La reforma también define como persona adulta mayor a toda persona de 60 años o más, conforme a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez propuso reformar los artículos 5 y 6 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, para reconocer su derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza durante cualquier trámite, gestión, procedimiento o actuación ante instancias gubernamentales y del sector privado.

La reforma también busca armonizar el concepto de persona adulta mayor con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Establecería que se entenderá por personas adultas mayores a toda persona de 60 años o más, atendida bajo una perspectiva de igualdad, no discriminación y protección reforzada de sus derechos humanos.

Exposición de motivos

En su exposición de motivos, la legisladora señala que el envejecimiento de la población es uno de los f enómenos sociales más significativos del siglo XXI y que plantea desafíos para el diseño de políticas públicas y la actualización del marco jurídico en entidades como San Luis Potosí. Indica que este sector ha enfrentado históricamente condiciones de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad.

Sostiene que hoy las personas adultas mayores tienen dificultades al interactuar con instituciones gubernamentales y establecimientos privados, por la digitalización de trámites, la complejidad de los procedimientos administrativos y, en muchos casos, la falta de sensibilidad e inclusión del personal de atención. Según la iniciativa, esto las deja en desventaja.

Por ello plantea que permitirles acudir acompañadas facilitaría la comprensión del procedimiento y les brindaría seguridad, confianza y protección frente a posibles abusos, ya que la presencia de un acompañante puede ser determinante para que ejerzan sus derechos de manera informada.

Siguiente paso

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.

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La Fiscal manifestó su disposición para comparecer en una fecha posterior; la normatividad establece que sería dentro de los 30 días posteriores a la entrega

Por: Redacción

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado recibió el Informe Anual de Actividades de la Fiscalía General del Estado, a cargo de María Manuela García Cázares, conforme al artículo 122 Ter de la Constitución Política del Estado.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, recibió el documento, que detalla el trabajo realizado por la Fiscalía durante el último año. Dijo que, de acuerdo con la normatividad, el informe debe entregarse en la primera quincena de noviembre, y que será analizado para después ver si se realiza una comparecencia en la que los diputados puedan “desahogar inquietudes”.

Posible comparecencia

Vázquez Hernández precisó que la posible comparecencia deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la entrega del informe escrito.

García Cázares manifestó su disposición para comparecer, con motivo de la glosa del informe, en una fecha posterior.

Quiénes estuvieron presentes

En la entrega también estuvieron las diputadas Dolores Robles Chairez, Aranzazu Puente y Jacquelinn Jáuregui; los diputados Héctor Serrano Cortés, Marco Antonio Gama Basarte, César Lara y Cuauhtli Badillo, y la vicefiscal jurídica, Xitlalic Sánchez Servín.

Contexto

El 14 de noviembre de 2025, García Cázares entregó su informe anual a la misma comisión, y la diputada Vázquez Hernández dijo entonces que había 30 días naturales para su comparecencia. En noviembre de 2024, la Fiscal compareció ante el Congreso.

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El diputado dijo que la propuesta de los concesionarios debe empatar con la política de movilidad de la SCT

Por: Redacción

La solicitud de los permisionarios del transporte urbano para incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado 2027 una partida de 2 mil 700 millones de pesos para mejorar el servicio debe analizarse en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tiene las definiciones en materia de movilidad, dijo el diputado Héctor Serrano Cortés.

Explicó que hay plena disposición de las y los legisladores para reunirse con los solicitantes y escuchar sus argumentos y los detalles de la propuesta, pero es la SCT la que tiene el tema entre sus atribuciones, para armonizar lo que pretenden los transportistas con lo que la propia dependencia tiene planeado como política pública de movilidad.

El secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que “no puede estar distanciado un proyecto de concesionarios con las determinaciones que el gobierno del estado tenga. Además, no estamos hablando de cualquier cantidad, se rebasan los 2,700 millones de pesos y por ello, hay que revisarlo a fondo”.

Serrano Cortés añadió que habría mucho que revisar con la titular de la SCT: “Insistimos en que tiene que empatarse la propuesta, y qué bueno que lo dicen, la concesión es eso, otorga una posibilidad de usufructo de servicio público, pero sigue siendo una potestad del estado. Es decir, los concesionarios no son propietarios de esta condición, y por tanto tienen que estar muy empatados con lo que la secretaría determina”.

El legislador señaló que los permisionarios del transporte urbano mantienen comunicación con la secretaria, quien siempre atiende este tipo de temas. “Vamos a ponderar con la secretaria cualquier posibilidad y estar armonizándolo con los propios concesionarios, pero por supuesto que vamos a tener comunicación con ellos. Estamos a punto de abrir todo lo que implica la revisión de los proyectos de egresos, ahí entraría esta parte de propuesta”, puntualizó.

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