Congreso del Estado
Congreso eliminará el uso de fuerzas públicas para escolta de funcionarios
La iniciativa de Edmundo Torrescano evitará que funcionarios públicos dispongan de elementos de alguna corporación de seguridad pública para escolta personal
Por: Redacción
Edmundo Torrescano Medina, diputado local en el congreso del Estado de San Luis Potosí, propuso reformar diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potos, con la que los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo informe a los órganos internos de control respectivo.
El ejercicio de contratación indebida, tendrá responsabilidad el servidor público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de intereses de negocios. Además, se indica que comete simulación de acto jurídico, el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley.
La iniciativa indica que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones 
El legislador indicó en su exposición de motivos, que la corrupción, como problema social, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde un enfoque multidimensional para mejorar la comprensión de sus alcances y efectos en nuestra sociedad.
“En ese tenor de ideas es necesario establecer ordenamientos jurídicos que prohíban la corrupción, que impidan la aparición de la problemática, al fomentar por un lado la cultura de la legalidad y honestidad, tanto para los particulares como para los servidores públicos, así como al reducir escenarios que puedan propiciar la aparición de la corrupción”, indica el legislador.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Gobernación y Justicia.
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El diputado Cuauhtli Badillo mencionó que el Congreso local no interfiere en el tema de la deuda de Villa de Pozos: “dejamos toda la responsabilidad a ellos”
Por: Bernardo Vera
Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Directiva en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, se refirió al tema de los 52 millones 885 mil 485 pesos correspondientes a la deuda pública que el Ayuntamiento de la Capital había transferido a la nueva demarcación de Vill de Pozos.
El legislador refirió que no pueden interferir en temas de ese tipo, pues implica vulnerar la autonomía de los ayuntamientos, por lo que confían en el trabajo que desempeñen para resolver dicha situación
“Nosotros como Congreso del Estado solamente nos vamos a enfocar cuando existan situaciones de transparentar esos recursos. Esos temas los está trabajando el propio ayuntamiento de Villa de Pozos; dejamos toda la responsabilidad y el trabajo a ellos,
Badillo Moreno refirió que en caso de no respetarse las fechas o lo estipulado en el decreto, podrían intervenir, siempre que se revise la normativa correspondiente.
“Eso sí nos compete hasta cierto punto a esta soberanía. Vamos a estar muy pendientes de que se cumplan los lineamientos, las fechas límite, y en caso de no llegarse a cuymplir, vamos a ver qué marca la propia normatividad”, señaló
Finalmente, agregó que si los ayuntamientos solicitan alguna capacitación o algún apoyo, el Legislativo local tendrá las puertas abiertas para cualquier aclaración.
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El diputado Cuauhtli Badillo mencionó que la Guardia Civil Estatal goza de mejor salario y capacitación, por lo que tendrá buena coordinación con la Federación
Por: Bernardo Vera
Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Directiva en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, mencionó que la Estrategia Nacional de Seguridad plantea una estrecha coordinación entre las corporaciones de seguridad de la Federación, las fiscalías estatales, así como las corporaciones estatales y municipales.
En ese sentido, refirió que la entidad potosina tendrá un papel destacado en este nuevo modelo de seguridad, por lo que en el corto plazo se podrían brindar resultados efectivos en el combate a la delincuencia.
“La Guardia Civil Estatal es una de las corporaciones a nivel nacional que cuentan con las mayores condiciones, empezando por el tema salarial, se ha estado trabajando la capacitación en la Academia de la Guardia Civil Estatal. Con la coordinación que van a tener las policías municipales y las fiscalías, van a tener un papel fundamental en esta estrategia nacional de seguridad.
Finalmente, refirió que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, ha presentado avances en esta materia, por lo que Badillo Moreno se mostró confiado de que la Estrategia Nacional de Seguridad “ya está dando resultados, y seguirá dando resultados”.
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El diputado local del PAN señaló que sus declaraciones sobre supuestas irregularidades financieras, buscan manchar políticamente la gestión municipal de Enrique Galindo Ceballos
Por: Redacción
Los señalamientos realizados por el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, así como el diputado Luis Fernando Gámez, con relación a supuestas irregularidades financieras y administrativas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, son una flagrante violación al procedimiento jurisdiccional.
Lo anterior lo consideró así, el legislador del quinto distrito local por el Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera, al referir que sus declaraciones mediáticas contra el alcalde Enrique Galindo Ceballos, buscan manchar políticamente a la gestión municipal que encabeza, pero además se hacen de manera irresponsable.
“Esto no solo compromete la imparcialidad del proceso, sino que también demuestra que se están violando las normas para obtener réditos políticos. Es un atropello a la legalidad”.
Descalificó que primero se informe de presuntas inconsistencias
“Es evidente que se está manipulando este organismo para intereses ajenos a su función principal, lo cual es sumamente grave”.
Por último, criticó que las irregularidades se centren exclusivamente en un municipio, y no se atiendan los temas que tienen el resto de los ayuntamientos y que pertenecen a los grupos políticos en el poder.
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