Congreso del Estado
Congreso eliminará el uso de fuerzas públicas para escolta de funcionarios
La iniciativa de Edmundo Torrescano evitará que funcionarios públicos dispongan de elementos de alguna corporación de seguridad pública para escolta personal
Por: Redacción
Edmundo Torrescano Medina, diputado local en el congreso del Estado de San Luis Potosí, propuso reformar diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potos, con la que los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo informe a los órganos internos de control respectivo.
El ejercicio de contratación indebida, tendrá responsabilidad el servidor público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de intereses de negocios. Además, se indica que comete simulación de acto jurídico, el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley.
La iniciativa indica que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones 
El legislador indicó en su exposición de motivos, que la corrupción, como problema social, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde un enfoque multidimensional para mejorar la comprensión de sus alcances y efectos en nuestra sociedad.
“En ese tenor de ideas es necesario establecer ordenamientos jurídicos que prohíban la corrupción, que impidan la aparición de la problemática, al fomentar por un lado la cultura de la legalidad y honestidad, tanto para los particulares como para los servidores públicos, así como al reducir escenarios que puedan propiciar la aparición de la corrupción”, indica el legislador.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Gobernación y Justicia.
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La diputada Jeanine García comentó que los municipios deben realizar las gestiones necesarias ante la federación y el estado
Por: Redacción
La Comisión del Agua de la LXIV Legislatura, aprobó el Punto de Acuerdo que pretende exhortar a los municipios de la zona del Altiplano del Estado de San Luis Potosí, con estricto apego a la autonomía hacendaria municipal, para que a través de mecanismos de coordinación gestionen los recursos y apoyos ante los gobiernos federal y estatal o en su caso destinen recursos, para implementar acciones de creación de la infraestructura y cultura de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia.
Se expuso que esta es una medida alternativa para mejorar el servicio público municipal de agua potable, en aras de garantizar el derecho humano al agua suficiente, segura, aceptable y accesible.
El Punto de Acuerdo establece que los Ayuntamientos deben realizar las gestiones pertinentes e indispensables ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para ser incluidos en el Programa Nacional de Tecnificación del Campo, previsto en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.
La presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, diputada Nancy Jeanine García Martínez, explicó que el Punto de Acuerdo que promueve, la diputada Mireya Vancini Villanueva, busca que los municipios de la zona Altiplano implementen las medidas y recursos para enfrentar la crisis del agua en sus territorios,
También se advierte que la crisis del agua en la zona altiplano de San Luis Potosí es una realidad apremiante que afecta no solo la calidad de vida de sus habitantes, sino también el desarrollo económico y social de la región.
En la sesión de trabajo las y los diputados coincidieron señalar que afrontar un problema que en su momento pudiera considerarse de seguridad nacional como es la crisis hídrica, es necesario buscar que las diferentes instancias de gobierno dentro de sus ámbitos competenciales asuman responsabilidades y tareas que pudieran establecer alternativas como es la captación y aprovechamiento del agua de lluvia.
El dictamen será turnado al Pleno para su votación.
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Congreso del Estado
Diputado denuncia campañas de desprestigio contra elección judicial en redes sociales
Héctor Serrano advierte que se busca confundir a los votantes y desalentar la participación ciudadana en los comicios del domingo
Por: Redacción
Héctor Serrano Cortés, diputado local, informó sobre la presencia de campañas de desprestigio en redes sociales dirigidas contra el proceso de elección judicial.
Denunció que estas campañas negativas tienen como objetivo confundir a los votantes y, de esa forma, desalentar la participación ciudadana en los comicios del próximo domingo.
“Todos los que podemos promover la elección del Poder Judicial seguimos haciéndolo, respetando la legalidad y sin demostrar favoritismos, para buscar el éxito de este proceso electoral”, declaró el diputado.
Para finalizar mencionó que está garantizado el derecho al voto y que, para este ejercicio, estarán disponibles más de dos millones de boletas, 2,099 centros de votación y ocho módulos en cada uno de ellos.
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La diputada Jaquelinne Jáuregui impulsa reforma al Código Penal para garantizar atención inmediata a víctimas sin necesidad de denuncia
Por: Redacción
La diputada Jaquelinne Jáuregui Mendoza presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para que el delito de abandono de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad sea investigado de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia formal.
La propuesta busca que el Ministerio Público actúe de manera inmediata con base en los principios de debida diligencia, protección integral y prevención de la repetición de este tipo de hechos, en concordancia con la legislación nacional en materia de derechos humanos.
Jáuregui Mendoza explicó que, aunque el Código Penal estatal ya contempla el delito de abandono en sus artículos 204 y 204 Bis, actualmente su persecución depende de la presentación de una querella, lo que limita el acceso a la justicia para sectores que, por sus condiciones físicas, mentales o sociales, enfrentan mayores barreras para denunciar.
La reforma plantea la creación del artículo 204 Ter, el cual establecería la obligación de iniciar investigaciones de manera automática cuando las víctimas pertenezcan a alguno de estos grupos vulnerables. Esto, dijo la legisladora, responde al mandato constitucional de garantizar igualdad, no discriminación y protección prioritaria para la infancia
Asimismo, señaló que las leyes generales en materia de derechos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad establecen principios rectores que deben aplicarse en el ámbito estatal. Casos recientes de abandono en San Luis Potosí —incluidos adultos mayores y recién nacidos—, subrayan la urgencia de contar con un marco legal más ágil y eficaz.
La diputada destacó que esta reforma no solo fortalece las capacidades del Ministerio Público, sino que representa un paso hacia una política penal más humana y centrada en las víctimas. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictamen.
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