Congreso del Estado
Congreso eliminará el uso de fuerzas públicas para escolta de funcionarios
La iniciativa de Edmundo Torrescano evitará que funcionarios públicos dispongan de elementos de alguna corporación de seguridad pública para escolta personal
Por: Redacción
Edmundo Torrescano Medina, diputado local en el congreso del Estado de San Luis Potosí, propuso reformar diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potos, con la que los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo informe a los órganos internos de control respectivo.
El ejercicio de contratación indebida, tendrá responsabilidad el servidor público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de intereses de negocios. Además, se indica que comete simulación de acto jurídico, el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley.
La iniciativa indica que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones 
El legislador indicó en su exposición de motivos, que la corrupción, como problema social, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde un enfoque multidimensional para mejorar la comprensión de sus alcances y efectos en nuestra sociedad.
“En ese tenor de ideas es necesario establecer ordenamientos jurídicos que prohíban la corrupción, que impidan la aparición de la problemática, al fomentar por un lado la cultura de la legalidad y honestidad, tanto para los particulares como para los servidores públicos, así como al reducir escenarios que puedan propiciar la aparición de la corrupción”, indica el legislador.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Gobernación y Justicia.
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Se plantean sanciones con multa equivalente de veinte hasta seis mil veces la unidad de medidas y actualización vigente
Por: Redacción
La Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXIV Legislatura, aprobó la iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí donde se establece que queda prohibido vender o suministrar medicamentos que requieran receta médica a niñas, niños y adolescentes. Su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto por esta Ley.
Además se propone que la Secretaría de Salud del Estado promoverá campañas de información sobre el uso responsable de medicamentos, dirigidas a madres, padres, tutores y adolescentes, y además establecerá lineamientos para el cumplimiento de esta disposición.
La presidenta de la Comisión diputada Frinne Azuara Yarzabal,
Puntualizó que de acuerdo a la iniciativa en su artículo 383 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, se plantea sanciones con multa equivalente de veinte hasta seis mil veces la unidad de medidas y actualización vigente.
La Comisión del Agua aprobó una reforma que establece un procedimiento claro para definir tarifas
Por: Redacción
La Comisión del Agua del Congreso del Estado, aprobó una iniciativa de reforma a varios artículos de la Ley de Aguas, para armonizar los procesos de elaboración y presentación de la respectiva iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas, con lo que se otorga certeza jurídica al procedimiento, informó la diputada Nancy Jeanine García Martínez.
La presidenta de la comisión legislativa e impulsora de la iniciativa, dijo que la ciudadanía debe tener la certeza de que cada peso que se paga está respaldado por los planes de trabajo claros, con objetivos y metas verificables, perfectos; por ello, se está definiendo el protocolo adecuado para la estabilización de planos, los objetivos y las metas que puedan ser verificados en su momento.
La iniciativa aprobada fortalece la rendición de cuentas de los mismos organismos operadores y asegura que no existan vacíos que se traduzcan en tarifas poco claras, es necesario darle legalidad, certeza y seguridad jurídica para que se establezca con toda claridad, con toda precisión, cuál es el proceso que se debe hacer.
Había unos desfases, incluso no existía la determinación en el artículo 92, que son las facultades de la Junta de Gobierno, no establecía la norma que se requiere de la autorización de la Junta de Gobierno y también de la forma en que debe de aprobarla por mayoría simple, el rol que juega el director general del organismo, que es quien elabora la iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas y lo autoriza la Junta de Gobierno.
Se remite al Ayuntamiento correspondiente para su presentación ante el Congreso del Estado. Los organismos operativos de agua potable, ni la Junta de Gobierno ni su director general, de acuerdo al artículo 61 de la Constitución, tienen facultad de iniciativa. Quien tiene facultad de iniciativa son los organismos, son los Ayuntamientos. Los diputados turnaron el dictamen aprobado para que sea llevado a votación en el Pleno.
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Congreso del Estado
Proponen en el Congreso iniciativa para proteger a servidores públicos y maestros de denuncias falsas
Juan Carlos Torres señaló que existen varios casos en la SEGE, y con esta modificación se busca dar certeza laboral
Por: Redacción
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas y el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo presentaron en conjunto una iniciativa para modificar disposiciones del Código Penal del Estado, de la Ley de Educación del Estado y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el propósito de proteger a servidores públicos en ejercicio de sus funciones, incluyendo al personal docente, al ser víctimas de denuncias falsas.
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas manifestó que esta iniciativa se trabaja de manera conjunta con la SEGE debido a la presentación de denuncias falsas contra profesores, “y por eso estamos haciendo estas adecuaciones al Código Penal del Estado, a la Ley de Educación, y a la Ley Orgánica de la Administración Pública”.
El titular de SEGE, Juan Carlos Torres señaló que existen varios casos en la Dirección Jurídica de esta dependencia, y con esta modificación se busca dar certeza laboral a los maestros para defenderlos contra alguna acusación infundada.
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