agosto 1, 2021

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Columna de Victor Meade C.

Corte de caja | Columna por Víctor Meade .

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano especializado de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de los recursos federales. Para garantizar su independencia, la Constitución dedica entero el artículo 79 a la ASF, donde le confiere autonomía técnica y de gestión, al tiempo que le atribuye facultades para revisar los ingresos, egresos y deudas del Gobierno Federal, estados, municipios, empresas de participación estatal o de cualquier operación que involucre dinero público. La forma en que opera la ASF es ex post: una vez que ha terminado el año fiscal, la Auditoría trabaja durante todo el año siguiente y entrega sus resultados, por ley, cada  día 20 de febrero. Por ejemplo, para el dinero gastado este año, la Auditoría estará fiscalizando en 2022 y presentando los resultados hasta febrero del 2023. En caso de encontrar irregularidades, la ASF puede proceder de tres maneras: dando aviso al SAT, promoviendo una sanción ante la Secretaría de la Función Pública, o bien, levantando una denuncia ante el Ministerio Público.

Como lo adelantaba el párrafo anterior, hace dos días fueron presentados los informes de la ASF con respecto al gasto ejercido en el 2019, el primer año de gobierno de López Obrador. Los informes han venido a confirmar lo que era intuido por todos: hay un desastre con las insignias de este gobierno. De Dos Bocas, posible daño al erario por más de 70 millones de pesos, sin estudios sobre los impactos ambientales y sin certeza de que vaya a ser rentable. De los programas de becas encontraron que hubo miles de beneficiarios con irregularidades: unos recibiendo varios apoyos a la vez, otros “trabajando” en empresas que no estaban registradas, incluso algunos fallecidos.

También, señalaron que la Secretaría del Trabajo no contaba con procedimientos específicos para verificar la documentación de los beneficiarios. De Santa Lucía, la ASF determinó que las estimaciones de rentabilidad fueron realizadas sin considerar aspectos clave de la operación del aeropuerto. Del Tren Maya, la auditoría advirtió que el costo del proyecto ha resultado mayor a lo proyectado, lo cual, de nuevo, pone en vilo su rentabilidad. Además, falta por aclarar el destino de más de 150 millones de pesos. Del NAIM estimaron que el costo de cancelación saldrá tres veces más caro de lo que había proyectado el gobierno federal. Serán 331 mil millones de pesos. En fin. La lista sigue y sigue.

En resumidas cuentas, hay irregularidades por más de 90 mmdp y, recordemos, esto es solo del gasto ejercido en el 2019. Ahora, para tener un mejor panorama de la problemática que tenemos ante nosotros, hagamos una simpática comparación: el saldo del primer año de Peña fue de 50 mmdp de irregularidades. Sin embargo, la cantidad fue creciendo desvergonzadamente; su peor año, 2015, fue de 165 mmdp. Fue, precisamente, a raíz de lo investigado por la ASF que grupos de periodistas pudieron destapar los escándalos de la Casa Blanca y de la Estafa Maestra.

Esta será la primera vez que el gobierno en turno se enfrente a los datos duros que revela la Auditoría. Por la manera en que el presidente se ha lanzado en contra del INAI y otros órganos, mi mejor predicción me dice que la ASF y sus hallazgos correrán la misma suerte: serán tildados como conservadores y lo escucharemos repetir su arrogante «no somos iguales». Estirando un poco más esta especulación mía, no me cuesta mucho trabajo pensar que quiera desmantelarlo y pasarle sus atribuciones a la inmaculada Secretaría de la Función Pública. Espero estar muy equivocado; precisamente lo que ha estado pidiendo la ASF es una reforma constitucional que les permita fiscalizar en tiempo real y, por ende, ser mucho más eficaces para prevenir actos de corrupción.

Hace un par de semanas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Anual de Auditorías para el gasto ejercido en 2020. Dentro de las más de 1,500 auditorías programadas, sobresalen aquellas relacionadas a las adquisiciones de equipo médico contra la pandemia, a los fideicomisos, al Tren Maya, a Pemex y la CFE. A nuestro estado, por su parte, le tocará una auditoría referente a la remodelación del Hospital Central.

Dentro de un año conoceremos los daños que le dejó el agitado 2020 a las arcas públicas. ¿Cómo cree usted que vayan a salir los resultados?

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#4 Tiempos

Pegasus vs. PANAUT | Columna de Víctor Meade C.

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En días recientes, distintos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil revelaron más información sobre uno de los tantos grandes escándalos de la administración de Enrique Peña Nieto. Se trata del tema de Pegasus —fabricado por NSO Group— y la red de espionaje montada por el gobierno federal, mediante la cual intervinieron las comunicaciones privadas de decenas de periodistas, activistas y políticos, tanto opositores como aliados.

La manera en que operaba Pegasus —porque ya no opera, ¿verdad?— era a través de un mensaje (SMS) llamativo y con un enlace a un sitio web falso. Dicho SMS estaba diseñado para que el destinatario se viera incitado a dar click en él y, una vez abierto el enlace, el teléfono móvil queda inmediatamente infectado por Pegasus. Así, el emisor del mensaje obtiene acceso a la cámara y micrófono del dispositivo móvil, como también a los mensajes enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea, contraseñas, historial de navegación y ubicación en tiempo real, entre otras cosas.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó la semana pasada que los primeros contratos de Pegasus alcanzan incluso al sexenio de Felipe Calderón, donde presuntamente pagaron cerca de 80 millones de dólares entre 2011 y 2012. Fue entonces con Peña Nieto en la presidencia que los contratos para la adquisición de Pegasus, firmados en 2014 por el exprocurador Jesús Murillo Karam, se volvieron mucho más significativos. Hasta ahora, existe evidencia de que la antigua PGR, la SEGOB, el CISEN, la SEDENA, la SEMAR, la SSP y hasta PEMEX firmaron contratos para adquirir este software de espionaje.

Sin embargo, distintas organizaciones como WikiLeaks o CitizenLab han documentado que en México no solo operaba Pegasus a través del gobierno federal, sino que los gobiernos de 14 estados del país también adquirieron programas de espionaje a distintos proveedores. En su mayoría, estas entidades justificaron la compra bajo el argumento de que su uso sería exclusivamente para tareas de seguridad pública; el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la facultad de las fiscalías de poseer y utilizar equipos de intervención de comunicaciones privadas, no sin que antes lo autorice un juez.  

No es necesario que profundice en mencionar cuál fue el verdadero uso que se le dio a Pegasus y similares; es muy claro cuál fue su fin y su tratamiento. Sin embargo, vale la pena apuntar que el uso ilícito de estas herramientas de espionaje es violatorio, entre otros, del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, del derecho a la privacidad, del derecho a la protección de nuestros datos personales y del derecho a la autodeterminación informativa.

Para este punto —y como el título de este texto lo advierte— las similitudes que guarda el escándalo de Pegasus con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), impulsado y mayoriteado en las cámaras por Morena, son inquietantes. Primero, y más evidente, es el sistema de vigilancia masiva que ambos instrumentos configuran. Segundo, en que la justificación principal de ambos, según la versión oficial, es el combate a la delincuencia. Tercero, en que el uso de ambos instrumentos afecta de manera muy similar la esfera jurídica de las personas perjudicadas.

Recordemos que la creación del PANAUT implica obligar a todos los usuarios de telefonía móvil del país a proporcionar a su compañía telefónica sus datos biométricos (huellas digitales, iris u otros), nacionalidad, domicilio y el esquema de contratación de la línea (prepago o pospago). Si usted decide no entregar estos datos a la compañía telefónica, sencillamente se le cancelará la línea, o bien, quedará sin la posibilidad de acceder al servicio.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé que las compañías de teléfono deberán colaborar con las instancias de seguridad para, de ser necesario, entregar el nombre y domicilio del usuario; el tipo de comunicación (llamada, buzón de voz, conferencia, mensajes, multimedia, etc.); origen y destino; fecha, hora y duración; modalidad del servicio (prepago o pospago); y localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación. También, las compañías están obligadas a guardar esta información hasta por un plazo de 24 meses y, claro, a colaborar con inmediatez cuando se requiera compartir la localización de un equipo móvil, todo esto sin la orden de un juez. Nada más y nada menos.

Por si aún no siente desconfianza de que las instancias de seguridad tengan acceso a todos esos datos, o si considera que esa información por sí misma no es dramáticamente reveladora de nuestra privacidad, observe lo que esa información estudiada en su conjunto puede decir de alguien. Recientemente, la Universidad de Stanford condujo un estudio (https://bit.ly/2US0mPD) en donde analizaron, precisamente, todo lo que se puede inferir sobre una persona a partir de este tipo de datos.

Por ejemplo, encontraron que el “Participante B” llamó a varios cardiólogos de distintos hospitales reconocidos, habló con algunos laboratorios y farmacias, y se comunicó con un número de servicios de emergencias para pacientes que utilizan monitores cardiacos. También, encontraron que el “Participante C” llamó a varias tiendas especializadas en la venta de rifles semiautomáticos, y que tiempo después se comunicó con el servicio al cliente de un fabricante de este tipo de armas. Esta información fue luego corroborada con datos públicos —Facebook, por ejemplo— y confirmaron el padecimiento cardiaco de B y la posesión de un arma de fuego de C.

Durante su discusión en el Congreso de la Unión, legisladores y legisladoras oficialistas afirmaron que la justificación del PANAUT reside en la necesidad de brindar mayores herramientas a las instancias de seguridad pública en la lucha contra la delincuencia. Sin profundizar en cómo lograrían lo anterior, el Padrón fue aprobado y, así, lograron configurar un esquema de vigilancia que, más allá de decenas de periodistas, activistas y políticos, alcanzará a los más de 85 millones de usuarios de telefonía móvil del país.

Casi idénticos a los derechos violados por el uso de Pegasus, el PANAUT es violatorio de nuestro derecho a la protección de datos personales, del acceso a las telecomunicaciones, del derecho a la privacidad, del derecho a la autodeterminación informativa, entre otros. Como muchos de los proyectos de esta administración, la constitucionalidad del PANAUT ha sido ampliamente impugnada y está pendiente de ser resuelta por la Suprema Corte.

El Gobierno Federal debe asegurar que toda la información relativa a Pegasus sea pública y esté transparentada, además de que debe demostrar con pruebas que ese instrumento ya no se utiliza; no basta el mero dicho del presidente. Esperemos que las investigaciones conducidas por la Fiscalía y la UIF sí lleguen a buen puerto y concluyan con imputaciones serias a todos los responsables, que deben pagar por este tipo de acciones que no tienen cabida dentro de un Estado democrático. Aunque seguramente le estarán sacando provecho político a estas novedades de Pegasus en el marco de la consulta popular (que, hay que reiterarlo, no es para enjuiciar expresidentes), lo mejor será que este terrible escándalo de espionaje nos sirva para recordar que el Estado mexicano debe proteger nuestra privacidad y nuestros datos, no usarlos bajo esquemas opacos y discrecionales de vigilancia masiva e injustificada.

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#4 Tiempos

Allende | Columna de Víctor Meade C.

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Allende es una ciudad pequeña perteneciente al estado de Coahuila. Está localizada en la región de “los 5 manantiales”, colinda al norte con Piedras Negras y se encuentra a unos 55 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Según el censo de este año, Allende tiene una población de un poco más de 20 mil habitantes. Han sido gobernados por el PRI desde 1939, salvo en un par de ocasiones que hubo alternancia con el PAN.

Allende es, también, uno de los lugares en donde se desenvolvió una masacre llevada a cabo por los Zetas en 2011, durante los tiempos más álgidos de la guerra contra el narco impulsada por Calderón. Fue una masacre que cobró cientos de vidas, aunque realmente no se conoce el número exacto. Los responsables materiales también destruyeron decenas de casas y saquearon otro tanto. El motivo, según han explicado las obras de periodismo de investigación que han recabado testimonios sobre el tema, se debió a que la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal filtró información a los Zetas. Acto seguido, este grupo criminal armó a los internos del penal de Piedras Negras —que funcionaba como su principal base de operaciones— y los sacó en decenas de camionetas para perpetrar estos terribles hechos.

Por si lo anterior no fuere lo suficientemente indignante, otra de las trágicas particularidades que tuvo esta masacre fue el silencio ensordecedor en torno al tema; nadie habló de estos hechos en años. Fue hasta que se comenzaron a publicar investigaciones periodísticas sobre la masacre que hubo unas cuantas personas que se enteraron de estos sucesos, sin embargo, el peor de los silencios vino por parte del Estado mexicano.

Ahora, esta historia adquirió gran notoriedad por la serie Somos, producida y estrenada por Netflix a finales de junio. En seis capítulos, Somos intenta contar historias de la vida cotidiana de las y los pobladores de Allende y desarrollarles a ellos, sus pobladores, como los personajes principales de la serie. No hay nadie que destaque en particular, el personaje principal es el pueblo de Allende. Sus escritores partieron de la premisa de contar una historia que no glorificara a los narcotraficantes —como se ha hecho costumbre en las series de este tipo—, sino que les muestra con la brutalidad y crueldad que les es propia. Si bien es cierto que la serie incurre en varias imprecisiones (Jacobo Dayán, docente e investigador experto en Derechos Humanos, las explica de manera muy clara y sucinta en: https://www.animalpolitico.com/nunca-mas/somos-varias-precisiones-serie-netflix/), una de las cosas que Somos hace muy bien es darle atención a un asunto que era del conocimiento de muy pocos. La serie llega a la discusión en un momento en donde con particular insistencia se habla del muy acotado derecho al acceso a la justicia y, sobre todo, del derecho a la verdad.

El derecho a la verdad, estrechamente ligado al derecho de acceso a la justicia y al derecho a la reparación integral del daño, consiste en el derecho que tienen las víctimas de crímenes y violaciones graves a conocer con certeza los hechos, los autores y las causas de dicho abuso. La titularidad de este derecho estuvo considerada en un principio para las víctimas que sobrevivieron a su crimen, pero también para los familiares de aquellas víctimas que no vivieron para exigirlo. El desarrollo teórico y práctico que se le ha dado en los tribunales ha extendido el alcance y la titularidad de este derecho a la sociedad en su conjunto, pues hay crímenes de tal magnitud que representan una ofensa grave para todas y todos los individuos que la integran. La garantía de este derecho se obtiene mediante mecanismos eficaces e imparciales de investigación por parte de órganos del Estado, en donde esté siempre asegurado el derecho que tienen las víctimas y sus familiares a participar en dichos procesos de búsqueda de certezas. La verdad, entonces, deberá de ser construida y analizada de tal manera que esos hechos se entiendan como aislados o como parte de un contexto político, histórico, jurídico y social, en donde las causas deben ser atendidas en su conjunto para garantizar la no repetición de esos sucesos.

Las sociedades no pueden caminar con firmeza si no conocen su historia. La verdad es la tinta indeleble con que la colectividad escribe la historia que les da identidad y rumbo. Para ser legítima, la historia de la colectividad tendrá que ser, invariablemente, aceptada y reconocida por todos y todas; no solamente por quienes la cuentan desde la opacidad del poder. La exigencia de conocer la verdad en este país es de tal magnitud que se percibe como una deuda histórica distinta a las demás. Somos nos recuerda con mucha lucidez que la violencia y brutalidad de unos, y la incompetencia y omisiones de otros, no pueden seguir normalizándose como lo cotidiano y, por ende, como lo verdadero en la historia que nos contamos a nosotros mismos. Con todo, tampoco debemos aceptar que nuestras fuentes de memoria sean producciones de televisión aisladas y contadas desde la perspectiva del director o directora. Mucho menos podemos aceptar que desde el poder afirmen que “esas cosas ya no pasan” y que “ya no hay masacres”. ¿Cuántos otros Allendes han sucedido y no conocemos? ¿Cuántos otros Allendes nunca conoceremos?

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#4 Tiempos

¿Ya se legalizó? | Columna de Víctor Meade C.

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El pasado lunes 28 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó realizar la declaratoria general de inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud (LGS) que prohibían el uso lúdico de la marihuana. Lo anterior se debió a que la Corte ordenó desde enero de 2019 al Congreso de la Unión que legislara para superar la inconstitucionalidad de dichas normas, aunque, después de múltiples prórrogas al plazo que fijó el tribunal constitucional, nuestros legisladores y legisladoras no lograron cumplir con el mandato.

Durante la década pasada, diversos activistas e integrantes de la sociedad civil lograron obtener amparos donde la Suprema Corte reconoció que el sistema de prohibición absoluta al uso lúdico de la marihuana, previsto en la LGS, representa una limitación injustificada al derecho al libre desarrollo de la personalidad. El primero de estos amparos —otorgado por la Corte en 2015— fue proyectado por el Ministro Arturo Zaldívar, en donde consideró que hay dos derechos en colisión, ambos con una finalidad constitucionalmente válida: el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud, tanto individual como colectiva.

Sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el proyecto de Zaldívar consideró que la prohibición del uso lúdico de la marihuana representa una interferencia en la autonomía propia de las personas, además de que el legislador pudo haber limitado las restricciones a una forma y a un lugar específicos—como sucede con el tabaco y el alcohol—, pero decidió prohibirlo totalmente. En contraste, el proyecto apuntó que estas prohibiciones tienen una eficacia escasa: el consumo de marihuana no supone un riesgo importante a la salud, genera poca dependencia y tiene un nivel bajo de incidencia en el consumo de otras drogas riesgosas.

Después de que se otorgó ese amparo, el camino argumentativo seguido por Zaldívar dio lugar a que otras cuatro personas consiguieran sus amparos, para efecto de que esa sentencia obligara a la COFEPRIS a que les emitiera sus respectivos permisos para consumir marihuana con fines recreativos. En consecuencia, esos cinco precedentes generaron —bajo el antiguo sistema de reiteración— una tesis de jurisprudencia que obliga a todos los jueces del país a aplicar el mismo criterio; es decir, a conceder los amparos solicitados por la ciudadanía. Dicha tesis jurisprudencial fue enviada al Congreso de la Unión para que se resolviera la inconstitucionalidad, lo cual, sabemos, nunca sucedió.

Desde el Senado y la Cámara de Diputados, el argumento con el que justificaron su retraso fue que se trata de «un tema muy complicado». Pasaron casi dos años y medio y nuestros representantes en el Congreso de la Unión presentaron iniciativas que realmente no son innovadoras ni representan una transición a un sistema regulatorio sin filias ni fobias; enfocado a la salud pública y derechos humanos; y considerando cada una de las etapas productivas de la sustancia en cuestión. Previendo esta situación de incumplimiento por parte del Legislativo, el artículo 107 de la Constitución faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia a decidir —con un mínimo de ocho votos a favor— si se limita la vigencia de dichas normas a través de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Es así que el lunes pasado se discutió en el Pleno de la Corte el proyecto realizado por la Ministra Piña Hernández, donde propuso a sus compañeros ministros y ministras efectuar la declaratoria general de inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 235 y del último párrafo del 247, ambos de la LGS. Dichas porciones normativas establecían que la siembra, cultivo, cosecha, transporte y otros distintos tipos de uso de psicotrópicos y estupefacientes —específicamente marihuana— era exclusiva para uso médico y científico, sujeto a una previa autorización por parte de la COFEPRIS, dependencia de la Secretaría de Salud. El proyecto fue aprobado con ocho votos a favor y tres en contra; estos últimos, bajo argumentos francamente endebles y poco convincentes.

Entonces, ¿ya se legalizó la marihuana? La respuesta sencilla es: más o menos. Los efectos de lo decidido el lunes pasado son que ahora la COFEPRIS podrá dar permisos para que mayores de edad puedan sembrar, cultivar, cosechar, consumir, preparar, poseer y transportar marihuana, aunque hay que ser enfáticos en que está prohibido importar, comerciar, suministrar o distribuir dicha sustancia. Estos efectos entrarán en vigor cuando la sentencia le sea notificada al Congreso de la Unión y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual tiende a ser un poco tardado. Es decir, para poder consumirla con fines recreativos y de manera legal, es necesario contar con el permiso expedido por la autoridad sanitaria, el cual podrá ser solicitado una vez que se publique la sentencia de la Corte y que la COFEPRIS emita los lineamientos respectivos.

Como lo abordé en este mismo espacio hace algunas semanas (bit.ly/3gezn7z), hay que distinguir entre las limitaciones jurídicas y las limitaciones fácticas al ejercicio de los derechos. Es cierto que la declaratoria general de inconstitucionalidad retiró una de las limitaciones jurídicas para —en este caso— el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad; sin embargo, aún no hay camino libre jurídicamente hablando: sigue estando penado en el Código Penal Federal la siembra, cultivo y cosecha de marihuana. Respecto de las limitaciones fácticas, la COFEPRIS podría, por ejemplo, simplemente no dar respuesta al trámite del permiso, lo cual llevaría a la necesidad de tomar otro tipo de acciones legales.

López Obrador declaró en la conferencia matutina del 29 de junio que respeta lo decidido por la Corte, pero que si “en vez de ayudar, perjudica”, enviará una iniciativa de ley al Congreso para enfrentar el problema de la drogadicción y la violencia. Sobre esto, vale la pena apuntar que quizás el presidente no entendió nada. El gran problema de este asunto es que, precisamente, el Congreso fue quien incumplió su responsabilidad de legislar sobre la materia. Además, en caso de que se apruebe una eventual iniciativa en los términos planteados por el presidente, esta sería inconstitucional por representar una limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Podría pensarse que su posible iniciativa tratará de ser armoniosa con el mandato constitucional, lo cual se antoja difícil, toda vez que él mismo ha afirmado que solo está a favor del uso medicinal de la marihuana.

Todos los avances en materia del uso lúdico de la marihuana han sido posibles gracias a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y al litigio estratégico que se lleva en tribunales, así como al —me parece— correcto análisis que le ha dado la mayoría de ministros y ministras en la Suprema Corte. Este gobierno “de izquierda” no ha tenido la voluntad ni el arrojo para impulsar esta agenda sin que se siga criminalizando a los usuarios y beneficiando a los grandes productores, en su mayoría extranjeros.

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