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Contrataron a 5 para la UEC en el Congreso de SLP… uno ya era asesor

La Jucopo autorizó cinco contrataciones para la Unidad de Evaluación y Control, aunque se ha denunciado que lo anterior es para pagar favores políticos

Por: Redacción

En sesión de la Junta de Coordinación Política del pasado miércoles 17 de octubre se autorizaron cinco contrataciones para la operación de la Unidad de Evaluación y Control, misma que preside Jorge Ovidio Robledo Gómez.

En el previo a que se autorizaran dichas contrataciones, estalló un conflicto entre las diferentes bancadas, quienes se acusaron de buscar espacios para contratar a personal no calificado pero sí proveniente del pago de favores políticos.

Pese a ello, la Jucopo determinó contratar a Horacio Lobo Rosillo, quien hasta julio de este año estaba contratado tanto como asesor del Congreso al mismo tiempo que operaba la oficina de enlace del diputado federal panista Xavier Azuara.

Lobo Rosillo fue señalado por la organización Ciudadanos Observando, quienes en julio de este año revelaron un esquema de contratación presuntamente utilizado pro los diputados locales para calzar en la nómina a parientes, aliados políticos u otros personajes a quienes retenían parte de sus elevados salarios.

Junto con Lobo Rosillo, la Jucopo Autorizó la contratación de Lorena Guadalupe Palomo Colunga, quien previamente concursó, sin éxito, para dirigir la UEC; sin embargo, ahora fungirá como Directora de Análisis de la Fiscalízación Superior del Estado.

Como Director Jurídico, la Jucopo contrató a Horacio Lobo Rosillo; mientras que para Coordinación de Planeación Estratégica se contrató a Armando David Ramírez Martínez, cuya cédula profesional no fue posible encontrar en el Registro Nacional de Profesionistas.

Como Directora de Desempeño y Apoyo en las funciones de contraloría se contrató a Maria Sonia Muñoz Aldape; y, finalmente, María del Carmen Aguayo Montiel fue contratada como Secretaria Técnica.

En el acta de la sesión se detalla que el contrato será por tiempo determinado y tendrá vigencia hasta el próximo 31 de octubre; sin embargo, no se detalla cuáles serán las percepciones económicas de los nuevos trabajadores del Poder Legislativo local.

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