezuma.
Tras una visita con fines de prospectiva, los primeros restos se localizaron a unos cuatro kilómetros al interior de los campos semidesérticos del lugar, por lo que se instaló un campamento que, en las primeras jornadas arrojó 13 puntos con fragmentos óseos calcinados.
El pasado 7 de noviembre, la Fiscalía confirmó mediante un comunicado de prensa que, al menos, se tiene conocimiento de que los fragmentos recuperados y ya estudiados podrían pertenecer a doce personas; sin embargo, un día más tarde fueron encontrados nuevos pedazos de hueso, esta vez más grandes, correspondientes a un cráneo y a las extremidades inferiores de una persona.
Otros estados buscan a sus desaparecidos en las narcofosas de SLP
Estos últimos hallazgos parecen anunciar que no está cerca el final de la labor de búsqueda en Matanzas, sino que, por el contrario, el cuadrante podría ir ampliándose, sin que hasta ahora se pueda proyectar cuánto; además, al darse a conocer la magnitud del caso, otros estados como Querétaro, Zacatecas y Tamaulipas han comunicado a la Fiscalía General del Estado, 
La titular de la Unidad de Búsqueda en San Luis Potosí relató que cada mes, durante una semana, se reactivan los trabajos que, para la semana de noviembre, ya sumaron cinco semanas levantando paletadas de tierra, cribando, procesando y buscando la forma de que, finalmente, se pueda conocer la identidad de quienes encontraron la muerte en Matanzas.
Montes Mariano también aseguró que la Fiscalía tiene el equipo para realizar los análisis de identificación correspondientes, pero reconoció que, por las condiciones en que se encuentran los fragmentos de hueso, las posibilidades de que logre obtenerse suficiente material genético para el cruce con las muestras de los familiares, son conservadoras.
Hasta el momento, el equipo ha logrado establecer que en el sitio se encuentran tanto hombres como mujeres, pues los artículos personales que se encontraron con los restos han aportado a la investigación; es decir, cosas como varillas de brassieres, pantalones y joyas.
También han podido ubicar la masacre en el tiempo, aunque de manera aproximada, pues se han encontrado, por ejemplo, botellas con fechas de caducidad entre los años 2010 y 2011.
Pese a esos indicios, las autoridades que encabezan las labores de búsqueda y procesamiento, reconocieron que podría ser necesario, y será solicitado llegado el momento, el apoyo de instituciones internacionales que pudieran aportar conocimiento o tecnología de avanzada para la identificación de los restos.
Mientras tanto, el equipo concluyó su jornada de noviembre en Matanzas, y el terreno quedará bajo el resguardo de la Policía Municipal hasta diciembre próximo, cuando nuevamente será coordinado el traslado de familias, activistas, peritos, antropólogos, y personal de la FGE hasta ese terreno en Moctezuma, donde los huesos quemados y el olor a diésel parecen brotar de la tierra seca del semidesierto potosino.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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