marzo 5, 2021

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Columna de Victor Meade C.

Corte de caja | Columna por Víctor Meade .

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SIGAMOS DERECHO.

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano especializado de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de los recursos federales. Para garantizar su independencia, la Constitución dedica entero el artículo 79 a la ASF, donde le confiere autonomía técnica y de gestión, al tiempo que le atribuye facultades para revisar los ingresos, egresos y deudas del Gobierno Federal, estados, municipios, empresas de participación estatal o de cualquier operación que involucre dinero público. La forma en que opera la ASF es ex post: una vez que ha terminado el año fiscal, la Auditoría trabaja durante todo el año siguiente y entrega sus resultados, por ley, cada  día 20 de febrero. Por ejemplo, para el dinero gastado este año, la Auditoría estará fiscalizando en 2022 y presentando los resultados hasta febrero del 2023. En caso de encontrar irregularidades, la ASF puede proceder de tres maneras: dando aviso al SAT, promoviendo una sanción ante la Secretaría de la Función Pública, o bien, levantando una denuncia ante el Ministerio Público.

Como lo adelantaba el párrafo anterior, hace dos días fueron presentados los informes de la ASF con respecto al gasto ejercido en el 2019, el primer año de gobierno de López Obrador. Los informes han venido a confirmar lo que era intuido por todos: hay un desastre con las insignias de este gobierno. De Dos Bocas, posible daño al erario por más de 70 millones de pesos, sin estudios sobre los impactos ambientales y sin certeza de que vaya a ser rentable. De los programas de becas encontraron que hubo miles de beneficiarios con irregularidades: unos recibiendo varios apoyos a la vez, otros “trabajando” en empresas que no estaban registradas, incluso algunos fallecidos.

También, señalaron que la Secretaría del Trabajo no contaba con procedimientos específicos para verificar la documentación de los beneficiarios. De Santa Lucía, la ASF determinó que las estimaciones de rentabilidad fueron realizadas sin considerar aspectos clave de la operación del aeropuerto. Del Tren Maya, la auditoría advirtió que el costo del proyecto ha resultado mayor a lo proyectado, lo cual, de nuevo, pone en vilo su rentabilidad. Además, falta por aclarar el destino de más de 150 millones de pesos. Del NAIM estimaron que el costo de cancelación saldrá tres veces más caro de lo que había proyectado el gobierno federal. Serán 331 mil millones de pesos. En fin. La lista sigue y sigue.

En resumidas cuentas, hay irregularidades por más de 90 mmdp y, recordemos, esto es solo del gasto ejercido en el 2019. Ahora, para tener un mejor panorama de la problemática que tenemos ante nosotros, hagamos una simpática comparación: el saldo del primer año de Peña fue de 50 mmdp de irregularidades. Sin embargo, la cantidad fue creciendo desvergonzadamente; su peor año, 2015, fue de 165 mmdp. Fue, precisamente, a raíz de lo investigado por la ASF que grupos de periodistas pudieron destapar los escándalos de la Casa Blanca y de la Estafa Maestra.

Esta será la primera vez que el gobierno en turno se enfrente a los datos duros que revela la Auditoría. Por la manera en que el presidente se ha lanzado en contra del INAI y otros órganos, mi mejor predicción me dice que la ASF y sus hallazgos correrán la misma suerte: serán tildados como conservadores y lo escucharemos repetir su arrogante «no somos iguales». Estirando un poco más esta especulación mía, no me cuesta mucho trabajo pensar que quiera desmantelarlo y pasarle sus atribuciones a la inmaculada Secretaría de la Función Pública. Espero estar muy equivocado; precisamente lo que ha estado pidiendo la ASF es una reforma constitucional que les permita fiscalizar en tiempo real y, por ende, ser mucho más eficaces para prevenir actos de corrupción.

Hace un par de semanas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Anual de Auditorías para el gasto ejercido en 2020. Dentro de las más de 1,500 auditorías programadas, sobresalen aquellas relacionadas a las adquisiciones de equipo médico contra la pandemia, a los fideicomisos, al Tren Maya, a Pemex y la CFE. A nuestro estado, por su parte, le tocará una auditoría referente a la remodelación del Hospital Central.

Dentro de un año conoceremos los daños que le dejó el agitado 2020 a las arcas públicas. ¿Cómo cree usted que vayan a salir los resultados?

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#4 Tiempos

La reforma judicial | Columna de Víctor Meade C.

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Para los estudiantes de los primeros semestres de la carrera de Derecho, los paseos no pueden faltar. Bien pueden ser simpáticos días de campo en el congreso local, un paseo por los juzgados o incluso —con una labor logística más demandante— una visita a un penal.  En mi caso, el tour guiado se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de los protocolos de seguridad a la entrada, de apagar los celulares y de observar por varios minutos los murales de José Clemente Orozco, Cauduro y otros, procedimos a observar una muy interesante sesión de Pleno, donde se discutía un proyecto de la recién nombrada Ministra Yasmín Esquivel, quien, por cierto, estaba ausente.  

Al término de la sesión, la treintena de estudiantes primersemestrinos tuvimos la fortuna de charlar con dos ministros. Aquí abro un pequeño paréntesis para precisar un poco sobre el contexto. Apenas un par de semanas antes, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, había sido sujeto de críticas: había aparecido en el programa de John Ackerman y Sabina Berman y publicado unos polémicos tweets. Por el contrario, casi ningún otro de los y las ministras tenía cuenta de Twitter; mucho menos habían salido a dar entrevistas a ningún medio. Considerando ese escenario, mis preguntas a los dos ministros fueron: ¿Cuál debe ser la relación de los ministros con la vida pública del país? ¿Por qué hay tanta distancia y tan poca comunicación entre la Corte y la ciudadanía?

Ciertamente, es un tema bastante complejo. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Estados Unidos, el perfil ideológico de las y los jueces que la integran es conocido desde antes: al tribunal constitucional llegan jueces que son abiertamente conservadores o liberales, según el proyecto de nación del presidente que les haya nominado. En México, el perfil ideológico de las y los ministros se especula analizando sus sentencias y el sentido de sus votos; rara vez aparecen en medios de comunicación; y, para la gran mayoría de la población, la Corte y sus sentencias son completamente irrelevantes, debido al silencio que genera la poca difusión de lo que ahí se decide.

En ese sentido, los ministros me respondieron que lo que buscan es preservar su autonomía y garantizar la división de poderes. Comentaron que durante los 15 años que dura su encargo, los ministros y ministras dejan de asistir a restaurantes, reuniones sociales, bodas y eventos con políticos, incluso aquellos a los que han sido invitados por la Presidencia de la República. También, dan muy pocas entrevistas y no se enfrascan en discusiones sobre el sentido de sus votos. La regla general es que los tribunales sean herméticos, con el objeto de alejarse de cualquier presión que busque influir en lo que se decide en la Suprema Corte; además de ser muy cuidadosos con los simbolismos que puedan demeritar la legitimidad del Poder Judicial.

Traigo a colación esta anécdota para analizar uno de los cambios más importantes que vendrán para la Corte.

El viernes pasado, después de haberse aprobado en el Congreso de la Unión y en 18 congresos locales, la Cámara de Senadores emitió la Declaratoria de Reforma Constitucional, referente a la propuesta de reforma que presentó el Ministro Presidente Arturo Zaldívar el año pasado. Así, en estos días deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación la reforma a siete artículos constitucionales, la promulgación de dos leyes —la Ley de Carrera Judicial y una renovada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación— y reformas a diversos códigos y leyes secundarias.

La iniciativa fue presentada por Zaldívar en una Mañanera, al lado de López Obrador, de Olga Sánchez Cordero y del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. La imagen por sí misma fue un tanto bochornosa para la (al menos aparente) independencia que le caracteriza al Poder Judicial. Desde ese momento, el ministro Zaldívar ha tenido poco recato en mostrar su cercanía al Poder Ejecutivo, que impulsó esta reforma muy decididamente.

La autonomía de la Corte estuvo nuevamente cuestionada después de que Zaldívar decidiera romper la regla tácita de que el ministro presidente es el último en presentar sus argumentos al revisar un caso. Durante el debate de la consulta popular, Arturo Zaldívar se asignó la palabra a sí mismo antes que todos y recitó lo que parecía un discurso más político que jurídico, validando la constitucionalidad de la materia con argumentos, por llamarles de una manera, muy endebles.

Más recientemente, Zaldívar acudió a la inauguración de una de las pistas de Santa Lucía. ¿Qué estaba haciendo ahí? Nadie lo sabe; menos cuando los grandes proyectos de infraestructura se están decidiendo en la Corte.

Del contenido de la reforma se dice que fue redactada únicamente en la oficina de Zaldívar; no hubo colaboración con otros ministros, ni con la academia, ni con otras instancias del Poder Judicial. No obstante, haciendo un balance muy general, podemos conceder que el saldo es más positivo que negativo. Por una parte, hay un fortalecimiento a la carrera judicial; mayores herramientas para el combate a la corrupción, nepotismo y violencia de género; y se mejora también a la defensoría pública. Por otra, la reforma contempla una modificación a la manera en que se generan criterios jurisprudenciales: ahora todas las resoluciones del Pleno votadas por una mayoría de ocho votos serán vinculantes para todos los jueces del país. Además, la reforma prevé facultar a los organismos constitucionales autónomos de los estados para que también puedan aplicar controversias constitucionales.

Del lado negativo, la reforma es omisa en hacer algún pronunciamiento sobre el trágico Tribunal Electoral. Además, no hace ninguna modificación al agotado método de designación de ministros, así como al tema de las renuncias. Uno esperaría que después del escándalo de Medina Mora, alguien tomara cartas en el asunto.

Zaldívar ha logrado su cometido y la reforma ha sido aprobada casi exactamente como él la concibió. Con estas modificaciones, es muy probable que la Corte transite a la onceava época del Semanario Judicial de la Federación con él como abanderado de dicho cambio.  Con la reforma, también ha conseguido dotar de mayor poder al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, cargo que ocupa el presidente de la Suprema Corte, o sea, él. En resumidas cuentas, Zaldívar ha venido a romper con el paradigmático comportamiento discreto de los ministros; ahora ha adherido su discurso al de la 4T, está activo en redes y acude a inauguraciones (pero no acude al aniversario de la Constitución, por ejemplo). Habrá que prestar atención a sus siguientes movidas. ¿Cómo cambiará su relación con el Ejecutivo, ahora que su reforma fue aprobada? ¿En dónde lo veremos en 2024, cuando termine su encargo?

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#4 Tiempos

Posverdad | Columna de Víctor Meade C.

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La semana pasada, Donald Trump libró una vez más el juicio político abierto en su contra.

Se convirtió en el único presidente de Estados Unidos que ha tenido que enfrentar este procedimiento en dos ocasiones: la primera vez, por haber presionado a líderes políticos de Ucrania para que investigaran las actividades empresariales de Biden y su hijo en ese país; la segunda vez, por incitar a sus simpatizantes y votantes inconformes a una insurrección. De nueva cuenta, los votos en el Senado no han sido suficientes para condenarlo. Si bien es cierto que Trump ya no puede ser removido del cargo porque su periodo ya terminó, haber conseguido un resultado condenatorio hubiese tenido efectos significativos: quedaría imposibilitado de ocupar cualquier cargo público y perdería las pensiones y prerrogativas a las que tienen derecho los expresidentes.

Después de que cuatro civiles y un policía fallecieron en el violento ataque al Capitolio, todas las cuentas de redes sociales de Trump fueron bloqueadas por un periodo indefinido. Aunque ya ha quedado absuelto de las acusaciones, Twitter refrendó su postura y determinó hace unos días que Trump está permanentemente vetado.

Estos hechos significaron un montón de focos rojos para millones de usuarios de redes sociales a nivel mundial. ¿Es válido que una empresa privada bloquee permanentemente a alguien? ¿Qué pasa con la libertad de expresión? No es ningún secreto que toda la presidencia de Trump estuvo marcada por mentiras y por verdades a medias. El Washington Post ha realizado un recuento y estiman que durante sus cuatro años de mandato, Trump realizó más de 30,000 afirmaciones falsas o engañosas.

Las acciones que tomaron las redes, entonces, parecen estar un poco más justificadas. Ciertamente, las redes sociales no son un medio oficial de comunicación; ni Trump ni cualquier otro servidor público tienen dispensas o un trato preferencial. Quien desacate las políticas comunitarias —que aceptamos al momento de crear una cuenta— está sujeto a ser bloqueado.

¿Alguien podrá decir que su derecho a recibir información se ve limitado cuando eliminan la cuenta de Trump o de cualquier otra persona? En efecto, sí hay una limitación a nuestro derecho de recibir información, pero hay que precisar un par de cosas. Por una parte, es uno de nuestros derechos más fundamentales manifestar libremente nuestras ideas, sin que seamos perseguidos por ello. Por otra parte, tenemos también el derecho a buscar y a recibir información por distintos medios y de cualquier índole. De esta forma, el derecho a la libertad de expresión corre en dos sentidos: hay derecho a expresarse y hay derecho a recibir las expresiones de los demás. Así, la limitación desaparece cuando la información cruzó la barrera del discurso violento o del discurso basado en falsedades.

El lenguaje que utilizamos construye, en muy buena medida, la realidad en la que vivimos. Si la información que recibimos, difundimos y después traducimos en palabras es falsa, estaremos viviendo en una realidad distorsionada.

Sobre este fenómeno, se acuñó el término de «posverdad». Es decir, la posverdad describe la realidad creada a partir de mentiras que apelan a los sentimientos de las personas, apartándose de la razón y de la objetividad. La utilización de esta palabra repuntó su popularidad en el contexto del Brexit y de la oleada populista que golpeó con fuerza al continente hace aproximadamente cinco años, con personajes como Trump, Bolsonaro y López Obrador.

Ahora bien, la situación se torna más complicada al analizar el papel tan preponderante que han alcanzado estas empresas. Por el carácter inmediato y efímero del contenido que vemos en las redes, asuntos de este tipo difícilmente se pueden resolver en tribunales. La responsabilidad de asegurar que se cumplan las reglas del juego caen, naturalmente, sobre estas mismas empresas. Los peligros de que los gobiernos metan su cuchara en el tema son variados; los ejemplos de sobrerregulación sobran en los países orientales. De cualquier manera, en días pasados Ricardo Monreal presentó una iniciativa de ley para regular la operación de las redes sociales en México, sin embargo, la iniciativa se queda muy corta en varios temas. Precisamente, uno de ellos es la distinción que existe entre la libertad de expresión ejercida por personas comunes y por figuras públicas (pensemos, por ejemplo, en el presidente), aun siendo que el caso de Trump fue el que puso esta discusión sobre la mesa.

La libertad de expresión es un tema que ya ha sido ampliamente debatido y discutido desde hace muchos años. Se ha generado mucho conocimiento sobre el tema, aunque la variante que introdujeron las redes sociales no ha sido explorada a profundidad todavía. Mientras la moneda siga en el aire, las mentiras sobre las vacunas seguirán circulando por videos de WhatsApp y en Twitter se seguirán compartiendo realidades distorsionadas sobre el país. Al acecho están, también, las elecciones más importantes de la historia de la nación. Mientras todo esto sucede, la posverdad es la afronta que debemos combatir todos los días. Las redes son una ventana que permite observar pluralidad de la comunidad. Son, también, un lugar para la otredad y la confrontación.

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#4 Tiempos

Vigilemos la Corte | Por Víctor Meade C.

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El 15 de mayo del año pasado, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial un acuerdo por el que emitían la llamada Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. En términos generales, el acuerdo concedía ventajas a la CFE para distribuir la energía eléctrica con base en criterios que aseguren la confiabilidad del servicio eléctrico en el contexto de incertidumbre generado por la pandemia, debido, supuestamente, a que las centrales de energías renovables son intermitentes en su suministro. Si como a mí, a usted también le parece poco cuerdo el argumento de la Sener, mejor ni pensemos en el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que presentó su renuncia al cargo algunas horas antes de la publicación del Acuerdo.

Como ya se hizo costumbre de que las políticas de esta administración terminen por resolverse en tribunales, la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió la semana pasada que 22 disposiciones del Acuerdo son inconstitucionales. El proyecto del ministro Aguilar Morales argumentó que las ventajas otorgadas a la CFE por la Política de Confiabilidad desfiguran la libre competencia en el mercado de energía, sin que exista una justificación razonable para ello.

En respuesta a lo expresado por la Corte, López Obrador decidió olvidar su promesa de campaña de no realizar reformas en materia energética en sus primeros tres años de gobierno y mandó al Congreso una iniciativa preferente que le permitiría alcanzar sus objetivos. Así pues, se viene a confirmar que era pura vacilada eso de que la política de confiabilidad era para asegurar el suministro de energía en el contexto de pandemia; la verdadera política es fortalecer a CFE cueste lo que cueste, aún que el costo económico y el costo al medio ambiente lo tenga que asumir la ciudadanía. La iniciativa preferente es incompatible, tanto con lo resuelto por la Corte la semana pasada, como con los compromisos adquiridos por México en el TMEC y en los Acuerdos de París. Es solo cuestión de tiempo para que, una vez más, sean los tribunales los que analicen la muy viciada legalidad de estas políticas.

A todo esto, una buena parte de la mucha o poca legitimidad que tienen las acciones de esta “Transformación” recae en los tribunales que deciden sobre su legalidad. Particularmente, es muy importante prestar atención a que la autonomía de las y los ministros de la Suprema Corte no se ponga en vilo ni por un momento. Sin embargo, hay algunas alarmas que han comenzado a sonar desde hace dos años —otras sonando de sexenios atrás—, agudizándose especialmente con la sentencia de la semana pasada.

La inconstitucionalidad de las 22 disposiciones del Acuerdo de la Sener fue aprobada cuatro votos contra uno. Ese único voto en contra fue, para sorpresa —me permito decirlo— de nadie, de Yasmín Esquivel Mossa. Sorpresa de nadie porque, desde que ingresó a la Corte en Marzo de 2019, el sentido de los votos de la ministra Esquivel ha demostrado una tendencia que favorece la postura oficialista.

Retrocedamos. En el caso de la consulta popular para enjuiciar expresidentes, Esquivel defendió su constitucionalidad, francamente, con una interpretación muy forzada: señaló que se trataba de un ejercicio para conocer la percepción social de las funciones públicas que realizan los funcionarios; al no estar prohibido eso, entonces, debía ser constitucional.

Después, el caso del Acuerdo Militarista de López Obrador, por el que pretende echar mano de las Fuerzas Armadas por cinco años en tareas de seguridad pública. Es una historia intricada; seré lo más claro posible. Primero, la diputada Laura Rojas presentó una controversia constitucional impugnando dicho acuerdo y el proyecto le fue turnado a la ministra Ríos Farjat. Acto seguido, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó un recurso de revisión en contra de la controversia constitucional, argumentando que Laura Rojas no tenía legitimidad para impugnar. Este asunto quedó a cargo de Yasmín Esquivel y en su proyecto propone darle la razón a la Consejería. Además, Esquivel pospuso la discusión de este asunto de manera indefinida desde octubre del año pasado. Está buscando detener tanto de manera legal como de manera material la discusión del Acuerdo, que sobra decirlo, es a todas luces inconstitucional.

Ahora, la semana pasada votó en contra del ya mencionado tema de la errática política energética de este gobierno. Nuevamente, sin entrar al fondo del asunto, su justificación fue que la Cofece no tenía legitimidad para impugnar el Acuerdo de la Sener.

El nombramiento de Esquivel Mossa fue polémico desde el inicio. La terna enviada por el presidente estuvo compuesta por Celia Maya, hoy flamante candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro; por Loretta Ortiz, ex diputada de Morena, quien además, en un acto de “independencia”, tuvo el tino de renunciar al partido un par de semanas después de que ya la habían nominado; Esquivel, por su parte, con la peculiaridad de que su esposo es el contratista predilecto de López Obrador, José María Riobóo. Sin ningún ánimo de menoscabar su carrera profesional y de atribuirle sus triunfos laborales a su esposo, la sospecha del conflicto de interés en este caso es imposible de ignorar.

Los mecanismos de nominación a un tribunal constitucional funcionan distinto en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, las coincidencias ideológicas del Ejecutivo con los y las nominadas a la Corte Suprema no son ningún secreto. Por el contrario, son factor decisivo para su nominación. En México esta comparación es totalmente incompatible: primero, claro, porque son sistemas jurídicos distintos; segundo, porque sobran ejemplos (sirva el caso de Medina Mora, también) que demuestran que la cercanía entre ambos poderes acaba con costos muy altos para el Estado de Derecho y la ciudadanía.

Entre los cientos de ociosas reformas que hacen a la Constitución cada sexenio, urge una que atienda los vicios de nominación y de renuncia de las y los ministros de la Corte. Entre tanto, prestemos atención al sentido de los votos en la Corte, particularmente cuando allí se decide la mayor parte del plan de gobierno.

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