Congreso del Estado
Congreso de SLP castigará el maltrato a menores
Se aprobaron reformas al Código Familiar y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado para prohibir los castigos corporales
Por. Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Familiar para el Estado; así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado, con el objetivo de prohibir terminantemente el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niños, niñas o adolescentes.
La exposición de motivos de este dictamen abordó que el maltrato infantil afecta la salud física y mental, y pone en riesgo el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial del niño o niña, dejando secuelas negativas que estarán presentes por el resto de sus vidas. Por ello, es que con estas modificaciones a la legislación estatal, se busca atender, prevenir y combatir las situaciones de violencia que viven, garantizar el desarrollo de la niñez, y propiciar un correcto ejercicio de sus derechos para garantizar el acceso a una vida digna y plena, observando el total cumplimiento de sus derechos.
La modificación establece que “las personas integrantes de la familia, en particular niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a que los demás miembros les respeten su dignidad e integridad personal; a recibir afecto y buen trato; a ser protegido; ser educado ,y criado con métodos no violentos, basados en la crianza positiva, el amor, el diálogo y el respeto. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas estatales de acuerdo con las leyes”.
Por ello, “se prohíbe que la madre, el padre, otros familiares, o quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda, o custodia, impongan como método correctivo o disciplinario, el castigo corporal; humillante; o cualquier tipo de práctica que lesione la integridad personal de la niña, niño, o adolescente”.
El ámbito escolar, también prohíbe la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra su vida, su integridad física o mental, incluyendo la imposición del castigo corporal, el trato humillante, o degradante.
La exposición de motivos manifiesta que en nuestro país, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, y establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Además, señala que San Luis Potosí reconoce que las niñas, niños y adolescentes deben tener un rol protagónico en el ejercicio de sus derechos, así como la posibilidad de decidir sobre todos los ámbitos de su vida.
Para ello, es necesario garantizar su participación efectiva y pertinente en la toma de decisiones de temas que les conciernen, incluyendo el diseño e implementación de aquellas acciones públicas relacionadas con la prevención, atención y respuesta a la violencia que además de darse en el ámbito doméstico, gran parte del riesgo o exposición a la violencia se experimenta en espacios educativos, públicos o comunitarios, por lo que la creación de entornos seguros es esencial para lograr una prevención y respuesta efectiva con impactos positivos en el bienestar de la niñez y adolescencia.
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Congreso del Estado
Congreso de San Luis Potosí aprueba reformas para fortalecer la protección de las mujeres
Las modificaciones incorporan nuevos conceptos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y armonizan la legislación estatal con la normativa federal
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico para la prevención, atención y sanción de la violencia de género.
Entre los cambios aprobados se encuentra la incorporación de los conceptos de agresor, debida diligencia y enfoque diferencial, además de ampliar las definiciones de violencia en la comunidad y violencia escolar.
La iniciativa, impulsada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, también establece la obligación de proporcionar información para integrar el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, con el propósito de fortalecer el seguimiento de estos mecanismos de protección.
De acuerdo con el dictamen, la figura de la debida diligencia busca establecer un estándar obligatorio de actuación para las autoridades en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, mientras que el enfoque diferencial reconoce que las víctimas pueden enfrentar distintos niveles de vulnerabilidad dependiendo de su contexto social o condición.
Las reformas también profundizan en la definición de la violencia que ocurre en espacios comunitarios y escolares, con el fin de fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes en estos entornos.
Con estas modificaciones, el Congreso señaló que la legislación estatal queda armonizada con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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La iniciativa busca que los municipios establezcan requisitos mínimos para las empresas que ofrecen el servicio, como seguros, personal capacitado y videovigilancia
Por: Redacción
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí para que los ayuntamientos regulen la prestación del servicio de valet parking y establezcan requisitos mínimos para su operación.
La propuesta plantea que las empresas o establecimientos que ofrezcan este servicio cuenten con un seguro de responsabilidad civil o una fianza que cubra a los usuarios en caso de robo o daños parciales o totales a sus vehículos.
Además, contempla que el personal encargado del acomodo de vehículos esté debidamente identificado, cuente con licencia de conducir vigente y reciba capacitación para desempeñar sus funciones. También propone la instalación de sistemas de videovigilancia permanente y la aplicación de sanciones para quienes incumplan con estas disposiciones.
El legislador argumentó que actualmente algunos establecimientos ofrecen el servicio sin contar con personal capacitado ni mecanismos para responder ante posibles daños o robos, lo que deja en estado de indefensión a los consumidores.
Rosas Montiel señaló que entidades como la Ciudad de México y el Estado de México ya cuentan con regulación en esta materia, mientras que en San Luis Potosí no existe un marco legal específico para este tipo de servicios.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.
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La iniciativa busca medidas de apoyo para madres y padres adolescentes, además de ajustes razonables para personas con discapacidad en el sistema educativo estatal.
Por: Redacción
Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para dar visibilidad a las personas que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria, y para impulsar medidas que motiven a quienes se convierten en padres a temprana edad a continuar y concluir sus estudios.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la contraparte de la permanencia escolar es la deserción, y citó cifras del INEGI según las cuales la tasa de abandono escolar ha crecido alrededor de 20.6% desde 2022, con mayor afectación en educación media superior y superior.
La legisladora indicó que muchas personas que abandonan sus estudios pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, y que convertirse en padres a edad temprana suele orillar a los estudiantes a truncar su vida escolar.
La reforma propone ajustes razonables para personas con discapacidad, como adaptación de mobiliario, rampas, pisos podotáctiles, timbres, alarmas y barandales, así como gestionar ante las instancias correspondientes adecuaciones al transporte escolar y público. También plantea políticas para eliminar barreras y facilitar el acceso, la reincorporación y la permanencia escolar de madres y padres adolescentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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