octubre 7, 2026

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Congreso del Estado

Congreso propone que trabajadores del gobierno de SLP sean despedidos al acumular tres faltas

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…pero al mes, por lo que tendrían derecho a ausentarse hasta 36 días al año

Por: Redacción 

La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó la reforma del artículo 55, fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, con la cual, las y los trabajadores de instituciones públicas podrían ser despedidos, luego de acumular tres inasistencias sin justificar en un periodo de treinta días; es decir, con dicha reforma podrían cumplir hasta 36 inasistencias en el año.

Mauricio Ramírez Konishi, diputado local y presidente de la misma comisión, informó sobre dicha reforma, la cual establece que las instituciones públicas de gobierno podrán cesar al trabajador, sin incurrir en responsabilidad, cuando tenga tres faltas de asistencia en un período de treinta días,

sin mediar permiso por escrito del titular de su área de trabajo o causa justificada

El legislador mencionó que el artículo 116, fracción VI de la carta Magna, faculta a las legislaturas de las entidades federativas regular las relaciones de trabajo entre cada estado y sus trabajadores

, siempre con base en lo dispuesto por el artículo 123 Constitucional y sus disposiciones reglamentarias.

Por lo que resulta conducente es equiparar la hipótesis referida en los términos de la fracción X del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé como causal de rescisión de un trabajador la consecución de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días.

El dictamen será enviado al pleno del Congreso del Estado para su discusión y en su caso ser votado por las legisladoras y legisladores.

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Congreso del Estado

Ley de Igualdad en SLP ya reconoce la corresponsabilidad familiar

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El concepto servirá de base para programas y políticas de igualdad en el estado

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó incluir el concepto de corresponsabilidad familiar en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, a propuesta de la diputada Brisseire Sánchez López.

La ley entenderá la corresponsabilidad familiar como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares entre todas las personas que viven en un hogar, no solo entre el padre y la madre. Eso incluye a hijas, hijos y otras personas que comparten el mismo techo.

Según la diputada, el reparto abarca las tareas de la casa y su organización, así como el cuidado, la educación y el afecto de las personas que dependen de otras. El objetivo es dividir de manera justa el tiempo de cada integrante del hogar, sobre todo entre mujeres y hombr es.

De acuerdo con la exposición de motivos, es decir, la explicación que acompaña a la propuesta, tener el concepto escrito en la ley da certeza jurídica

: las autoridades contarán con una definición clara para diseñar programas y políticas públicas en la materia.

La carga sigue en las mujeres

El reparto todavía está lejos de ser equilibrado. Según datos del INEGI, las mujeres dedican 39.7 horas a la semana al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario sin pago, frente a 18.2 horas de los hombres.

En julio, el diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó otra iniciativa en esta línea: crear la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, que busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, hecho principalmente por mujeres.

También lee: Más mujeres al frente de los hogares de SLP, pero con más carga: INEGI

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Congreso del Estado

Presupuesto del IFSE subiría 2% en 2027 por ajuste salarial

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Rodrigo Lecourtois dijo que el aumento solo cubre el ajuste salarial pactado con los sindicatos

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) pidió 311 millones de pesos para operar en 2027, 6 millones más que este año. El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, entregó el proyecto a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.

El IFSE es el organismo que revisa cómo gastan el dinero público el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y otras instituciones. Su presupuesto debe pasar por el Congreso: según el artículo 68 de la Ley de Fiscalización, a los diputados les toca conocerlo y opinar sobre él, explicó el presidente de la comisión, Luis Fernando Gómez Macías.

La comisión analizará la propuesta y la enviará a la Directiva del Congreso para que se incluya en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 2027, la ley que fija cuánto dinero recibe cada dependencia el próximo año.

“Es un presupuesto acorde, responsable, que no considera ni siquiera el ajuste inflacionario”, dijo Gómez Macías.

Más trabajo con la ASF

El diputado explicó que el IFSE tendrá más carga en 2027 por la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En julio, ambos organismos firmaron un convenio que permite al IFSE auditar por primera vez recursos federales que llegan al estado.

Lecourtois López aseguró que el proyecto “no plantea aumentos caprichosos”. Según explicó, el incremento solo cubre el ajuste de sueldos que el Gobierno del Estado acordó con los sindicatos y que se aplicará el próximo año.

El auditor recordó que el año pasado se aprobó un presupuesto similar, al que el Poder Ejecutivo le hizo ajustes y que quedó con un aumento de 5 millones. Por eso, dijo, este año el aumento es pequeño: 2.03 por ciento.

También lee: 1,794 millones de pesos por justificar: primeras observaciones del IFSE

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Congreso del Estado

Camiones urbanos pasarán revisión de vida útil el próximo mes

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Jacquelinn Jáuregui dijo que se verificará el mantenimiento de las unidades que dicen tener un año más

Por: Redacción

Los camiones urbanos de San Luis Potosí pasarán el próximo mes por una revisión para comprobar si siguen en condiciones de dar servicio, informó Jacquelinn Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado. Explicó que cada unidad tiene una fecha distinta en que vence su vida útil, es decir, el tiempo máximo que la ley le permite circular.

La diputada dijo que hay unidades “medio maltratadas” a las que, según sus concesionarios, todavía les queda un año. Por eso, explicó, se revisará qué mantenimiento les han dado. No hay nuevas condiciones: “El reglamento sigue vigente”, dijo, y los concesionarios solo tendrán que comprobar dónde han dado servicio a sus camiones.

¿Quién paga la renovación?

Sobre si los concesionarios tienen dinero para comprar camiones nuevos, Jáuregui Mendoza respondió que no se ha tocado ese tema con la comisión y que lo lleva directamente Araceli Martínez Torres, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

.

Reconoció que el tema es delicado porque hay familias que viven de esas unidades. “Ahí yo creo que tendrían que darles un tipo de apoyo para que ellos puedan adquirir una nueva unidad”, dijo. Agregó que la comisión está abierta a recibir a quien quiera acercarse y que la titular de la SCT también atiende a la ciudadanía.

El padrón más reciente de la SCT registra mil 203 camiones urbanos en la zona metropolitana, operados por 217 concesionarios. Desde el inicio de la administración, la dependencia ha insistido en que se renueven las unidades con más de 10 años de antigüedad. En mayo, el representante transportista Margarito Terán reconoció que de las mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800 por el aumento en el costo del diésel.

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