Diputados han usado el covid-19 como pretexto para no haber escuchado a este sector de la población

Por: Ana G. Silva

 

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a la nueva Ley Electoral de San Luis Potosí, por no haberse llevado a cabo una consulta previa en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado, los diputados Vianey Montes (PAN) y Martín Juárez (PRI) mencionaron que este procedimiento no se llevó a cabo por la pandemia de covid-19, ante esto León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis y colaborador de La Orquesta, dijo que esto no es excusa para que no se escuchara a los pueblos originarios, ya que de acuerdo a los estatutos este proceso debió hacerse con un año de anticipación:

“Claro que no era justificación, aunque este año fue un parteaguas para la sociedad y la política, el Congreso del Estado aprobó esta ley el primero de julio, es decir que la consulta se debió realizar desde el año pasado, ya que la simple convocatoria para llevarla a cabo requiere tres meses, luego de esto se deben analizar los resultados, por tanto se aprobó al vapor”.

El antropólogo destacó que los pasos a seguir en la Ley de Consulta son: tres meses para que las comunidades se preparen, donde deben incluir talleres informativos y un acercamiento de la parte consultora, que generalmente es una institución pública que debe tomar contacto con las poblaciones, para desarrollar los talleres informativos en la lengua de origen. Después viene un proceso de análisis de los resultados de dichas consultas, esto puede tardar 6 meses. Agregó que al tratarse de una consulta de nivel estatal se vuelve más complejo:

“El Congreso cuenta con los recursos para llevarla a cabo, pero no es algo que simplemente sea la emisión de unas boletas con una pregunta y se ponen casetitas, sino implica una metodología profunda”.

García Lam dijo que la decisión de la SCJN significa es un acontecimiento histórico porque atiende al reclamo de las comunidades indígenas de que continuamente son desconocidas en su derecho a consulta: “en este caso el Congreso del Estado tuvo recursos, tiempo y toda clase de capitales financieros, hasta asesores, instituciones y marcos legales, todo para darles una ley electoral que cumpliera con todos los requisitos legales para todos los potosinos y omitieron tomar en cuenta a estas comunidades, me parece un logro histórico para las comunidades, me parece que esto va a permitir abrirles muchas puertas”.

León García Lam dijo que si la consulta se hacía bien, arrojaría un trato diferenciado, es decir, “en algunos casos, respetando los usos y costumbres, hay comunidades que resuelven como asamblea que se carga hacia un partido por alguna razón, puede ser que haya un candidato que les favorece o porque hicieron algún trato con el partido político o con un personaje regional, pero cada comunidad resuelve de manera distinta, eso es lo importante, independientemente si pudieran ofrecer algunos votos, tendríamos que empezar a reconocer que algunas acciones y procedimientos que tienen las comunidades indígenas, que nos puedan parecer extrañas, por eso era importante el proceso de consulta, porque deben preguntarles cómo quieren o necesitan ser los procedimientos para que sean acordes a los usos y costumbres”.

En cuanto a la pregunta de que si este llamado de atención que le hizo la SCJN al Congreso de San Luis Potosí le serviría de ejemplo a quienes realizan consultas como una advertencia, respondió: “Ojalá, pero me parece que en el caso del señor Xavier Nava ni con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni exhortos del Senado ni jalones de orejas de la Suprema Corte al Congreso, él es de oídos sordos”.

SE GASTARON 665 MIL PESOS EN LA CONSULTA

Esta mañana, el diputado priista Héctor Mauricio Ramírez Konishi declaró que el Congreso del estado había erogado cerca de 665 mil para dicha consulta de los 9 millones que la Comisión Especial solicitó originalmente para las consultas de pueblos indígenas y población con discapacidad, foros y demás actividades, sin embargo, aseveró que interrumpieron el proceso para evitar contagios de covid-19.

 

 

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