La diputada Frinné Azuara Yarzábal detalló que sería gratuita, única e individual, también coexistiría con la cartilla física

Por: Redacción

La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado para implementar la Cartilla Electrónica de Vacunación.

La propuesta busca establecer que el sistema de información en vacunación estatal se incluya en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el territorio potosino, e  incorporar la figura de la Cartilla Nacional de Vacunación Electrónica como un derecho de las y los potosinos.

Dicha cartilla  misma que será gratuita, única e individual y coexistirá con la versión física, garantizando la interoperabilidad del sistema estatal con las instituciones federales de salud  como son IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, para que el historial de vacunación sea accesible en todo momento; además de establecer la obligación de la Secretaría de Salud del Estado de implementar mecanismos de consulta digital y notificaciones oportunas a la población sobre los esquemas de vacunación.

En su exposición de motivos, la diputada Frinné Azuara, también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, establece que en nuestro país y particularmente en nuestro estado, el sector salud enfrenta un desafío histórico en materia de prevención, debido en gran parte, a la falta de un registro nominal y digitalizado que permita conocer con certeza el estatus de vacunación de cada persona.

Dijo que en la actualidad, la herramienta principal sigue siendo la cartilla de vacunación en formato físico, la cual enfrenta problemas estructurales ya que se extravía con facilidad, se presenta incompleta, se deteriora con el tiempo, y en muchas ocasiones, las familias recurren a la memoria para reconstruir el esquema de vacunación de sus hijos.

Mencionó que esta situación impide que el estado pueda planear con precisión sus campañas de salud, dado que sin un registro nominal, las autoridades sanitarias caminan sin precisión al no saber cuántos niños faltan por vacunar en cada colonia o comunidad rural, y no pueden identificar con nombre y apellido a quiénes les hace falta un refuerzo, y carecen de herramientas para reaccionar oportunamente ante brotes epidémicos.

Informó que en el legislativo federal, ya se ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, buscando establecer que el sistema de información en vacunación, se base en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el país, así como la existencia de una Cartilla Nacional de Vacunación tanto física como electrónica, gratuita, única e individual.

Por ello, en congruencia con este propuesta nacional, se propone también que nuestro estado cuente con esta armonización legislativa y cumpla con los principios de justicia social y modernización administrativa.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Hacienda del Estado.

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El objetivo es conocer a fondo la campaña contra el gusano barrenador, las acciones implementadas en San Luis Potosí, así como el plan de trabajo

Por: Redacción

La Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a realizar una revisión profunda y, en su caso, una ampliación urgente al presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para atender contingencias sanitarias como la presencia del gusano barrenador.

Las y los integrantes de la comisión legislativa, analizaron la propuesta promovida por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, la cual plantea revertir los recortes presupuestales y dotar a la SENASICA, así como a otras instituciones del sector, de los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar este tipo de problemáticas.

Al respecto, el diputado Marcelino Rivera Hernández, integrante de dicha Comisión Legislativa, destacó la relevancia de este Punto de Acuerdo, ya que también contempla exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al SENASICA, ambas instancias del Gobierno Federal, para que informen detalladamente a esta Soberanía sobre el presupuesto ejercido en los últimos cinco años.

Explicó que, el objetivo es conocer a fondo la campaña contra el gusano barrenador, las acciones implementadas en San Luis Potosí, así como el plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo que permita recuperar el estatus sanitario y con ello, facilitar la reapertura del mercado estadounidense para la exportación de ganado.

Asimismo, se incluye un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que, en coordinación con la SADER, gestione un acuerdo sanitario de emergencia con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a fin de restablecer la certificación de zonas libres de gusano barrenador y reactivar las exportaciones de ganado mexicano a la brevedad posible.

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La reforma garantiza el derecho a reclamar alimentos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad y cuatro años más

Por: Redacción 

Los diputados integrantes de las comisiones unidas de Primera y Segunda de Justicia del Congreso del Estado, la iniciativa que propone reformar el artículo 164 del Código Familiar del Estado, sobre el derecho imprescriptible a recibir alimentos desde el nacimiento hasta los 18 años y cuatro años más, cuando la persona se encuentre estudiando o en condiciones de vulnerabilidad.

La presidenta de la comisión Primera de Justicia diputada Leticia Vázquez Hernández, informó que en esta reforma al Código Familiar, se garantiza el derecho a reclamar alimentos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad y cuatro años más, cuando la persona se encuentre estudiando o sea decretada incapaz de mantenerse a sí misma, el derecho no prescribirá durante esa temporalidad.

Por su parte, la diputada Jessica Gabriela López Torres presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, afirmó que si se condicionara la posibilidad de reclamar alimentos retroactivos a que él o la acreedora alimentaria fuera menor de edad, impidiendo que dicho reclamo pueda ser hecho por hijos e hijas que alcanzaron la mayoría de edad, entonces se estaría vulnerando el principio de igualdad y no discriminación.