julio 21, 2026

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Congreso del Estado

Congreso de SLP establecerá definiciones para diputados independientes y sin partido

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La propuesta del diputado Alejandro Leal Tovías busca aclarar estas denominaciones en el Congreso local

Por: Redacción

Alejandro Leal Tovías, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para establecer claramente las denominaciones de diputado independiente y diputado sin partido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La propuesta reformaría el artículo 57 de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo Del Estado De San Luis Potosí, para definir como diputada o diputado independiente a aquel que contendió por la vía independiente desde su candidatura; y como diputada o diputado sin partido a quien se separe de su Grupo Parlamentario.

Leal Tovías dijo que con esta modificación, se busca terminar con la mala interpretación en la Ley, ya que actualmente la legislación considera indebidamente como diputado independiente a aqu el que se ha desvinculado su Grupo Parlamentario durante la Legislatura; siendo esto incorrecto ya que como se advirtió en supra líneas la diputada o diputado independiente son aquellos que participaron en el proceso electoral.

EL legislador señaló quue esta propuesta está en concordancia con la denominación que al respecto, se encuentra en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Agregó que estará en concordancia con la Ley Electoral del Estado, que define el término de Candidatura Independiente como: la ciudadana o el ciudadano que sin el respaldo de un partido político, obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la Ley.

La modificacion establecería que aquel ciudadano que resulte ganador de una contienda electoral donde solicitó su registro como candidato independiente, de manera desvinculada a los partidos políticos, se consuma como Diputado Independiente.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; y Gobernación.

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Congreso del Estado

Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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Congreso del Estado

Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil

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El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México

 

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.

 

Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

 

Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

 

Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.

 

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Congreso del Estado

Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas

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Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio

Por: Redacción

Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

 

Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la  Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.

 

Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.

 

Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

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