julio 23, 2026

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Crece narcofosa en Moctezuma; siguen hallando huesos humanos calcinados

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Por María José Puente Zavala

Aproximadamente doscientas familias están a la expectativa de los resultados que arroje la búsqueda y hallazgo de restos humanos calcinados en una enorme narcofosa ubicada en el Ejido de Matanzas, en Moctezuma, San Luis Potosí.

De ellos, unas veinte familias participan en las labores de cribado de la tierra obtenida por los peritos en aquellas superficies donde los restos humanos fueron, en ocasiones, enterrados profundo, otros a pocos centímetros y otros, incluso, han sido descubiertos sobre la tierra seca de El Salitral, un segundo cuadrante donde han sido encontrados pedazos de hueso humano calcinados.

Luz María Montes Mariano, titular de la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, refiere que, aunque la búsqueda comenzó de manera formal hace cinco meses, en junio pasado, hace aproximadamente un año que la dependencia tuvo conocimiento de la existencia de este espacio, pues está relacionado con uno de los casos de desaparición más relevantes de la última década en San Luis Potosí: “Los cuatro desaparecidos de Toranzo”.

El padre de Moisés Gámez, uno de los cuatro chicos, refirió en entrevista que una llamada del teléfono de su hijo “picó” ahí en Moctezuma; además, como maquinista de ferrocarril, relató a los investigadores que, al pasar por Matanzas, era común ver humaderas provenientes del enorme monte que arropa las vías del tren ahí en Moctezuma.

Tras una visita con fines de prospectiva, los primeros restos se localizaron a unos cuatro kilómetros al interior de los campos semidesérticos del lugar, por lo que se instaló un campamento que, en las primeras jornadas arrojó 13 puntos con fragmentos óseos calcinados.

El pasado 7 de noviembre, la Fiscalía confirmó mediante un comunicado de prensa que, al menos, se tiene conocimiento de que los fragmentos recuperados y ya estudiados podrían pertenecer a doce personas; sin embargo, un día más tarde fueron encontrados nuevos pedazos de hueso, esta vez más grandes, correspondientes a un cráneo y a las extremidades inferiores de una persona.

Otros estados buscan a sus desaparecidos en las narcofosas de SLP

Estos últimos hallazgos parecen anunciar que no está cerca el final de la labor de búsqueda en Matanzas, sino que, por el contrario, el cuadrante podría ir ampliándose, sin que hasta ahora se pueda proyectar cuánto; además, al darse a conocer la magnitud del caso, otros estados como Querétaro, Zacatecas y Tamaulipas han comunicado a la Fiscalía General del Estado,

su interés en conocer si, ciudadanos reportados como desaparecidos en esas latitudes, podrían encontrarse también en ese lugar.

La titular de la Unidad de Búsqueda en San Luis Potosí relató que cada mes, durante una semana, se reactivan los trabajos que, para la semana de noviembre, ya sumaron cinco semanas levantando paletadas de tierra, cribando, procesando y buscando la forma de que, finalmente, se pueda conocer la identidad de quienes encontraron la muerte en Matanzas.

Montes Mariano también aseguró que la Fiscalía tiene el equipo para realizar los análisis de identificación correspondientes, pero reconoció que, por las condiciones en que se encuentran los fragmentos de hueso, las posibilidades de que logre obtenerse suficiente material genético para el cruce con las muestras de los familiares, son conservadoras.

Hasta el momento, el equipo ha logrado establecer que en el sitio se encuentran tanto hombres como mujeres, pues los artículos personales que se encontraron con los restos han aportado a la investigación; es decir, cosas como varillas de brassieres, pantalones y joyas.

También han podido ubicar la masacre en el tiempo, aunque de manera aproximada, pues se han encontrado, por ejemplo, botellas con fechas de caducidad entre los años 2010 y 2011.

Pese a esos indicios, las autoridades que encabezan las labores de búsqueda y procesamiento, reconocieron que podría ser necesario, y será solicitado llegado el momento, el apoyo de instituciones internacionales que pudieran aportar conocimiento o tecnología de avanzada para la identificación de los restos.

Mientras tanto, el equipo concluyó su jornada de noviembre en Matanzas, y el terreno quedará bajo el resguardo de la Policía Municipal hasta diciembre próximo, cuando nuevamente será coordinado el traslado de familias, activistas, peritos, antropólogos, y personal de la FGE hasta ese terreno en Moctezuma, donde los huesos quemados y el olor a diésel parecen brotar de la tierra seca del semidesierto potosino.

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Galindo rechaza pipas como solución a fallas de El Realito

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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.

Por: Redacción

Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.

Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito

que carecen de aljibe y dependen por completo de la red para recibir el servicio.

El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.

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Segam va contra empresas que no acrediten el destino de sus residuos

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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam

Por: Redacción

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.

Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.

La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.

Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.

Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación

, aunque reconoció que no todos los ayuntamientos cumplen con esas condiciones.

La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.

En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.

La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Opinión

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