mayo 9, 2021

Conecta con nosotros

Columna de Victor Meade C.

Corte de caja | Columna por Víctor Meade .

Publicado hace

el

SIGAMOS DERECHO.

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano especializado de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de los recursos federales. Para garantizar su independencia, la Constitución dedica entero el artículo 79 a la ASF, donde le confiere autonomía técnica y de gestión, al tiempo que le atribuye facultades para revisar los ingresos, egresos y deudas del Gobierno Federal, estados, municipios, empresas de participación estatal o de cualquier operación que involucre dinero público. La forma en que opera la ASF es ex post: una vez que ha terminado el año fiscal, la Auditoría trabaja durante todo el año siguiente y entrega sus resultados, por ley, cada  día 20 de febrero. Por ejemplo, para el dinero gastado este año, la Auditoría estará fiscalizando en 2022 y presentando los resultados hasta febrero del 2023. En caso de encontrar irregularidades, la ASF puede proceder de tres maneras: dando aviso al SAT, promoviendo una sanción ante la Secretaría de la Función Pública, o bien, levantando una denuncia ante el Ministerio Público.

Como lo adelantaba el párrafo anterior, hace dos días fueron presentados los informes de la ASF con respecto al gasto ejercido en el 2019, el primer año de gobierno de López Obrador. Los informes han venido a confirmar lo que era intuido por todos: hay un desastre con las insignias de este gobierno. De Dos Bocas, posible daño al erario por más de 70 millones de pesos, sin estudios sobre los impactos ambientales y sin certeza de que vaya a ser rentable. De los programas de becas encontraron que hubo miles de beneficiarios con irregularidades: unos recibiendo varios apoyos a la vez, otros “trabajando” en empresas que no estaban registradas, incluso algunos fallecidos.

También, señalaron que la Secretaría del Trabajo no contaba con procedimientos específicos para verificar la documentación de los beneficiarios. De Santa Lucía, la ASF determinó que las estimaciones de rentabilidad fueron realizadas sin considerar aspectos clave de la operación del aeropuerto. Del Tren Maya, la auditoría advirtió que el costo del proyecto ha resultado mayor a lo proyectado, lo cual, de nuevo, pone en vilo su rentabilidad. Además, falta por aclarar el destino de más de 150 millones de pesos. Del NAIM estimaron que el costo de cancelación saldrá tres veces más caro de lo que había proyectado el gobierno federal. Serán 331 mil millones de pesos. En fin. La lista sigue y sigue.

En resumidas cuentas, hay irregularidades por más de 90 mmdp y, recordemos, esto es solo del gasto ejercido en el 2019. Ahora, para tener un mejor panorama de la problemática que tenemos ante nosotros, hagamos una simpática comparación: el saldo del primer año de Peña fue de 50 mmdp de irregularidades. Sin embargo, la cantidad fue creciendo desvergonzadamente; su peor año, 2015, fue de 165 mmdp. Fue, precisamente, a raíz de lo investigado por la ASF que grupos de periodistas pudieron destapar los escándalos de la Casa Blanca y de la Estafa Maestra.

Esta será la primera vez que el gobierno en turno se enfrente a los datos duros que revela la Auditoría. Por la manera en que el presidente se ha lanzado en contra del INAI y otros órganos, mi mejor predicción me dice que la ASF y sus hallazgos correrán la misma suerte: serán tildados como conservadores y lo escucharemos repetir su arrogante «no somos iguales». Estirando un poco más esta especulación mía, no me cuesta mucho trabajo pensar que quiera desmantelarlo y pasarle sus atribuciones a la inmaculada Secretaría de la Función Pública. Espero estar muy equivocado; precisamente lo que ha estado pidiendo la ASF es una reforma constitucional que les permita fiscalizar en tiempo real y, por ende, ser mucho más eficaces para prevenir actos de corrupción.

Hace un par de semanas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Anual de Auditorías para el gasto ejercido en 2020. Dentro de las más de 1,500 auditorías programadas, sobresalen aquellas relacionadas a las adquisiciones de equipo médico contra la pandemia, a los fideicomisos, al Tren Maya, a Pemex y la CFE. A nuestro estado, por su parte, le tocará una auditoría referente a la remodelación del Hospital Central.

Dentro de un año conoceremos los daños que le dejó el agitado 2020 a las arcas públicas. ¿Cómo cree usted que vayan a salir los resultados?

También te puede interesar: Posverdad | Columna de Víctor Meade C.

#4 Tiempos

Distorsiones al orden jurídico | Columna de Víctor Meade C.

Publicado hace

el

SIGAMOS DERECHO.

 

Hacia finales de la década de los 80, Argentina se sumía en una severa crisis económica: el dólar duplicaba su precio en cuestión de semanas, el alza de las tasas inflacionarias no daba tregua y más y más personas caían en pobreza. El entonces presidente Raúl Alfonsín decidió abandonar su cargo anticipadamente y entregarle las riendas del país sin mayor trámite al presidente electo Carlos Menem. El Partido Justicialista —que llevó a Menem a la silla presidencial— contaba con mayoría absoluta en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados estaban muy cerca de ocupar la mitad de los curules. Con las condiciones de severa crisis económica y gran influencia en el Legislativo, Menem rápidamente envío al Congreso las iniciativas que formaban parte del paquete legislativo de reactivación económica.

Con la excusa de la emergencia, Carlos Menem argumentó que llevar a cabo todo el proceso legislativo para aprobar una ley era extremadamente lento. Aquí comenzaron las distorsiones al orden jurídico. El presidente Menem echó mano de su facultad ejecutiva de emitir decretos que saltaran a todo el proceso legislativo para poder dar el empujón de arranque a su proyecto nacional. Su ministro de Economía le hizo un llamado público para que detuviera estos arranques de unilateralismo y ejercicio excesivo de poder, a lo que Menem respondió con mesura pero muy a su manera. Comenzó, entonces, a enviar iniciativas preferentes al Congreso pero acompañadas de un atento mensaje para los legisladores: si la iniciativa era modificada, Menem la vetaría; si la iniciativa no era discutida, entonces la decretaría. En solo cuatro años, Carlos Menem vetó de manera total 37 proyectos de ley y 41 de manera parcial.

Con el Poder Legislativo en su mano, las distorsiones al orden jurídico y constitucional se siguieron agravando y, entonces, el foco de atención pasó a ser el Poder Judicial. Carlos Menem envió una iniciativa de reforma al Senado para modificar la estructura de la Corte Suprema: aumentar de cinco a nueve el número de ministros. Ante el acoso y presiones institucionales, la iniciativa fue aprobada y dos de los ministros renunciaron, por lo que Menem tuvo la oportunidad de designar a seis de nueve ministros en un solo año. Ya entrado en gastos, Menem también destituyó al procurador General e impuso al suyo, pero esta vez incluso sin acuerdo del Senado. Menem consolidó un gobierno a base de decretazos y logró echarse a la bolsa a cualquier contrapeso.

Gobernó por 10 años: terminó con la hiperinflación y mejoró la calidad de los servicios públicos, por ejemplo. Pero también se duplicó el desempleo; la deuda externa casi se triplicó; creció la desigualdad; y, según el Foro Económico Mundial, Argentina se volvió el quinto país más corrupto del mundo.

Esta breve historia del caso argentino con Menem es solo una de tantas que han vivido/sufrido los países latinoamericanos con presidentes que pretenden presentarse a sí mismos como los portadores únicos del remedio para todos los males, y que logran articular un discurso masivamente convincente y basado en alguna emergencia o imperante necesidad de transformar algo.

Con esas características —genéricas y aparentemente sencillas de reunir— el 1 de junio de 2019 Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador después de haber ganado la elección con más del 50 por ciento de los votos. Desde entonces, las distorsiones al orden jurídico no han parado: gobierna y manda órdenes oficiales desde Twitter; ha impulsado políticas de cero tolerancia a la delincuencia, lo cual es bien sabido que se traduce en detenciones arbitrarias y terribles viol   aciones a derechos humanos; mantiene condiciones aberrantes en las cárceles; y todo esto le ha sido permitido con unos niveles de aprobación altísimos.

El quiebre definitorio al orden jurídico y constitucional de El Salvador se dio, me parece, el 9 de febrero del año pasado. Días antes, mientras la Asamblea Nacional no se encontraba en periodo de sesiones, Bukele convocó a una sesión extraordinaria para la aprobación de un préstamo de más de 100 millones de dólares destinados a la compra de equipo para la policía y fuerzas armadas. Ante la negativa —constitucionalmente fundada— de los legisladores a reunirse en la sesión extraordinaria, Bukele entró acompañado del ejército a la Asamblea el 9 de febrero y se sentó en la silla del presidente del Congreso. La Corte Suprema, ejerciendo las facultades que le competen, se pronunció al día siguiente y ordenó lo evidente: que se dejara sin efectos cualquier convocatoria extraordinaria sin fundamentos constitucionales y que se abstuviera de usar a las Fuerzas Armadas en tareas contrarias a las que establece la Constitución.

Desde entonces, el asedio a las y los integrantes de la Corte Suprema de El Salvador no han parado. Para beneplácito de Bukele, su partido Nuevas Ideas ganó 56 de los 84 curules de la Asamblea Legislativa, que se renovó en su totalidad con las elecciones celebradas este año. El periodo de sesiones inició apenas el sábado 1 de mayo y, sin perder tiempo, aprobaron en minutos la destitución de las y los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Ya entrados en gastos, también destituyeron al fiscal General. Para esa misma noche, los puestos ya habían sido designados a la gente cercana de Bukele. No hay contrapesos ya. La Constitución y el resto del orden jurídico no son más que letra muerta.

Partiendo de la premisa de que las comparaciones son siempre injustas, no pretendo hacer el simplista señalamiento de que nuestro país está encaminado a lo mismo. Será usted quien juzgue las similitudes o diferencias que guarda nuestro contexto nacional con los dos casos que aquí le he platicado.

Pero lo que no podemos dejar de ver es que este gobierno —y hay que decirlo con toda claridad— es aberrante en términos jurídicos. Las pequeñas distorsiones al orden jurídico y constitucional no son cosa menor, pues poco a poco degeneran en algo incontenible y que escapa del control institucional. Las mayorías complacientes —y facciones de la incipiente oposición— en el Legislativo han estado aprobando en fast track absurdos durante todo el periodo de sesiones (que, por ahora, afortunadamente terminó), pero no han podido cumplir con el mandato de la Corte de regular el uso de marihuana. Desde la tribuna matutina, escuchamos todos los días al presidente cargarse en contra de periodistas, militarizar hasta la sopa y desaparecer de un decretazo presupuestos, fideicomisos e instituciones completas sin prueba alguna de la corrupción que tanto alega. Desprecia abiertamente a los organismos constitucionales autónomos, el trabajo de las y los ministros de la Suprema Corte y utiliza instrumentos estatales para investigar a los jueces que realizan su trabajo. Los impresentables de su partido, entre tanto, ya no tienen recato alguno en llamar directamente a la confrontación con la autoridad electoral. Para nadie parece haber consecuencias.

Hay que reconocer cuantos logros legítimos y buenas políticas haya, pero ello no es aliciente para hacerse de la vista gorda ante lo demás. Las distorsiones al orden jurídico comienzan imperceptibles o con conductas que vamos dejando pasar una a una. Esto sin alcanzar a ver que pronto se sale de las manos, y que es la nación —no el gobierno— quien termina pagando los platos rotos.

También lee: Riesgo moral | Columna de Víctor Meade C.

Continuar leyendo

#4 Tiempos

Riesgo moral | Columna de Víctor Meade C.

Publicado hace

el

SIGAMOS DERECHO.

 

Hace más o menos veinte años, ciudades de Inglaterra buscaban maneras de incentivar el uso de los cinturones de seguridad. En todos los diseños de políticas públicas que buscan obtener cierto resultado por parte de las personas, los gobiernos se ven en la disyuntiva de decidir qué incentivos y en qué medida los implementarán. Estos incentivos pueden ser positivos o negativos, siendo los positivos un premio y los negativos un castigo: en términos sencillos, se trata de decidir entre el palo o la zanahoria.

En aquel diseño de política pública, los ingleses decidieron que sería más conveniente probar con la zanahoria y apartarse un poco de la clásica multa a las y los conductores que no utilizan el cinturón de seguridad. Así pues, la política que se implementó fue un sistema de premios, consistente en que se detendrían al azar a los vehículos cuyos pasajeros estuvieran portando el cinturón correctamente y darles un cupón intercambiable por una hamburguesa. En principio, esta política pública sonaba muy bien.

El gran problema que no previeron las personas encargadas del diseño de esta política pública es el interesante fenómeno que la academia llama «riesgo moral». El riesgo moral refiere a las acciones —normalmente oportunistas— consistentes en aprovecharse de un beneficio a costas de que la otra persona no esté informada de esta conducta. El ejemplo más ilustrativo de ello es el de los seguros: cuando alguien contrata un seguro, lo más probable es que esta persona tienda a tomar más riesgos y sea más descuidada, pues sabe que la aseguradora no puede vigilar su comportamiento. La regla, entonces, es así: a todo incentivo positivo le acompañan —en mayor o menor medida— problemas de riesgo moral.

De este modo, el riesgo moral que acompañó a la política pública del cinturón de seguridad y las hamburguesas consistió en que, entonces, muchísima gente salió a dar paseos en su automóvil esperando que les dieran el premio, lo que ocasionó un aumento dramático en el número de accidentes viales por el cuantioso número de vehículos en las calles. Esta política terminó siendo retirada. Si entonces los incentivos no parecen ser lo más conveniente, ¿qué hacer?

En un escenario contrario, imaginemos un gobierno que quiere reducir el número de personas que se ahogan en un lago. Sabemos que si la política consiste en una recompensa para quien rescate a alguien que se está ahogando, misteriosamente habrá un aumento en el número de personas que se caen al lago para que después alguien pueda cobrar el premio. Por tanto, la alternativa contraria es imponer una multa a la persona que no ayude a quienes se están ahogando, lo cual va a tener el adverso resultado de que ya nadie quiera caminar cerca del lago. A este fenómeno se le llama «efecto disuasor», que puede llegar a incidir directamente en la esfera de libertades de las personas. La disyuntiva entonces se trata de decidir, al momento del diseño de las políticas públicas, en qué medida darán incentivos y qué tan justificados están los castigos, en ambos siendo igual de importante su adecuada vigilancia.

Tras esta breve historia del caso inglés, vale la pena comentar una de las emblemáticas políticas de este gobierno: el programa Sembrando Vidas, que consiste en dar apoyos de 5 mil pesos mensuales a personas en comunidades marginadas y con predios de 2.5 hectáreas donde planten distintas variedades de árboles frutales y maderables.

En términos generales, hay que conceder que el programa no ha sido desastroso en su operación, al menos porque aún no se ven los efectos a largo plazo. Por ejemplo, ha tenido avances positivos con respecto a programas similares de pasadas administraciones, en el sentido de que ahora se hacen las transferencias económicas directamente a los beneficiarios y los recursos no pasan por tantos intermediarios. También, en casos notables, se ha propiciado la colaboración en la comunidad por rejuvenecer predios que no estaban en uso. De nuevo, en términos generales y a primera vista, el programa no suena tan mal.

Sin embargo, a más de dos años del inicio de operaciones del programa, se han documentado cientos y cientos de casos donde las personas talan y deforestan predios para hacerse beneficiarias del apoyo económico. Ante el contexto de la crisis económica que vino a agravar aún más las condiciones de las comunidades más marginadas del país, muchas personas se han visto en la disyuntiva de conservar los árboles de su predio o de talarlos para poder recibir el apoyo. Y es precisamente este, considero, uno de los mayores problemas de la política: la conservación de los árboles no es realmente el centro del programa, sino alcanzar cifras objetivo de árboles plantados —lo cual tampoco está sucediendo satisfactoriamente—. En el 2019, la meta era plantar casi 600 millones de árboles y solo se alcanzaron a plantar 80 millones, de los cuales han sobrevivido poco menos de la mitad.

Asimismo, el programa tampoco se ha ocupado de garantizar el estatus legal de los predios para que estos puedan servir a este propósito por al menos un par de décadas. De no ser así, de nada habrán servido los esfuerzos. Los participantes solo se comprometen con cartas y no con contratos, a la vez que las áreas maderables no han sido registradas formalmente. El programa carece de sistemas de información sólidos que ayuden a transparentar las compras —que en su mayoría han sido por adjudicación directa—, la información de los beneficiarios o la labor de asignación de insumos, por nombrar algunos ejemplos. Hablando de transparencia y claridad en la operación, también hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación encontró que el programa tiene casi dos mil millones de pesos sin aclarar, según la revisión a la cuenta pública del 2019.

Mientras no se garantice el blindaje a los predios y la continuidad del programa a largo plazo, así como el desarrollo fundado de planes de mercado para los frutos de esos árboles, Sembrando Vidas terminará andando por la calle de los lamentos. Aún que nada de esto se ha hecho, López Obrador tiene el atrevimiento de decir que “es el esfuerzo de reforestación más grande del mundo”. Valdría la pena voltear a ver lo que están haciendo en China o en Corea del Sur, cuyos programas de reforestación han andado desde hace varias décadas; del número de árboles plantados, ni hablar.

Además, tiene el segundo atrevimiento de invitar a Biden a replicar este modelo en Estados Unidos para que le puedan ofrecer la ciudadanía a migrantes mexicanos. La invitación fue rechazada casi inmediatamente por Estados Unidos, pues allá están tratando por separado la problemática migratoria y la ambiental. México, por su parte, tiene un desastre migratorio en la frontera sur; en cuestión ambiental, se perdieron más de 70 mil hectáreas de bosque en el 2019 y, lo evidente, se está construyendo una refinería en pleno siglo XXI —con la terrible deforestación que ha implicado— , se está construyendo un tren —de diesel— en medio de la selva y se le cierra el paso abruptamente a las energías limpias.

La manera de legislar y de diseñar políticas públicas es abiertamente deficiente. Mucho o poco se puede decir de las intenciones; de la ejecución, los resultados hablan por sí mismos. No hay planes sostenibles a largo plazo ni tampoco visión integral. Vaya, ni se pensó correctamente en los alcances del palo o la zanahoria.

También lee: Fraude a la Constitución | Columna de Víctor Meade C.

Continuar leyendo

#4 Tiempos

Fraude a la Constitución | Columna de Víctor Meade C.

Publicado hace

el

SIGAMOS DERECHO.

El 11 de marzo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contempla las reformas constitucionales y nuevas disposiciones que dan configuran a la llamada Reforma Judicial, diseñada e impulsada por Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como ya lo había comentado en este espacio, la reforma de Zaldívar contempla modificaciones a siete artículos de la Constitución y a diversos códigos y leyes secundarias, y también la promulgación de dos leyes: la Ley de Carrera Judicial y una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).

Por ello, el pasado jueves se votaba la nueva LOPJF en el Senado. La discusión transcurría de manera habitual; tras un poco más de cuatro horas de debate, el presidente de la mesa directiva consideró que ya había sido lo suficientemente discutida tanto en lo particular como en lo general, por lo que se procedió a su votación y eventual aprobación con 106 votos a favor y 8 en contra. Posterior a su aprobación, restaba solo discutir y votar los artículos transitorios, que se tratan normalmente de formalidades que dan cuenta, por ejemplo, de la vigencia de la ley o de especificidades en su aplicación.

Justo antes de votarlos, la mesa directiva recibió de Raúl Bolaños, senador del Partido Verde, una propuesta para un nuevo transitorio que no estaba contemplado en el proyecto original.
Se le dio lectura y el presidente de la mesa directiva apresuró a su votación, por lo que el paquete de 13 transitorios fue aprobado con 80 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Minutos después, comenzaron los reclamos.

El transitorio en cuestión contempla la extensión del mandato tanto del presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —recordemos que quien sea presidente de la Corte también lo será del CJF, según el artículo 100 constitucional— como de las y los consejeros que integran el pleno del CJF. Lo anterior, con el supuesto fin de que se pueda implementar de mejor manera la Reforma Judicial. Esto quiere decir que Arturo Zaldívar, redactor de la reforma, duraría hasta el 2024 en sus encargos, aunque su periodo como ministro concluye en diciembre de 2022.

El motivo por el que se desató la gran polémica es muy sencillo: el artículo 97 de la Constitución en su párrafo quinto dice de manera muy clara que “[c]ada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.” Esto quiere decir que, a menos de que se reforme este párrafo, los presidentes de la Corte —y, en consecuencia, del CJF— pueden durar solamente cuatro años en su encargo. No más, no menos.

La controversia, entonces, se reduce a una cuestión de jerarquías y se resuelve sin mayor problema estrictamente hablando, pues la Constitución es la ley suprema de este país; nada por encima de ella. Sin embargo, antes de que ello suceda, hay una serie de implicaciones que vale la pena mencionar.

Lo primero es lo referente a las y los senadores liados en la aprobación de ese transitorio. Hay que comenzar con el Partido Verde, que, una vez más, ha prestado sus servicios para el trabajo sucio que no quieren hacer sus partidos nodriza —antes el PRI, ahora Morena—. También, ineludiblemente hay que fincar las responsabilidades correspondientes a quienes votaron en favor de este fraude. Considerando que cualquier persona que tenga conocimientos jurídicos básicos puede entender por qué se debió de haber desechado inmediatamente este transitorio, escapan completamente de la razón los motivos que bastaron para votar en favor de una cosa de estas. O no leyeron lo que estaban votando; o votaron bajo consigna; o no cuentan con los conocimientos jurídicos mínimos para lo que están haciendo.

Para despejar mis dudas, escribí un correo electrónico al senador Primo Dothé (de Morena) y a la senadora Graciela Gaitán (del Verde, suplente de Leonor Noyola) y les solicité que me hicieran saber cuáles fueron los argumentos que les bastaron para votar a favor. Hasta el momento de escribir estas líneas, no he recibido contestación alguna, aunque claramente el silencio también es respuesta —y una más que reveladora—. Si bien seguiré atento a su respuesta (y que compartiré en este espacio si es que la recibo), lo digo con mucha claridad: vergonzoso desempeño de su parte. Por el contrario, extiendo mi reconocimiento al senador Francisco Javier Salazar (del PAN, suplente de Marco Gama) que votó a conciencia y en contra de tal aberración. En fin.

Lo segundo que hay que mencionar es que ahora esto se definirá en la Cámara de Diputados. El presidente López Obrador ya respaldó este transitorio en la conferencia matutina y, ante ello, es de esperarse que no quepa la razón en las y los diputados del oficialismo, que seguramente terminarán dándole el visto bueno al transitorio décimo tercero de la LOPJF. Siempre, y ahora más que nunca, pongámosle el ojo a las y los diputados federales que representan a nuestro estado.

Lo tercero es que, en el supuesto de que en la Cámara de Diputados todo ocurra como desgraciadamente esperamos, es más que sencillo prever que este asunto será aprobado y que eventualmente llegará a la Corte vía acción de inconstitucionalidad. En ese escenario, Zaldívar deberá de excusarse y abstenerse de conocer, discutir y votar sobre este asunto, dado el notorio conflicto de interés. No obstante, podemos inferir que el ministro Zaldívar nunca aprobaría una cuestión así, ¿verdad? El ministro presidente ya ha expresado en el pasado su postura frente a quienes han tratado de configurar un fraude a la Constitución, como lo hizo en el caso de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California. Sobre ese tema, Zaldívar fue categórico en su intervención en la Corte e incluso escribió una columna de ello en Milenio, de la cual tomo prestado la segunda parte de su título (‘Ley Bonilla’: fraude a la Constitución).

Permitirle la vida al transitorio décimo tercero de la LOPJF significaría sucumbir ante una jugarreta política de la mayoría oficialista y del poco cuidado con el que legisla la oposición. Si este transitorio no se elimina por unanimidad en la Corte, significaría también permitir que hay ministros o ministras que no han terminado de entender cuál es su trabajo en el máximo tribunal del país. Fuera de los argumentos jurídicos o políticos que giran en torno a esta problemática, permitir que Zaldívar permanezca en su encargo por más tiempo del que le corresponde, o que él no se deslinde categóricamente de ello, significaría enviar un mensaje de desprecio a el o la próxima ministra presidente de la Corte. Flaco favor le están queriendo hacer a Zaldívar, pues solo han logrado ponerlo en una posición terriblemente incómoda. Entre tanto, reitero, no perdamos de vista a nuestros representantes ante el Congreso de la Unión. Escribámosles y exijamos rendición de cuentas; lo votado en el Senado es solo un recordatorio más de que la política es una tarea tan importante que no podemos solo dejarla en manos de los políticos.

Lee también: Con botas de siete leguas | Columna de Víctor Meade C.

Continuar leyendo

Opinión